Jessica Sánchez Amador
Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jessica Sánchez Amador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el Oficio 13932/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el original del juicio de amparo 182/2023 así como el incidente de suspensión derivado del mismo e informa que aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En tales circunstancias, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente en cumplimiento al ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 19, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes derivado de una incompetencia). Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de SEIS MESES a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 182/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que consideró violatorios de los derechos humanos consagrados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el nueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 3 a 7) en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, turnado el diez de marzo siguiente a este juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que enseguida se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "De la Autoridad Responsable le reclamo la SENTENCIA de fecha DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, dictada en el Juicio radicado con el Número ******************** del Índice del H. JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ, VER., promovido por la Quejosa en contra del señor ********************." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el registro 182/2023-II; se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de ser diferida, se verificó al tenor del acta correspondiente, sin que las partes hayan manifestado su oposición a la publicación de sus datos personales; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Incompetencia. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, resulta necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: La primera regla se encuentra contenida en el párrafo primero del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado tuviere ejecución en más de un distrito o bien haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, en este supuesto, basta que el acto reclamado no requiera ejecución material para que la parte quejosa esté en posibilidad de presentar la demanda en el lugar de su elección. Bajo ese contexto, es evidente que lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, radica en que, en esta última, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; mientras que las otras reglas sí exigen que el acto que se reclame tenga un principio de ejecución. De lo que se sigue, que para definir cuál de las hipótesis de competencia señaladas se actualiza en el caso particular, debe determinarse en primer término, la naturaleza del acto reclamado, en lo relativo a si tiene o no ejecución material. Ello, desde la perspectiva en que, por ejecución, debe entenderse aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado; de ahí que ejecutar tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y demás actuaciones que integran el presente juicio, se pone de manifiesto que, la quejosa reclama en esta sede constitucional: La resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, residente en Veracruz, Veracruz, en el juicio ordinario civil ********************-V, en la que declaró procedente (técnicamente fundado) el recurso de reclamación interpuesto por ******************** -aquí tercero interesado- y ordenó reducir la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la quejosa ********************, del veinticinco al uno por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de ********************. Así, en razón de la naturaleza del referido acto reclamado, se estima pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la jurisprudencia que más adelante se transcribe, tres reglas específicas para definir la competencia territorial de los jueces de Distrito, en tratándose de juicios de amparo indirecto en los que se reclama la resolución que fija el monto de la pensión alimenticia provisional; siendo en concreto, las siguientes: 1) Que cuando el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución de la resolución reclamada, referente a la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, el juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante tiene un papel destacado; sin embargo, la autoridad exhortada es quien se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. 2) Cuando es la parte interesada en la ejecución, quien se ocupa de hacer entrega del oficio de descuento relativo al ente patronal del deudor alimentista, y así lo acredita ante el juez de la causa, el juez de Distrito competente será aquél en cuya jurisdicción reside el juzgador que conoce del juicio de alimentos de origen, considerando que este último reúne tanto el carácter de autoridad ordenadora como ejecutora, por ser quien gira directamente el oficio de descuento, y sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia. 3) Que si la legislación procesal así lo autoriza, y el juez de la causa remite el oficio de descuento directamente al responsable de la fuente de trabajo del deudor alimentista (sin prevalerse para su entrega, de un exhorto o de la gestión de la parte interesada en la ejecución del acto), el juez de Distrito competente será aquél en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable, porque, en ese supuesto, esta última también reúne la calidad de ordenadora y ejecutora. Reglas las anteriores que, como se señaló, fueron definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), visible en la página 145, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001236, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." En esa tesitura, debe decirse que en el caso particular se actualiza la primera hipótesis de competencia territorial establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisada en párrafos anteriores, bajo el inciso 1), relativa a que cuando el juez de la causa se prevale o sirva de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución de la resolución reclamada (orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional); el juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute. Esto es así, toda vez que del análisis a las copias certificadas del juicio de origen ********************-V, mismas que remitió en su apoyo el Juez responsable, las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte, en lo que al caso interesa: a) Mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 20 a 30), ********************, por propio derecho, demandó de ******************** el pago de una pensión alimenticia y otras prestaciones. b) Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 34), el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz, radicó el juicio ordinario civil ********************/V; admitió la demanda en la vía propuesta, ordenó el emplazamiento del demandado; fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora el veinticinco por ciento (25%) del salario y prestaciones que percibe el demandado como empleado de la empresa ******************** Región Marina Noroeste, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que, giró exhorto al Juez Civil y/o Familiar de aquella ciudad, para que, entre otras cosas, librara oficio al Pagador y/o Jefe de Recursos Humanos de la citada empresa a fin de que procediera a efectuar los descuentos ordenados. c) Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (foja 33), se tuvo por interpuesto el recurso de reclamación hecho valer por ********************, contra de la pensión alimenticia provisional y por contestada la demanda instaurada en su contra; asimismo, se dio vista a la parte actora, quien sí la desahogó (fojas 110 a 121). d) Oficio 1885/22-2023/CDERF-II de dieciséis de enero del año en curso, mediante el cual la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Tradicional Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, devolvió diligenciado el exhorto librado por el juez aquí responsable (fojas 89 a 102). e) Seguido que fue el trámite procesal correspondiente, por resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 104 a 106), se declaró procedente (técnicamente fundada) la reclamación interpuesta por el demandado -aquí tercero interesado- y se ordenó reducir la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la quejosa ********************, del veinticinco al uno por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de ********************. De igual forma, de la resolución reclamada que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende que para ejecutar tal descuento indicó: ".SEGUNDO.- Gírese exhorto al Juez Civil y/o Familiar competente de la ciudad de Ciudad del Carmen Campeche, con los insertos necesarios para que por su conducto y en las labores de este juzgado (sic) proceda, librar oficio al pagador y/o Jefe de Recursos Humanos de la empresa ******************** de la colonia Burócratas en Ciudad del Carmen, Campeche con número de ficha ********************, para que proceda dejar sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada en el 25% (veinticinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral el señor ********************, a favor de su hija ********************, misma que se estableció en auto de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós del presente juicio, fijándose en su lugar el 1% (uno por ciento) de su sueldo y demás prestaciones.". En efecto, de lo anterior se aprecia que en la resolución reclamada el juez responsable ordenó girar exhorto para que por conducto de la autoridad correspondiente del Distrito Judicial de Campeche, se libre y entregue el oficio al pagador y/o Jefe de Recursos Humanos de la empresa ********************, para que efectúe el descuento ordenado a la nómina del demandado por concepto de pensión alimenticia provisional. En ese sentido, el acto aquí reclamado tiene ejecución en Ciudad del Carmen, Campeche, lugar donde este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción. Por todo lo expuesto, en apego al criterio jurisprudencial citado en párrafos anteriores, así como a lo que dispone el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se concluye que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el asunto, pues se considera que, el Juez de Distrito competente para ello es el que ejerce jurisdicción territorial en el lugar en donde se ejecutará el exhorto girado en el juicio ordinario civil ********************/V, que es en Ciudad del Carmen, Campeche, en virtud de que ahí reside el centro de trabajo del obligado y será a través del Juez Civil Familiar de esa ciudad, que se encargará de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada en el exhorto relativo, como lo es precisamente, emitir el oficio respectivo al pagador y/o Jefe del departamento de Recursos Humanos de ********************, con domicilio en dicha ciudad y verificar la entrega de dicho oficio, a fin de que proceda a hacer el descuento correspondiente por concepto de alimentos, pues así se ordenó en la resolución reclamada; por lo que es claro que es la autoridad exhortada la encargada de la ejecución del acto reclamado. Se cita también por su aplicabilidad la jurisprudencia II.3o. J/72 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 46, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, Junio de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material." Asimismo, se considera oportuno mencionar que criterio similar estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2022 de su índice. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, que por turno corresponda. Lo anterior se determina así, sin que se inadvierta la existencia de la tesis aislada I.3o.C.621 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 1042, de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO Y ALIMENTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS, PORQUE SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DE CUYO CABAL CUMPLIMIENTO DEPENDE LA SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD DEL MENOR"; toda vez que se trata de un criterio aislado emitido con anterioridad a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rige el criterio de esta determinación y es obligatoria para este órgano jurisdiccional. Por lo que, con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales que conforman este sumario al Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, en turno, con residencia en Ciudad del Carmen, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos Juzgados de Distrito, de inmediato y en aras del artículo 17 constitucional; máxime que la presente resolución no es impugnable en revisión, acorde con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO ES RECURRIBLE EN REVISIÓN." (Publicada con el número de tesis P./J.35/97, visible en la página cuarenta y seis, tomo V, junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por último, debe acotarse que esta resolución no contraviene lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que el veintidós de marzo de dos mil veintitrés se resolvió en definitiva lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, por lo que remítase el original de dicho cuaderno incidental. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 37, 48 y relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el presente juicio de amparo 182/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho; contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, en turno, con residencia en Ciudad del Carmen. SEGUNDO. Remítanse las actuaciones originales que obran en el presente expediente, así como el incidente de suspensión relativo al mismo, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a efecto de que remita el presente asunto al órgano que por turno corresponda conocer y resolver el presente juicio. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveídos de diecinueve y veinte de abril del año en curso, se desecharon diversos medios de prueba ofrecidos por el tercero interesado, habiéndose notificado el primero de ellos, el veinte de abril pasado y encontrándose pendiente la notificación del segundo proveído. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior y no dejar en estado de indefensión al tercero interesado, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables para su debida notificación, dado que este Juzgador determina de menor trascendencia el presente auto, el cual deberá notificarse a las partes por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Tomo II, Enero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 2002576, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tenga el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio, entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
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