Jesssica Isabel Ochoa Varela

Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
114/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Jesssica Isabel Ochoa Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite los autos originales del juicio de amparo 114/2023, del índice de este juzgado, así como copia de la resolución emitida en sesión ordinaria de uno de junio del año actual, dentro del recurso de queja 74/2023, cuyo punto resolutivo es: "[.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Jessica Isabel Ochoa Varela. [.]" Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese recibo a la superioridad. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al citado acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente cuaderno es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 20, párrafo primero, fracción IV, del acuerdo citado, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se agrega oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    Se agrega escrito de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, dictado dentro del presente juicio de amparo, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja interpuesta, remítase el escrito original de interposición del recurso, al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ***, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se le hiciera en auto de quince de marzo del año en curso, manifiesta lo siguiente: En relación al punto 1) de la prevención efectuada por este juzgado, bajo protesta de decir verdad, señala que no existe ningún juicio laboral interpuesto por la quejosa. Asimismo, que la demanda de amparo que promueve ante este órgano jurisdiccional no es una demanda laboral, sino que es en relación a la violación de sus derechos constitucionales por haber sido removida indebidamente del cargo conferido, obtenido mediante concurso en el procedimiento establecido de acuerdo a la ley, sin respetarle su derecho de defensa; y, Respecto al punto 2) de la prevención, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la Procuradora *** junto con ****, fueron quienes ejecutaron en su contra la recisión laboral, tal como lo hace ver en el video que agregó como prueba en el USB, que con su actuación se violó sus derechos al rescindir su contrato tomando atribuciones que no le corresponden. Además, que la Procuradora del Estado, no es su superior jerárquico y no tiene porque moverla de su lugar de trabajo, por tanto, le reclama el haber participado activamente en la rescisión ejecutada la quejosa. Determinación Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese la promoción de cuenta, y en cuanto a su contenido, téngase por cumplido en tiempo y forma la prevención de mérito. Actos reclamados De la demanda de cuenta, se advierte que la quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: I. La orden de rescisión signada por el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, notificado a la promovente el veintiuno de febrero del año en curso, respecto al puesto que venía desempeñando como Conciliadora adscrita a la Oficina de Conciliación Laboral en Nuevo Laredo, perteneciente al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas; II. Como consecuencia de lo anterior, la suspensión de pagos, remuneración y/o salario y/o compensación y/o percepción, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; III. La inconstitucionalidad de la fracción V, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, expedido el treinta de agosto de dos mil veintiuno; Desechamiento de demanda Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En ese contexto, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la hipótesis normativa prevista por el artículo 113, al materializarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: En efecto, el ordinal 113 de la aludida ley de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso 61, fracción XXIII, de la legislación en comento, enuncia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 5, de la mencionada legislación, prescribe: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de acuerdo con lo desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su labor interpretativa. En ese contexto, el Pleno de dicho Máximo Tribunal del País, precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento a considerar, según lo estableció el Máximo Tribunal del País, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y, como excepción, respecto a los provenientes de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del gobernado, siempre que sus funciones se encuentren determinadas por una norma general; por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad, que con independencia de su naturaleza, tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o en su caso, omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Tal criterio, se ve reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Lo anterior, también se encuentra en los razonamientos que integran la tesis aislada P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Expuesto esto, como quedó precisado en los párrafos precedentes, en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5 de dicha legislación, toda vez que las autoridades que la quejosa señala como responsables, no tienen tal carácter para efectos de este juicio de amparo. En efecto, en el presente asunto, la quejosa esencialmente se duele de la orden de rescisión signada por el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, notificado a la promovente el veintiuno de febrero del año en curso, respecto al puesto que venía desempeñando de como Conciliadora adscrita a la Oficina de Conciliación Laboral en Nuevo Laredo, perteneciente al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, así como su ejecución. Por tanto, el acto que reclama la quejosa, no fue emitido en un ámbito de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen de acuerdo a lo establecido tanto en las leyes laborales aplicables, y disposiciones reglamentarias correspondientes, a las que voluntariamente se sometieron las partes interesadas. De esta forma, las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Director de Servicio Profesional de Carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Departamento de Convocatorias, Reclutamiento y Selección de Personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Coordinación de Oficinas de Conciliación Laboral Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, y Procuradora General de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Tamaulipas, a quienes se les atribuyen los actos reclamados, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria, sino que sus actos, y en su caso omisiones, provienen de diversos lineamientos y requisitos que las leyes y reglamentos aplicables establecen para la formalización laboral, y por tanto, carecen de jurisdicción e imperio, toda vez que no crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, sino que derivan del procedimiento laboral al que voluntariamente se sujetaron las personas que se interesaron en ocupar un puesto como el desempeñado por la quejosa. Apoya la anterior, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFÓN. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO. Si el órgano colegiado que niega tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo es una comisión mixta de escalafón de las creadas por los artículos 54, 56 y relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe decirse que no es autoridad sino órgano de consulta que carece de jurisdicción y de imperio. En efecto, las comisiones mixtas de escalafón son órganos consultivos de los titulares de las dependencias gubernamentales, pero no ordenan ni ejecutan acto alguno, sino que solamente emiten opiniones o dictámenes que deben ser acatados por aquellos titulares si se ajustan a las disposiciones jurídicas laborales correspondientes; pero si resultan ilegales, no están obligados a acatarlos. Así las cosas, no es el acto de la comisión mixta de escalafón el que puede agraviar, en su caso los derechos del trabajador, sino que lo será el acto del patrón, por ser éste el que consumaría los hechos en perjuicio de aquél. Dicho de otro modo, no es verdad que los titulares de las diversas dependencias gubernamentales no intervengan en el otorgamiento o asignación de las plazas a los empleados, y que solamente acaten o cumplan los dictámenes de las comisiones de escalafón, ya que la verdad es que dichos titulares son los representantes del poder público en la relación jurídica de trabajo establecida entre aquél y sus servidores y por eso tienen la facultad de expedir nombramientos y de cesar los mismos. En cambio, como las comisiones mixtas de escalafón no tienen el carácter de autoridades, sus dictámenes no tienen fuerza ejecutiva, requiriéndose para su realización que el funcionario que esté al frente de cada dependencia gubernamental, lo acepte y haga suyo. Consecuentemente, los actos de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean estos negativos, o positivos, no son actos emanados de autoridad alguna, sino de un órgano consultivo, y por esta razón es correcto lo afirmado por el Juez de Distrito si dijo que la comisión que se señala como responsable "carece de fuerza pública y en consecuencia de carácter de autoridad para efectos del amparo". Así pues, cualquier decisión u omisión que adopte el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Director de Servicio Profesional de Carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Departamento de Convocatorias, Reclutamiento y Selección de Personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Coordinación de Oficinas de Conciliación Laboral Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, y Procuradora General de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Tamaulipas, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de una relación laboral, a la cual se sujetaron las personas que así lo decidieron, motivo por el cual, las inconformidades y conflictos que se susciten, deben ser ventilados ante la autoridad laboral y/o administrativa competente, en términos de lo anteriormente expuesto, y no ante este órgano de control constitucional. Se invoca en apoyo, por su sentido, la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Se cita por las razones que la integran, la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLEADOS PÚBLICOS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR LOS, SIN ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Tratándose de ceses dictados por las autoridades, el amparo es improcedente si antes no acuden los interesados al Tribunal de Arbitraje. Esta tesis debe aplicarse también cuando se trate de un nombramiento expedido en favor de persona distinta al quejoso, de un puesto que éste dice le corresponde por escalafón, toda vez que se trata de violación al estatuto jurídico para los Trabajadores al servicio del Estado, que establece las normas a seguir, tratándose de violaciones al propio estatuto". Por tanto, al quedar actualizada de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y de otras autoridades, por ser notoriamente improcedente. Desechamiento que se hace extensivo a los actos reclamados en vía de consecuencia. Por otro lado, toda vez que el presente juicio de amparo se promovió en contra de la fracción V, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, con motivo del acto de aplicación que la quejosa hizo consistir en la orden de rescisión signada por el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, notificado a la promovente el veintiuno de febrero del año en curso, respecto al puesto que venía desempeñando como Conciliadora adscrita a la Oficina de Conciliación Laboral en Nuevo Laredo, perteneciente al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, respecto del cual se desechó la demanda por advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo conducente es hacer extensivo dicho desechamiento respecto de aquellos preceptos legales tildados de inconstitucionales, en razón de que no pueden desvincularse el estudio de las normas del que concierne a su acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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