Jessica Reyes Cruz

Expediente 1190/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1190/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2021

Partes del expediente

  • Jessica Reyes Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintiuno. Se agregan en autos los oficios de cuenta recibidos vía electrónica, con evidencia criptográfica de la actuaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio de los cuales, informa que mediante proveído de treinta y uno de los corrientes, aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jessica Reyes Cruz, por propio derecho y en nombre y representación de los menores gemelos Aparicio Ariza de nombres Mateo y Nicolás; tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se tenga por no presentada la demanda de amparo, o en su caso, por desistido de ella, toda vez que aduce, debido a un error involuntario, la demanda fue presentada vía electrónica en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que reingresó la misma en los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de la que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en la materia y sede citadas; en atención a su contenido, remítase el mismo vía interconexión al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese y a la parte quejosa vía correo electrónico a la dirección juliorva.cesar@gmail.com. Así lo proveyó y firma el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3157/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, vista la demanda de cuenta recibida vía electrónica promovida por Jessica Reyes Cruz, por propio derecho y en representación de los menores Gemelos Aparicio Ariza, contra actos de la Directora del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1190/2020. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. En principio se impone destacar que si bien es cierto que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente; lo cierto es que este Juzgado de Distrito, primero se pronunciara sobre la competencia para conocer del presente asunto, al ser un presupuesto procesal de estudio preferente y orden público; con base en las consideraciones siguientes: Esto es, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama la negativa de otorgarle la licencia de ausencia con goce de sueldo contenida en el oficio HGM-DGAAF-DRH-2369-2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el Hospital General "Dr. Eduardo Liceaga", al que está adscrita con la plaza de Enfermera General Titulada B adscrita a Servicio de Pediatría de dicha dependencia. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (.)" Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa estima que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que los actos reclamados corresponden a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido1 , por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO".2 1 Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX. Marzo de dos mil nueve, Materia Común, página 412. Registro: 167761. 2 Visible en la página 2339, Tomo XXIII, Enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Laboral y Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO."3 En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Bajo ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza laboral, atendiendo a que la promovente reclama de la autoridad con el carácter de patrón, la negativa de otorgarle la licencia de ausencia con 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de goce de sueldo contenida en el oficio HGM-DGAAFDRH-2369-2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, al considerar que la quejosa, en su carácter de trabajadora, no se ubica en alguno de los supuestos de vulnerabilidad que amerite dicha licencia, como medida preventiva para la mitigación y controlar los riesgos a la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2; acto que tiene relación con la negativa de aplicar una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, atribuida a la parte patronal de la relación laboral que las rige al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. (Registro: 2022187, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia (Común), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h, Décima época) En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase vía electrónica el presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno (esto es el juzgado que este en guardia) y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se solicita atentamente a dicho Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Ahora, si bien de conformidad con el artículo 48, de la Ley de Amparo, cuando un órgano jurisdiccional estime carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en el presente caso, el suscrito considera que los actos reclamados no encuadran en los supuestos referidos, por lo que no ha lugar a pronunciarse respecto de la suspensión de los actos aquí reclamados. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a su criterio, califique de urgente la demanda de amparo, podrá pronunciarse respecto de dicha suspensión y la falta de la firma electrónica de la promovente. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Ortiz Valdez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a Isaac Caballero Hernández, Delia Angélica Montiel González y Lisset Natali Orozo Vega, limitación que se les establece hasta en tanto los citados profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "JULIORVA", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. No obstante lo anterior y atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, que deben ser de carácter personal conforme a la Ley de Amparo, deberán realizar a través del correo electrónico proporcionado por la parte quejosa; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la comprensión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese; vía correo juliorva.cesar@gmail.com a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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