Jessica Margarita Hurtado Ríos
Expediente 645/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jessica Margarita Hurtado Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve (foja 88), en la cual se negó el amparo y la protección federal en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve (foja 88), en la cual se negó el amparo y la protección federal en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 645/2019-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de septiembre de dos mil diecinueve (depositado en el buzón de la mencionada oficina el treinta de agosto de dos mil diecinueve), turnado a este Juzgado el día hábil posterior, *******, por conducto de su defensor, promovió demanda de amparo en contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIHUAHUA, con domicilio en Barranco Azul s/n de la Colonia Toribio Ortega en esta ciudad, como ordenadora y ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO.- Del C. Juez de Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos reclamo el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado el 09 de agosto del 2018, dentro de la causa penal *******. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La accionante del amparo señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 17), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a la autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. Tercero. Existencia de actos. La Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (fojas 25 a 41), con sede en esta ciudad, manifestó que el auto de vinculación a proceso que le fue reprochado, es cierto. Ello se corrobora no solo de lo expuesto por la autoridad responsable en ese sentido, sino que se desprende de la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en contra de la aquí quejosa, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, así como con los registros de audio y video certificados de las audiencias relativas, que también fueron enviados. Asimismo, la audiencia inicial de seis de agosto de dos mil diecinueve, es existente, al así advertirse del registro digital de audio y video certificado de la diligencia respectiva; ello, a pesar de que no se cuente con la transcripción relativa, toda vez que sí obra la videograbación en soporte material en la que se registró de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la misma, cuyo contenido inserto fue videograbado de principio a fin. En efecto, dicho registro digital es constancia válida que dota de seguridad jurídica a la imputada, en términos del precepto 19 de la Carta Magna, sin que deba necesariamente encontrar su reproducción en papel, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), Décima Época, septiembre de dos mil diecisiete, libro 46, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). Tales pruebas poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una funcionaria dotada de fe pública, como lo es la propia Juez de Control responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua . Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo , en virtud de la especial situación en que se encuentra la aquí quejosa, esto es, en su carácter de imputada en la causa penal ******* que se instruye en su contra. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso , para el mismo efecto precisa: Artículo 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; y finalmente, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Lo cual, como fue acotado en el considerando tercero, dado que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal, basta con que exista la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), ya invocada, sin que el mandamiento de autoridad de que se trata, deba indefectiblemente encontrar su reproducción en papel. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, segundo párrafo, 82, fracción I y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua , pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, la quejosa estuvo asistida en todo momento de su defensor (primero, de su defensor público y posteriormente, de sus defensores particulares, nombrados en audiencia de ocho de agosto del año en curso); asimismo, se le dio la oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que la Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso; asimismo, estimó que de los datos que, hasta ese momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que la aquí quejosa haya participado, en calidad de coautora, en la comisión del ilícito mencionado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación de la imputada en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinticinco años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de las fracciones X y XI del presente artículo: (.) II. Existe ventaja: a) Cuando el agente es superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halla armada; (.) d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito de homicidio, es necesario que se prive de la vida a otra persona, para lo cual, obvio es, debe acreditarse la preexistencia de la vida, así como su interrupción por un agente diverso a la propia víctima; se estimará como mortal una lesión, cuando el fallecimiento se deba a las alteraciones, consecuencias inmediatas o complicaciones causadas aquélla; asimismo, el delito de que se trata se considerará calificado, entre otros supuestos, cuando el agente sea superior en fuerza física a la víctima y ésta no se encuentre armada o bien, se encuentre caída y el agente armado o de pie. Al respecto, el Juez de Control responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, el mencionado hecho ilícito, y para determinarlo tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: 1. Parte policiaco de la agente estatal de la División Investigación ******* de diez de diciembre de dos mil doce; 2. Entrevista con *******, verificada el once de diciembre de dos mil doce, quien se encontraba con la víctima al momento del ataque (copiloto), en el mismo vehículo automotor, al arribar juntas al bar denominado *******; 3. Entrevista con *******, "parquero" del bar denominado *******, donde fue llevada a cabo la agresión, de fecha once de diciembre de dos mil doce; 4. Entrevista con *******, empleada de una sala de masajes que se encuentra en la planta baja del sitio donde se encuentra el bar *******, en la misma fecha; 5. Entrevista con *******, empleada de una sala de masajes que se encuentra en la planta baja del sitio donde se encuentra el bar *******, en la misma fecha; 6. Informe pericial en materia de necrocirugía elaborado por la doctora *******, médico forense adscrita a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte; 7. Dictamen pericial en materia de balística forense emitido por el perito ******* adscrito Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte; 8. Protocolo de identificación de cadáver llevado a cabo ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal Zona Norte; 9. Declaración rendida por el entonces menor *******, ante el agente del Ministerio Público, su defensor público, un perito especializado en materia de psicología y sus padres; 10. Parte informativo de dieciocho de diciembre de dos mil doce, donde el agente *******, adscrito a la División de Investigación del Área de Adolescentes Infractores, hizo constar que al acudir al espacio libre señalado por el entonces menor de edad *******, como el lugar donde previo al ataque, probó el arma, localizó dos casquillos nueve milímetros (9 mm); 11. Reconocimiento de persona efectuado por *******, testigo presencial de los hechos, del menor *******, como el atacante de la víctima; 12. Diligencia de reconocimiento de persona mediante exhibición de fotografías por parte del menor ******* (acompañado de su defensor, padres, agente del Ministerio Público y psicólogo). De los cuales, acertadamente concluyó, que el diez de diciembre de dos mil doce, se cometió el hecho señalado en la ley como delito de homicidio calificado sobre la víctima que en vida llevara el nombre de *******, respecto al cual, existe la probabilidad de que la aquí quejosa haya participado en su comisión en calidad de coautora, pues se desprendieron datos compatibles con tal posibilidad. En primer término, como lo adecuadamente determinó la Juez de Control responsable, para acreditar la existencia del delito en comento es necesario que se demuestre a) la cesación de la vida humana y b) que dicha interrupción se produzca por causas atribuibles a persona distinta de la víctima. Tales extremos, como indicó la Juez responsable, están actualizados; primero, en cuanto a la existencia de la vida humana, tuvo el elemento colmado con las manifestaciones de ******* y *******, quienes al comparecer ante el órgano investigador y al tener a la vista diversas fotografías del cuerpo sin vida de la víctima, confirmaron que se trataba de ******* y dieron cuenta de la relación que los unía a ésta (tía y padre, respectivamente). Asimismo, consideró el diverso dato de prueba consistente en el informe policial signado por la agente de la policía Estatal Investigadora *******, quien acotó que el diez de diciembre de dos mil doce, recibió aviso a través del cual le fue informado que una mujer que fue lesionada por arma de fuego, se encontraba en el área de urgencias del hospital denominado *******; ulteriormente, luego de acudir al mencionado nosocomio, así como al bar denominado ******* -donde se le indicó que la víctima sufrió el ataque- fue informada por parte del personal de la institución médica ya aludida, que la víctima había fallecido a las veintiún horas con veinte minutos de la mencionada data (21:20), por lo que se constituyó nuevamente en dicho sitio y pudo advertir el cuerpo sin vida de la víctima, el cual a simple vista presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Aunado a lo anterior, la Juez responsable tomó en cuenta para la acreditación del mencionado elemento, el examen de necrocirugía practicado por la médico legista *******, quien dijo que al analizar el cuerpo sin vida de la víctima, encontró lesiones externas producidas por proyectiles de arma de fuego y concluyó que la muerte fue ocasionada por choque hipovolémico consecutivo a laceración de arteria iliaca izquierda, consecutivo a herida producida por proyectil de arma de fuego disparada en abdomen. Por ello, la Juez responsable acertadamente concluyó que el deceso de la víctima no fue por causas naturales, sino como consecuencia directa de las lesiones por proyectil de arma de fuego que le fueron provocadas en el ataque que sufrió, lo cual se produjo alrededor de las diecinueve horas con quince minutos, en el exterior del bar denominado ******* ubicado en las calles *******, en esta localidad. Enseguida, en cuanto al segundo componente, consistente en que la interrupción de la vida se produzca por causas atribuibles a persona distinta de la víctima, la Juez responsable estimó correctamente que el mismo también se había actualizado, al considerar el tipo de lesiones encontradas en el cadáver de la víctima. Con relación a ello, sopesó lo expuesto por la persona de nombre *******, quien acompañaba a la víctima y presenció el hecho ilícito de que se trata, pues era copiloto del vehículo que maniobraba ésta: un automotor marca *******, línea *******, color *******; quien refirió que acababan de llegar al bar denominado *******, donde ambas trabajaban, que ella se disponía a bajarse del automotor, cuando la víctima, a quien se conocía como *******, se dispuso a tomar su bolso, adujo que luego observó a un varón joven, vestido de negro que venía del camellón, quien inició a disparar a *******, mientras ella, *******, se agachó y colocó detrás de la puerta trasera del lado del copiloto del automóvil, para posteriormente ver al agresor huir corriendo. Conjuntamente, tomó en cuenta lo señalado por el entonces menor de edad de nombre *******, quien adujo que acudió al bar denominado *******, vestido de color negro, en compañía de otra persona, quien le proporcionó un arma de fuego y le indicó a quién debía privar de la vida, para lo cual, detonó en cinco ocasiones el arma de fuego contra la humanidad de la víctima, quien iba acompañada de una amiga, que ésta se colocó en el suelo; que efectuadas las detonaciones, ambos huyeron del lugar; aunado a lo anterior, la Juez responsable relacionó que tal persona señaló que un día anterior al ataque, probó el arma de fuego que utilizaría para ese fin, en un terreno baldío cercano al bar donde ello ocurrió. Dato de prueba que además relacionó con las diversas entrevistas realizadas por la mencionada agente a *******, ******* y *******, al ser personas que dieron cuenta de los eventos de los que conocieron a través de sus sentidos y fueron unánimes en precisar que observaron a la persona que en vida llevara el nombre de *******, lesionada en el piso, al costado de un vehículo automotor color ******* y las dos segundas, adujeron además haber escuchado las detonaciones. Así, fueron valorados por la Juez responsable tales datos de prueba, quien consideró, acertadamente, al analizarlos en su conjunto , que eran bastantes para acreditar el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de la persona que en vida llevara el nombre de *******, conocida como *******, el diez de diciembre de dos mil doce, al exterior de la negociación denominada *******, ubicada en las calles *******, en esta localidad, de manera consciente y voluntaria por el entonces menor de edad *******, quien acompañado de otra persona que le proporcionó el arma de fuego, abatió a la pasivo del ilícito al dispararle en cinco ocasiones, provocándole lesiones que trajeron como consecuencia su muerte a causa de choque hipovolémico consecutivo a laceración de arteria iliaca izquierda, contiguo a herida producida por proyectil de arma de fuego disparada en abdomen. Ahora bien, por lo que hace a la calificativa del mencionado ilícito, prevista en el artículo 136 del Código Penal del Estado, fracción II, incisos b) y d), tal como lo consideró la Juez responsable, también está demostrada -en grado de probabilidad en la etapa procesal de que se trata- pues de los antecedentes que narró el agente del Ministerio Público, efectivamente se desprenden datos en el sentido de que se colmaron las hipótesis reseñadas por las mencionadas fracciones. En efecto, la Juez responsable consideró correctamente que los supuestos contemplados en las fracciones aludidas del numeral en cita, se vieron colmadas, tomando en consideración para ello, lo dicho por el menor de edad en aquella fecha, de nombre *******, quien indicó que se constituyeron en el multicitado bar él y diversa persona del sexo femenino, quien condujo hasta el sitio una ******* color ******* y le proporcionó un arma de fuego, con la que él disparó a la víctima; circunstancia que la Juez responsable estimó verosímil al ser conteste con los vestigios encontrados en el cuerpo de ésta, esto es, las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Además, la Juez responsable estimó que de las lesiones que la médico legista *******, pudo advertir del cuerpo sin vida de la víctima, se desprende que se utilizó un arma de fuego, sin que se coligiera de forma alguna, que la persona que se hacía llamar *******, estuviera armada; ante tal situación, la Juez responsable estimó que el activo era superior a la víctima por el arma empleada y consciente de dicha ventaja, pues acudió al ataque con la seguridad de no correr el riesgo de ser muerto o herido, precisamente por portar un arma de fuego; además, tomó en cuenta lo dicho por *******, quien adujo que la pasivo del delito fue atacada justo cuando extraía su bolsa del automóvil que momentos antes tripulaba, recibiendo los impactos por arma de fuego en el lado izquierdo de su cuerpo, situación que quedó demostrada con la necropsia ya reseñada. Enseguida, en cuanto a la probable participación de la aquí solicitante del amparo en el hecho ilícito de que se trata, la Juez responsable consideró que los datos de prueba que le fueron expuestos por la representación social, fueron asaces para tener aquélla por acreditada -en grado de probabilidad-. Ello, pues la Juez responsable sopesó la declaración rendida por el entonces menor *******, en la que dijo que privó de la vida a la víctima, a petición de la aquí quejosa -quien era su vecina y a quien refirió conocer desde hace cinco años, a quien describió como chaparrita, de un metro con cincuenta centímetros de estatura aproximadamente, caderona, tez morena clara, cabello negro y con dos tatuajes- y que fue ésta quien le proporcionó el arma de fuego y lo llevó al lugar donde el ilícito aconteció, y que lo esperó para huir luego de ejecutado el ataque, revelaciones que la responsable en comento ya había tomado en cuenta a manera de indicio, pues fueron vertidas ante autoridad competente, por una persona que participó en el evento delictivo y que reconoció su intervención en el mismo, asistido por un defensor, acompañado de sus padres, y de personal experto en psicología, al no tener la mayoría de edad en esa época; asimismo, la Juez responsable, en relación a lo anterior, consideró que el referido menor, al tener a la vista diversas fotografías, reconoció a la imputada como quien lo llevó al bar *******, le proporcionó el arma de fuego y lo recogió después del ataque. Aunado a lo previo, la Juez responsable concatenó a la consideración de tales datos de prueba, las afirmaciones expuestas por *******, quien indicó que pudo observar cuando la víctima, al tomar su bolso de mano de su auto *******, color *******, fue atacada por una persona del sexo masculino que venía del camellón, el cual comenzó a dispararle sin mediar palabra alguna; que éste, era alto, delgado, joven y vestía ropa oscura; circunstancias que también refirió *******, al admitir que para agredir a la pasivo, se colocó cerca del camellón y que vestía en ese momento de color oscuro, así como que la pasivo llegó al sitio en un vehículo *******, color *******. También, tomó en cuenta que aquélla identificó al entonces menor de edad, como el atacante de *******. La Juez responsable, además, tomó en consideración los hallazgos recabados por el agente de nombre *******, adscrito a la División de Investigación del Área de Adolescentes Infractores, quien, en atención a los datos aportados por el entonces menor de referencia, quien dijo haber llevado a cabo dos detonaciones para probar el arma de fuego, previo al ataque y luego de dirigirse al lugar donde dicha persona precisó que lo efectuó, localizó dos casquillos nueve milímetros (9mm), lo que, a consideración de la Juez, confirmó la información aportada por el menor. Por lo anterior, la Juez responsable, acertadamente, concluyó que quedó acreditado, en estándar de posibilidad, que la aquí quejosa participó -en calidad de coautora- en la comisión el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la persona que en vida llevara el nombre de *******, sin que, hasta ese momento, más allá de toda duda razonable, haya sido acreditada una causa de extinción de la acción penal ni excluyente de incriminación que hacer valer, motivo por el cual, se estima, correctamente, emitió auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa. Enseguida, la Juez de Control responsable se hizo cargo de los argumentos que esgrimió la defensa de la imputada, quejosa en este juicio de amparo. Respecto al argumento que vertió la defensa, en el sentido de que la declaración emitida por el entonces menor de edad *******, al estar detenido por la aparente comisión de diverso delito, a través de la cual admitió que tuvo participación en el hecho ilícito de que se trata e indicó que la aquí quejosa también intervino, no pudo ser vertida de forma voluntaria, la Juez responsable acertadamente calificó como subjetiva dicha apreciación, al acotar que no obra dato de prueba alguno que revele lo contario y el hecho de que se encontrara detenido no es una prueba fehaciente de que se le haya compelido a declarar; asimismo, señaló que si bien es cierto, el referido menor se autoincriminó, ello no es un dato suficiente para desestimar su dicho, pues tal circunstancia, por sí misma, no invalida sus manifestaciones, pues en esa etapa procesal se allegaron datos de convicción, que analizados en su integridad, hicieron verosímil lo expuesto por el entonces menor de edad, con lo que converge el suscrito, si se toma en consideración que el derecho a la no autoincriminación es renunciable, por lo que, si bien el imputado no puede ser obligado a autoincriminarse, lo cierto es que si lo puede hacer de manera espontánea y voluntaria. Luego, respecto a lo expuesto por el defensor de la aquí quejosa, en el sentido de que no se demostró el motivo por el que se privó de la vida a la víctima, la Juez responsable adecuadamente acotó que el hecho delictivo en estudio, no requiere que se demuestre tal extremo, por lo cual, indicó a aquél, que la ausencia de tal elemento no impactó en las exigencias para el dictado de un auto de vinculación a proceso. En momentos posteriores, respecto a lo argumentado por la defensa, en el sentido de que la declaración del (entonces) menor de referencia, provino de inicio de una entrevista que le realizó un agente investigador, aunque haya sido perfeccionada posteriormente con los requisitos de Ley, la Juez responsable le indicó que al margen de que fueran o no perfeccionadas las manifestaciones con actuación ministerial, lo cierto es que en ambas, dicha persona hizo un señalamiento en contra de la imputada, y que en ese momento procesal, tal autoridad debía tomar en cuenta datos que hicieran probable la participación de la imputada y el hecho de que en un segundo momento se hayan realizado las manifestaciones en comento con las formalidades que la ley exige, hicieron posible que subsistieran las afirmaciones de *******. Enseguida, por lo que hizo a lo señalado por la defensa, en el sentido de que la aquí quejosa, aparentemente, no tenía en su humanidad tatuaje alguno, contrario a lo indicado por el entonces menor, quien adujo que tenía dos, la Juez responsable precisó que aún en el caso de que la imputada no tuviera los grabados a que adujo el declarante, sí coincidió con el resto de las características físicas y personales que apuntó al efectuar su reconocimiento, lo cual se estima correcto, pues incluso los referidos tatuajes podrían haber sido temporales o posteriormente removidos, por lo que tal circunstancia no afecta el señalamiento que realizó el menor contra la quejosa. Por otra parte, en cuanto al argumento vertido por la defensa, mediante el cual indicó que no se justificó de manera adecuada la forma en que se adquirió la fotografía en que se apoyó el reconocimiento de la imputada y que la persona que ahí aparece no es su representada, la Juez responsable le contestó que ello no era bastante para mermar crédito a ese dato de prueba, en virtud de que el agente investigador *******, fue claro en señalar que adquirió la fotografía a través del nombre completo de la imputada y que el señalamiento de que ésta no era la persona fotografiada, era una apreciación subjetiva, por lo cual, si pretendía negarlo, debía hacerlo a través del apoyo en algún medio de prueba. Por último, en cuanto a lo expuesto por el abogado defensor, en el sentido de que el único dato de prueba con que se contaba, era la declaración del entonces menor de edad, ya referido, por lo que se trataba de un testigo singular, la Juez responsable le indicó que dada la naturaleza de los delitos como el que se trata, generalmente se cometen con ausencia de testigos fuera de los intervinientes, por lo que difícilmente podría recabarse una amplia gama de datos de prueba para demostrar el hecho ante la clandestinidad con la que se procura efectuar esa clase de delitos; no obstante ello, al menos una persona lo presenció, esto es, *******, acompañante de la víctima, quien difícilmente pudo percibir la presencia de la imputada en el lugar. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, corresponde ahora analizar el concepto de violación formulado por el defensor de la quejosa, mediante el cual argumenta concretamente lo siguiente: a) Que se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas tanto en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal, como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos , toda vez que estima que la Juez responsable hizo una incorrecta valoración de los datos de prueba, en virtud de que, a pesar de que el entonces menor de edad de nombre *******, se autoincriminó y a partir de ahí se relacionó la presunta intervención en el mencionado delito por parte de la aquí quejosa, tomó dicha autoincriminación como única base para la emisión del auto de vinculación a proceso aquí reclamado, por lo cual considera que tal declaración debería ser excluida de los datos de prueba. b) Que dicha autoincriminación fue utilizada para "crear" nuevos datos de prueba, como lo es el reconocimiento de persona por fotografía, sin que se haya podido explicar de dónde se obtuvo tal imagen, cuestión que violenta el derecho humano a la intimidad de la aquí quejosa. c) Que las periciales en balística y necropsia, no son determinantes respecto de la autoría o responsabilidad, en grado de probabilidad, de su representada. d) Que no se tomaron en consideración las tesis aisladas que hizo del conocimiento de la Juez responsable, identificadas bajo los números de registro 2019179, 2007946, 2009457, 160500 y 176577, y por las cuales considera que la autoincriminación del referido menor que se presentó como dato de prueba, debía ser declarada nula y excluirse. La totalidad de dichos argumentos, son infundados. El anterior aserto, toda vez que, contrario a lo expuesto por el defensor de la quejosa, la Juez de Control responsable, no le otorgó valor probatorio a los datos de convicción aportados, como tal, sino que atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y al diverso numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, tomó en cuenta únicamente los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos denunciados configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que la imputada haya participado, en grado de coautora, en su comisión. Aunado a ello, no es cierto que la Juez de Control responsable, haya tomado en cuenta para la emisión del auto de vinculación a proceso reprochado, únicamente la declaración vertida por el entonces menor de edad *******, pues como ya se expuso al realizar el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, la Juez responsable, para estimar que se encuentra demostrada la probabilidad de que la quejosa haya participado en la comisión del delito que se le imputó, sí tomó en cuenta las manifestaciones vertidas por tal persona, pero además, las afirmaciones expuestas por *******, testigo presencial de los hechos; el dictamen en necrocirugía elaborado por la doctora *******, médico forense adscrita a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte; el dictamen pericial en materia de balística forense emitido por el perito ******* adscrito Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte; el protocolo de identificación de cadáver llevado a cabo ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal Zona Norte, por parte de ******* y ******* (tía y padre de la persona que en vida se hacía llamar *******) el parte informativo del agente *******, adscrito a la División de Investigación del Área de Adolescentes Infractores; el reconocimiento de persona efectuado por *******, testigo presencial de los hechos, del menor ******* como el atacante de *******; las entrevistas realizadas a *******, ******* y *******, así como la diligencia de reconocimiento de persona mediante exhibición de fotografías por parte del menor ******* (acompañado de su defensor, padres, agente del Ministerio Público y psicólogo), donde señaló a la aquí quejosa como quien también participó en el ilícito. De ello, no se estima que haya datos prueba insuficientes, sino que, contrario a ello, todos los datos de prueba descritos en el párrafo que antecede, fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por la Juez de Control responsable, para arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que la quejosa haya participado, en calidad de coautora, en la comisión del delito que se le imputa. Asimismo, contrario a lo estimado por la parte quejosa, en la hipótesis fáctica sujeta a análisis, el entonces menor de edad *******, no es un testigo singular de los hechos, pues a pesar de que ciertamente, fue testigo de los mismos, además, tuvo el carácter de partícipe en ellos, situación que no evadió al señalar que la aquí quejosa fue quien le proporcionó el arma, lo llevó al lugar del evento y le indicó a quién debería atacar; asimismo, es evidente que la citada persona no tiene el carácter de testigo singular, como aduce la accionante del amparo, pues existió la testigo presencial de los hechos ilícitos de nombre *******, quien acompañaba a la víctima al momento de lo sucedido, como copiloto del vehículo que ésta, momentos antes, maniobraba y en el cual llegaron juntas al bar denominado *******, empero, dadas las particularidades del delito de que se trata, como lo acotó la Juez responsable, difícilmente pudo percibir la presencia de la imputada en el lugar. Además, tal como lo precisó la Juez responsable, la autoincriminación vertida por el entonces menor de edad *******, que un primer momento se verificó ante agentes investigadores y enseguida fue efectuada ante la presencia del agente del Ministerio Público, asistido de un defensor, ante la presencia de un profesional en materia de psicología y de sus progenitores, en ambos momentos, coincidió en el sentido de que la aquí quejosa participó en el ilícito en comento. Por tanto, si a raíz de las declaraciones del menor de edad -en aquel tiempo-, se iniciaron las investigaciones por la probable intervención en el mismo de la aquí quejosa, ello devino de las facultades y obligaciones de la policía de investigación, contempladas en el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado , entre las que se encuentra, recibir noticias de los hechos presuntamente constitutivos del delito y recopilar información sobre los mismos. De tal suerte que, la obtención de una fotografía de la aquí quejosa por parte del agente que en ese momento estaba a cargo de la investigación, no es de manera alguna, violatorio de la intimidad de la imputada, pues además de que el referido agente se encontraba facultado para recopilar información al respecto, así como para recabar los datos que sirvieran para la identificación de los intervinientes del ilícito, también estaba conminado a ello, en términos del referido numeral, sumado al hecho de que, tal como lo expuso la Juez responsable, la mencionada fotografía fue obtenida por el citado agente, no que se desconoce de dónde provino, como aduce. En esa línea de ideas, no sucedió, como estima la solicitante del amparo, que se hayan "creado" datos de prueba a partir de la autoincriminación efectuada por el menor -respecto a lo cual, debe acotarse, que en su caso, repercutió en su contra- sino que, de conformidad con el citado dispositivo, ante la probabilidad de la participación de diversa persona en la comisión del ilícito de referencia, debía iniciarse una investigación al respecto, para lo cual, el mencionado agente se encontraba facultado, por ejemplo, para entrevistar a los testigos presumiblemente útiles, recopilar información, así como para recabar los datos que sirvieran para la identificación de los imputados. Además, la situación de que el entonces menor de edad se haya autoincriminado, tal como lo estimó la Juez responsable, es un dato insuficiente para desestimar su dicho, pues tal circunstancia, por sí misma, no invalida sus manifestaciones, pues el derecho a la no autoincriminación implica que no pueda obligársele a autoincriminarse, sin que ello impida que lo haga de manera espontánea y/o voluntaria, además de que en esa etapa procesal, se allegaron datos de convicción, que analizados en su integridad, hicieron verosímil lo expuesto por el entonces menor de edad. En consecuencia, este Juez de control constitucional y convencional, estima acertado el hecho de que la Juez responsable haya tomado en consideración, como dato de prueba indiciario de la responsabilidad de la imputada en la comisión del delito de que se trata, la declaración autoincriminatoria de la persona de nombre *******. Enseguida, respecto a lo expuesto por el defensor de la quejosa en el sentido de que las periciales en balística y necropsia, no son determinantes respecto de la autoría o responsabilidad, en grado de probabilidad, de su representada, como se ha venido acotando, la Juez responsable realizó un análisis sistématico del cúmulo de datos de prueba que le fueron señalados por el agente del Ministerio Público, de tal suerte que, contrario a lo que estima, la probable responsabilidad de la imputada no devino únicamente del análisis de las citadas periciales, sino del conjunto de datos de prueba que fueron hechos de su conocimiento. Luego, por lo que hace a lo expuesto en el ocurso de amparo, con relación a que no se tomaron en consideración las tesis aisladas que citó la defensa, identificadas bajo los números de registro 2019179, 2007946, 2009457 y 176577, se procede a continuación a efectuar el análisis respectivo a su no obligatoriedad para ello, situación que adecuadamente acotó la Juez responsable. Lo anterior, pues la totalidad de los aludidos criterios, como se indicó, son aislados, por lo que su aplicación, dada esa naturaleza, no resulta obligatoria, sin embargo, es menester en este medio de control constitucional y convencional, externar las razones por las cuales se separa de las consideraciones vertidas en ellos. Primero, por lo que hace a la tesis aislada identificada bajo el número de registro 2019179, del rubro: DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. SI LOS POLICÍAS CAPTORES, POR SÍ Y SIN LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, TOMARON LA DECLARACIÓN AUTOINCRIMINATORIA DEL IMPLICADO CONTENIDA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO ES LEGAL QUE EL JUEZ DE CONTROL, EN SU DECISIÓN, NO LA CONSIDERE Y LA EXCLUYA DEL MATERIAL PROBATORIO, no beneficia a la quejosa, pues, como ya fue expuesto, la autoincriminación del entonces menor de edad de referencia, se vio expuesta ante el agente del Ministerio Público, en presencia de su defensor, padres y un experto en psicología, por lo que, a pesar de que en un primer momento, las revelaciones se hayan vertido ante agentes policiacos, posteriormente, fue el deseo de tal persona verterlas en sede ministerial. Enseguida, respecto a la tesis aislada 2007946 del rubro DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN), en virtud de que la parte quejosa no demostró eficazmente, de forma alguna, que la detención del entonces menor de edad de referencia, fue prolongada, además de que dicha situación escapa a la litis de este juicio, en virtud de que no es tal persona el aquí quejoso. Luego, por lo que hace a la tesis aislada identificada con el número de registro 2009457, del epígrafe DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO, alude a que el derecho a la no autoincriminación no sólo comporta el derecho a guardar silencio, sino también a una prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño; sin embargo, tal como lo acotó la Juez responsable, la aquí quejosa no demostró de forma alguna que dichas manifestaciones fueron vertidas mediante coacción o trampa. Por lo que hace a la tesis aislada registrada con el número 176577, del título CONFESIÓN DE UN TERCERO EN UNA CAUSA PENAL. AL NO SER UNA PRUEBA TASADA, POR TENER EL CARÁCTER DE UN TESTIGO, EL INDICIO SINGULAR QUE DE ELLA SE DESPRENDE DEBE SER APRECIADO EN CONGRUENCIA CON LOS RESTANTES MEDIOS DE CONVICCIÓN, la misma alude, en grandes rasgos, a que el indicio singular obtenido a través de quien dice ser testigo del ilícito, debe ser analizado en armonía con los restantes datos de prueba aportados, lo que en el caso, como se ha venido acotando, se estima que ocurrió. Finalmente, por lo que hace a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 140/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 160500, que invoca la parte quejosa, se tiene que la misma alude a que la eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca garantías procesales, la forma en que se practica la diligencia, o bien, derechos sustantivos en favor de la persona. Empero, no se estima que en el caso se actualice alguna de las hipótesis contempladas por el criterio en comento, toda vez que la defensa de la indiciada no aportó dato de prueba alguno, en la etapa pertinente, en la causa penal de la que deriva lo aquí combatido, tendiente a demostrar, aun indiciariamente, que se vulneró derecho fundamental alguno en perjuicio del entonces menor multicitado. Dicho criterio es del siguiente contenido: PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA. La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente. En virtud de lo anterior, el proceder de la Juez responsable, se estima acertado, pues tal como ella lo mencionó, conforme a los numerales 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, es dable concluir, en este momento, que probablemente la aquí quejosa participó en el hecho que la ley señala como homicidio calificado, cometido en perjuicio de la víctima que en vida llevara el nombre de *******. Se reitera, la Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditado el delito y que fue la imputada quien participó en su comisión en calidad de coautora, sino, únicamente la existencia de datos del hecho señalado en la ley como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió, lo que el caso así aconteció. Finalmente, no pasa inadvertido que en la audiencia inicial no se cumplió a cabalidad lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 392, Libro 49, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, de rubro y texto siguientes: VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. Lo anterior, pues al momento de la verificación de la audiencia inicial, el seis de agosto de dos mil diecinueve, luego de que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para vincular a proceso a la aquí quejosa (disco uno, minuto 12:54); la Juez responsable, interrumpió su narrativa, previo a que indicara los datos de prueba en que sustentó dicha petición (disco uno, minuto 13:04) y luego de explicar a la imputada en qué plazos podía ser resuelta su situación jurídica (disco uno, minutos 13:21- 13:56) y cuestionarla sobre el término que deseaba elegir para que ello se realizara -dándole oportunidad de comentarlo con su defensor- habiendo elegido el de ciento cuarenta y cuatro horas. Sin embargo, en el caso en estudio, por las circunstancias específicas en que se desarrolló dicha audiencia, no trascendió en una vulneración al derecho de defensa de la quejosa, pues además de que eligió el término de ciento cuarenta y cuatro horas para que se resolviera su situación jurídica, el cual constituye el máximo posible, inmediatamente después de dicha elección el agente del Ministerio Público relató la totalidad de datos de prueba con que contaba, situación que dotó de certeza jurídica a la imputada y su defensa sobre las razones y datos de prueba específicos que a criterio del Ministerio Público justificarían vincularla a proceso. Por ende, la imputada y su defensa contaron con la mayor amplitud de término para ofrecer y desahogar medios de convicción, lo cual hicieron de manera informada, además de que en el caso concreto ello tampoco impactó en la calificación de pertinencia que en su caso hiciera el juez respecto de las pruebas que se ofrecieran en el término constitucional ampliado, pues no se ofreció alguna de manera previa a hacer del conocimiento del imputado y su defensa, los datos de prueba en que se sustentaría la solicitud de vinculación a proceso. En consecuencia, no obstante que en la audiencia inicial no se siguió el orden a que hace referencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada, lo cierto es que tal circunstancia se subsanó de manera inmediata, sin que trascendiera negativamente en el derecho de defensa de la quejosa o en algún otro, lo que impide conceder la protección constitucional por tal circunstancia, pues ello sólo iría en contra del derecho constitucional a que se administre justicia de manera pronta, previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. Por tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que sustentaron en grado de probabilidad, la existencia del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la probable participación de la aquí quejosa en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundado el concepto de violación esgrimido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí quejosa, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Juez de Control responsable, el nueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, en relación con el diverso 136 fracciones II, incisos a y d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, respecto del acto reclamado de la autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste únicamente como antecedente el oficio enviado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Vida, residente en esta ciudad, a través de cual da contestación al requerimiento que se le efectuó el nueve de los actuales, indicando que no cuenta con otro domicilio donde pueda ser localizado en tercero interesado *******, toda vez que el dieciséis de los corrientes, se tuvo precisamente a dicha persona compareciendo al presente juicio de amparo. Luego, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, como se indicó en el párrafo que antecede, el dieciséis de octubre del año en curso, se tuvo al tercero interesado *******, compareciendo al presente juicio de amparo y de dicha fecha a la actual, aún no han transcurrido los ocho días de anticipación a la misma, para tenga cabal conocimiento del informe con justificación, rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para que pueda ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve, para dar margen a lo anterior. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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