Jessica Sugehil Celedon Cuevas
Expediente 992/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jessica Sugehil Celedon Cuevas
- Juzgado Especializado en Materia Familiar, con sede en Salamanca, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio signado por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva, informa: i. El resultado de las convivencias asistidas entre los niños M.J.R.C. y I.E.R.C. con su progenitor -aquí tercero interesado-, las cuales tuvieron verificativo el veintitrés y treinta de octubre, así como el siete de noviembre pasado. ii. Los estudios socioeconómicos practicados a Juan Gabriel Ramírez Ramírez y Jessica Sugehil Celedón Cuevas, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esa ciudad, en los que se advierte que ninguno es candidato para que reciba descuento por el costo de las visitas supervisadas. iii. En consecuencia, el juez familiar estableció que ambos progenitores deberán cubrir el costo de la convivencia supervisada al 50%, esto es, $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) cada uno; con lo anterior, dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviene. Al respecto, se provee: A. En relación con el resultado de las convivencias asistidas, requiérase al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, conmine al tercero interesado Juan Gabriel Ramírez Ramírez (demandado en el juicio de origen), para que durante las convivencias asistidas: Se conduzca con respeto hacia el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Salamanca y atienda las indicaciones del personal, a fin de que las convivencias entre él y sus hijos se lleven a cabo de forma armoniosa y sin altercados; y Se abstenga de realizar comentarios que resten importancia o credibilidad a Jessica Sugehil Celedón Cuevas, como figura materna de sus hijos, o bien, que tengan alguna injerencia negativa respecto de la familia extendida, en razón de que no es sano para el bienestar y desarrollo de los niños, a manera de ejemplo se extraen parte de las expresiones de las cuales debe abstenerse: ... 2. Por otra parte, se advierte que es desproporcionado el cobro por las convivencias supervisadas, específicamente con las niñas, niños y adolescentes al exigirse un cobro de $470.42 (cuatrocientos setenta pesos 42/100). Se explica. Naturaleza asistencial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es una institución pública de asistencia social y su objetivo principal es fortalecer y desarrollar el bienestar de las familias mexicanas. El DIF opera a nivel nacional, estatal y municipal. De acuerdo con los artículos 2, 3, 13, fracciones V, XI y XVI, y 14, fracción III de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Guanajuato, el DIF tiene como objetivo principal proporcionar servicios de asistencia social destinados al desarrollo integral de las familias, particularmente aquellas con carencias esenciales. Estos servicios de asistencia social deben prestarse con perspectiva de derechos humanos y de familia, lo que implica evaluar las circunstancias personales y el entorno familiar de las personas en situación de vulnerabilidad y dar respuestas integrales para la satisfacción de sus derechos humanos y el fortalecimiento de su entorno familiar. En ese sentido, el artículo 3 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Salamanca, Guanajuato define la asistencia social de la siguiente manera: ... Aunado a ello, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el DIF de dicho municipio está facultado para prestar servicios de asistencia social en apoyo al desarrollo de familia en materia de prevención de la violencia, así como a prestar servicios de asistencia psicológica y de orientación social a niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior se afirma que si bien el DIF es un organismo público descentralizado, lo que implica que tiene cierta independencia la operación y administración de sus programas y servicios, la naturaleza jurídica del DIF es de carácter asistencial y, en consecuencia, debe prestar sus servicios de manera accesible para todos los ciudadanos sujetos de beneficiarse de la asistencia social, evitando cobros excesivos que podrían impedir o limitar el acceso a estos servicios. Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes a Convivir con sus Padres La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la convivencia del niño con sus progenitores es un derecho; de tal manera que su establecimiento está focalizado a mantener los lazos afectivos del seno familiar. Así, el derecho de convivencia que tienen los padres y los hijos consiste en mantener un contacto personal de la manera más armónica que las circunstancias del caso lo permitan, ya que la consolidación de los sentimientos paterno o materno-filiales, el contacto de los hijos con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los vínculos familiares, tienen como finalidad el normal y sólido desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El fundamento del derecho de convivencia de padres e hijos se encuentra en la necesidad de cultivar el afecto, y de estabilizar los vínculos familiares; de manera que es un derecho del niño el tener contacto directo de manera regular, salvo que ello sea contrario al interés superior del niño. En esa misma línea, los organismos e instrumentos internacionales reconocen el derecho de convivencia como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 9 que los Estados Parte deben garantizar que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Asimismo, señala que en los casos que se necesite separar al niño de los padres, los niños tienen derecho a mantener un contacto regular con ambos padres, salvo si ello es contrario a su interés superior. Del mismo modo, el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Dada la importancia del derecho a la protección a la familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, la Corte Interamericana ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. Es por lo anterior que garantizar el derecho de convivencia de las niñas, niños y adolescentes con sus progenitores es de gran relevancia para el Estado, ya que incluso en situaciones en las que sea pertinente separar a los hijos de sus padres debe analizarse la posibilidad de que convivan, aun y cuando dichas convivencias sean supervisadas para garantizar los derechos de las personas menores de edad. En ese sentido, cualquier medida que limite o condicione este derecho injustificadamente, como podría ser un cobro excesivo por un servicio de convivencia supervisada, puede ser contraria al interés superior del menor y, por ende, inconstitucional. Proporción entre el cobro por servicios de asistencia social y el gasto del DIF de Salamanca, Guanajuato. En su observación general número 19, el Comité de Derechos del Niño analiza los alcances del artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño en materia presupuestaria. Refiere que la inclusión de los derechos del niño en los presupuestos públicos es importante porque garantiza que los gobiernos asignen recursos adecuados para proteger y promover los derechos de la infancia. Asimismo, señala que los Estados parte deben evaluar constantemente la forma en que los presupuestos afectan a distintos grupos de niños y velar por que sus decisiones presupuestarias conduzcan a los mejores resultados posibles para el mayor número de niños, prestando especial atención a los niños en situaciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el Comité, "dar efectividad a los derechos del niño" en materia presupuestaria significa que los Estados parte tienen la obligación de movilizar, asignar y gastar recursos públicos atendiendo a sus obligaciones derivadas de la Convención. En un contexto presupuestario, una forma de facilitar sus derechos es adoptar medidas como dotar a todos los niveles y estructuras de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los recursos y la información necesarios para promover los derechos de todos los niños de forma general y sostenible. Para asegurarse de que los fondos se asignen adecuadamente para proteger los derechos de los niños, los gobiernos deben prestar atención a las cuatro etapas del proceso presupuestario: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento, y en todos los sistemas administrativos en los planos nacional y subnacional. Asimismo, el Comité señala principios de presupuestación pública para fomentar los derechos de la infancia que, entre otros, se encuentran: I. Eficacia. Este principio implica que los Estados deben formular y aplicar legislación, políticas y programas estratégicamente diseñados para superar los retos que entraña hacer efectivos los derechos del niño. Además, deben evaluar constantemente la forma en que los presupuestos afectan a distintos grupos de niños y velar por que sus decisiones presupuestarias conduzcan a los mejores resultados posibles para el mayor número de niños, prestando especial atención a los niños en situaciones de vulnerabilidad. II. Eficiencia. Para garantizar este principio, los recursos públicos dedicados a las políticas y los programas relacionados con la infancia deben gestionarse de manera que se garantice la optimización de los recursos y considere la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño. III. Equidad. Este principio implica que los Estados parte no deben discriminar a ningún niño o categoría de niños al movilizar recursos o asignar o ejecutar fondos públicos. No obstante, el Comité señala que gastar fondos de manera equitativa no siempre implica utilizar la misma cantidad de dinero en cada niño, sino tomar decisiones de gasto que contribuyan a lograr una igualdad sustantiva entre los niños, por lo que los recursos han de destinarse de manera justa para favorecer la igualdad. Asimismo, los Estados parte están obligados a eliminar todos los obstáculos discriminatorios con los que los niños se puedan encontrar al acceder a sus derechos. En otras palabras, el Comité señala que los presupuestos públicos deben tener una perspectiva de infancia en todo su proceso -planificación, aprobación, ejecución y seguimiento-. En cuanto a la planificación señala, entre otras cosas, que: ... Ahora, en el presupuesto de egresos para dos mil veintitrés el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Salamanca, Guanajuato previó que gastaría $59,466,555.65 (cincuenta y nueve millones, cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 65/100). Para hacer frente a dichos egresos, en la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, se establecieron en el artículo 1 los ingresos estimados para el DIF municipal por $59,466,555.66 (cincuenta y nueve millones, cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 66/100). Dichos ingresos se obtienen de dos rubros: I) las transferencias y asignaciones municipales y II) los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. La mayor parte del presupuesto del DIF de Salamanca, Guanajuato (91.11%) proviene de las transferencias y asignaciones municipales, siendo un total de $54,183,480.70 (cincuenta y cuatro millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 70/100). El otro rubro aporta los $5,283,074.96 (cinco millones doscientos ochenta y tres mil setenta y cuatro pesos 96/100) restantes. A su vez, éste se desglosa, de mayor a menor, de la siguiente manera: I. Servicios de asistencia social, $2,394,709.55 (dos millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos nueve pesos 55/100). II. Otros ingresos, $1,600,020.35 (un millón seiscientos mil veinte pesos 35/100). III. Servicios de asistencia médica, $860,553.70 (ochocientos sesenta mil quinientos cincuenta y tres pesos 70/100). IV. Uso o goce de bienes patrimoniales, $427,791.36 (cuatrocientos veintinueve mil setecientos noventa y un pesos 36/100) Así, se aprecia que si bien el rubro de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos constituye el 8.8% del total de ingresos del DIF de Salamanca, Guanajuato, los servicios de asistencia social constituyen el 4.02% del total de ingresos para dicha institución. El monto al que deben ascender los ingresos por concepto de servicios por asistencia social para cubrir los gastos del DIF de Salamanca, Guanajuato se estima desproporcionado al carácter asistencial que tiene el DIF, pues si la finalidad de la institución es proveer de servicios indispensables para el desarrollo a personas que por su situación socioeconómica no podrían obtenerlos de otra manera, es indebido que una de las principales formas de solventar los gastos de la institución sea con el cobro de esos servicios. El cobro por servicios de asistencia social es desproporcionado en general con los grupos en situación de vulnerabilidad al pretender que $2,394,709.55 (dos millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos nueve pesos 55/100) sean recuperados a través de personas que precisamente se presupone que necesitan esos servicios y que no tienen la capacidad de pago suficiente. Además, el cobro es desproporcionado específicamente con las niñas, niños y adolescentes al exigir un cobro de $470.42 (cuatrocientos setenta pesos 42/100) por las convivencias supervisadas. Resulta desmesurado el cobro de $470.72 (cuatrocientos setenta pesos 72/100) por hora, para que se otorgue el servicio de supervisión de las convivencias entre padres e hijos, en atención a que el salario mínimo diario en el país es de $207.44 (doscientos siete pesos con cuarenta y cuatro centavos 44/100). Como ya se dijo, los infantes necesitan convivir con sus padres porque es fundamental para su correcto y pleno desarrollo, lo que debe garantizarse por el Estado, aún en el caso en que se ordene la separación de padres e hijos y convivencias supervisadas. Incluso en esa situación, debe garantizarse que los niños y los progenitores convivan el mayor tiempo posible, lo que debe definirse en función del interés superior de los niños y no en función de los recursos que tengan los progenitores Ahora bien, de conformidad con el artículo 53 de las Disposiciones Administrativas de Recaudación del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2023, la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia cobra por tres tipos servicios: I. Asistencia jurídico-familiar, II. Peritajes y convivencias, y III. Trabajo social. Los servicios jurídico-familiares ofrecidos por la institución van desde la asesoría jurídica hasta juicios de adopción, guardia y custodia, tutela, divorcio, pérdida de la patria potestad, entre otros. Respecto a las cuotas, con excepción de la asesoría jurídica y el procedimiento de rectificación administrativo, que cuestan $117.88 (ciento diecisiete pesos 88/100) y $571.94 (quinientos setenta y un pesos 94/100), respectivamente, los distintos juicios y procedimientos cuestan entre $2,937.15 (dos mil novecientos treinta y siete pesos 15/100) y $4,699.89 (cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos 89/100). Si bien esas cuotas son superiores al cobro de las convivencias supervisadas, lo cierto es que la representación legal en esos juicios implica la inversión de tiempo y esfuerzo por parte del personal durante el desarrollo del proceso, que puede durar meses, mientras que por las convivencias supervisadas se cobra por una hora $470.42 (cuatrocientos setenta pesos 42/100), lo cual implicaría que las convivencias en poco tiempo resultarían más costosas que el propio juicio. En el caso, bastarían diez sesiones de convivencias supervisadas para superar el precio que cuesta un juicio de guardia y custodia (que tiene el costo máximo en el rubro de servicios jurídico-familiar), como el juicio de origen del que emana el presente amparo. Aunado a ello, en los servicios de Peritajes y convivencias, con excepción del Estudio psicológico y el Peritaje de psicología por asignación judicial por persona que tienen un costo de $1,355.61 (mil trescientos cincuenta y cinco pesos 61/100) y $3,524.38 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 38/100), respectivamente, el precio por los servicios oscila entre $74.22 (setenta y cuatro pesos 22/100) y $252.13 (doscientos cincuenta y dos pesos 13/100), es decir, son inferiores al costo por hora de la convivencia supervisada por psicólogo. Sin que se advierta un criterio racional y con perspectiva de infancia que justifique esa diferencia en el costo de esos servicios con el de convivencias supervisadas. Sin que se pretenda igualar todos los servicios ofrecidos en este rubro, pues cada uno tiene su propio grado de complejidad y requerimientos técnicos específicos, pero la finalidad es demostrar que el precio por hora para las convivencias supervisadas no guarda proporción con el resto de servicios ofrecidos ni tampoco garantiza los derechos de los infantes a convivir con sus padres que, como ya se ha mencionado, es una obligación de las autoridades justificar que en su proceso presupuestario se veló porque se hicieran efectivos los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, entre ellos, la convivencia. Bajo ese contexto, el costo por hora de $470.42 (cuatrocientos setenta pesos 42/100 moneda nacional), por concepto de convivencia de niños, niñas y adolescentes supervisada por psicólogo es desproporcionado respecto del carácter asistencial que tiene el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que apoya a distintos grupos en situación de vulnerabilidad -como los infantes-, así como del derecho a convivir de las personas menores de edad con sus progenitores. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, para que con apoyo en lo expuesto, exhorte al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esa ciudad, reduzca en un 70% por ciento el costo por hora de las convivencias asistidas entre los infantes M.J.R.C. y I.E.R.C. y su progenitor, y remita las constancias que así lo acrediten. No es óbice que el DIF Salamanca con base en estudios socioeconómicos estimó que los padres de los niños no son candidatos para obtener un descuento en el costo de las convivencias supervisadas; sin embargo, el cobro por cada convivencia asistida no obedece a un criterio racional, mucho menos fue establecido con perspectiva de infancia, por tanto, este órgano jurisdiccional debe asegurarse que el derecho de convivencia de los niños con sus progenitores sea lo más accesible posible, sin barreras económicas de por medio. Lo anterior, bajo apercibimiento con que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Acuse de recibo al tribunal de alzada Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que no obra acuse de recibo del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 212/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. Por tanto, hágase el acuse correspondiente para los efectos legales conducentes.-
- Incidental
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio signado por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos, informa que conminó al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de dicho municipio, para que de inmediato ordene las convivencias asistidas entre el tercero interesado y sus hijos M.J.R.C. y I.E.R.C., sin que medie algún cobro por dicha asistencia social, hasta en tanto no sea obtenido el resultado socioeconómico para fijar el monto del pago adecuado y, para acreditarlo remite la constancia respectiva. Al respecto, tómese conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.-
- Incidental
Vista la cuenta, intégrense al expediente los oficios signados por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante los cuales, en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos, remite copia certificada de los oficios suscritos por la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de esa ciudad, en los cuales se observa: i. El resultado de las convivencias asistidas entre los niños M.J.R.C. y I.E.R.C. con su progenitor Juan Gabriel Ramírez Ramírez, las cuales se llevaron a cabo el nueve y dieciséis de octubre pasado. ii. La imposibilidad del DIF Salamanca para proporcionar el servicio de convivencia supervisada los martes de las catorce horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos, por lo que propone que dichas convivencias sean en el horario de las quince horas con treinta minutos a las dieciséis horas con treinta minutos. En la inteligencia de que si los progenitores de los niños están de acuerdo con dicha modificación en el horario, podrían presentarse en la oficina de convivencias a las quince horas con treinta minutos del siete de noviembre del año en curso, para realizar su registro de ingreso. Al respecto, por auto de treinta de octubre pasado, el juez familiar dio vista a las partes del juicio familiar de origen, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, Bajo ese contexto, ténganse informadas las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la interlocutoria dictada en autos. No obstante, revisadas las constancias, se observa que el costo por el servicio de convivencias supervisadas por el (DIF) Salamanca, asciende a $470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por hora; cantidad que Juan Gabriel Ramírez Ramírez -aquí tercero interesado- debe cubrir previo al desahogo de las convivencias con sus hijos. Asimismo, en autos se advierte que uno de los efectos de la suspensión definitiva concedida fue: ... Bajo ese sentido, con fundamento en los artículos 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juez Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, para que conminé al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia DIF dé cabal cumplimiento a la suspensión definitiva, es decir, para que de inmediato se ordene que las convivencias entre el tercero interesado y sus hijos se lleven a cabo, sin que medie algún pago por dicho servicio de asistencia social, hasta en tanto no se obtenga el resultado del estudio socioeconómico. ...
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el escrito suscrito por la quejosa; atento a su contenido y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase hechas sus manifestaciones en vía de alegatos; los cuales podrán tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.-
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes
- Jessica Denisse Castaño Hernández588/2021
- Jessica Gallegos Camarillo394/2022
- Jessica García Laguna891/2016
- Jessica Guadalupe Delgado Saldaña779/2023
- Jessica Hernández Ramírez133/2022
- Jessica Sugehil Celedón Cuevas414/2022
- Jessica Vanessa Lira Torres625/2017
- Jessica Yazmín Cárdenas Meza y Otros.1145/2023
- Jesús Acosta Elizarrarás438/2023
- Jesús Adrián Elizararás Martínez y Otros.309/2017
- Jesús Adrian Garduño Romero44/2017
- Jesús Aguirre González1232/2021