Jessica Yurizeth Jaime Gutierrez

Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
901/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Jessica Yurizeth Jaime Gutierrez y Otros.
  • Jessica Yurizeth Jaime Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja que interpuso la quejosa en contra del auto que desechó la demanda de amparo, medio de impugnación que se registró en la estadística del citado órgano colegiado como queja 98/2018; tómese nota de lo anterior y agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    isto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la nueva Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja de referencia. En tal virtud, remítase el original del escrito de agravios, así como copia certificada del escrito de demanda de amparo, del auto recurrido y su notificación, para la substanciación del citado medio de impugnación, y ríndase el informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto atribuido a este órgano jurisdiccional, por cuanto hace a la emisión del acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo; sin embargo, se estima que tal auto se encuentra ajustado a derecho. Sin que obste para la anterior determinación, el hecho de que no se ordene notificar a las partes indicadas en la demanda de amparo, la interposición del citado recurso de queja, toda vez que se combate el auto por el cual se desechó la demanda; luego entonces, al no haberse admitido la demanda de trato, no se ha generado la vinculación de las partes al juicio de amparo, es decir, no se ha constituido la relación procesal, toda vez que éstas no han sido emplazadas al juicio de trato, por lo que no han resentido afectación alguna a su esfera jurídica, de ahí que no tengan derechos que defender. Por identidad jurídica es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 78/2003." Así como la jurisprudencia XXVII.3o. J/8 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima Época, Libro 14, Enero 2015, Tomo II, página 1646, la cual a la letra dice:

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Jessica Yurizeth Jaime Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 901/2018-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Enseguida, se procede a analizar la demanda de amparo en cuestión. En primer término, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento tramitado por la parte demandada dentro del juicio laboral 304/5/2017, incidencia dentro de la cual dice el quejoso se celebró la audiencia respectiva y no se le acordaron ni valoraron las pruebas que ahí ofreció. En esas condiciones, debe decirse que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en correlación con el 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar de manera actual alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Al efecto, se hace necesario invocar la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 203543, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio." De lo expuesto, podemos concluir que la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, tramitado por la parte demandada dentro del juicio laboral 304/5/2017, incidencia dentro de la cual dice el quejoso -actor- se celebró la audiencia respectiva y no se le acordaron ni valoraron las pruebas que ahí ofreció; no constituye un acto que deba ser considerado como de imposible reparación, porque no afecta, de manera inmediata, derechos sustantivos de la parte quejosa, pues su única consecuencia es que se integre de manera legal la Litis a fin de que, en su oportunidad, esto es, una vez seguido el juicio por sus cauces legales, la Junta de origen esté en aptitud de resolver en forma definitiva la controversia puesta a su consideración. Atento a lo anterior, resulta procedente concluir que la resolución reclamada, no es de aquellos actos que tienen en las partes en el juicio una ejecución irreparable, en virtud de que, al haber declarado procedente el incidente de nulidad de actuaciones y nulo el emplazamiento practicado en el juicio laboral, en modo alguno dicha determinación puede estimarse conculcatoria de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por tanto, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia en estudio, ya que la resolución que ahora se impugna, no es un acto dictado dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues, en todo caso, la resolución reclamada solamente produce efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no afectan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución, ni siquiera aún como venía previsto en la Ley de Amparo abrogada, que sus efectos fueran exorbitantes o que con su dictado se afecte a las partes en grado predominante o superior, puesto que las consecuencias de la resolución reclamada son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie, en caso de serle favorable; y en caso contrario, esto es, que la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen le resulte adversa, podrá combatirla a través del juicio de amparo directo. Lo anterior tiene apoyo en las jurisprudencias 1a./J. 37/2012 (10a.) y 1a./J. 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consultan en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con los números de registro 2000789 y 167896, que establecen: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." De igual forma, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 170244, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Asimismo, por la idea jurídica que contiene, es aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 205810, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Sin que sea obstáculo a lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implican una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se transgreda el principio de una justicia pronta y expedita que enmarca el artículo 17 constitucional.

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