Jessica Michael Hernández Álvarez

Expediente 1701/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1701/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Jessica Michael Hernández Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Reanudación del trámite Con fundamento en el Acuerdo General SECNO/10/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno a través de los Acuerdos Generales SECNO/029/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SENOC/6/2021 y SECNO/9/2021. Las consecuencias de la reanudación son las siguientes: Toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica la reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En caso de que sólo se encuentre pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación del plazo a que se refiere el apartado anterior operará hasta que se notifique la nueva fecha para que tenga lugar. Exhortación a las partes Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Acuerdo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación asentada sin que la parte quejosa lo haya interpuesto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguense a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del cual, en atención al requerimiento que se le formuló el cinco de noviembre actual, remite copia certificada de las constancias con las que se acredita la baja de la quejosa Jessica Michael Hernández Álvarez de dicha institución policial. En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se fue conminada dicha responsable. Ahora bien, vista la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, promovida por Jessica Michael Hernández Álvarez, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras autoridades, el cual hizo consistir en lo siguiente: El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se emiten los lineamientos para la trasferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados la Policía Federal, en específico los puntos tercero, séptimo, octavo, noveno y tercero transitorio. El Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de uno de agosto de dos mil diecinueve. El oficio SSPC/UT/64852/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden de cambio de adscripción de la quejosa de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Por su parte, a través del oficio de cuenta, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que desde el quince de marzo actual la quejosa Jessica Michael Hernández Álvarez, cuenta con baja de dicha institución policial por renuncia. Lo que se corrobora con las documentales que anexa al oficio antes mencionado, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "61. El juicio de amparo es improcedente:--- (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". El numeral en comento establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se está ante la presencia de un hecho extraordinario (que no depende de la autoridad responsable), que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa. En consecuencia, tal causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto es así, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional En ese contexto, la causa de improcedencia del juicio constitucional que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, prevé que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del citado quejoso En síntesis, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido vulnerados. Por lo que, el principio que rige su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En el caso, si bien se deduce que subsisten los acuerdos reclamados, por los que se emiten los lineamientos para la trasferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados la Policía Federal, y se crea la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como el oficio SSPC/UT/64852/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene la orden de cambio de adscripción de la quejosa de la Policía Federal a la Guardia Nacional, no puede analizarse en el presente juicio la inconstitucionalidad de los mismos ya que el objeto del presente asunto era que la quejosa se mantuviera en activo en la Policía Federal en el puesto que desempeñaba y no fuera transferida a la Guardia Nacional. Ello derivado del escrito de quince de marzo de dos mil veinte, que contiene la renuncia de la quejosa Jessica Michael Hernández Álvarez al cargo de desempeñaba como Policía Tercero en la Policía Federal, lo que dio por rescindida la relación que unía a la misma con las autoridades responsables; situación que se robustece además con el acuerdo de conclusión de servicio celebrado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal y la quejosa, del que se aprecia, entre otras cosas, que estuvo conforme con la compensación económica por término de la relación laboral que le fue asignada. Por lo que a ningún efecto práctico conduciría realizar el estudio del presente asunto respecto al acto reclamado de las autoridades responsables ya que como se precisó la relación laboral entre la quejosa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejó de existir con motivo de la renuncia instada. Por lo anterior, y actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 146, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO DEL ACTO RECLAMADO. Cuando se demanda del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que regulaba las relaciones obrero- patronales de una empresa, cuyas relaciones individuales y colectivas se dieron por terminadas a causa de la declaración legal de quiebra de la misma, es evidente que se dan los supuestos de fracción XVII del artículo 73, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto del mismo.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cobra vigencia por analogía la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea aplicable a este juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia P./J. 51/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro IUS 2007920, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el seis de octubre de dos mil veinte este Juzgado Federal requirió al Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, entre otras cosas, remitiera copia certificada de las documentales con las que se demostrara que la quejosa Jessica Michel Hernández Álvarez causó baja por renuncia de dicha institución, en virtud de lo informado mediante oficio SSPC/UT/AAJ/DA/1116/2020, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a ese requerimiento. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad referida, por última ocasión, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de las documentales antes señaladas. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada en autos y, en su lugar, se fijan las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del delegado de la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de seis de octubre de este año y exhibe documental consistente en la copia certificada del aviso de transferencia a la Guardia Nacional SSPC/UT/64852/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y su notificación a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dese vista a la parte quejosa en el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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