Jesus Abraham Lopez Acosta
Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesus Abraham Lopez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con el que comunica que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; registrándolo como recurso de queja ******************** lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, firmado por el quejoso ************************** mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. La que suscribe rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado y sosteniendo su legalidad; auto que deberá acompañarse al oficio correspondiente con las firmas electrónicas de las personas funcionarias que lo suscriben. Para la substanciación del citado medio de impugnación, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, a través de correo acelerado del denominado ESTAFETA, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, el original del escrito de expresión de agravios, así como del juicio de amparo en que se actúa; formándose el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL DICE: Se tiene por recibido el escrito de cuenta, firmado por el quejoso *****, mediante el cual cumple el requerimiento formulado el dos de octubre de dos mil veintitrés, y para tal efecto, precisa los actos que reclama en el presente sumario constitucional. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos, se desprende que los actos reclamados consisten en: a). El auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ***** del Juzgado de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por el que se tuvo a la parte demandada dando contestación en tiempo y forma a la demanda promovida en su contra; y, b). El acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del aludido juicio laboral, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente, el incidente de nulidad de notificaciones planteado por el quejoso -actor- en contra de la notificación del acuerdo de treinta de agosto de agosto del año en curso que señaló fecha y hora para la reanudación de la audiencia preliminar (para el trece de septiembre de dos mil veintitrés, a las nueve horas con quince minutos). Al respecto, este juzgado considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Por su parte, sobre si la determinación que declara improcedente un incidente de falta de personalidad afecta derechos sustantivos de manera irreparable, como un acto dentro de un juicio que puede ser materia de estudio en amparo indirecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, emitió un pronunciamiento que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, registro digital 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ". aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la ejecutoria referida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el análisis de los actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, consideró de manera sustancial los siguientes aspectos: 1) Que el artículo 107 de la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y la segunda en su fracción V, contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. 2) Que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados como actos de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. 3) Que la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 4) Consecuentemente, que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Como puede advertirse, el criterio asumido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es en el sentido de que acorde con el vigente sistema legal los actos irreparables se caracterizan por producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tales que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Si los efectos del acto reclamado solamente se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Por otro lado, si resultara contrario a sus intereses puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra. De esta manera, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Ahora bien, como se anticipó, del escrito demanda, su aclaratorio y anexos, se desprende que el quejoso reclama: 1. El auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ***** del índice del Juzgado de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por el que se tuvo a la parte demandada dando contestación en tiempo y forma a la demanda promovida en su contra; y, 2. El acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente, el incidente de nulidad de notificaciones planteado por el quejoso -actor- en contra de la notificación del acuerdo de treinta de agosto de agosto del año en curso, por la que se señaló fecha y hora para la reanudación de la audiencia preliminar (trece de septiembre de dos mil veintitrés, a las nueve horas con quince minutos) De esto se advierte que los actos reclamados, se emitieron dentro de juicio y no provocan una afectación actual sobre derechos sustantivos, sino que producen, en caso de existir, solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyo efecto se traduce en que se continúe con la secuela del juicio de origen, por sus etapas correspondientes, sin que esa circunstancia, de modo alguno, afecte algún derecho sustantivo, sino es una cuestión de naturaleza procesal o adjetiva, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada previamente, que además resulta de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. El promovente, como parte actora en el juicio, tiene la posibilidad de ejercer sus derechos a fin de que, incluso, este pueda concluir con una resolución que le sea favorable; caso en el cual, los efectos lesivos de los actos reclamados, en caso de existir, no se habrán materializado en su esfera jurídica o, en el supuesto de que la sentencia que en su oportunidad se dicte sea desfavorable al interés del peticionario, podrá alegar la violación a las leyes del procedimiento, mediante la promoción del juicio de amparo directo, en que tendrá la posibilidad de hacer valer las violaciones que considere se cometieron durante la substanciación del proceso. Es evidente que tal es el caso del auto que tiene a su contraparte por contestando la demanda y el que desechó el incidente de nulidad que propuso contra la notificación del auto que fijó fecha para la continuación de la audiencia preliminar. Ninguno de esos actos produce una afectación real y actual a alguno de sus derechos sustantivos. De sus propias manifestaciones narradas en sus antecedentes bajo protesta de decir verdad, se tiene que el juicio ha proseguido; que posterior al acuerdo que tuvo a la parte demandada dando contestación en tiempo y forma (veintiocho de junio) y previo a la determinación en la que desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones planteado (veinticinco de septiembre), la responsable se declaró incompetente dentro del juicio de origen para conocer, tramitar y resolver en definitiva el negocio jurídico, en favor de su homólogo con sede en Celaya, Guanajuato, solicitando a dicho órgano jurisdiccional informara si acepta o no la competencia declinada. Entonces, lo importante ahora es que ni el auto que tuvo por contestada la demanda ni el desechamiento del incidente planteado, constituyen determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. Y esto es así incluso sin desconocer que en la audiencia preliminar la autoridad declinó su competencia. Sin embargo, lo cierto es que en este juicio lo que se reclama es el desechamiento 19/09/24 09:48:56 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.b9 RICARDO DANIEL GUTIERREZ AGUILAR 7 Amparo indirecto 995/2023 de un incidente que pretendió combatir una notificación sobre la fecha señalada para esa audiencia. Además, si bien de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo bajo determinadas condiciones el amparo indirecto procede contra las determinaciones de competencia; lo cierto es que no es ese el reclamo que se endereza en este juicio. De ahí que lo importante es que los actos a los cuales se circunscribe el ejercicio de la acción constitucional no generan efectos en derechos sustantivos del quejoso sino solamente producen consecuencias de naturaleza procesal. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. Corolario de lo expuesto, procede desechar de plano la demanda, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado.
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