Jessica Renee Ramos
Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jessica Renee Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de treinta y uno de marzo de mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitres. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de trece de marzo del año en curso, a fin de que demostrara haber comparecido ante el Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-2 Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, para que acreditara la propiedad del automotor que defiende mediante este medio extraordinario de defensa, y éste le fuera devuelto. Luego, según constancia secretarial la parte quejosa reclamó en el presente asunto, en esencia la negativa por parte de la responsable de hacerle la devolución del vehículo marca - de su propiedad; y, en auto de veintitrés de marzo del año en curso, a la parte quejosa se le dio vista con lo manifestado por dicha responsable en torno a que ésta debía comparecer ante tal autoridad para acreditar la propiedad del citado automotor a efecto de hacerle la devolución del mismo, sin que lo hiciera en el plazo otorgado para tal efecto como se aprecia de la certificación de cuenta. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen respectivamente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del artículo Constitucional transcrito se desprende un principio que rige el juicio de amparo que es el de "instancia de parte agraviada" y con claridad se establece que éste siempre debe existir durante la tramitación de este procedimiento constitucional. De tal manera que si dicho principio no se cumple en el juicio biinstancial debe sobreseerse el mismo, como en el caso si durante su tramitación se requirió a la quejosa para que justificara que compareció ante el Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-2 Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, para acreditar la propiedad del automotor que defiende mediante este medio extraordinario de defensa, y éste le fuera devuelto sin que lo haya realizado; entonces, ello evidencia que se deja de tener instancia de parte agraviada, toda vez que como se precisó, la promovente ha sido omisa en cumplir con el principio de instancia de parte, al no haber justificado en el plazo otorgado que cumplió con lo requerido por este Juzgado; esto es, haber acudido ante el Agente del ministerio para acreditar la propiedad del automotor que defiende y se le haga la devolución del mismo. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de marzo del año en curso a la parte quejosa, y conforme a lo que dispone el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, se procede a decretar el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Ley en cita, al considerar que en este juicio ya no existe instancia de parte agraviada, en atención a que la parte quejosa incumplió con lo pedido en el citado auto. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (once horas con cincuenta minutos del trece de abril del año en curso). Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que en esencia el acto reclamado consiste en la negativa de la responsable de devolver el vehículo marca - de su propiedad. Ahora, conforme a lo que dispone el artículo 107 fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en auto de veintitrés de febrero del año en curso, se le otorgó vista a la parte quejosa con lo manifestado por la responsable para que acreditara la propiedad del automotor que defiende mediante este medio extraordinario de defensa, y le fuera devuelto, imponiéndosele como obligación que una vez que ello aconteciera lo hiciera del conocimiento a este Juzgado, sin que a la fecha en que se actúa haya dado cumplimiento a ello. En atención a lo anterior, requiérase a la parte accionante para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído acredite ante este Juzgado haber cumplido con lo requerido, apercibido que de no de hacerlo, o bien, no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado decretará el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia del presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, en cita, al considerar que en este juicio ya no existe instancia de parte agraviada. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de catorce de febrero del año en curso, informa que el vehículo camioneta marca -, se encuentra a disposición de esa autoridad; que además, no se ha presentado persona alguna que haya solicitado su devolución y que acredite su legitima propiedad, en el entendido que una vez que ello acontezca se procederá a su devolución, o de lo contrario a la publicación de edictos correspondientes. Ahora, en atención a lo informado por la citada responsable y la materia del acto reclamado; con ello, dése vista a la parte quejosa para que esté en condiciones de comparecer ante el Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-2 Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, con el fin de que acredite la legitima propiedad del automotor que defiende mediante este juicio y el mismo le sea devuelto; lo que deberá informar ante este juzgado, una vez que ello acontezca, apercibida que de no hacerlo este juzgado acordara lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firman, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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