Jesus Adolfo Castro Rosas

Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Jesus Adolfo Castro Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto treinta de septiembre de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, las documentales allegadas por la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, relativas al juicio laboral JE.NO.2-01-13/2022, de las que se advierte la actualización de la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Los citados documentos tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Conviene señalar, el Juez de Distrito sólo puede sobreseer en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002. En esa ejecutoria, el Máximo Tribunal del país adujo que la posibilidad de sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, tiene sustento en el artículo 83, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; pero, ese sobreseimiento debe estar fundado en una causa de improcedencia que tenga las características de ser notoria, manifiesta e indudable, entendidos éstos, cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerían; y de no ser el caso, entonces -se afirmó-, el juzgador está obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. Lo así dicho le dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora, este órgano de control advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia se materializa cuando la autoridad responsable deroga o revoca el mismo acto reclamado, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce la garantía violada. Dicho de otra forma, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable, al concluir su actuación, pero ello no implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Ahora, para determinar la actualización o no de ese supuesto normativo, debe analizarse la verdadera pretensión de la parte quejosa, y contraponerlo con las constancias que obran en autos, para que de esa forma se pueda establecer si la negativa atribuida a la responsable cesó en sus efectos. En el caso, Jesús Adolfo Castro Rosas, presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, demanda de amparo indirecto contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de acordar sobre la admisibilidad o no, de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, no obstante que en auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno se haya celebrado la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, la Junta responsable al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, al sostener que en los autos del juicio laboral JE.NO.2-01-13/2022, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, de había programado fecha y hora para que se llevara a cabo el desahogo de las pruebas en dicho juicio. Para robustecer lo anterior, la citada autoridad jurisdiccional adjuntó a su informe justificado, copias certificadas del juicio natural, de las que se advierte que, efectivamente, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, la responsable admitió las probanzas ofrecidas por las partes en dicho juicio y programó fecha y hora para sus respectivos desahogos. Atento a los citados antecedentes, y como se anunció, en la especie se actualiza la causal de improcedencia de cesación del acto reclamado, porque la autoridad responsable se pronunció respecto de la omisión de admitir o no las pruebas en el juicio laboral; lo que evidencia que el acto a ella reclamado cesó en sus efectos. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dejó de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61 de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional señalada en los presentes autos, se deja sin efectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, las documentales allegadas por la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, relativas al juicio laboral JE.NO.2-01-13/2022, de las que se advierte la actualización de la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Los citados documentos tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Conviene señalar, el Juez de Distrito sólo puede sobreseer en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002. En esa ejecutoria, el Máximo Tribunal del país adujo que la posibilidad de sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, tiene sustento en el artículo 83, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; pero, ese sobreseimiento debe estar fundado en una causa de improcedencia que tenga las características de ser notoria, manifiesta e indudable, entendidos éstos, cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerían; y de no ser el caso, entonces -se afirmó-, el juzgador está obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. Lo así dicho le dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora, este órgano de control advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia se materializa cuando la autoridad responsable deroga o revoca el mismo acto reclamado, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce la garantía violada. Dicho de otra forma, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable, al concluir su actuación, pero ello no implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Ahora, para determinar la actualización o no de ese supuesto normativo, debe analizarse la verdadera pretensión de la parte quejosa, y contraponerlo con las constancias que obran en autos, para que de esa forma se pueda establecer si la negativa atribuida a la responsable cesó en sus efectos. En el caso, Jesús Adolfo Castro Rosas, presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, demanda de amparo indirecto contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de acordar sobre la admisibilidad o no, de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, no obstante que en auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno se haya celebrado la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, la Junta responsable al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, al sostener que en los autos del juicio laboral JE.NO.2-01-13/2022, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, de había programado fecha y hora para que se llevara a cabo el desahogo de las pruebas en dicho juicio. Para robustecer lo anterior, la citada autoridad jurisdiccional adjuntó a su informe justificado, copias certificadas del juicio natural, de las que se advierte que, efectivamente, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, la responsable admitió las probanzas ofrecidas por las partes en dicho juicio y programó fecha y hora para sus respectivos desahogos. Atento a los citados antecedentes, y como se anunció, en la especie se actualiza la causal de improcedencia de cesación del acto reclamado, porque la autoridad responsable se pronunció respecto de la omisión de admitir o no las pruebas en el juicio laboral; lo que evidencia que el acto a ella reclamado cesó en sus efectos. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dejó de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61 de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional señalada en los presentes autos, se deja sin efectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que está transcurriendo el término concedido a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado agregado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con diez minutos del trece de octubre del año en curso. Son aplicables, la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Y P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.".

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