Jesus Adiel Sanchez Trujillo

Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1178/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Jesus Adiel Sanchez Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se desprenden los siguientes antecedentes: 1.- En sentencia pronunciada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que: "(.) En esas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable convoque a cabildo a sesión extraordinaria, en la que de conformidad con los principios de libre manejo del patrimonio y libre administración hacendaria, contenidos en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, de la Constitución Federal y que encuentran reflejo en los artículos 23, 33, inciso C), fracciones V y XIV, y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, determine todas las acciones que resulten pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, para que: 1.- En caso de contar con presupuesto autorizado que le permita efectuar el pago respectivo a pesar de no estar previsto específicamente en él, ordene realizar la erogación relativa a fin de cumplir con la condena decretada en sentencia firme de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 369/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Pueblo Nuevo, Durango. 2.- De no contar con el peculio suficiente, lo que, en su caso, deberá comprobar fehacientemente: a) Deberá dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios. Por lo que deberá solicitar al órgano competente, la ampliación del presupuesto respectivo, para cumplir con la obligación monetaria en cuestión. b) De manera simultánea, deberá instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, dando preferencia a la obligación de pago de la condena en comentario (.)" 2.- Posteriormente, no habiendo presentado promoción alguna en que manifestara su inconformidad con tal determinación, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia. Siendo pertinente precisar que a la fecha han transcurrido más de dos años sin que se haya cumplido a cabalidad con el fallo protector; esto, a pesar de encontrarse conminado a dotar la partida presupuestal correspondiente del recurso necesario a efecto de cumplir con la sentencia, ya sea adecuando las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, dando preferencia a la obligación de pago de la condena en comento, o bien, facultado para solicitar al órgano competente, la ampliación del presupuesto respectivo para cumplir con la obligación monetaria en cuestión. 3.- Posteriormente, en acatamiento a la ejecutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Vigésimo Quinto Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 3/2021 de su índice y en donde estipuló los lineamientos para desarrollar el procedimiento de ejecución de sentencias, en proveídos de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a las responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero y Síndico, todos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para que remitieran el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los actos que les correspondía realizar. 4.- Derivado de la contumacia de las autoridades responsables, mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la ejecutoria de amparo y se impuso a los responsables: Adrián Noel Chaparro Gándara, en su carácter de Presidente Municipal y como Representante Legal del Ayuntamiento; Juan José Carrillo Reyes, Tesorero y María Beatriz Ledezma Palacios, Síndico, todos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en la Ciudad de México, y se ordenó su cobro por conducto del Administrador Local de Recaudación de Durango del Servicio de Administración Tributaria. 5.- Una vez realizado lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo el seis de junio de dos mil veintidós, por lo que se estima sí transcurrió un tiempo razonable desde la imposición de la multa -diecisiete de febrero de dos mil veintidós-, para que las responsables acataran la sentencia de amparo. En ese sentido y toda vez que el juicio de amparo tiene como finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado, ya que es el medio de defensa por el cual las personas que lo instan y obtienen la protección constitucional deben ser restituidas en el disfrute de sus derechos constitucionales que hayan sido vulnerados por los actos de la autoridad de quien se reclaman, por tanto, en términos de lo dispuesto en el con fundamento en el arábigo 193 de la ley de la materia, en su oportunidad, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite de inejecución de sentencia, a fin de que tenga a bien determinar lo que corresponda. Por último, y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Jueza Séptima de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1178/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Actos intraprocesales. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber: Que sean actos dentro de juicio. Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por lo general por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio, proceso o causa penal comienza con la presentación de la demanda o denuncia y concluye con el dictado de la sentencia firme; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el proceso de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos" Sobre el tema de los actos de imposible reparación en los procesos penales, en relación con el juicio de amparo, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/2021, en la que, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "57. La relación paralela y al mismo tiempo coyuntural entre el juicio de amparo indirecto y el proceso penal. 58. Constatada la diferencia de ambos procedimientos, es posible reconocer que tienen diversos puntos de convergencia. La finalidad del proceso penal está íntimamente relacionada con la finalidad del juicio de amparo indirecto, de ahí la existencia de derechos como el debido proceso o la presunción de inocencia que se encargan de que exista un halo de certeza sobre el resultado del fallo del proceso penal. Asimismo, guardan una relación no necesariamente de finalidades sino de protección y resguardo, en donde el juicio de amparo se encarga de evitar, y llegado el caso, enmendar, posibles violaciones a derechos humanos en el proceso penal, violaciones que, así como pueden ocurrir fuera de un proceso, también pueden ocurrir dentro de uno, como lo puede ser una violación a derechos tales como la libertad o integridad física. 59. Así, si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. 60. De ahí que, cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que, por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. 61. Los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso por regla general escapan de la calificación de "actos de imposible reparación". El propósito de dichos actos -al formar parte del derecho adjetivo- es dar operatividad y asegurar la observancia de los derechos sustantivos de los gobernados, tarea que se cumple con la intervención del Estado a través de la herramienta llamada proceso penal. 62. Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental. Vista de esa manera, se concluye que la cristalización de la violación en los derechos sustantivos del imputado podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. 63. Por el contrario, los actos que implican cargas a los gobernados dentro del proceso penal, cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, representan "actos de imposible reparación". 64. Para una mejor comprensión de la distinción previamente descrita, resulta ilustrativo traer a colación ejemplos de actos dentro del procedimiento que han sido considerados en el plano del juicio de amparo indirecto -como actos de "imposible reparación"- y otros en el plano de un procedimiento distinto que constituyen herramientas para la formación de resoluciones posteriores que entonces sí determinarán su trascendencia en la esfera jurídica de los imputados. 65. Actos considerados como de "imposible reparación": 66. Esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 168/2016, conoció de un acto generado dentro del procedimiento penal, que con un grado de certeza inminente, trastoca un derecho fundamental del quejoso, sin posibilidad de ser enmendado posteriormente, y que, por tanto, existe en el plano del juicio de amparo indirecto. Se resolvió que "la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable ...". 67. Actos considerados como de "posible reparación": 68. Esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 237/2019, conoció de un acto en contra del cual no es procedente el juicio de amparo indirecto, por considerar que sus efectos no son materializables de manera inmediata, pues éstos dependen de que lo resulto llegue a trascender al resultado del fallo. 69. El acto del cual conoció fue del incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Al respecto señaló que la improcedencia del amparo indirecto "adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el Juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido [.]" En el caso se reclaman conductas derivadas de la causa penal 484/2022, en la que a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva, tal como lo hizo ver el quejoso en la demanda de amparo, puesto que apenas se va a celebrar la audiencia intermedia o de preparación del juicio, hechos que tienen valor en su contra en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por ello, el acto reclamado tiene la característica de ser dentro de la referida causa penal, al emanar de un procedimiento en el que se ha judicializado la denuncia y no se ha dictado sentencia definitiva. Ahora, en el caso, el acto reclamado en concreto lo constituye la intervención y participación de la Jueza Séptima de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango en más de una etapa del proceso penal 484/2022, puesto que además de dictar el auto de vinculación a proceso, actualmente a diferido en dos ocasiones la audiencia intermedia de dicho procedimiento, esto, el siete y el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por lo que aduce el quejoso se transgrede en su perjuicio el principio de imparcialidad y las etapas del proceso penal. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: En efecto, dichas actuaciones tiene como efecto la continuación del proceso de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Es decir, dichas actuaciones efectuadas por la Juez Séptima de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en Durango, dentro del proceso penal 484/2022, no afectan a la parte quejosa materialmente algún derecho sustantivo, por lo que será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia correspondiente, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del resolutor y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones que refiere llegaran a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses del solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se cristaliza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto del acto reclamado en estudio. Sirve para justificar lo anterior, por las razones que indican, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente" "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P. /J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías" No está por demás añadir que la actuación de la responsable tampoco se considera violatoria de algún derecho sustantivo, debido a que a partir de la emisión del Acuerdo General número 06/2021, por el que se emite el Reglamento de Organización y Funcionamiento Administrativo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, esto es, anterior a los actos aquí impugnados, se acordó la creación de unidades de control, las cuales están a cargo de un juez de control y conocen de las causas que por razón de turno les son asignadas, desde la celebración de la audiencia inicial, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral y el turno del mismo al Tribunal de Enjuiciamiento o hasta la conclusión de la causa mediante una salida alterna o forma de terminación anticipada del proceso de las previstas en la legislación procesal penal, atendiendo a que no se contradice los principios rectores del sistema penal acusatorio que sólo restringen la actuación de los jueces para que intervengan en el Tribunal de Enjuiciamiento cuando hubiesen participado en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, lo que no ocurre en el presente caso. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. IV. Intervención de las partes. 1. Quejoso: ******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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