Jessica Noelia Manzano Pérez
Expediente 1630/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Jessica Noelia Manzano Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como se desprende del estado de autos que para el día de hoy se encuentra prevista la audiencia constitucional, la que no es posible llevar a cabo, toda vez que el Juez ahí descrito, no ha dado cumplimiento a lo requerido; por tanto, requiérase de nueva cuenta a efecto de que en el término de veinticuatro horas informe el tramite dado al juicio sucesorio intestamentario a bienes de que ahí se detalla..., asimismo, informe si a la fecha se encuentra designado albacea provisional dentro del citado juicio y de ser así proporcione nombre y domicilio de éste, debiendo acompañar copias certificadas, completas y legibles de las constancias de las que se advierta su dicho; apercibido que de no acatar lo ordenado o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se impondrá, una multa... Por tanto, se difiere la audiencia prevista para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las nueve horas con veintiún minutos del día nueve de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de conformidad con las circulares y Acuerdos Generales que ahí se describen, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados... Por tanto, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados y se señalan las diez horas con un minutos del 02 de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia incidental, sin que al efecto se programe dentro de los siguientes cinco días, toda vez que, la autoridad responsable es foránea, la que por razón de distancia, hace que se requiera de mayor tiempo para contar con su respectivo informe.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa o sus autorizados acudieran a la puerta de acceso de Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, se ordena notificar por lista el proveído o resolución de diecinueve de febrero de 2021, que en su parte conducente dice: "Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones el comunicado signado por la autoridad responsable, a través del cual rinde su informe justificado, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para que se manifiesten al respecto. Se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 117 de la Ley de Amparo. Se tiene como delegado(s), en términos del artículo 9 de la legislación antes invocada, el (los) señalados en su (s) respectivo (s) informe (s) de ley. Asimismo, se recibió copia certificada del auto de siete de octubre del dos mil veinte, dictado dentro del expediente 2354/2020/17-F, documental que se tiene por presentada y desahogada dada su especial naturaleza en términos del 119 de la Ley de Amparo. Documental con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de un documento público elaborado o expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Del informe de cuenta, se aprecia que la autoridad responsable negó el acto reclamado, consistente en: La omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley del Trabajo, en el expediente 2354/2020/17-A. En virtud de que, el siete de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2354/2020/17-F, lo que justificó con la copia certificada que anexó a su informe. Por tanto, resulta innegable que a la fecha de presentación de la demanda de garantías (siete de diciembre de dos mil veinte), el acto reclamado no existía, dado que la autoridad responsable ya había señalado fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley de Federal del Trabajo, motivo del acto reclamado. En esa tesitura, atento al contenido del informe de cuenta y la documental que se acompaña, se advierte la actualización de la causa manifiesta e indudable de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Efectivamente, del citado numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1. De las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2. Cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", y que en el caso el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que entre la recepción del informe de ley, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, y la celebración de la audiencia constitucional no media el mencionado plazo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la quejosa no haya conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A manera de ejemplo se cita la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, página 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en este caso en particular, aunque no mediaron los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendría el quejoso con su diferimiento, pues aun extendiendo el plazo para que tuvieran al menos ocho días de por medio entre su notificación y la celebración de la citada audiencia, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios diversos a los que ya obran agregadas en autos. Ergo, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso particular, de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", Toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considere se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el que la quejosa es parte procesal actora. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º. Constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de abril de 2015 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Por otro lado, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que atento al sentido de este acuerdo y por reclamarse -en esencia- dilaciones en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncie en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 81/2018, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". Ello, a partir de que tengan conocimiento de esta determinación, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con un minuto del cuatro de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de conformidad con las circulares y Acuerdos Generales que ahí se describen, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar, sin que se notifique en forma personal el contenido del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en el número 9 del circular SECNO/7/2020, máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que así lo ordene. Por tanto, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados y se señalan las once horas con nueve minutos del diez de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional
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