Jesús Adalberto Reyes Chávez

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Jesús Adalberto Reyes Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el comunicado de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, con residencia en la ciudad de México, recibido vía correo electrónico institucional, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele informando que en relación al oficio 7138 de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se notificó a la autoridad responsable Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, con sede en la ciudad de México, el proveído en que se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, fue remitido a la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal residente en esa ciudad; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el comunicado del Coordinador Técnico de la Unidad de Correspondencia de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, con residencia en la ciudad de México, recibida vía correo electrónico institucional, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele informando que en relación al oficio 5002 de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se notificó a la autoridad responsable Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, con sede en la ciudad de México, la sentencia dictada en el presente asunto, fue remitido a la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal residente en esa ciudad; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ese mismo día, Jesús Adalberto Reyes Chávez, promovió juicio de amparo contra la 1. Dirección De Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, por la omisión de responder a su solicitud de tres de octubre de pago respecto a diversas prestaciones requeridas por la defunción de la trabajadora (fojas 2 a 9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 10 a 14). Dado que mediante oficio de nueve de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que ya se había emitido la respuesta al quejoso, mediante auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si era su deseo ampliar su demanda con relación al oficio SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, que contiene la respuesta a su petición (fojas 43 a 47). Por escrito recibido el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, Jesús Adalberto Reyes Chávez desahogó el requerimiento formulado, por lo que el veintisiete de julio siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto del citado acto, el cual se atribuyó a las autoridades 1. Dirección De Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y 2. FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo con sede en Ciudad de México, por lo que se requirieron sus respectivos informes justificados (fojas 50 a 56). Dado que no se pudo lograr la notificación del 2. FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo con sede en Ciudad de México, se dio vista a la parte quejosa, la que insistió en el señalamiento de dicha autoridad, por lo que se requirió al Director General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, en su carácter de Encargado del citado Fondo de Aportaciones (foja 142). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 26, 69, 82) se agregó la constancia de emplazamiento de la Representación Social de la Federación adscrita (fojas 18 y 60) así como el escrito de alegatos presentado por el autorizado de la parte quejosa el treinta de junio de dos mil veintidós (foja 186) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando los autos listos para emitir sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la negativa a conceder una pensión al representado del promovente de amparo, lo que es susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho humano a la seguridad social, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, en razón de que los actos reclamados prescinden de ejecución material. SEGUNDO. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que consisten en: La omisión de respuesta a la solicitud de nueve de octubre de dos mil diecinueve, a la 1. Dirección De Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, respecto al pago de diversas prestaciones a las que el quejoso alega tiene derecho como beneficiario de la difunta trabajadora María Cleofas Chávez Bordonave. La respuesta al reclamo de pago del quejoso, contenida en el oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, por el Director de Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dichos actos. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados. Lo anterior porque la 1. Dirección De Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz al rendir su informe justificado (foja 26) aceptó que al momento en que se promovió la demanda de amparo, no se había formulado la contestación al escrito de tres de octubre de dos mil diecinueve, presentado por el quejoso. Por lo que hace al oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, que contiene la respuesta negativa a la petición del impetrante de garantías, la 1. Dirección De Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, reconoció como cierto el acto reclamado (foja 69). Del mismo modo, el 2. FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado (foja 151) reconoció que con base a los trámites iniciados por la autoridad señalada en primer lugar, negó la petición de pago que le fuera presentada por ésta, de ahí que su participación en la existencia del acto reclamado debe tenerse como cierta. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Omisión de contestar escrito. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, respecto al acto reclamado consistente en la falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito de tres de octubre de dos mil diecinueve, resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SUBSUNCIÓN. En el caso a estudio, la omisión reclamada ha cesado puesto que la autoridad responsable ya emitió la respuesta a la petición del quejoso, la cual ya se hizo de su conocimiento. Lo anterior se aprecia del oficio de nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado legal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, informó a este juzgado de Distrito que se emitió el diverso oficio SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio del año en cita mediante el cual se dio respuesta a la petición del aquí quejoso. Lo que justificó con copia del citado oficio remitida por vía electrónica a este Juzgado (foja 43 vuelta). Constancias que a las que se otorga valor probatorio en términos de los citados numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Respuesta que se remitió al quejoso mediante correo certificado con acuso de recibo, ello aunado a que éste Juzgado de Distrito le dio vista con el citado oficio. En tales condiciones, si la parte quejosa en su escrito de demanda presentado ante este Juzgado Federal el veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, señaló como acto reclamado la falta de respuesta a su petición del pago de diversas prestaciones a las que manifestó tener derecho como beneficiario de la difunta trabajadora María Cleofas Chávez Bordonave, pero de autos se advierte que posteriormente el diez de junio de dos mil veintiuno, se emitió la contestación a dicha solicitud, se aprecia que las consecuencias del acto omisivo reclamado quedaron sin efectos, lo que impide el estudio de fondo del asunto, en virtud de que el objeto de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, es evitar examinar la constitucionalidad de un acto que ya no afecta la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que, en el caso particular, ya se corrigió la falta de respuesta reclamada. En consecuencia, resulta incuestionable que cesaron totalmente los efectos del acto reclamado, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la respuesta formulada haya sido en sentido negativo, puesto que ello en su caso, constituye un diverso acto (respecto del cual se amplió la demanda) a la omisión reclamada en primer término. CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a la petición de tres de octubre de dos mil diecinueve, es evidente que el juicio de amparo en contra del mismo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio respecto al mismo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno. En el caso concreto del oficio con el que se da respuesta a la petición del quejoso, se estima actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, con el diverso artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado sujeto a estudio no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo. MARCO NORMATIVO. Los numerales señalados señalan lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Para corroborar el aserto anterior es importante traer a colación los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido respecto de las características de la autoridad para efectos del juicio de amparo. Guarda relación la tesis, P.XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". También es relevante la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas contradicciones de tesis, la cual es de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, en este y otros criterios, puede advertirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, dejando de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración púbica ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, con motivo de una relación de supra a subordinación, entre el impetrante del amparo y el ente señalado como autoridad, que lo faculte para actuar en un plano superior. Ahora, si bien es cierto, ese criterio se fue diseñando durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en cuyo artículo 11, disponía que: "es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado"; también es verdad que el contenido normativo de la Ley de Amparo vigente acogió los anteriores criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir a las autoridades responsables en su artículo 5o como aquellas que: "con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas", agregando que: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De manera que para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, debe tenerse en cuenta: a) la existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; c) que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, siendo necesario para establecerlo el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza del acto que por vía de amparo se impugna. Las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos administrativos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. SUBSUNCIÓN. Como se adelantó, el suscrito juzgador considera que oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, por el 2. Director de Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz dada la naturaleza del acto que se le reclama, no reúne todas las características para ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Esto es así, dado que el citado acto que se combate, analizado en su exacta naturaleza, no le reviste la característica de "actos de autoridad para efectos del amparo", sino que tienen su origen y efectos en una relación de coordinación, la que, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya, nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan Ias consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el presente caso, la parte quejosa reclama del 2. Director de Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, Veracruz, la emisión del oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que se da respuesta negativa a su petición de pago de distintas prestaciones: bono de día del maestro, de imagen, aguinaldo y otros, adeudados a su benefactora, la difunta trabajadora de la educación María Cleofas Chávez Bordonave. De esta forma, la causal de improcedencia antes señalada se actualiza en este asunto, toda vez que los actos relativos a la petición del pago de prestaciones de la difunta trabajadora de la educación, no resultan ser actos de autoridad para los efectos del juicio constitucional, ello dado que la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, en el caso, no utilizó facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de forma imperativa, ello debido a que la relación que guarda la difunta (de la que el aquí quejoso resulta beneficiario) no es la de un gobernado sino como trabajadora con una relación laboral subordinada respecto de la citada secretaría. De lo anterior se evidencia que el acto reclamado principal, consistente en el oficio número SEV/OM/DN/DNSF/2492/2021 de diez de junio de dos mil veintiuno, por el Director de Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, en que se negó la petición del quejoso respecto al pago de prestaciones adeudadas a que tenía derecho la difunta María Cleofas Chávez Bordonave, no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues versa acerca de prestaciones derivadas de una relación laboral, en la cual ni el inconforme, por una parte, ni la secretaría por la otra, están investidos de imperio, ya que este último actúa como ente patronal, derivado del establecimiento del citado vínculo, con base en el contrato celebrado al efecto. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, las partes actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones laborales -como se vio- el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre la referida patronal y su empleado, corresponden al ámbito competencial de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado B, fracción XII Constitucional. Por identidad de razón, sustenta la anterior consideración la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." También guarda relación analógica, la Jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo, se relaciona la tesis 2a. LI/96 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde "conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores"; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole." En esa tesitura, el acto reclamado no se trata de acto de autoridad para efectos de amparo, ya que la referida 1. Dirección de Nóminas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, actúa en calidad de patrón, dado que dicho instituto no está investido de imperio, de tal manera que dichas actuaciones no son susceptibles de ser impugnados a través del juicio de garantías en términos de los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, sino mediante instancia laboral ordinaria ante la autoridad jurisdiccional competente en términos de los ya citados artículos 123 Apartado B, fracción XII Constitucional, como ya se precisó donde la ahora promovente estará en aptitud de impugnar los actos que estima lesivos de sus derechos de seguridad social. CONCLUSIÓN De esta manera, dado que la negativa reclamada no le reviste el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción III (este último aplicado a contrario sensu) de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio por lo que hace al citado acto. Como consecuencia de lo aquí resuelto, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo por la que se decretó el sobreseimiento, atento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que la parte quejosa en este asunto no realizó manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jesús Adalberto reyes Chávez, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Con relación a los datos sensibles en la presente sentencia, estese a lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, que autoriza y da fe, hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado

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