Jessica Marquina Arias

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Jessica Marquina Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios a través de los cuales se notificó a las autoridades responsables la sentencia dictada en autos. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena expedir los memoriales indicados en el párrafo que antecede, a efecto de que las autoridades correspondientes se encuentren debidamente notificadas de dicha sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1059/2023-II, promovido por Jéssica Marquina Arias, por propio derecho, en contra del acto que reclama del Ayuntamiento, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de petición. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por medio del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitida el siete siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, Jéssica Marquina Arias, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A) AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS,. B) COMISIÓN DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS,. C) CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE DE IXTAL, MORELOS,.". ACTO RECLAMADO "LA OMISIÓN INJUSTIFICADA E ILEGAL DE LAS RESPONSABLES DE ATENDER, DICTAMINAR, DISCUTIR Y APROBAR, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN LXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 5, 32 APARTADO C Y DEL 33 A 44 DEL ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EMITEN LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS; LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ CONTENIDA EN EL ESCRITO DE PETICIÓN QUE LA SUSCRITA QUEJOSA PRESENTÉ EL 05 DE OCTUBRE DEL 2022 CON LAS FORMALIDADES RESPECTIVAS Y ACOMPAÑADAS DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, DE LA CUAL NO SEA (sic) OBTENIDO EMISIÓN DE RESPUESTA ALGUNA, PESE A MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA SUSCRITA DE MANERA PERSONAL.". SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1059/2023-II, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto efectivamente planteado como reclamado y las autoridades responsables son: Del Ayuntamiento, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, se reclama la omisión de proveer sobre el otorgamiento de una pensión por viudez, solicitada mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, ante el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Congreso del estado de Morelos, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, Presidenta, Secretaria e Integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, al rendir su informe justificado expresamente admitieron la existencia del acto que la parte quejosa les reclamó, por lo que dicho acto debe tenerse por cierto. Existencia que se corrobora con la copia simple del acuse de recibo del escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el que se solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez, ante el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, misma se encuentra corroborada con la confesión expresa de las autoridades responsables Ayuntamiento, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, respecto a la existencia de dicho escrito, pruebas que se valoran de conformidad con los artículos 95, 96, 129, 197, 199 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En este punto, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en sus términos en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, Novena Época, de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 830, de rubro y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Ahora bien, es importante señalar la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de registro 191384, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Se precisa que el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se realizará de manera conjunta dada su estrecha relación y debido a que ello no es contrario al artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con registro 2011406, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que es del siguiente tenor literal: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". La parte quejosa aduce substancialmente en su concepto de violación que las autoridades responsables han sido omisas en dar contestación al escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, por el que se solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez, ante el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, omisión con la que afirma se viola su derecho humano de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal argumento es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Una apreciación íntegra de las constancias procesales que conforman el juicio de amparo en estudio lleva a quien resuelve a considerar que en contra de la parte quejosa existe una violación al derecho fundamental previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El precepto transcrito, establece cómo deberán realizarse las peticiones que los particulares dirijan a las autoridades, a saber: Por escrito. De forma pacífica. De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. De igual forma, la disposición constitucional en comento señala que las autoridades a quienes se dirigen las peticiones deben: Emitir un acuerdo por escrito. 2) Dar a conocer debidamente al peticionario, en breve tiempo, la respuesta. Del dispositivo de referencia se deduce que para que se dé lugar a la existencia del derecho de petición debe haber una relación de supra a subordinación, es decir, que la solicitud la haga un gobernado, por escrito, de manera pacífica, respetuosa y que la misma se eleve a un servidor público, en su calidad de autoridad, quien está obligada a emitir una respuesta a dicha petición, por escrito, hacerla del conocimiento del interesado en breve término, debiéndose entender como tal aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 126, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Así, sobre la observancia del derecho de petición las autoridades deben dar contestación sin mayores presupuestos o exigencias legales, ya que si la petición fue realizada de manera respetuosa, pacífica y por escrito, la autoridad a la cual fue dirigida queda obligada a dar contestación, en los términos señalados por el artículo 8 constitucional, de tal forma que la protección constitucional al derecho de petición se debe dar de manera directa y en breve término. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 8 constitucional y atento a la solicitud del gobernado, la autoridad debe emitir un acuerdo por escrito y en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo pedido. Además, la autoridad responsable debe notificar el acuerdo o resolución recaído a la petición del gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 89, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, registro 1001604, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario.". Así como, la tesis aislada XXI.1o.P.A.36 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1897, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162603, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Con base en lo precisado, de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa presentó el acuse de recibo del escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el que se solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez, ante el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Petición realizada por escrito, de manera pacífica, respetuosa, la cual fue dirigida y recibida por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, lo que cumple con las formalidades establecidas en el artículo 8 constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables no han dado respuesta a la solicitud de pensión por viudez, omisión respecto de la cual las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifiestan que no constituye una conducta injustificada e ilegal, pues estiman que de conformidad con el precedente con registro digital 2014236, aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con datos de localización Décima Época, Materias(s): Laboral, Tesis: PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1426, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado.". Criterio con base en el cual exponen que la negativa a otorgar una pensión, a recibir el escrito por el que se solicita una pensión o a emitir el acuerdo correspondiente en el plazo legalmente previsto, es materia de conocimiento del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, de la lectura a la demanda de amparo se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la violación al artículo 8º Constitucional, es decir, la violación directa a un precepto de la constitución, circunstancia que hace evidente la procedencia del juicio de amparo ante el juzgado de Distrito. Luego, si la parte quejosa optó por promover la acción constitucional expresando la violación directa a uno de sus preceptos, es innegable que si bien, con base en el criterio transcrito se puede impugnar dicha omisión ante el Tribunal laboral estatal, ya que ante dicho órgano no se combatirá la vulneración la Constitución Federal, sino a las disposiciones legales que regulan el trámite para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores al servicio de los municipios de Morelos; entonces, es evidente que dicha circunstancia no implica que no pueda promoverse la acción de amparo por violación a lo dispuesto por el artículo 8º constitucional, como en el caso acontece. Con base en lo anterior, es claro que la omisión aquí apuntada constituye una denegación respecto a la petición de pensión por viudez solicitada por la parte quejosa, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de agosto de dos mil veintitrés) han pasado un año, un mes y veintiocho días en los que las responsables no han desahogado el procedimiento respectivo a efecto de establecer la procedencia o no del otorgamiento de la pensión solicitada por la parte quejosa. Además, resulta importante destacar que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional las autoridades responsables no acreditaron haber dado contestación a la petición elevada por la parte aquí quejosa no obstante que contó con tiempo suficiente para hacerlo, omisión que, se reitera, indudablemente transgrede en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el concepto de violación sea fundado. Cabe precisar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece el tiempo en que debe darse contestación al peticionario; sin embargo, la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto en cita, debe entenderse como el que razonablemente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla, a menos de que exista regulación expresa que precise el plazo en que debe producirle la respuesta. Además, la expresión "breve término" a que se refiere el precepto constitucional invocado para que la autoridad emita respuesta a la solicitud presentada por el gobernado, si bien debe comprender el plazo relativo a las gestiones administrativas de rigor que en su caso se deban realizar, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios a los que se les turnan, lo cierto es que aun así, el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de su escrito (cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez) a la fecha del dictado de esta sentencia, ha sido tiempo suficiente para que las autoridades señaladas como responsables dieran contestación a la solicitud que formuló la parte quejosa; es decir, para que emitiera la respuesta a lo pedido, lo que no ha llevado a cabo. Es aplicable al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Sexta Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 266302, que expresa: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía.". También, resulta aplicable en la especie, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro 237232, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones.". En consecuencia, en el caso se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa para el efecto de que el Ayuntamiento, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cabildo, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en forma inmediata: Emitan contestación al escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, por el que la parte quejosa solicitó se dictaminara la procedencia del otorgamiento de la pensión por viudez y, de ser procedente, se elabore el decreto de pensión correspondiente. Notifique, en términos de la ley que rija su actuar, su respuesta a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto. En el entendido de que lo resuelto en esta sentencia no obliga a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido, ello en virtud de que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional tiende a asegurar la emisión de una respuesta que sea congruente, completa, rápida y sobre todo, fundada y motivada, no así a que necesariamente se resuelva en los términos solicitados por el peticionario. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jéssica Marquina Arias, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el quinto y para los efectos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Asuntos de la Juventud; Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social; Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; Ciencia y Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios; Turismo; Derechos Humanos; Gobernación y Reglamentos, Regidora de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo; Protección del Patrimonio Cultural; y Regidora de Educación, Cultura y Recreación; Relaciones Públicas; Comunicación Social; Igualdad y Equidad de Género; todos Integrantes del Cabildo y de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados. De conformidad con el numeral 9° de la legislación aludida, se tienen como delegados los que señala. Pruebas. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Medios Electrónicos. Por cuanto a la solicitud de autorización de la toma de registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico de las constancias que obran en el presente expediente; de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad responsable, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a las autoridades responsables Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Cabildo Municipal, ambos del Ayuntamiento antes referido, mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, para efecto de rendir los informes justificados correspondientes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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