Jesús Abelardo Acosta Aguilar
Expediente 1784/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1784/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Jesús Abelardo Acosta Aguilar
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Despacho sin diligenciar. Visto el oficio signado por el Juez Menor de Tecalitlán, Jalisco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 67/2022, orden 99/2022, del índice local; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, dese de baja el aludido despacho, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y acúsese el recibo correspondiente. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se desprende que se actualiza lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, se deberá tener por no presentada la demanda de amparo que dio origen al asunto en que se actúa, por los motivos siguientes. El quince de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por * en representación de *, contra actos del Teniente Coronel de Caballería *, Comandante Interino del 13/o Batallón de Policía Militar, ubicado en el Campo Militar Número 15-E "Rita Pérez Jiménez", en San Juan de los Lagos Jalisco y otra autoridad, a quienes reclamó la privación de la libertad de la parte agraviada con motivo del arresto ya ejecutado, desde el trece de julio del año en curso. Ahora, toda vez que, a decir de la promovente, la parte agraviada *, se encontraba recluida en el edificio de la guardia en prevención del 13/o Batallón de Policía Militar, como conocida también como 5/a Compañía de la Guardia Nacional, es decir, fuera de la circunscripción de este órgano de control constitucional, se giró despacho al Juez Civil de Primera Instancia en el Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, en turno, a fin de que se constituyera en dicho edificio y requiriera a la agraviada para que, dentro del plazo de tres días, ratifique la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la misma, en la inteligencia de que para ello debía comparecer al local de este Juzgado debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía. Dicho despacho fue devuelto sin diligenciar por el Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno, por lo que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración que las autoridades responsables, al momento de informar el cumplimiento a la suspensión de plano concedida, informaron que la nombrada vivía en el interior de las instalaciones militares del 13/o Batallón de Policía Militar, en San Juan de los Lagos, Jalisco, específicamente en el alojamiento para personal femenino, por ende, se giró despacho al Juzgado Civil de Primera Instancia de San Juan de los Lagos, Jalisco, a fin de requerir a la agraviada para que ratifique la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la misma. Despacho que también fue devuelto sin diligenciar por el Juez de Primera Instancia Civil del Cuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en San Juan de los Lagos, toda vez que como lo hizo constar el notificador de dicha adscripción, fue informado que la agraviada * ya no se encontraba adscrita a ese cuartel militar, sino a la Unidad Militar de la Quinta Compañía de la Guardia Nacional, Coordinación de Lagos de Moreno, Jalisco; por lo que en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se giró despacho al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, en turno, a fin de requerir a la agraviada para que ratifique la demanda de amparo. Luego, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el despacho citado en el párrafo que antecede, el cual fue devuelto sin diligenciar por el Juez Tercero en Materia Civil y Justicia Integral para Adolescentes, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, dado que no fue posible notificar a la agraviada *, el proveído de quince de julio del año en curso, en virtud de que la nombrada se encontraba gozando de su periodo vacacional; motivo por el cual nuevamente se giró despacho al Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, a fin de requerir a la agraviada para que ratifique la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la misma. No obstante, dicho despacho fue devuelto sin diligenciar por el Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, toda vez que mediante constancia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el notificador adscrito al Juzgado despachado hizo constar que una vez constituido en las instalaciones de la Quinta Compañía de la Guardia Nacional, Coordinación de Lagos de Moreno, fue informado que María de los Ángeles Román Soto causó baja de dicha jurisdicción desde el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por cambio de adscripción al Estado de Baja California, por lo que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la promovente Ana Yelenne Vázquez Martínez, a fin de que manifestara si tiene conocimiento respecto al domicilio completo, correcto y actual donde pueda ser notificada la quejosa *. Luego, mediante auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Subjefe Administrativo en el Estado Mayor de la V Región Militar, con sede en La Mojonera, Jalisco, informando que la parte promovente tenía su domicilio en el Hospital Militar Regional de la Paz, Baja California Sur, por lo que se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, a fin de requerir a la agraviada * para que ratifique la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la misma. Dicha comunicación oficial fue devuelta sin diligenciar por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, dado que no fue posible notificar a la agraviada María de los Ángeles Román Soto, el proveído de quince de julio del año en curso, en virtud de que la nombrada se encontraba gozando de su periodo vacacional; motivo por el cual nuevamente se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en turno. Posteriormente, el ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el exhorto antes mencionado, el cual fue devuelto sin diligenciar por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, dada la imposibilidad que tuvo para notificar a la agraviada toda vez que como lo hizo constar el actuario de esa adscripción, fue informado que la agraviada causó baja desde el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por lo que ya no forma parte del Ejercito Mexicano. En razón de lo anterior, nuevamente se requirió a la promovente *, a fin de que manifestara si tiene conocimiento respecto al domicilio completo, correcto y actual donde pueda ser notificada la quejosa *, sin que hasta el momento haya dado cumplimiento a tal requerimieto. Además, al advertirse de autos un domicilio en el que puede ser localizada la agraviada en comento, el doce de agosto de dos mil veintidós se giró despacho al Juez Menor de Tecalitlán, Jalisco, a fin de notificar a la agraviada * del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno; mismo que aquí se recibe sin diligenciar dada la imposibilidad de notificar a dicha agraviada. Se tiene por no presentada. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado es un correctivo disciplinario, consistente en un arresto ya ejecutado, y ha transcurrido más de un año sin que nadie se apersone al presente juicio de amparo, específicamente la parte agraviada, se tiene por no presentada la demanda presentada a su nombre, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de agosto de dos mil veintidós. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 92/2022, promovido por ****, carácter que acredita con la copia certificada del nombramiento y toma de protesta, signados por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo,, contra el acto de la Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. II. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Quejosa. a Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pool Esteban Gutiérrez Delgado, Jorge Alberto Ramírez Gutiérrez, Adriana Celina Lomelí Quezada y en restringidos a los diversos profesionistas por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en Materia Penal, Civil, Mercantil y Administrativo. b Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan a la demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBREDE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Requiérase a las partes informen sí asistirán a la audiencia incidental. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre Servicios Jurisdiccionales. Adicionalmente, estará el diverso Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia incidental, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia incidental en la fecha indicada, sin la presencia de las mismas, no obstante, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de la parte quejosa, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no existan con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Consideraciones respecto de las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Contradicción de tesis 349/2012. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materias: Común Tesis: 2a./J. 176/2012 10a. Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III, del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les requiere para que remitan el citado informe, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Cabe precisar que la remisión del oficio por el que se requiere el informe previo a la autoridad responsable, se realizara por la vía ordinaria sin perjuicio de que pueda realizarse por los medios electrónicos disponibles, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, en relación con el 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ello a consideración del suscrito Juzgador. Fijación del acto reclamado. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y del escrito de prevención, se aprecia que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: Se hace consistir en la resolución interlocutoria dictada por la autoridad responsable, dentro del juicio de origen **** que desechó el incidente innominado de cumplimiento sustituto. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que: [.] suspensión del acto reclamado a fin de que la autoridad responsable suspenda el acto reclamado, esto es, no se lleve a cabo la ejecución del mismo y las cosas se mantengan en el estado que guardan. [...].. Determinación sobre la suspensión. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como, el artículos 138 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que exista la solicitud del quejoso interés suspensional y afectación; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, en tanto que, respecto del otro requisito no se satisface en su integridad las exigencias previstas en la citada fracción II, el artículo en comento, en relación con el diverso arábigo 139, que son precisos al establecer que para conceder la suspensión solicitada, no debe seguirse perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público. Pues como se dijo con antelación, el segundo párrafo, de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho. Por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas, sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.. Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.. Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión, de estos razonamientos, se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Máxime que el procedimiento de ejecución del laudo, es insuspendible, pues este es de orden público y no es dable paralizarlo so pretexto alguno, ya que se infringiría en perjuicio de la sociedad, pues la sociedad está interesada en las sentencias dictadas en los juicio laborales se cumplan puntualmente y en su totalidad. Por lo tanto, no puede suspenderse el acto para el efecto solicitado por la parte quejosa, de ahí que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 128, fracción II. Cabe precisar que para la suscrita no pasa inadvertido que si bien es cierto que la suspensión provisional de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II, del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Luego, en la especie, como se puso de manifiesto, al no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que hace a dichas pretensiones, entonces resulta inútil examinar si existe la apariencia del buen derecho o no, porque, aunque existiera, es preciso cumplir con tales requisitos legales para otorgar la suspensión. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: Novena Época Registro: 165659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materias: Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Página: 315 SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO., sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.. Bajo ese contexto normativo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto que hace consistir en que se suspenda la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, en razón de que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que de los antecedentes que narra ya se encuentra en etapa de ejecución el juicio laboral ****, condenando al aquí quejoso a reinstalar a la parte actora en el juicio de origen. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se reanuden las labores normales en el poder Judicial de la Federación, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente incidente de suspensión, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: REPRODUCCIO´N ELECTRO´NICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIO´N AUNQUE NO EXISTA REGULACIO´N EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.. Para tal efecto, se le informa que podrá acudir al juzgado, previa cita que realice en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso d en relación al párrafo II, y último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la expedición del respectivo Código QR, el cual le permitirá el ingreso al local del juzgado. Es importante destacar, que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y si no cumple los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Exhorto para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente.
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