Jessica María Pozo Chaveco
Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jessica María Pozo Chaveco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
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mesa En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Jorge Tesla Salazar de la Cruz, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 747/2021-8, promovido por Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis aislada con registro digital 206494, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Primera Parte, de Julio-Diciembre de 1989, cuyo rubro dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en: 1. Copia fotostática del pasaporte número K459093, con fecha de emisión cuatro de abril de dos mil diecinueve, a nombre de Jessica María Pozo Chaveco, expedida por el registro nacional de las personas, de la República de Cuba. 2. Copia fotostática del pasaporte número K028297, a nombre de Alejandro Infante Cruz, con fecha de emisión veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 3. Copia fotostática del pasaporte número 1526028, a nombre de Yusniel Hernández Dorta, con fecha de emisión doce de enero de dos mil quince, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 4. Copia fotostática del pasaporte J735375, a nombre de Alexander Matos Puisseaux, con fecha de emisión siete de diciembre de dos mil diecisiete, expedida por el registro nacional de las expedidas por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 5. Copia fotostática del pasaporte K619745, a nombre de Salvador Pereira Hernández, con fecha de emisión veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, expedida por el registro nacional de las expedidas por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 6. Copia fotostática del pasaporte J903552, a nombre Juan Alexi Rivero Requena, con fecha de emisión de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 7. La presuncional legal y humana. 8. La instrumental de actuaciones, consistente en las contancias que integran el presente juicio. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 747/2021-8, promovido por Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena, contra los actos que reclama del Instituto Nacional de Migración (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 17, párrafo segundo, 33 primero párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida a las dieciséis horas con catorce minutos del seis de julio de dos mil veintiuno, por conducto de la Secretaria de Guardia de este órgano jurisdiccional, Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: La deportación, la privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto Nacional de Migración (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 747/2021-8 y se previno a los quejosos en los siguientes términos: Por tanto, con fundamento en los artículos 108, facción IV, en relación con el numeral 114 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído; por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda conforme a lo siguiente: ÚNICO. Deberán precisar qué actos reclaman a las autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a ellas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del precepto 114 de la Ley de Amparo, se admitirá únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad, que señalo en su escrito inicial de demanda; y no se tendrán por autoridades a las ordenadoras y ejecutoras distintas." Determinación que les fue notificada personalmente a la autorizada de los impetrantes de amparo el siete de junio de dos mil veintiuno, y por lo tanto transcurrió del nueve al quince de julio del presente año, sin que desahogarán la aludida prevención. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento precitado a los impetrantes y se admitió a trámite la citada demanda de amparo únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco), que señaló en su escrito inicial de demanda, a la que se ordenó requerir para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de deportación. La privación de la libertad o posible detención. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los aludidos actos reclamados por haberlos negado al rendir su informe justificado la Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable. En efecto, la autoridad responsable manifestó que no eran ciertos los actos reclamados por Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena, toda vez que no se encontraban a su disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, por lo que es imposible realizar los actos de deportación, detención y su ejecución. En ese orden de ideas, se tiene por inexistente el acto reclamado de la referida autoridad responsable. Máxime, que no existe prueba alguna en autos, de la que se advierta la existencia por lo que respecta a la orden de deportación un procedimiento en contra de las quejosas para resolver su situación migratoria, ni tampoco la existencia de algún acuerdo de presentación emitido por el Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, o en su caso que se encuentren privados de su libertad, pues como se precisó la responsable manifestó que los quejosos no se encontraban a su disposición. De ahí que los actos reclamados no existen. Sumado a que los promoventes no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento. No obsta a lo anterior, que la parte quejosa, haya exhibido copias simples de los pasaporte, expedidos por la República de Cuba, a nombre de cada uno de los quejosos. Sin embargo, al tratarse de copias fotostáticas simples, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno, y por lo tanto conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes para en este asunto acreditar la existencia de los actos reclamados, en virtud de que los mismos únicamente acreditan la identidad de las personas. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 132, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad responsable Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y en contra de la emisión de alguna orden de deportación emitida en contra de la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2562, Libro 64, de Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SI SE RECLAMAN EN EL AMPARO INDIRECTO, Y EN EL INFORME JUSTIFICADO SE NIEGA SU EXISTENCIA, ES IMPROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, AL NO CORRESPONDER AL QUEJOSO DEMOSTRAR QUE NO FUE OBJETO DE AQUÉLLOS, SINO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITAR QUE NO SE LE INFIRIERON, Y AL JUEZ DE DISTRITO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INVESTIGARLOS.- Cuando se reclaman en el juicio de amparo indirecto actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la tortura psicológica, física y violaciones a la dignidad humana, y la autoridad responsable en su informe justificado niega su existencia, es improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, porque no corresponde al quejoso demostrar su existencia, sino que compete a la responsable acreditar que los malos tratos reclamados no se infirieron, pero no sólo con exponer que no son ciertos, sino demostrando su inexistencia; de ahí que el Juez de amparo, ante el reclamo de actos de tortura, debe efectuar una investigación al respecto con apoyo en el artículo 1o. constitucional, por lo que, previo a que declarara la inexistencia de esos actos reclamados por los quejosos privados de su libertad, tenía la obligación, pues así lo prevén la Ley Suprema, diversos instrumentos internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de llevar a cabo, dentro del ámbito de su competencia, los procedimientos necesarios no sólo para dar vista a la autoridad respectiva con la denuncia de tortura, sino también de aquellos tendientes a corroborar la existencia o no de lo reclamado en la demanda de amparo. Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto. Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena, contra los actos reclamados y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese el informe justificado, rendido por la Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en representación del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco), autoridad señalada como responsable, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona la autoridad oficiante, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Vista; la certificación que antecede, se advierte que los quejosos, no dieron cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, en el lapso concedido para ello; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las ordenadoras y ejecutoras que citaron en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, se da trámite a la demanda instada por los impetrantes de amparo Jessica María Pozo Chaveco, Alejandro Infante Cruz, Yusniel Hernández Dorta, Alexander Matos Puisseaux, Salvador Pereira Hernández y Juan Alexi Rivero Requena; contra los actos que reclaman del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco), que estiman violatorios de los artículos 1, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a los promoventes ofreciendo como pruebas en el presente asunto. 1. Copia fotostática del pasaporte número K459093, emitida el uno de febrero de dos mil diecinueve, a nombre de Jessica María Pozo Chaveco, expedida por el registro nacional de las personas, de la República de Cuba. 2. Copia fotostática del pasaporte número K028297, a nombre de Alejandro Infante Cruz, el trece de marzo de dos mil diecinueve, expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 3. Copia fotostática del acta de nacimiento número, 1526028, a nombre de Yusniel Hernández Dorta, de veintisiete de Agosto de quince, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 4. Copia fotostática del pasaporte J735375, a nombre de Alexander Matos Puisseaux, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 5. Copia fotostática del pasaporte K619745, a nombre de Salvador Pereira Hernández, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 6. Copia fotostática del pasaporte J903552, a nombre Juan Alexi Rivero Requena, expedida por el registro nacional de las expedida por el registro nacional de las personas de la República de Cuba. 7. La presuncional legal y humana. 8. La instrumental de actuaciones. Probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. En lo que respecta a las pruebas supervenientes que menciona, dígase que una vez exhibidas se acordará lo conducente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. INCIDENTE. No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada el seis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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