Jessica Quetzalli Pedro Rojas

Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
635/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Jessica Quetzalli Pedro Rojas
  • JESSICA QUETZALLI PEDRO ROJAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA I V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, que causó ejecutoria mediante auto de doce de abril del año citado, tuvo los siguientes alcances: 1. Dentro del plazo de tres días siguiente a que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la parte relativa de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 873/2019. 2. Dictar una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud del indiciado en dicho incidente, pero subsanando los vicios formales que la afectan. Bajo los siguientes lineamientos: ".Sin embargo, la Jueza de Control, no fundó ni motivó debidamente su decisión, toda vez que además de que no citó precepto legal alguno, no realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales en disputa, a saber el de defensa adecuada del imputado (artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y el derecho de la sujeto pasivo del delito a no sufrir revictimización secundaria (artículo 20, apartado C, fracción V, constitucional) para ordenar que se pusieran a la vista del perito del imputado, las baterías de prueba correspondientes. En efecto, la posible ponderación que realizó la autoridad judicial, en realidad, se dirigió a evitar el desahogo de una nueva prueba pericial en la persona de la víctima, pero perdió de vista que la solicitud del imputado no era esa. Además, la jueza responsable, no expuso las razones particulares por las cuales desestimó todos y cada uno de los argumentos expuestos por las peritos en psicología Lizeth García Carrillo y Nora Sánchez Velasco, quienes emitieron los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 873/2019, para negar el acceso a las baterías de pruebas solicitada por el imputado. Aunado a lo anterior, se aprecia que la autoridad judicial omitió juzgar con perspectiva de género, pese a que las baterías de pruebas que ordenó se pongan a la vista de la perito del imputado, están relacionadas con un delito de índole sexual cometido en contra de una mujer. De esa manera, la omisión anotada, dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, y ello propicia que ésta ignore si el proceder de la autoridad está o no ajustado a derecho, de ahí que lo reclamado ante este órgano de control constitucional es violatorio del artículo 16 constitucional." ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número PJEO/CJO/TAT/4333/2021-J la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, remitió un disco DVD certificado, que contiene la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 873/2019, de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente: Dejó insubsistente la parte relativa de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 873/2019. Dictó una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió respecto de la solicitud del indiciado en dicho incidente, subsanando los vicios formales que la afectaban en los siguientes términos: Fundó y motivó su decisión en el capítulo quinto, artículos 1.1, 2.2, 7, 7.0.1, 7.2, 9, 9.1, 9.3, 10.1, del Protocolo para la Procuración de Justicia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el que señala ciertos requisitos que deberá tomar en cuenta el Agente del Ministerio Púbico en relación con un auxiliar que tiene como perito, en este caso en materia de psicología, y al analizarlos en su conjunto, llegó a la conclusión que el perito psicólogo que realiza un dictamen en psicología a un niño, niña y adolescente, para obtener la información requerida debe guiarse con todo el protocolo a efecto de no revictimizar al mismo de manera secundaria por revivir los hechos vivenciados, asimismo, está obligado a que esos informes los allegue de manera completa, lo que en el caso no acontece, en virtud de que las peritos psicólogos de la fiscalía los tienen bajo reserva, con el argumento de salvaguardar el derecho a la intimidad y privacidad de la víctima; en el caso consideró que si esos mismos lineamientos del protocolo referido da a conocer a la perito en psicología, que debe remitir toda la información que obtuvo con las pruebas obtenidas al Ministerio Púbico, y este último tiene que salvaguardar esa secrecía, evitando que esas baterías de pruebas las conozca el público en general, ya que solo él puede tenerlas bajo resguardo, y en el caso, la defensa del imputado está solicitando copia de las mismas, sí amerita que se las conceda para que emitan un meta peritaje por un experto similar en la materia psicólogo, para efecto de que analicen las mismas y pueda llegar a una conclusión en base a los criterios que él también obtenga de la información y conocimientos en especial que tiene de la psicología; de lo contrario, estarían haciendo nugatorio el derecho de defensa y de contradicción material que tiene el imputado en el desarrollo del debido proceso, obstaculizando esa investigación paralela que puede tener la defensa y el imputado en el desarrollo del proceso que se le instruye a este último, con la finalidad de demostrar en el caso de la defensa del imputado la presunción de inocencia que prevalezca hasta la etapa de juicio. Concatenado con el numeral 10 del referido protocolo, que señala que el perito que concluye su dictamen, puede otorgar esas baterías de pruebas, con la salvedad de que el perito de la defensa deberá salvaguardar la información que se le proporcione, ya que él no puede trastocar ese derecho de privacidad e intimidad de la víctima en cuanto a datos personales, aunado que se debe regir con lo dispuesto en el Código de Ética del Psicólogo, el cual habla del uso de información obtenida, página 8, documentación, trabajo profesional y científico, página 10, éticas especificas respecto a la honestidad y sinceridad, secreto profesional, confidencialidad, valoración y sanciones, y en conjunto estos últimos en la página 11, en el que refiere que el psicólogo que vaya ahora a emitir un meta peritaje, está obligado a guardar en secreto la información más personal e íntima de la adolescente víctima en este caso, si él no lo hiciere por cuestiones profesionales podrá hacerse acreedor a sanciones, incluso a que se le integre una carpeta de investigación por el hecho que se llegare a representar, ya que no está a salvo su negligencia al actuar o sus omisiones que tuvo al actuar para evitar que la información de la víctima sea expuesta al público en general. Por otra parte, la jueza responsable expuso las razones particulares por las cuales desestimó todos y cada uno de los argumentos expuestos por las peritos en psicología Lizeth García Carrillo y Nora Sánchez Velasco, quienes emitieron los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 873/2019, para negar el acceso a las baterías de pruebas solicitada por el imputado. Ya que consideró que dentro de los derechos de la víctima, hay limitantes a seguir, porque el hecho que un perito psicólogo diverso que realizó los primeros dictámenes psicológicos a la víctima posterior a los hechos tenga una reserva de esos datos personales, en atención a ciertas circunstancias respecto al código de ética profesional que a nivel internacional rige para los psicólogos, se considera que ellos salvaguarden para si únicamente esa información íntima o privada o de datos personales que la víctima otorga, en virtud de que con tecnicismo van a tener que analizar esos datos personales de la víctima que haya dado en entrevista al psicólogo que la analizó en un primer momento, las pruebas o test, invadiendo sí esa esfera íntima, emocional o psíquica de la víctima, sin embargo, existe la limitante para que no puedan darlos a conocer a ninguna otra persona, porque estarían trastocando sus valores y principios inmersos en el código de ética para los psicólogos, por tanto, es ahí donde es dable dar supremacía a ese derecho de privacidad e intimidad que tiene de reserva de datos personales la víctima, y con ello no se estaría vulnerando en ningún momento ningún derecho con permitir que la perito de la defensa y el imputado acceda a estos, porque se encuentran constreñidos al código de ética para reservar en su integridad los datos personales, ya que únicamente tiene la facultad de analizar las pruebas, emitir su conclusión respecto de los dictámenes de las peritos posterior al hecho vivenciado por la adolescente víctima, entonces no puede contemplarse en supremacía total ese derecho a la víctima a la intimidad y, por tanto es viable que las dos peritos oficiales y la perito de la defensa se encuentren supeditadas a la limitante que dio la progenitora de la víctima de mantener en reserva sus datos de ésta para no ser expuesto ante cualquier persona, ya que no pueden divulgar en la generalidad de la población inclusive tampoco a la defensa, al imputado, tal cual se los den a conocer; en razón de ello, el Ministerio Púbico debe regir su intervención para cuando se esté excediendo cualquiera de los peritos en la materia que se está evaluando con las baterías de prueba, para que se lo haga saber oportunamente al Tribunal de debate que vaya a conocer del asunto, para que se tomen las medidas correspondientes, ya que en la etapa procesal en que se encuentra la referida causa penal, no es dable acotar el derecho de defensa del material probatorio técnico que tiene el imputado y su defensor para el efecto. Por ende, conluyó que no se trastocaría el derecho a la intimidad y datos personales de la víctima, siendo que se obtendría el acceso a la justicia desde la etapa intermedia y de enjuiciamiento, en el que el tribunal de debate tendrá la obligación de salvaguardar su derecho a su privacidad, esto quiere decir, que el perito de la defensa y del imputado no divulgue a la generalidad de la población esos informes o datos que se contienen en las baterías psicológicas de pruebas que se realizaron a la víctima, además que la perito igualmente se encuentra obligada a reservar para sí esa información. Así también, la Juez responsable señaló que respecto a la manifestación realizada por la segunda de las peritos de la fiscalía, Nora Sánchez Velasco, en la que refirió precisamente que por haber transcurrido tres años de la época del hecho, no resultaría eficaz que la perito de la defensa del imputado emita su meta peritaje, porque se entiende que ya transcurrió mucho tiempo; sin embargo, la responsable determinó que es ahí donde radia la base fundamental, porqué la defensa del imputado y la perito requieren esa información a efecto de determinar precisamente cómo se encontraba la víctima posterior o cercana al evento suscitado, a pesar de que ya transcurrió cierto tiempo, ya que no van a dictaminar sobre el estado emocional de la víctima en la actualidad, ni a someterla a un análisis inicial nuevamente para determinar o concluir en la forma en que ella considere, por tanto, el argumento que dio la psicóloga resulta ineficaz para no ceder oportunidad a entregar sus baterías de pruebas que ella realizó a la víctima y pueda la perito de la defensa realizar su meta peritaje, porque únicamente se basará en estricto sentido en la época del hecho, además de determinar la fiabilidad en ese dictamen, si fue en esos términos en que se debió concluir o no, sin que ello signifique denostar el dictamen realizado con anterioridad, ya que cada profesionista tendrá diverso criterio diverso con base a las pruebas allegadas. Además, realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales en disputa, a saber el de defensa adecuada del imputado (artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y el derecho de la sujeto pasivo del delito a no sufrir revictimización secundaria (artículo 20, apartado C, fracción V, constitucional), ya que en el momento procesal que guarda dicha causa penal, prevalece más el derecho de la defensa, en virtud de que las peritos al no dar conocer en absoluto información alguna, estarían haciendo nugatorio el derecho de defensa y de contradicción material que tiene el imputado en el desarrollo del debido proceso, sin soslayar los derechos de la víctima al acceso de la justicia, al resguardo de la intimidad y privacidad de sus datos personales, a la no revictimización y al resguardo superior de la adolescente. Ya que no es dable trastocar el derecho que tiene el imputado de que conozca la acusación que se le realiza con la información que se tiene de cada acto de investigación que realizó el Ministerio Púbico, de su presunción de inocencia, pero con las limitantes que va a tener el perito en psicología que designe la defensa, ya que no podrá extralimitarse en dar a conocer de manera general que no sea para ella, los datos personales de la víctima. En cuanto a juzgar con perspectiva de género, indicó que en el caso, no sólo por el hecho de ser mujer la víctima adolescente, es suficiente para considerar que se está trasgrediendo con la petición de la defensa y del imputado a solicitar un meta peritaje, proponerlo y que se le otorguen las copias de las baterías de pruebas de la víctima en primer momento por la psicóloga de la fiscalía, porque conforme al protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el listado que se señala, advirtió que si bien la víctima vulnerable se cataloga en ese grupo de personas, mujer, adolescente, que vivía en un núcleo familiar y que resulta que el propio agresor al considerar el Ministerio Púbico por la acusación que hizo, es su progenitor, existió una relación de subordinación; pero en el contexto que se desarrollaron los hechos, no obsta para considerar precisamente que si se trata del progenitor de la víctima el que llevó a cabo el hecho, éste no tenga el derecho a una defensa técnica, adecuada y material probatoria, porque el Tribunal de enjuiciamiento con el Ministerio Púbico y en su caso con el asesor jurídico que se designara en esa etapa, deben de verificar que ese meta peritaje haya cumplido con las mismas condiciones de reserva por ética profesional conforme al Protocolo de Procuración de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, emitido por la propia Fiscalía General del Estado, para que no se trastoque ese derecho a la intimidad y privacidad de la víctima, de lo contrario, el Tribunal de enjuiciamiento en su momento oportuno valorará si amerita considerar o no ese meta peritaje emitido por la defensa. Si bien, es una adolescente que estaba en la edad escolar, se debe especificar que sí amerita una medida de protección el hecho de ya no revictimizarla por generarle un nuevo dictamen, el de ya no estar de forma cercana con el imputado y que éste de alguna forma trate de intervenir con ella en alguna circunstancia a pesar de que es su progenitor; sin embargo, no vulnera o trastoca la perspectiva de género la consideración a que sí debe el Ministerio Púbico indicarle a sus peritos en psicología exhiban esas baterías de pruebas para que sean analizados por otro experto en psicología, el que las analicé y pueda emitir su conclusión en los términos en que lo haga con sus conocimientos especiales que también tiene al respecto, porque conforme se ha manifestado, los peritos se encuentran compelidos a la ética profesional que se le exige para que cumpla a cabalidad, y no dar a conocer datos muy íntimos de la víctima, asimismo, en contradicción pueda la defensa obtener la mayor información y determinar si es factible que haya llegado a cada una de las conclusiones en que lo hicieron las peritos psicólogas de la fiscalía, en la forma en que lo hicieron; es ahí donde con perspectiva de género tampoco se estaría violentando en ningún momento el derecho que tiene la víctima de que se administre ese derecho al acceso de la justicia, porque se encuentra pendiente determinar lo consecuente a la veracidad o fiabilidad del dictamen emitido en un primer momento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Sin que pase inadvertido por este Juzgador, que el asesor jurídico de la víctima no estuvo presente desde el inicio de la referida audiencia, ya que como bien lo señaló la autoridad responsable, no hubo debate en el mismo, por ende, no se dejó en estado de indefensión a las partes; máxime que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el plazo otorgado para ello respecto a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 635/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.1, 7.1.1 y 2. Destrucción del duplicado, depuración y destino del original Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el original, por haberse concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, que causó ejecutoria mediante auto de doce de abril del año citado, tuvo los siguientes alcances: 1. Dentro del plazo de tres días siguiente a que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la parte relativa de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal ***/2019. 2. Dictar una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud del indiciado en dicho incidente, pero subsanando los vicios formales que la afectan. Bajo los siguientes lineamientos: ".Sin embargo, la Jueza de Control, no fundó ni motivó debidamente su decisión, toda vez que además de que no citó precepto legal alguno, no realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales en disputa, a saber el de defensa adecuada del imputado (artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y el derecho de la sujeto pasivo del delito a no sufrir revictimización secundaria (artículo 20, apartado C, fracción V, constitucional) para ordenar que se pusieran a la vista del perito del imputado, las baterías de prueba correspondientes. En efecto, la posible ponderación que realizó la autoridad judicial, en realidad, se dirigió a evitar el desahogo de una nueva prueba pericial en la persona de la víctima, pero perdió de vista que la solicitud del imputado no era esa. Además, la jueza responsable, no expuso las razones particulares por las cuales desestimó todos y cada uno de los argumentos expuestos por las peritos en psicología ************y ***********, quienes emitieron los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal ***/2019, para negar el acceso a las baterías de pruebas solicitada por el imputado. Aunado a lo anterior, se aprecia que la autoridad judicial omitió juzgar con perspectiva de género, pese a que las baterías de pruebas que ordenó se pongan a la vista de la perito del imputado, están relacionadas con un delito de índole sexual cometido en contra de una mujer. De esa manera, la omisión anotada, dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, y ello propicia que ésta ignore si el proceder de la autoridad está o no ajustado a derecho, de ahí que lo reclamado ante este órgano de control constitucional es violatorio del artículo 16 constitucional." ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número PJEO/CJO/TAT/4333/2021-J la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, remitió un disco DVD certificado, que contiene la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 873/2019, de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente: Dejó insubsistente la parte relativa de la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 873/2019. Dictó una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió respecto de la solicitud del indiciado en dicho incidente, subsanando los vicios formales que la afectaban en los siguientes términos: Fundó y motivó su decisión en el capítulo quinto, artículos 1.1, 2.2, 7, 7.0.1, 7.2, 9, 9.1, 9.3, 10.1, del Protocolo para la Procuración de Justicia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el que señala ciertos requisitos que deberá tomar en cuenta el Agente del Ministerio Púbico en relación con un auxiliar que tiene como perito, en este caso en materia de psicología, y al analizarlos en su conjunto, llegó a la conclusión que el perito psicólogo que realiza un dictamen en psicología a un niño, niña y adolescente, para obtener la información requerida debe guiarse con todo el protocolo a efecto de no revictimizar al mismo de manera secundaria por revivir los hechos vivenciados, asimismo, está obligado a que esos informes los allegue de manera completa, lo que en el caso no acontece, en virtud de que las peritos psicólogos de la fiscalía los tienen bajo reserva, con el argumento de salvaguardar el derecho a la intimidad y privacidad de la víctima; en el caso consideró que si esos mismos lineamientos del protocolo referido da a conocer a la perito en psicología, que debe remitir toda la información que obtuvo con las pruebas obtenidas al Ministerio Púbico, y este último tiene que salvaguardar esa secrecía, evitando que esas baterías de pruebas las conozca el público en general, ya que solo él puede tenerlas bajo resguardo, y en el caso, la defensa del imputado está solicitando copia de las mismas, sí amerita que se las conceda para que emitan un meta peritaje por un experto similar en la materia psicólogo, para efecto de que analicen las mismas y pueda llegar a una conclusión en base a los criterios que él también obtenga de la información y conocimientos en especial que tiene de la psicología; de lo contrario, estarían haciendo nugatorio el derecho de defensa y de contradicción material que tiene el imputado en el desarrollo del debido proceso, obstaculizando esa investigación paralela que puede tener la defensa y el imputado en el desarrollo del proceso que se le instruye a este último, con la finalidad de demostrar en el caso de la defensa del imputado la presunción de inocencia que prevalezca hasta la etapa de juicio. Concatenado con el numeral 10 del referido protocolo, que señala que el perito que concluye su dictamen, puede otorgar esas baterías de pruebas, con la salvedad de que el perito de la defensa deberá salvaguardar la información que se le proporcione, ya que él no puede trastocar ese derecho de privacidad e intimidad de la víctima en cuanto a datos personales, aunado que se debe regir con lo dispuesto en el Código de Ética del Psicólogo, el cual habla del uso de información obtenida, página 8, documentación, trabajo profesional y científico, página 10, éticas especificas respecto a la honestidad y sinceridad, secreto profesional, confidencialidad, valoración y sanciones, y en conjunto estos últimos en la página 11, en el que refiere que el psicólogo que vaya ahora a emitir un meta peritaje, está obligado a guardar en secreto la información más personal e íntima de la adolescente víctima en este caso, si él no lo hiciere por cuestiones profesionales podrá hacerse acreedor a sanciones, incluso a que se le integre una carpeta de investigación por el hecho que se llegare a representar, ya que no está a salvo su negligencia al actuar o sus omisiones que tuvo al actuar para evitar que la información de la víctima sea expuesta al público en general. Por otra parte, la jueza responsable expuso las razones particulares por las cuales desestimó todos y cada uno de los argumentos expuestos por las peritos en psicología Lizeth García Carrillo y Nora Sánchez Velasco, quienes emitieron los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 873/2019, para negar el acceso a las baterías de pruebas solicitada por el imputado. Ya que consideró que dentro de los derechos de la víctima, hay limitantes a seguir, porque el hecho que un perito psicólogo diverso que realizó los primeros dictámenes psicológicos a la víctima posterior a los hechos tenga una reserva de esos datos personales, en atención a ciertas circunstancias respecto al código de ética profesional que a nivel internacional rige para los psicólogos, se considera que ellos salvaguarden para si únicamente esa información íntima o privada o de datos personales que la víctima otorga, en virtud de que con tecnicismo van a tener que analizar esos datos personales de la víctima que haya dado en entrevista al psicólogo que la analizó en un primer momento, las pruebas o test, invadiendo sí esa esfera íntima, emocional o psíquica de la víctima, sin embargo, existe la limitante para que no puedan darlos a conocer a ninguna otra persona, porque estarían trastocando sus valores y principios inmersos en el código de ética para los psicólogos, por tanto, es ahí donde es dable dar supremacía a ese derecho de privacidad e intimidad que tiene de reserva de datos personales la víctima, y con ello no se estaría vulnerando en ningún momento ningún derecho con permitir que la perito de la defensa y el imputado acceda a estos, porque se encuentran constreñidos al código de ética para reservar en su integridad los datos personales, ya que únicamente tiene la facultad de analizar las pruebas, emitir su conclusión respecto de los dictámenes de las peritos posterior al hecho vivenciado por la adolescente víctima, entonces no puede contemplarse en supremacía total ese derecho a la víctima a la intimidad y, por tanto es viable que las dos peritos oficiales y la perito de la defensa se encuentren supeditadas a la limitante que dio la progenitora de la víctima de mantener en reserva sus datos de ésta para no ser expuesto ante cualquier persona, ya que no pueden divulgar en la generalidad de la población inclusive tampoco a la defensa, al imputado, tal cual se los den a conocer; en razón de ello, el Ministerio Púbico debe regir su intervención para cuando se esté excediendo cualquiera de los peritos en la materia que se está evaluando con las baterías de prueba, para que se lo haga saber oportunamente al Tribunal de debate que vaya a conocer del asunto, para que se tomen las medidas correspondientes, ya que en la etapa procesal en que se encuentra la referida causa penal, no es dable acotar el derecho de defensa del material probatorio técnico que tiene el imputado y su defensor para el efecto. Por ende, conluyó que no se trastocaría el derecho a la intimidad y datos personales de la víctima, siendo que se obtendría el acceso a la justicia desde la etapa intermedia y de enjuiciamiento, en el que el tribunal de debate tendrá la obligación de salvaguardar su derecho a su privacidad, esto quiere decir, que el perito de la defensa y del imputado no divulgue a la generalidad de la población esos informes o datos que se contienen en las baterías psicológicas de pruebas que se realizaron a la víctima, además que la perito igualmente se encuentra obligada a reservar para sí esa información. Así también, la Juez responsable señaló que respecto a la manifestación realizada por la segunda de las peritos de la fiscalía, Nora Sánchez Velasco, en la que refirió precisamente que por haber transcurrido tres años de la época del hecho, no resultaría eficaz que la perito de la defensa del imputado emita su meta peritaje, porque se entiende que ya transcurrió mucho tiempo; sin embargo, la responsable determinó que es ahí donde radia la base fundamental, porqué la defensa del imputado y la perito requieren esa información a efecto de determinar precisamente cómo se encontraba la víctima posterior o cercana al evento suscitado, a pesar de que ya transcurrió cierto tiempo, ya que no van a dictaminar sobre el estado emocional de la víctima en la actualidad, ni a someterla a un análisis inicial nuevamente para determinar o concluir en la forma en que ella considere, por tanto, el argumento que dio la psicóloga resulta ineficaz para no ceder oportunidad a entregar sus baterías de pruebas que ella realizó a la víctima y pueda la perito de la defensa realizar su meta peritaje, porque únicamente se basará en estricto sentido en la época del hecho, además de determinar la fiabilidad en ese dictamen, si fue en esos términos en que se debió concluir o no, sin que ello signifique denostar el dictamen realizado con anterioridad, ya que cada profesionista tendrá diverso criterio diverso con base a las pruebas allegadas. Además, realizó un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales en disputa, a saber el de defensa adecuada del imputado (artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y el derecho de la sujeto pasivo del delito a no sufrir revictimización secundaria (artículo 20, apartado C, fracción V, constitucional), ya que en el momento procesal que guarda dicha causa penal, prevalece más el derecho de la defensa, en virtud de que las peritos al no dar conocer en absoluto información alguna, estarían haciendo nugatorio el derecho de defensa y de contradicción material que tiene el imputado en el desarrollo del debido proceso, sin soslayar los derechos de la víctima al acceso de la justicia, al resguardo de la intimidad y privacidad de sus datos personales, a la no revictimización y al resguardo superior de la adolescente. Ya que no es dable trastocar el derecho que tiene el imputado de que conozca la acusación que se le realiza con la información que se tiene de cada acto de investigación que realizó el Ministerio Púbico, de su presunción de inocencia, pero con las limitantes que va a tener el perito en psicología que designe la defensa, ya que no podrá extralimitarse en dar a conocer de manera general que no sea para ella, los datos personales de la víctima. En cuanto a juzgar con perspectiva de género, indicó que en el caso, no sólo por el hecho de ser mujer la víctima adolescente, es suficiente para considerar que se está trasgrediendo con la petición de la defensa y del imputado a solicitar un meta peritaje, proponerlo y que se le otorguen las copias de las baterías de pruebas de la víctima en primer momento por la psicóloga de la fiscalía, porque conforme al protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el listado que se señala, advirtió que si bien la víctima vulnerable se cataloga en ese grupo de personas, mujer, adolescente, que vivía en un núcleo familiar y que resulta que el propio agresor al considerar el Ministerio Púbico por la acusación que hizo, es su progenitor, existió una relación de subordinación; pero en el contexto que se desarrollaron los hechos, no obsta para considerar precisamente que si se trata del progenitor de la víctima el que llevó a cabo el hecho, éste no tenga el derecho a una defensa técnica, adecuada y material probatoria, porque el Tribunal de enjuiciamiento con el Ministerio Púbico y en su caso con el asesor jurídico que se designara en esa etapa, deben de verificar que ese meta peritaje haya cumplido con las mismas condiciones de reserva por ética profesional conforme al Protocolo de Procuración de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, emitido por la propia Fiscalía General del Estado, para que no se trastoque ese derecho a la intimidad y privacidad de la víctima, de lo contrario, el Tribunal de enjuiciamiento en su momento oportuno valorará si amerita considerar o no ese meta peritaje emitido por la defensa. Si bien, es una adolescente que estaba en la edad escolar, se debe especificar que sí amerita una medida de protección el hecho de ya no revictimizarla por generarle un nuevo dictamen, el de ya no estar de forma cercana con el imputado y que éste de alguna forma trate de intervenir con ella en alguna circunstancia a pesar de que es su progenitor; sin embargo, no vulnera o trastoca la perspectiva de género la consideración a que sí debe el Ministerio Púbico indicarle a sus peritos en psicología exhiban esas baterías de pruebas para que sean analizados por otro experto en psicología, el que las analicé y pueda emitir su conclusión en los términos en que lo haga con sus conocimientos especiales que también tiene al respecto, porque conforme se ha manifestado, los peritos se encuentran compelidos a la ética profesional que se le exige para que cumpla a cabalidad, y no dar a conocer datos muy íntimos de la víctima, asimismo, en contradicción pueda la defensa obtener la mayor información y determinar si es factible que haya llegado a cada una de las conclusiones en que lo hicieron las peritos psicólogas de la fiscalía, en la forma en que lo hicieron; es ahí donde con perspectiva de género tampoco se estaría violentando en ningún momento el derecho que tiene la víctima de que se administre ese derecho al acceso de la justicia, porque se encuentra pendiente determinar lo consecuente a la veracidad o fiabilidad del dictamen emitido en un primer momento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Sin que pase inadvertido por este Juzgador, que el asesor jurídico de la víctima no estuvo presente desde el inicio de la referida audiencia, ya que como bien lo señaló la autoridad responsable, no hubo debate en el mismo, por ende, no se dejó en estado de indefensión a las partes; máxime que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el plazo otorgado para ello respecto a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

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