Jéssica Perea Sánchez
Expediente 1812/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1812/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/01/2018
Partes del expediente
- Jéssica Perea Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de doce de enero del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de doce de enero de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: En consecuencia, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por Jessica Perea Sánchez, por propio derecho, y en representación del menor M.A.V.P., para que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, fije la pensión alimenticia provisional solicitada en el juicio de alimentos 662/2017, tomando las providencias necesarias para hacer cumplir su determinación, observando en todo momento el interés superior del infante involucrado en la contienda. Mediante proveído de dos de enero reciente, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 105 a 107). Al respecto, la Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, el cinco de enero del año en curso, dentro del expediente 662/2017, fijó como pensión provisional lo correspondiente a medio día de salario mínimo vigente en la región, poniéndose la cantidad que resulte a disposición del menor de manera mensual. Asimismo, ordenó al Diligenciario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del deudor y lo requiriera del pago de la primera mensualidad a favor del acreedor alimentario, así como el depósito de la cantidad correspondiente a la garantía alimentaria, debiendo cubrir al menos tres mensualidades ante el juzgado de origen (fojas 108 a 110). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente principal, será susceptible de DEPURACIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio, es susceptible de DESTRUCCIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional; ordenándose que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo).
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de doce de enero del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de doce de enero de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: En consecuencia, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por Jessica Perea Sánchez, por propio derecho, y en representación del menor M.A.V.P., para que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, fije la pensión alimenticia provisional solicitada en el juicio de alimentos 662/2017, tomando las providencias necesarias para hacer cumplir su determinación, observando en todo momento el interés superior del infante involucrado en la contienda. Mediante proveído de dos de enero reciente, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 105 a 107). Al respecto, la Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, el cinco de enero del año en curso, dentro del expediente 662/2017, fijó como pensión provisional lo correspondiente a medio día de salario mínimo vigente en la región, poniéndose la cantidad que resulte a disposición del menor de manera mensual. Asimismo, ordenó al Diligenciario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del deudor y lo requiriera del pago de la primera mensualidad a favor del acreedor alimentario, así como el depósito de la cantidad correspondiente a la garantía alimentaria, debiendo cubrir al menos tres mensualidades ante el juzgado de origen (fojas 108 a 110). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente principal, será susceptible de DEPURACIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio, es susceptible de DESTRUCCIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional; ordenándose que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil dieciocho. Incorpórese a los autos el oficio signado por la Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, mediante el cual informa que en cumplimiento al fallo protector, por auto de cinco de enero del año en curso, dentro del expediente 662/2017, fijó como pensión provisional lo correspondiente a medio día de salario mínimo vigente en la región, poniéndose la cantidad que resulte a disposición del menor de manera mensual. Asimismo, ordenó al Diligenciario de su adscripción para que se constituya en el domicilio del deudor y lo requiera del pago de la primera mensualidad a favor del acreedor alimentario, así como el depósito de la cantidad correspondiente a la garantía alimentaria, debiendo cubrir al menos tres mensualidades ante el juzgado de origen. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se provee: Con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído de cumplimiento al fallo protector de garantías; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Juez responsable no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones.
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