Jessy Giovany Pérez Gallegos

Expediente 492/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
492/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Jessy Giovany Pérez Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Reanudación de labores. Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Sobre devuelto. Por otro lado, visto el sobre cerrado que devuelve la Administradora Local de Correos, el cual contiene el oficio 15529, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Ciudad de la Piedad, Michoacán, por los motivos que expone "No existe autoridad que específica a que agencia" (sic), el cual tenía la finalidad de hacerle de su conocimiento el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el cual se ordenó el archivo del presente asunto. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena reenviar dicho comunicado a la denominación correcta de la autoridad responsable, a saber, Agente del Ministerio Público de la Unidad IV de Investigación del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, ya que ésta fue quien rindió el informe justificado correspondiente a la autoridad señalada en el párrafo precedente. En el entendido de que el actuario judicial de la adscripción deberá asentar en el sobre correspondiente que, de negarse la recepción de dicho oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Incidental

    VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número V-492/2020; y RESULTANDO: PRIMERO. Jessy Giovany Pérez Gallegos, por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades; AUTORIDAD RESPONSABLEFISCAL REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. TITULAR DE LA AGENCIA CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN COMANDANTE Y/O JEFE DEGRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL Y/O FISCAL, DESTACAMENTADO EN LA PIEDAD AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y/O FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. COMANDANTE Y/O JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA FISCAL FEDERAL Por los actos que hizo consistir en: La orden de detención, así como su ejecución. El cateo realizado el nueve de abril de dos mil veinte en el domicilio ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, y, El aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de esa Ciudad. Los que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en lo siguiente: La orden de detención, así como su ejecución. El cateo realizado el nueve de abril de dos mil veinte en el domicilio ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, y, El aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán. TERCERO. Las autoridades señaladas por la quejosa como: Comandante y/o Jefe de Grupo de la Policía Fiscal Federal. Agente del Ministerio Público y/o Fiscal General de la República en la ciudad de La Piedad, Michoacán" "Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Piedad Michoacán Se tuvieron por inexistentes tal y como se advierte de la audiencia que antecede y de los proveídos de catorce y veintitrés de octubre de dos mil veinte; por ende, no procede realizar pronunciamiento al respecto, al haber quedado fuera de la contienda incidental. CUARTO. Análisis de los requisitos de la suspensión. II.1. Petición de parte respecto a la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. II.2. Existencia del acto reclamado. II.2.a) Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso A). Al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos reclamados las autoridades siguientes: No AUTORIDAD Auto en el que se tuvo por recibidos SENTIDO 1 Agente Segundo Investigador del Ministerio Público de La Piedad de Cavadas, Michoacán. 07/09/2020 Niega la orden de detención y su ejecución. 2 Agente del Ministerio Público de la Unidad IV de Investigación del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. 04/10/2020 Niega 3 Director de Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Regional de la Piedad de Cabadas, Michoacán. 30/09/2020 Niega la orden de detención y su ejecución. La autoridad precisada en el punto 2 negó lisa y llanamente la totalidad de los actos reclamados precisados en el considerando segundo. Asimismo, las autoridades señaladas en los puntos 1 y 3, negaron el acto consistente en la orden de detención, así como su ejecución. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas; motivo por el cual procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, por falta de materia para concederla. Al respecto se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." II.2 b). Existencia de los actos identificados con los incisos B y C. Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos B y C del considerando segundo, reclamados al Agente Segundo Investigador del Ministerio Público de La Piedad de Cavadas, Michoacán y Director de Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Regional de la Piedad de Cabadas, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados; por tanto, debe tenerse como plenamente probado dicho acto. II.3 Susceptibilidad de suspender los actos reclamados. Los actos reclamados identificados en los puntos B y C son de carácter positivo, por lo cual conllevan actos de ejecución, mismos que sí son susceptibles de ser suspendidos. No obstante, el acto reclamado precisado en el punto B, consistente en el cateo realizado el nueve de abril de dos mil veinte en el domicilio ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, no es susceptible de suspenderse. Esto es, respecto al cateo de nueve de abril pasado no se satisface el elemento en estudio -que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido-, toda vez que el mismo ya fue realizado; por tanto, para efectos de la suspensión, debe considerarse como acto consumado. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 12 que establece: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, por lo que hace a dicho acto reclamado. 4 Afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa En el caso en particular, respecto al acto reclamado consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, resulta conveniente señalar que para acreditar que hay una afectación al interés de la parte quejosa, es necesario demostrarse: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso particular, la parte quejosa, para acreditar su interés sus pensional adjuntó al escrito de demanda las documentales siguientes: Copia simple de la queja de catorce de abril de dos mil veinte, presentada ante el Visitador Auxiliar de la Piedad Adscrito en la visitaduría Regional de Zamora, Michoacán de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y, Cuatro imágenes de placas fotográficas Sin embargo, con dichas documentales no se acredita el interés necesario para obtener la medida cautelar. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso no ofreció en este incidente, ni en el juicio principal, documento alguno en el que conste que tiene la propiedad o posesión del aludido bien inmueble. En efecto, las documentales exhibidas, en manera alguna demuestran que el peticionario de amparo tenga derecho alguno sobre el bien inmueble que pretende proteger a través de la presente medida cautelar, ubicado en la calle Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán. De lo que se sigue que la parte quejosa, a fin de obtener la medida cautelar solicitada, debió acreditar que cuenta, aun de manera indiciaria, con un derecho de posesión o propiedad del bien raíz descrito, lo que no aconteció; por tanto, tomando en consideración que las medidas cautelares en el juicio de amparo, no tienen como consecuencia crear, modificar o extinguir derechos, que con anterioridad no estuvieran incorporados al patrimonio jurídico de la quejosa; la suspensión deviene improcedente. Apoya lo anterior, por las ideas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". Ante tales circunstancias, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado identificado en el punto C, consistente en el aseguramiento del bien inmueble ubicado en la calle Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, al no satisfacerse los requisitos previstos por los dispositivos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, ya que no quedó acreditado, aun en forma presuntiva, el interés suspensional de la parte quejosa para obtener la medida cautelar en comento, pues no demostró tener, por lo menos indiciariamente, la propiedad o posesión del bien inmueble cuya titularidad ostentó en el escrito inicial. En ese orden de ideas, resulta ocioso analizar el punto 5, relativo a la afectación del interés público únicamente por lo que ve al dicho acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Jessy Giovany Pérez Gallegos, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-492/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veinte, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en la Piedad Michoacán y el veinte de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido el mismo día en este juzgado, Jessy Giovany Pérez Gallegos, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO FISCAL REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE ALA REPÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. La orden de detención, así como su ejecución. El cateo realizado el nueve de abril de dos mil veinte en el domicilio ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, y, El aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de esta Ciudad. TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. TITULAR DE LA AGENCIA CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN COMANDANTE Y/O JEFE DEGRUPO DE LA POLICÍA MIN ISTERIAL Y/O FISCAL, DESTACAMENTADO EN LA PIEDAD AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y/O FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. COMANDANTE Y/O JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA FISCAL FEDERAL Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y TERCERO. Inexistencia de Autoridades. Las autoridades señaladas por el quejoso como: Comandante y/o Jefe de Grupo de la Policía Fiscal Federal. Comandante y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial y/o Fiscal, Destacamentado en La Piedad; y, Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Fiscal Federal. Se tuvieron por inexistentes en el acta de audiencia que antecede, por tanto, no procede decretar el sobreseimiento respecto de dichas autoridades por el acto que se les atribuye, al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número, 1a. /J. 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados inciden en la libertad personal del quejoso y se atribuyen a autoridades que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional, consisten en: La orden de detención, así como su ejecución. El cateo realizado el nueve de abril de dos mil veinte en el domicilio ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, y, El aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de esta Ciudad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado las autoridades responsables lo hicieron de la siguiente forma: No AUTORIDAD Auto en el que se tuvo por recibidos SENTIDO 1 Agente Segundo Investigador del Ministerio Público de La Piedad de Cavadas, Michoacán. 07/09/2020 Niega la orden de detención y su ejecución. 2 Agente del Ministerio Público de la Unidad IV de Investigación del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. 04/10/2020 Niega 3 Director de Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Regional de la Piedad de Cabadas, Michoacán. 30/09/2020 Niega la orden de detención y su ejecución. La autoridad precisada en el punto 2 negó lisa y llanamente la totalidad de los actos reclamados precisados en el considerando segundo. Asimismo, las autoridades señaladas en los puntos 1 y 3, negaron el acto consistente en la orden de detención así como su ejecución. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dicha negativa; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos B y C del considerando segundo, reclamados al Agente Segundo Investigador del Ministerio Público de La Piedad de Cavadas, Michoacán y Director de Policía de Investigación Adscrito a la Fiscalía Regional de la Piedad de Cabadas, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados; por tanto, debe tenerse como plenamente probado dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, materia común, Quinta época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador federal, de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causa de improcedencia por lo que ve a los actos consistentes en el cateo y el aseguramiento del inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causa de improcedencia referida tiene como base lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente prevén: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ley de Amparo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los citados preceptos legales se colige que el juicio de amparo es el medio de control de la constitucionalidad de actos de autoridad, y excepcionalmente de particulares. Asimismo, se establece que el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, el que se vio afectado de forma real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo del acto de autoridad reclamado. Por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, y que ese interés resulte agraviado por la autoridad, de modo que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso concreto, el quejoso refiere que el acto de autoridad le afecta con motivo de la posesión que tiene respecto del predio que se encuentra bajo el cuidado de las autoridades responsables; además de que dentro de éste se encuentran diversas pertenencias de su propiedad. En ese sentido, el quejoso debe demostrar que es titular del derecho de posesión y propiedad conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 333, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." A efecto de acreditar el derecho subjetivo de posesión y propiedad que detenta sobre el inmueble en cuestión, el quejoso alegó que dicho inmueble motivo de cateo y aseguramiento era su domicilio. No obstante la manifestación anterior, la parte quejosa no exhibió prueba alguna dirigida a demostrar la posesión o propiedad del inmueble materia de cateo y aseguramiento. Máxime que al rendir el informe justificado las autoridades responsables, manifestaron que el veinticuatro de mayo de dos mil veinte se levantó el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Mariano Jiménez 338 letra "B" Colonia Centro de La Piedad, Michoacán, mismo que fue entregado a su propietaria la C. Margarita Barajas Huerta. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundados se R E S U E L V E : Primero. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Jessy Giovany Pérez Gallegos, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Incidental

    Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de veintitrés de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, señalará la denominación correcta de la autoridad identificada como "9527/2020 COMANDANTE Y/O JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA FISCAL FEDERAL": Asimismo, que dicho plazo transcurrirá del veintinueve de octubre actual al tres de noviembre del año en curso. Por tanto, para dar margen a lo precisado anteriormente, se DIFIERE la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las trece horas con quince minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo, fecha que se fija en atención a la circunstancia expuesta con anterioridad. Sin que en el caso resulte necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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