Jessica Yuvitza Hernández Bautista
Expediente 1463/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jessica Yuvitza Hernández Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, suscrita por la parte quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista, mediante la cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en este juicio, a lo que se acuerda: Como lo solicita el ocursante de mérito, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio por conducto de las personas que refiriere, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, dejando en su lugar fotocopia certificada para debida constancia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que para poder realizar la entrega de los mismos, se deberá agendar previa cita en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el entendido que deberá acatar las medidas sanitarias al momento de acudir a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 2° fracción VII, 3° y 7°, párrafo tercero del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, se informa a la parte promovente que una vez que agende la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", a fin de confirmar su asistencia en la fecha y hora que agendó y que de manera previa este juzgado pueda realizar las gestiones necesarias para la entrega de los documentos exhibidos en este juicio, se comunique con la secretaria encargada del trámite del presente asunto Karina Giovana Miranda Ballón, al número telefónico 983 125 9439.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1463/2021-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables aportaron pruebas documentales; de igual forma, la parte quejosa ofreció las pruebas presuncional y la instrumental de actuaciones; así como la testimonial a cargo de Isauro Ulloa Arcias y Epigmenia Hipolito Escribano, sin que las demás partes aportaran prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, en relación a la prueba testimonial a cargo i) Isauro Ulloa Arcias y ii) Epigmenia Hipolito Escribano ofrecida por la parte quejosa, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba testimonial, dado que para la admisión de dicho medio de convicción constituye un requisito la presentación del original del interrogatorio. Luego, toda vez que la parte quejosa fue omisa en exhibir el original del interrogatorio sobre el cual se desahogaría la prueba en comento, procede desecharla. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2017133 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Página: 15 PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por tanto, téngase por terminada la fase probatoria. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento; luego, el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; con lo anterior, se da por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1463/2021-I, promovido por Jessica Yuvitza Hernández Bautista, por propio derecho, contra actos del Encargado del Registro Civil del Municipio de Mérida en el Estado de Yucatán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en la citada fecha a este juzgado de distrito, Jessica Yuvitza Hernández Bautista, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables siguientes: 1. Encargado del Registro Civil en Mérida Yucatán 2. Oficial 02-046 del Registro Civil en Mérida Yucatán, en la localidad de Sitilpech 3. Director General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida 4. Jefe del Departamento de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida Mérida, Yucatán Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 4° y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: - - - I. Encargado del Registro Civil del municipio de Mérida del estado de Yucatán, reclamo: - - - I. La negativa de expedir una copia certificada del acta de nacimiento de la suscrita. - - - II. La omisión de expedir una copia certificada del acta de la suscrita. - - - III. La emisión de una certificación negativa con número de folio C3 4081637 emitida en fecha 12 de julio de 2021.- - - - (sic)V. La negativa de realizar el registro extemporáneo o cualquier trámite administrativo con el objeto de otorgarme o que dicha copia certificada y ejercer plenamente mi derecho humano a la humanidad. - - - VI. La transgresión directa a mi derecho humano a la identidad consagrado en el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - II. Del Oficial 02-046 del Registro Civil de la localidad de Sitilpech, del municipio de Mérida, del Estado de Yucatán, reclamo: - - - I. La negativa de expedir una copia certificada del acta de nacimiento de la suscrita. - - - II. La omisión de expedir una copia certificada del acta de la suscrita. - - - III. La falta de contestación al escrito presentado el 25 de junio de 2021 ante esta Dirección.- - - (sic)V. La transgresión directa a mi derecho humano a la identidad consagrado en el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - 3. Del Director General del Registro Civil del Estado de Yucatán reclamo: I. La negativa de expedir una copia certificada del acta de nacimiento de la suscrita. - - - II. La omisión de expedir una copia certificada del acta de la suscrita. - - -III. La falta de contestación al escrito presentado el 25 de junio de 2021 ante esta Dirección.- - - V. La transgresión directa a mi derecho humano a la identidad consagrado en el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- - - -4. Del Jefe del Departamento de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán.- - -I. La negativa de expedir digitalizar el acta de nacimiento de la suscrita. - - - II. La transgresión directa a mi derecho humano a la identidad consagrado en el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida la demanda el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en este juzgado de distrito, por auto de uno de diciembre siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado con el número 1463/2021-I, y se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio CJ-DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán; así como la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado. TERCERO. Se ordena ratificación y no se tiene por cumplida prevención. En acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa a fin de que ratificara la firma contenida en el escrito por el cual pretendió desahogar la prevención realizada; la diligencia correspondiente, se llevó a cabo el tres de enero de dos mil veintidós y se tuvo a la quejosa ratificando la firma que obraba en el escrito por el cual desahogaba la prevención. Luego, en auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, no se tuvo por desahogada la prevención de uno de diciembre de dos mil veintiuno; no obstante, debido a que aún no concluía el plazo de cinco días concedido, se le permitió que en el plazo restante desahogara la prevención realizada en el plazo concedido. CUARTO. Admisión de demanda y audiencia constitucional. En acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la prevención y se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento 170/2022 en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de naturaleza administrativa que carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad, en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, sus ampliaciones y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1] Encargado del Registro Civil en Mérida Yucatán: a) El oficio CJ-DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante el cual se informó a la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, previa a una revisión del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán del año 1992, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre. De todas las autoridades responsables: b) La falta de contestación al escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno por la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista, ante la Dirección del Registro Civil en Mérida, Yucatán. c) La omisión de expedir en favor de la quejosa el acta de nacimiento a su nombre. d) La negativa de realizar el registro extemporáneo del nacimiento de la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Encargado del Registro Civil en Mérida Yucatán, 2] Oficial 02-046 del Registro Civil en Mérida Yucatán, en la localidad de Sitilpech, 3] Director General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y 4] Jefe del Departamento de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, todas representadas por la autoridad señalada en el numeral 3], al rendir su informe justificado, únicamente convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando tercero, por lo que implícitamente negó los diversos señalados en los incisos b), c) y d) del citado considerando. Lo anterior se corrobora con las documentales adjuntadas al informe justificado de las autoridades responsables a las que se concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, que a continuación se relacionan: 1. Fotocopia certificada del oficio DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante el cual se da contestación al escrito presentado el tres de agosto de la citada anualidad, por el que se informó a la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, previa a una revisión del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán del año 1992, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre, en el cual obra acuse de recibo de diecisiete de agosto siguiente. 2. Fotocopia certificada del escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno por la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista, ante la Dirección del Registro Civil en Mérida, Yucatán, por la cual solicita le sea expedida fotocopia certificada de su acta de nacimiento registrada el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán. 3. Fotocopia certificada del acta de nacimiento de la persona que se encuentra registrada el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán, persona diferente a la aquí quejosa. De lo anterior se advierte que no existe omisión de dar contestación al escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno por la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista, ante la Dirección del Registro Civil en Mérida, Yucatán, por la cual solicita le sea expedida fotocopia certificada de su acta de nacimiento registrada el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán, pues a través del oficio DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, en contestación a dicho escrito, se le informó a la aquí quejosa que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre, mismo que le fue notificado el diecisiete de agosto siguiente. Luego, respecto de la omisión de expedir el acta de nacimiento de la quejosa, de conformidad con los motivos expuestos en el oficio de mérito, las autoridades responsables se encontraban imposibilitadas para su emisión. Al igual no se advierte que exista negativa de las autoridades para realizar el registro extemporáneo del acta de nacimiento de la quejosa, ya que no demostró la solicitante del amparo que haya realizado alguna solicitud en ese sentido. Luego, de lo anterior, no se advierte la participación de las autoridades responsables en los actos reclamados objeto de análisis. Sin que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa desvirtúen tal afirmación pues con ellas únicamente acredita lo siguiente: 1. Fotocopia certificada del documento de certificación de datos expedida por el Registro Civil en el Estado de Yucatán a favor de Jessica Yuvitza Hernández Bautista, en Sitilpech, Yucatán el trece de abril de dos mil diez. 2. Original de la certificación negativa expedida por el Registro Civil en el Estado de Yucatán con folio C31 4081637 3. Fotocopia certificada del acta de nacimiento expedida por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil a favor de María José Tiran Hernández, con folio A23 0704441. 4. Fotocopia certificada del acta de nacimiento expedida por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil a favor de Juan David Tiran Hernández, con folio A23 0704443. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que en la oficialía 02-046, libro 01, acta 60, localidad Sitilpech, no obra registro del nacimiento de la quejosa. Asimismo, con las actas de nacimiento exhibidas se comprueba que Juan David Tiran Hernández y María José Tiran Hernández, son hijos de la aquí quejosa. 5. Fotocopia sin certificar de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de Jessica Yuvitza Hernández Bautista, con clave HEBJ921112MYNRTS06 6. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Jessica Yuvitza Hernández Bautista 7. Impresión sin certificar de la solicitud de acta de nacimiento de Jessica Yuvitza Hernández Bautista 8. Fotocopia sin certificar de la cedula profesional 9987047 expedida por la Secretaría de Educación Pública 9. Fotocopia sin certificar del acuse de recibo de tres de agosto de dos mil veintiuno por la Dirección del Registro Civil, del escrito suscrito por Jessica Yuvitza Hernández Bautista 10. Fotocopia sin certificar del oficio CJ-DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán. Documentales a la que se otorga valor probatorio indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y carecen de diverso valor probatorio, toda vez que son documentos que podrían ser susceptibles de alteración, al no contar con alguna certificación en relación con el original; al margen del valor probatorio, de dichas constancias no se obtiene dato alguno que acredite la existencia de los actos en consulta, que se reclaman a las referidas autoridades. 11. La presunción legal y humana, de la cual en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la quejosa que acredite que la participación de las autoridades citadas en los actos en estudio. 12. La instrumental de actuaciones relativa a las constancias que integran este expediente, mismas que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público, no arrojan dato alguno que demuestre la participación de las autoridades citadas en los actos en estudio. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Por tanto, debido a que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredité la existencia de los actos atribuidos a las aludidas autoridades señaladas como responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero incisos b), c) y d), por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Además, la existencia del acto reclamado se acredita con la fotocopia certificada del oficio DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, documental a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando que antecede, mediante el cual se advierte que se da contestación al escrito presentado el tres de agosto de la citada anualidad, por el que se le informó que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, previa a una revisión del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán del año 1992, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre, en el cual obra acuse de recibo de diecisiete de agosto siguiente. Luego, es cierto el acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero, de este fallo. SEXTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), consistente en el oficio CJ-DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante el cual se le informó que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, previa a una revisión del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán del año 1992, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona una determinación de una autoridad de registro civil en el que informa a la quejosa que no cuenta con registro de su nacimiento. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de la fotocopia certificada del oficio DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, documental a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia, en la que se da contestación al escrito presentado el tres de agosto de la citada anualidad e informa a la quejosa Jessica Yuvitza Hernández Bautista que después de realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Informática del Registro Civil del Estado de Yucatán, previa a una revisión del libro 01, acta 060, de la Oficialía 02 de Sitilpech, Izamal, Yucatán del año 1992, no fue localizado registro de nacimiento alguno a su nombre. Luego, la parte quejosa, en su segundo escrito aclaratorio, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del oficio DRC-JUR-3579-3281-0117-2021 de diez de agosto de dos mil veintiuno, en la misma fecha en que fue emitido. En ese orden de ideas, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, pues respecto del acto reclamado el plazo para presentar la demanda corrió del once al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, excluyendo de ese cómputo el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda la presentó el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a) de este fallo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por Jessica Yuvitza Hernández Bautista, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, incisos a), b), c) y d), en términos de lo dispuesto en los cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento con número de control interno 4475, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.
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