Jesus Abraham Patiño Cipriano

Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
202/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Jesus Abraham Patiño Cipriano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21, del citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con el expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que también pueda solicitar la devolución de cualquier otro documento ofrecido en copia simple o certificada, pues el referido acuerdo, no señala prohibición alguna al respecto. En ese sentido, se instruye al secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Por recibidos los oficios signados por la Actuaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el acusa recibo del expediente original y escrito de agravios e informa que se admitió a trámite la revisión adhesiva interpuesta por diversas autoridades. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que se presenta sin firma electrónica, presuntamente por *****, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor XXXIX Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, por considerarlos violatorios de los artículos 3°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 202/2020-III, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. A efecto de proveer lo conducente, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 221353, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el presente asunto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Los dispositivos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 3, párrafos primero, cuarto, quinto y noveno, 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." Del contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo, señala como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL), pues es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa. En el caso, no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada", pues no obra la declaración expresa de la parte quejosa en el sentido de instar la demanda de amparo que motivó la tramitación de este sumario constitucional, pues en la demanda presentada electrónicamente no obra la firma electrónica del promovente Jesús Abraham Patiño Cipriano. Para una mayor comprensión de lo expuesto, conviene señalar que el numeral en cita prevé: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.)" De los numerales transcritos se obtiene que en el juicio constitucional, las demandas de amparo indirecto y las promociones pueden formularse de manera verbal o por escrito, siendo en este caso optativo que se realicen de forma impresa o electrónicamente. Tratándose de los escritos en forma electrónica, deben presentarse utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sobre esa base, conviene precisar que la demanda no contiene la firma electrónica del quejoso, siendo su obligación presentarla en términos del numeral 3o de Ley de Amparo, (pues produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y permite al órgano jurisdiccional verificar la identidad de su titular, así como su autenticidad y la del documento electrónico), además de revisar el estado de su certificado digital en los sistemas electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que expida el acuse de recibo electrónico. Tal como lo establecen los artículos 3 a 5 y 10 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, a saber: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo. (.) Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan." Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dispone en sus artículos 1°, 2°, fracciones XVI y XVI, 6° y 15, establece lo siguiente: "Artículo 1. El presente Acuerdo General tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. [.] Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Como se advierte, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica (e.firma), es utilizada como un instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, así como para recibir comunicaciones, notificaciones y documentos oficiales, así como, para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Dicha firma, tiene como finalidad producir los mismos efectos que la firma autógrafa, por lo que es indispensable para su utilización, contar con los certificados digitales, expedidos por las Unidades de Certificación. Esto, al ser el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad, como de una firma autógrafa, ya que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación. Además, son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita. De ahí, que para la presentación de demandas o documentos electrónicos, deba utilizarse la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), vigente del quejoso, a efecto que se genere el acuse de recepción correspondiente, donde se indicaran los datos de identificación del asunto, del promovente, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Por tanto, toda vez que la demanda que nos ocupa carece de la EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA de la que se adviertan los datos de identificación del promovente, así como de aquellos con los que se acredite que es una la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y ésta produce los mismos efectos que una firma autógrafa, NO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SUSCRIBE. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no existe ni siquiera voluntad del que aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Cabe agregar que de conformidad con lo ordenado en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", la tramitación de juicio en línea no implica desconocer los requisitos procesales inherentes a los asuntos tramitados dentro del contexto normativo previsto al efecto. En tales condiciones, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 6°, ambos de la ley de la materia y numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario; por tanto, con apoyo en el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA AMPARO promovida por Jesús Abraham Patiño Cipriano, por propio derecho, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", contra los actos que reclama de la Comisión de Honor XXXIX Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional. EXHORTO Toda vez que el promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en los artículos 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, así como 289 y 298 a 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva girar instrucciones a quien corresponda a fin que con copia del presente proveído notifique personalmente a la quejosa en el domicilio ubicado en Calle Mar de Bering, No. 1, Colonia El Rosario Dos Romano Sector Dos Romano, Código Postal 541090, Municipio Tlalnepantla de Baz, Estado, Estado de México, y se le faculta para que pueda realizar dicha diligencia en horas y días inhábiles. No obstante lo anterior, se toma conocimiento del correo electrónico que precisa, como medio de comunicación no oficial para casos excepcionales. AUTORIZADOS. No ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que la demanda de garantías carece de la voluntad expresa del promovente. Notifíquese por exhorto a la parte promovente.

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