Jessica Morales Hernández
Expediente 1426/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Jessica Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VI. Se reciben los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por sí y en representación de la Junta referida mediante los cuales rinde informe justificado y remite copia certificada de algunas constancias del juicio laboral ***. De las constancias remitidas por la oficiante como complemento a su informe justificado, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe decir, que los recursos, pueden entender como los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución, sea esta judicial o administrativa. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la actualización de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Del informe de la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, se advierte que en el juicio laboral ***, se emitió un auto el siete de septiembre de este año, en el que se dió vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas respecto de la revisión de actos de ejecución de la Presidenta, que promovió la propia ***, por conducto de su apoderado *** contra el auto de cuatro de agosto de este año (que constituye el reclamado en la presente contienda constitucional); asimismo, se señalaron las ocho horas con quince minutos del seis de noviembre de este año, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente Luego, se destaca que el primer elemento requerido para la actualización de la causa de improcedencia en examen, consistente en que el medio de defensa ordinario, haya sido interpuesto por la propia quejosa, se estima colmado, pues su apoderado planteó el medio de impugnación al que se hizo mención. Asimismo, el segundo elemento también se demuestra, pues como se dijo al dar vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas respecto de la revisión de actos de ejecución de la Presidenta, promovido por la quejosa y, se señaló data y hora para la audiencia relativa, resulta evidente que se admitió el medio de defensa en comento (revisión de actos de ejecución de la Presidenta). A su vez, el tercer elemento queda demostrado en razón de que el instrumento jurídico de defensa utilizado por la parte quejosa es el apropiado para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, dado que está instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto de autoridad y mediante el que se puede lograr la revocación o confirmación del auto ahora impugnado. Y, de conformidad con lo que disponen la legislación obrero patronal, se establece la procedencia revisión de actos de ejecución de la Presidenta contra esas determinaciones. Por lo tanto, se concluye que en el caso se colman los presupuestos que exige la hipótesis de improcedencia planteada, en tanto que, en primer lugar, fue la propia quejosa, quien promovió revisión de actos de ejecución de la Presidenta, respecto del cual se emitió pronunciamiento el siete de septiembre del presente año; y, finalmente, porque tal medio de impugnación constituye la vía idónea para que la resolución reclamada sea revocada o confirmada, pues en tal medio de impugnación se realizará el análisis de la legalidad de aquélla. En consecuencia, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por otra parte, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible para el órgano de control constitucional que la admitió advertir su improcedencia, lo cual sí se verificó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés (viernes), sin que ello implique dejar a la peticionaria del amparo en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en ese sentido, además que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
- Principal
VI. En cumplimiento al aviso de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se notifica, por lista, a la quejosa, el auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, que, en síntesis, dice: VI. Se reciben los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por sí y en representación de la Junta referida mediante los cuales rinde informe justificado y remite copia certificada de algunas constancias del juicio laboral ***. De las constancias remitidas por la oficiante como complemento a su informe justificado, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe decir, que los recursos, pueden entender como los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución, sea esta judicial o administrativa. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la actualización de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Del informe de la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, se advierte que en el juicio laboral ***, se emitió un auto el siete de septiembre de este año, en el que se dió vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas respecto de la revisión de actos de ejecución de la Presidenta, que promovió la propia ***, por conducto de su apoderado *** contra el auto de cuatro de agosto de este año (que constituye el reclamado en la presente contienda constitucional); asimismo, se señalaron las ocho horas con quince minutos del seis de noviembre de este año, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente Luego, se destaca que el primer elemento requerido para la actualización de la causa de improcedencia en examen, consistente en que el medio de defensa ordinario, haya sido interpuesto por la propia quejosa, se estima colmado, pues su apoderado planteó el medio de impugnación al que se hizo mención. Asimismo, el segundo elemento también se demuestra, pues como se dijo al dar vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas respecto de la revisión de actos de ejecución de la Presidenta, promovido por la quejosa y, se señaló data y hora para la audiencia relativa, resulta evidente que se admitió el medio de defensa en comento (revisión de actos de ejecución de la Presidenta). A su vez, el tercer elemento queda demostrado en razón de que el instrumento jurídico de defensa utilizado por la parte quejosa es el apropiado para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, dado que está instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a un acto de autoridad y mediante el que se puede lograr la revocación o confirmación del auto ahora impugnado. Y, de conformidad con lo que disponen la legislación obrero patronal, se establece la procedencia revisión de actos de ejecución de la Presidenta contra esas determinaciones. Por lo tanto, se concluye que en el caso se colman los presupuestos que exige la hipótesis de improcedencia planteada, en tanto que, en primer lugar, fue la propia quejosa, quien promovió revisión de actos de ejecución de la Presidenta, respecto del cual se emitió pronunciamiento el siete de septiembre del presente año; y, finalmente, porque tal medio de impugnación constituye la vía idónea para que la resolución reclamada sea revocada o confirmada, pues en tal medio de impugnación se realizará el análisis de la legalidad de aquélla. En consecuencia, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por otra parte, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible para el órgano de control constitucional que la admitió advertir su improcedencia, lo cual sí se verificó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés (viernes), sin que ello implique dejar a la peticionaria del amparo en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en ese sentido, además que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
- Principal
VI. Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, Estado de México, mediante el cual en atención al mandamiento de trece de octubre de este año, informa que en el expediente ***, no se han promovido diversos juicio de amparo directos e indirectos.
- Principal
VI. Visto el escrito de cuenta, signado de manera aparente por ***, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en el presente asunto; sin embargo, sin necesidad de ser perito en la materia, se advierte a simple vista que la firma plasmada en éste, no es igual a la asentada en la demanda de amparo; Son evidentes las diferencias entre las referidas firmas; por ende, existe duda acerca de la identidad de la promovente y a efecto de llegar a la convicción de que, conforme al ordinal 6° de la Ley de Amparo, éste efectivamente fue suscrito por ella, se le requiere para que en el plazo de tres días, comparezca al local de este órgano federal a ratificar el contenido y firma del ocurso de mérito, pues lo que se persigue con la ratificación, es procurar seguridad jurídica, para quien esto provee y para la propia parte quejosa; apercibida que de no cumplir con lo señalado, se tendrá por no presentado dicho ocurso. En el entendido que deberá presentarse dentro del horario asignado para la actividad presencial de este Juzgado de Distrito, que es de 09:30 a 14:30 horas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid.19 y Reforma, Adiciona, Deroga diversas disposiciones, relativas a la utilización de diversos medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.
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