Jessica Modesto Coria
Expediente 209/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jessica Modesto Coria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuadragésimo Noveno Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 14527/2021, por medio del cual le fueron devueltas las copias certificadas del expediente 977/2019, en un tomo, las cuales remitió en complemento a su informe justificado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, dejando sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que en su único resolutivo la justicia de la unión no ampara ni protege a ------------, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. itir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; APÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, en tanto el original del incidente de suspensión, es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinaciones en las que fue concedida, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Ahora bien, toda vez que ya no son necesarias las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México, al momento de rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 977/2019, en un tomo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para todos los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento o informar la imposibilidad legal que tuviera para ello, dentro del plazo de veinticuatro horas, con fundamento en los artículos 158 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 209/2021-III, promovido por ---------- ---------- ----------, contra actos del Juez Cuadragésimo Noveno de la Ciudad de México y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante oficio presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido el veintitrés siguiente por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, se recibió la demanda de ---------- ---------- ----------, quien demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de las siguientes autoridades y actos: Autoridades responsables. Juez Cuadragésimo Noveno de la Ciudad de México. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Acto reclamado. La inmovilización practicada sobre la cuenta bancaria de la suscrita cuenta bancaria registrada bajo el número 0214041514, abierta en moneda nacional en la institución bancaria denominada Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Banorte, tal y como acredito con los dos últimos estados de cuenta expedidos a mi favor por la institución bancaria. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo desahogo a la prevención, por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 209/2021-III. Asimismo, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo desahogo a la prevención, por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 209/2021-III. Asimismo, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior es así, pues la orden de embargo de cuentas bancarias encuentra ejecución en la sucursal bancaria donde este juzgado ejercer jurisdicción; esto es, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: Al Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México: La resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada en las providencias precautorias 977/2019, donde ordenó la retención de la cantidad de $29,421,845.12 (veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional), en las cuentas bancarias de la quejosa. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: La ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, en su informe justificado aceptó haber emitido la resolución reclamada en la providencia precautoria 977/2019. Por su parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución de la resolución reclamada; no obstante, tal negativa queda desvirtuada, toda vez que como se estableció con antelación, el Juez Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México (autoridad ordenadora), aceptó haber ordenado la retención de la cantidad de $29,421,845.12 (veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional), en las cuentas bancarias de la quejosa. Máxime que, de las constancias remitidas por el Juez responsable, se desprende el oficio SIARA TSJCDMXJCIV49/2020/000035, por medio del cual solicitó dicha inmovilización de cuentas al Director de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Constancias a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgado no advierte la actualización de alguna diversa, por lo que se procede a estudiar el acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. 1. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, Unifin Financiera, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sofom Entidad no regulada, por conducto de sus apoderados legales, promovieron providencia precautoria, consistente en la retención de bienes, que son las cuentas bancarias de la moral Ramco Stamping de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en su carácter de arrendataria, así como Perla ---------- Salas, ---------- ---------- ---------- y Eduardo ---------- ----------, en su carácter de obligados solidarios, hasta por la cantidad de $29,421,845.12 (veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional). 2. Escrito al cual le recayó el número 977/2019, del índice del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, el cual admitió a trámite el dos de octubre de dos mil diecinueve. 3. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se desahogaron las pruebas ofrecidas por la promovente y el treinta siguiente, se dictó una resolución donde concedió la medida cautelar solicitada. 4. Fue hasta el treinta de noviembre de dos mil veinte, cuando emitió el oficio SIARA TSJCDMXJCIV49/2020/000035, dirigido al Director de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para inmovilizar las cuentas bancarias de Ramco Stamping México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Perla ---------- Salas, ---------- ---------- ---------- y Eduardo ---------- ----------, hasta por la cantidad de $29,421,845.12 (veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional). En estas condiciones y una vez conocido la naturaleza del procedimiento donde emanó el acto reclamado, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación de la quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: Primero. Que la medida precautoria es de imposible reparación porque implica la privación del derecho a disponer de los fondos que existen en su cuenta bancaria, en tanto que no podrá ser restituida por el tiempo que dure el congelamiento de la cuenta. Acto respecto del cual no se le respetó su garantía de audiencia. Segundo. Que previo a emitir la medida precautoria, la actora debió realizar gestión para llevar a cabo la ejecución del convenio modificatorio de reconocimiento de adeudo, dación en pago y finiquito, por medio del cual se garantizaba el pago del adeudo. Convenio que acompañó en copia simple a su escrito de demanda. Tercero. Que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento porque el tercero no hizo saber a la autoridad que existe un convenio donde se ofrecieron bienes inmuebles que garantizan el adeudo, sin embargo, con el acto reclamado se ha ordenado desposeerla del manejo y disposición de su cuenta bancaria, cuando ya había sido garantizado el adeudo. Cuarto. Que la cuenta bancaria embargada es donde se le pagan sus honorarios por parte de Ramco Stamping de México, Sociedad Anónima de capital Variable, por lo que considera que se infringen el artículo 434, fracciones VII y XI del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen que los salarios son inembargables, pues están destinados a sufragar las necesidades básicas. Previo al estudio de los conceptos de violación, se precisa que las medidas cautelares, como son las providencias precautorias, pueden ser definidas como los instrumentos procesales previstos en las leyes que el juzgador está en posibilidad de decretar a solicitud de las partes o de oficio, ya sea para conservar la materia del litigio, o evitarles un grave e irreparable daño con motivo de la tramitación de un juicio. Estas providencias tienden a evitar por un lado, que resulte inútil la determinación -con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia- y, por otro, lograr que la sentencia tenga eficacia práctica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2012, sobre el tópico en comento, estableció lo siguiente: Acorde con este marco teórico, se adopta en esta ejecutoria el término de 'medida cautelar' para referir al instrumento procesal en general, como género, que tiende a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia práctica. Entre tanto, reservamos el término 'medidas cautelares como especie' para referir a los instrumentos procesales previstos en las leyes cuya denominación, términos y condiciones especiales o particulares de operación en un determinado proceso, corresponde al legislador. Por último, conviene precisar que acorde con un orden lógico, en el universo de 'medidas cautelares' como género, caben y quedan comprendidas todas y cada una de las 'medidas cautelares como especies' establecidas por el legislador en la ley. Sin embargo, la denominación, términos y condiciones especiales y particulares de operación previstas por el legislador para alguna 'medida cautelar como especie' no pueden ni deben ser aplicadas ni predicarse de manera genérica de todo el universo de 'medidas cautelares como género' previstas en el sistema jurídico. En relación con lo que es materia de análisis en este asunto, el Código de Comercio regula una clase de medida cautelar como especie: las providencias precautorias2. Dichas providencias buscan prevenir: a) El hecho de que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. b) La circunstancia de que no se oculten o dilapiden bienes de una persona cuando deba ejercitarse una acción real. c) De la misma manera, que no se oculten o enajenen aquellos bienes sobre los que se ha de practicar la diligencia, cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otro medios económicos. En relación con los dos últimos incisos, el artículo 1175 de la legislación mercantil3 establece las exigencias para que se decrete de plano la retención de bienes, a saber: a) La existencia de un crédito líquido y exigible a favor del solicitante; b) La expresión del valor de las prestaciones o de la cosa que se reclama, con toda precisión. c) Cuando se trate de acciones reales, manifestar bajo protesta de decir verdad las razones por las cuales se tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. d) En acciones personales, manifestar bajo protesta de decir verdad, que el deudor no tiene otros bienes conocidos, más que aquéllos en los que se ha de practicar la diligencia, así como expresar las razones por las que exista el temor fundado de que se oculten dilapiden enajenen dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito. e) Garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida al deudor. Adicionalmente, debe decirse que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. En este sentido, la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento en el que se dicten. Por consiguiente, para la imposición de las medidas en comento no rige el derecho humano de previa audiencia, empero, su dictado implica que se respete el postulado de debido proceso en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídicas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, de rubro y texto siguientes: MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. Una vez establecido lo anterior, se debe recordar que la parte quejosa señaló que la medida precautoria es de imposible reparación porque implica la privación del derecho a disponer de los fondos que existen en su cuenta bancaria, en tanto que no podrá ser restituida por el tiempo que dure el congelamiento de la cuenta. Acto respecto del cual no se le respetó su garantía de audiencia. Dicho concepto de violación es infundado, pues conforme se explicó en párrafos precedentes la garantía de previa audiencia establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Sin embargo, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento jurisdiccional en el que se dicten; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. Por otra parte, en los conceptos de violación segundo y tercero, señala que previo a emitir la medida precautoria, la actora debió realizar gestión para llevar a cabo la ejecución del convenio modificatorio de reconocimiento de adeudo, dación en pago y finiquito, por medio del cual se garantizaba el pago del adeudo (segundo); y, que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento porque el tercero no hizo saber a la autoridad que existe un convenio donde se ofrecieron bienes inmuebles que garantizan el adeudo, sin embargo, con el acto reclamado se ha ordenado desposeerla del manejo y disposición de su cuenta bancaria (tercero). Dichos conceptos de violación son inoperantes, pues parten del supuesto de la existencia de un convenio donde se reconoció un adeudo y se garantizó el mismo; sin embargo, en el presente juicio no se exhibió un documento en original que lo demostrara, ni mucho menos que éste fuera de fecha cierta, de tal forma que generara certeza jurídica para las partes y terceros; contrario a ello, la quejosa exhibió un documento denominado Convenio modificatorio de reconocimiento de adeudo dación en pago y finiquito pero el mismo al exhibirse en copia simple y sin firmas no tiene ningún valor probatorio. Por lo tanto, al basarse sus argumentos en una premisa que no fue demostrada es por lo que son inoperantes. Finalmente, en el último argumento señala la parte quejosa que la cuenta inmovilizada es a donde se le depositan su salario que percibe con la moral Ramco Stamping de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por ello, es inembargable. Dicho concepto de violación es inoperante, pues de los estados de cuenta exhibidos, no se puede advertir que reciba depósitos por concepto de sueldos y salarios, pues de ellos, se advierte que la citada moral es su cliente, más no su patrón. Al señalar, SPEI recibido del Cliente. Sirve de apoyo lo anterior, la siguiente imagen: En abono a lo anterior, se toma en consideración que en su demanda narró que en agosto de dos mil veinte, en su carácter de deudora solidaria de Ramco Stamping de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, firmó un convenio modificatorio de reconocimiento de adeudo, con Unifin Financiera, sociedad anónima bursátil de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada, por lo que no tiene el carácter de trabajadora de esa empresa, sino con quien existe un adeudo compartido en su carácter de deudora solidaria. En estas condiciones, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación, y no advertirse motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a -----------------, por la medida precautoria reclamada y por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del Director Contencioso y la Subdirectora Contenciosa, ambos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", En mérito de lo anterior, téngase por rendido dicho informe y de conformidad con el ordinal 117, de la legislación de la materia, dése vista a las partes con el mismo, por el término de ocho días con el fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia de ley. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de la responsable los que se mencionan en el oficio de cuenta. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. POR OTRO LADO, SE PUBLICA CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante oficio registrado con el folio 4382, el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México, en complemento a su informe justificado, remitió copia certificada del expediente 977/2019, en el cual obra la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en donde se decretó la retención de bienes de la parte demandada, hasta por la cantidad de $29,421,845.12 (veintinueve millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional). En consecuencia, pónganse a la vista de la parte quejosa la citada determinación y hágase de su conocimiento el derecho que le asiste para formular la ampliación de demanda de amparo por conceptos de violación, respecto de la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dentro del término de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia, los que comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, debiendo acompañar copias suficientes para la notificación a todas las partes, con el apercibimiento que de no hacer señalamiento alguno, este juzgado resolverá únicamente con los actos, autoridades y conceptos de violación que señaló en su escrito inicial de demanda. En el entendido que la ampliación deberá realizarse con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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