Jesús Adán Espinoza Salinas

Expediente 246/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • JESÚS ADÁN ESPINOZA SALINAS y Otros.
  • KIMBERLY JANETH LÓPEZ MATEOS y Otros.
  • Jesús Adán Espinoza Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, al haberse tenido por no presentada la demanda relativa, el presente asunto es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/Ara

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Director del Centro Penitenciario Tijuana, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de cinco de julio pasado y, al efecto, remite copia certificada de las boletas de libertad de los aquí quejosos Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas. En mérito de lo anterior, se ordena notificarles por lista en los estrados de este Juzgado el auto de ocho de septiembre de dos mil veinte y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la Actuaria de la adscripción para notificar los quejosos Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, virtud de haber sido informada por el Asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social Tijuana, que el quejoso de mérito había sido puesto en libertad. Por tanto, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el motivo por el cual el quejoso en mención fue puesto en libertad y, en su caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten su dicho; bajo apercibimiento que, de no hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En otro contexto, de autos se advierte que no obra la notificación personal a la defensora pública federal de los aquí quejosos, de los proveídos de diez de marzo, tres y veintiocho de agosto y ocho de septiembre de dos mil veinte; por tanto, túrnense los autos a la Actuaria asignada para practicar las notificaciones del presente expediente a fin de que, de inmediato, realice las notificaciones aludidas. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia médica autorizada al Titular mediante oficio 3860/2022, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/VMMF/Ara

  4. Principal

    COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN ACUERDO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LOS ACUERDOS DE diez de marzo, tres y veintiocho de agosto y ocho de septiembre de dos mil veinte, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Alicia Medina Meza, quien se ostenta como defensora pública federal de los quejosos Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 246/2020-IV y tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del siete de abril de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Ahora, toda vez que la promovente señala que tiene el carácter de defensora pública federal de los quejosos Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, remita a este Juzgado la certificación que, en su caso, acredite que la licenciada Alicia Medina Meza, a la fecha prevalece con el carácter de defensora de los aquí quejosos dentro de la causa penal 124/2020 de su índice, con el que se ostenta en la demanda de que se trata y, en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo corroboren; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente que de no contar con la representación con la que se ostenta, se procederá conforme a lo establecido por el numeral 241 de la ley de la materia. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. En términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de la materia, se tiene como parte tercero interesada al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-II en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, emplácesele por medio de oficio, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del presente proveído. Se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a Karina Fernández Ortiz y Silvia Araceli Campos Barba; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender las actividades ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo hasta el dos de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, SE ORDENA REANUDAR EL PROCEDIMIENTO y se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte para llevar a cabo la audiencia constitucional. Al tomar en consideración la reanudación de actividades jurisdiccionales, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, se hace del conocimiento de las partes que podrán comparecer a la audiencia constitucional mediante escrito presentado físico o electrónicamente y en caso de quererlo hacer personalmente, deberán indicarlo a este órgano jurisdiccional con la debida anticipación a la fecha de la audiencia respectiva a fin de estar en aptitud de preparar la audiencia por videoconferencia, de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 en mención, en relación con los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/20209 . Por tanto, comuníquese a la totalidad de las partes que se reanudan los términos y plazos suspendidos en el juicio de amparo en que se actúa, con motivo de dicha medida de contingencia, cuyo cómputo se reiniciará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente 9Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Por otra parte, vista la certificación y el oficio de cuenta, hasta el día de hoy se procede a proveer sobre la promoción de clasificación no urgente, en los términos siguientes. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el informe justificado y anexo de cuenta, que remite la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, así como el disco versátil digital (DVD), sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción de su contenido, la cual se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En consecuencia, glósese a los autos el referido disco compacto, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del ??????????? Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Notifíquese personalmente. Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra el informe que se le requirió a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, en el oficio 20220/2020 mediante auto de veintiuno de agosto del año en curso, en virtud de que dicho oficio se encuentra en vías de notificación; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. ocho de septiembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por conducto del Notificador de dicho centro, mediante los cuales en atención a lo solicitado por este Juzgado el veintiuno de agosto del año en curso, informa que el diecinueve de junio de dos mil veinte, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado en contra de los aquí quejosos Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas, la cual causó ejecutoria en esa misma fecha. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas, por conducto de su defensora pública federal, promovieron demanda de amparo contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamaron la resolución en la que se calificó de legal la detención de los quejosos, así como el auto de vinculación a proceso. Ahora, del estado de autos y de la constancia que anexó la autoridad responsable, se acredita que el diecinueve de junio del año en curso, se dictó sentencia en la causa penal 124/2020 de la cual emanan los actos reclamados y ésta causó ejecutoria en la misma fecha; por tanto, se estima que en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, en virtud del cambio de situación jurídica en la que se encontraban los solicitantes del amparo. Para avalar la postura que antecede, es pertinente destacar el contenido del precepto antes invocado, el cual es del tenor siguiente: ? "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" (Énfasis añadido). Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, Kimberly Janeth López Mateos y Jesús Adán Espinoza Salinas, reclamaron por esta vía de control constitucional, la resolución en la que se calificó de legal su detención, así como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, advirtiéndose de la constancia que anexo la precitada autoridad responsable, que existe un cambio en la situación jurídica de los quejosos, al haberse dictado sentencia en la causa penal 124/2020 de su índice; de ahí que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación derivada de la resolución antes descrita, de tal modo que las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. En tales condiciones, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas así como el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veinte. Comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, materia penal, con número de registro 169410, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "

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