Jesús Abisaí Gutiérrez Beltrán

Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Jesús Abisaí Gutiérrez Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido tanto la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa; el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de a demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de tres de junio del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso *******, no desahogó la vista otorgada en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. *************** En proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora Juez de Control Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informó que señaló las doce horas del cuatro de mayo de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual reprogramó para las nueve horas del cinco del citado mes. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Jesús Abisai Gutiérrez Beltran y al tercero interesado Cristian Sinued Vázquez López el amparo y protección de la justicia de la unión para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de ampliación de término constitucional de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Reponer el procedimiento desde la audiencia inicial, relativa a la causa penal número 629/2021, con la finalidad de subsanar las violaciones a derechos fundamentales destacadas en el presente fallo constitucional, primeramente respecto del quejoso y posteriormente del tercero interesado, en las etapas correspondientes, debiendo vigilar las formalidades esenciales del procedimiento. En la inteligencia de que tratándose de la violación destacada contra el aquí tercero interesado deberá cerciorarse de que un asesor o asesora jurídica lo asista, de quien tendrá verificar que cuente con la calidad de licenciado o licenciada en derecho y tenga cédula profesional legalmente expedida por autoridad competente. Sobre dicho tópico, se precisa que la Juez responsable cuenta con plenitud de jurisdicción para efectuar todos los actos procesales que resulten necesarios para allegarse de la información con la cual se acredite que quien asiste a la víctima sea licenciado o licenciada en derecho. En el supuesto de que la persona que asista a la víctima no acredite ser licenciado o licenciada en derecho, se deberá informar esa circunstancia a la víctima para que ejerza el derecho a que sea ella, a través de su representante legal, quien designe a su asesor o asesora jurídica y, en caso de que no quiera o no pueda optar por uno particular, se le proporcione la asistencia legal a través de uno de la adscripción que sí cumpla con los requisitos que han sido delineados. En el entendido de que la persona que para tal efecto concurra en su carácter de asesor jurídico de la víctima, deberá estar presente en la audiencia de ampliación de término constitucional, en la de vinculación o no vinculación a procesos y, de actualizarse la hipótesis, en aquella en que se decida sobre la imposición de alguna medida cautelar. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso." (sic) Ahora bien, del examen de las documentales a que se ha hecho referencia (disco DVD) de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, que tienen valor probatorio pleno, se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo lo siguiente: a) La Juez de Control Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintidós, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, dejó insubsistente el auto de vinculación de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 629/2021 y posteriormente repuso el procedimiento desde la audiencia inicial, relativa a la causa penal número 629/2021. b) Asimismo, una vez individualizadas las partes comparecientes, esto es el inculpado aquí quejoso Jesús Abisai Gutiérrez Bertrán y su defensa, así como la victima indirecta Cristian Sinued Vázquez López y su asesor jurídico, hoy tercero interesado, abogados quienes acreditaron sus registros correspondientes que los acreditan como licenciados en derecho. Por lo que, una vez que se les hicieron saber sus derechos a las partes, respectivamente, la autoridad responsable, otorgó la palabra al agente ministerial a efecto de que formulara la imputación a dicho inculpado. Una vez, actualizado lo anterior, la citada responsable cuestionó al aquí quejoso si era su voluntad declarar, quien manifestó su voluntad de realizarlo, por lo que verificado ello, el Ministerio Público, solicitó la vinculación a proceso del imputado, después de formulada la imputación y de que el imputado tuvo la oportunidad de contestar el cargo, por lo cual reseñó los datos de prueba con los cuales apoyó dicha petición. Finalizado lo anterior, la responsable cuestionó al imputado si era su deseo acogerse o no al plazo a que alude el artículo 19 Constitucional -o su ampliación- para que se resolviera su situación jurídica, a lo cual decidió que en esa audiencia se resolviera. Haciéndose la precisión, que tanto la víctima indirecta como su asesor tuvieron participación en dicha audiencia conforme al desahogo de las etapas correspondientes, verificando la misma la responsable. c. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolvió de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. En consecuencia, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, remite un disco en formato DVD que contiene el registro de audio y video de la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, así como la transcripción del auto de vinculación que fue emitido en la audiencia. Respecto del material de audio, con base en la nueva forma de tramitación a que se sujetó el procedimiento del que deriva el acto reclamado, no es obligatorio celebrar oficiosamente una audiencia pública para la proyección del mismo; sin embargo, la parte quejosa se encuentra en aptitud de solicitar copia del audio y video, así como las copias certificadas digitales, mismos que contiene el referido disco, con la finalidad de que se impongan de su contenido y, en su caso, haga valer lo que a su derecho convenga; en ese contexto, se haga uso o no de ese derecho, se considerará que a partir de la notificación de este auto, las partes están en posibilidad de imponerse del aludido material, para los efectos legales que procedan. Por consiguiente, guárdese el disco óptico en la Secretaría de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computados, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192174, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese.

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