Jesus Adan Roman Almanza

Expediente 647/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
647/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Jesus Adan Roman Almanza
  • JESUS ADAN ROMAN ALMANZA y Otros.
  • Rogelio Roman Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Jesús Adán Román Almanza y Rogelio Román Delgado, contra actos del Juzgado Primero en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese con el número 647/2021-VB. Desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda en cuestión junto con la certificación puesta por la secretaría de esta juzgado, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 18 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por el promovente, que señala de la siguiente manera: "ACTOS RECLAMADOS: DEL. C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA RECLAMO LOS ILEGALES ACUERDOS POSTERIORES AL SUPUESTO EMPLAZAMIENTO REALIZADO VIA EXHORTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO EMPLAMIENTO A LA SUPUESTO DILIGENCIA REALIZADA POR EL C. ACTUARIO NOTIFICADOR, REALIZADOS EN EL EXPEDIENTE 233/2020 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA ASI COMO LE ES IMPROCEDENTE EL HABER DICTADO UNA SENTENCIA FAVORABLE A MI CONTRAPARTE Y PARTE ACTORA DEL JUICIO DE ORIGEN YA QUE Y EN PRIMERO ORDEN LA DILIGENCIA DE EXHORTO (EMPLAZAMIENTO) QUE SE ME REALIZOCARECE DE TODAS LAS LEGALIDADES ANEXO LAS CEDULAS DE NOTIFICACION DONDE SE MUESTRAN CLARAS DEFICIENCIAS AL PROCEDIMIENTO Y EN SEGUNDO ORDEN LOS HOY QUEJOSOS NO FUIMOS NOTIFICADOS DE LA FECHA DE PRUEBAS Y ALEGATOS YA QUE EL C ACTUARIO NOTIFICADOR NO ME REALIZDO DICHA NOTIFICCIÓN QUE EL C JUEZ ORDENO DE CARÁCTER PERSONAL SI NO QUE ESTE INDEBIDAMENTE LA REALIZO POR ESTRADOS DEL JUZGADO A LO QUE ES UNA CLARA VIOLACIÓN A MIS DERECHOS Y ME DEJO EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION. --- DEL C. ACTUARIO NOTIFICADOR, ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA RECLAMO LA FALTA DE NOTIFICACION DEL AUTO DE FECHA DE PRUEBAS Y ALEGATOS DENTRO DEL EXPEDIENTE 233/2020 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL, DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA. DONCE SE CONCEDE A LA PARTE ACTORA LA FECHA DE PRUEBAS Y ALEGATOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS DONDE EL C JUEZ EN SU MISMO ACUERDO Y POR SER DE CARÁCTER PERSONAL MANDA A NOTIFICAR PERSONALMENTE Y ESTE INDEBIDAMENTE CON CLARO FAVORITISMO A LA PARTE ACTORA Y CON TODO EL DOLO POSIBLE LO REALIZO NOTIFICACION POR ESTRADOS Y ESO ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION. --- DEL C. ACTUARIO NOTIFICADOR, ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, RECLAMO LA IRREGULARIDAD EN EL EMPLAZAMIENTO REALIZADO MEDIANTE EXHORTO 153/2020 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO YA QUE AL REVISAR DICHO EMPLAZAMEINTO ME PERCATO DE LA IRREGULARIDAD QUE EN SU CEDULA MANIFIESTA QUE DICHO EMPLAZAMIENTO VIA EXHORTO QUE EN PRIMER TERMINO TIENE Y DEBE SER DE FORMA PERSONALISIMA EL ACTUARIO EN MENCION LO REALIZO CON PERSONA DISTINTA ES DECIR CON "KARIME ROMAN" QUE SE BIEN ES CIERTO QUE JAMAS DEJO CITATORIO DE ESPERA EN DIA ANTERIOR COMO LO MARCA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA PODER LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA CON TAL PERSONA ASI MISMO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ES QUE MI HIJO Y HOY QUEJOSO NO VIVE NI HABITA EN EL DOMICILIO DONDE SE REALIZO LA ILEGAL NOTIFICACION DEL EXHORTO DE EMPLAZAMIENTO POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO SOLICITO SEA DECLARADO NULO EL SUPUESTO EMPLAZAMIENTO YA QUE CARECE DE TODAS LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y ESTE INDEBIDAMENTE REALIZO LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS Y ESO ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCIÓN.". Respecto del cual se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que aun admitiéndola a trámite, finalmente se decretaría el sobreseimiento del juicio, por idéntica consideración. De modo que, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, por las razones siguientes. Tomando en consideración el contenido de la certificación de esta propia fecha, en el sentido de que dentro de los autos del expediente relativo a la desechada número 434/2021-VB, del índice este órgano de control constitucional de amparo, relativo a la diversa demanda de amparo suscrita por los también quejosos Jesús Adán Román Almanza y Rogelio Román Delgado, y presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna el siete de abril de dos mil veintiuno, se advierte, que los promoventes señalaron los siguientes actos reclamados: "ACTOS RECLAMADOS: DEL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO MERCANTIL EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, RECLAMO LOS ILEGALES Y MAL INTENCIONADOS ACUERDOS DE FECHAS 23 DE FEBRERO DEL 2021 Y EL AUTO DE FECHA 12 DE MARZO DEL AÑO EN 2021 EN EL EXPEDIENTE 233/2020 RADICADO EN EL JZUGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA. ASI COMO LE ES IMPROCEDENTE EL HABER DICTADO LA CADUCIDAD DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES YA QUE EN EL SUPUESTO DEL ACUERDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DONDE SUPUESTAMENTE SE ME PREVIENE JAMAS FUI NOTIFICADO NI TAMPOCO OBRA EN AUTOS UNA NOTIFICACION A EL HOY QUEJOSO O A MIS ABOGADOS YA QUE EL C. ACTUARIO NOTIFICADOR ME REALIZO DICHA NOTIFICACION QUE EL C JUEZ ORDENO A MODO DE PREVENCION A LO QUE ES UNA CLARA VIOLACION A MIS DERECHOS Y ME DEJO EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION. --- DEL C. ACTUARIO NOTIFICADOR, ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL, EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA RECLAMO LA FALTA DE NOTIFICACION DEL AUTO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021 EN EL EXPEDIENTE 233/2020 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA. DONDE SE NOS PREVIENE Y ESTE NO REALIZO NINGUN TIPO DE NOTIFICACION NI RAZONAMEINTO ACTUARIAL Y ESO ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION". La anterior circunstancia constituye un hecho notorio para este juzgado federal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 285, materia común, que en texto alude lo siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Ahora bien, en el caso concreto, en proveído de catorce de abril en curso, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se determinó desechar la demanda de amparo registrada con el número 434/2021-VB, promovido por Jesús Adán Román Almanza y Rogelio Román Delgado. En efecto, como se mencionó con antelación, en el caso que se analiza, de igual forma se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigo". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del primer acto de aplicación del ordenamiento legal que se impugne; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. b). A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c). A partir del día siguiente al en que el quejoso haya ostentado sabedor de los referidos actos, en este caso del primer acto de aplicación de la norma que se tilde de inconstitucional. Bajo ese tenor el legislador hace especial énfasis a tres formas para contabilizar el plazo de quince días, periodo en el cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, a virtud de que todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. Ahora bien, da lectura íntegra de las constancias aludidas se advierte que el quejoso, tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama, por lo menos desde el día siete de abril de dos mil veintiuno, fecha en la que se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, la diversa demanda de amparo que fue registrada con el número 434/2021-V, del índice estadístico de este Juzgado Federal. Por lo anterior, este juzgado estima que la demanda en estudio es extemporánea, de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en los cuales se establece el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, mismos que serán contados desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama o al en que haya tenido conocimiento de ellos, por lo que el conocimiento del acto de molestia respecto del cual por esta vía reclama, lo tuvo, cuando menos, desde el día siete de abril del presente año, fecha en la que se presentó la diversa demanda de amparo y reclamó diversas actuaciones realizadas en los autos del juicio ejecutivo mercantil 233/2020, por el que tuvo conocimiento de las consecuencias jurídicas de las que hoy se duele, y cuando lo realizó, esto es, el veintiocho de mayo del año en curso, que fue cuando presentó la demanda que se provee, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, habían transcurrido en exceso el término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que dicho computo inició el ocho de abril de dos mil veintiuno y feneció el veintiocho siguiente, por ende, es indiscutible que la demanda que nos ocupa es extemporánea al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que cuando no se reclaman los actos que afectan a determinada persona dentro del término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Así como la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, tomo II, agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Gerardo Martínez Hernández, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas que menciona. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que la parte quejosa señala en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a siete de junio de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual requiere se declare la ejecutoria respecto a la sentencia dictada en el presente asunto. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígase que aún no está en condiciones de causar ejecutoria la sentencia definitiva, pues en el caso, no se han remitido las constancias de notificación de dicho fallo practicadas a las autoridades responsables con residencia en Durango, Durango, de ahí que, una vez que obren los acuses respectivos, se podrá hacer el cómputo correspondiente para acordar la declaratoria solicitada. Notifíquese.

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