Jessica Magaña Guerrero

Expediente 1135/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1135/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Jessica Magaña Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el diez de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá anexar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1135/2020-I-B, promovido por Jessica Magaña Guerrero, en contra del acto atribuido al Juez Segundo del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Jessica Magaña Guerrero, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con residencia en Mérida, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento del fiscal adscrito al Juzgado responsable en su carácter de tercero interesado, lo cual se hizo en sus términos y también se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa Jessica Magaña Guerrero, fundamentalmente, en: El auto dictado el diez de noviembre de dos mil veinte, por el cual la autoridad responsable, ratificó la facultad de abstención del Ministerio Público respecto a un probable ilícito atribuido a Lizet Graciela Ake Campos, en el expedientillo 183/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a los solicitantes del amparo, dado que no se les priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estimen pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que deberá negársele la protección constitucional solicitada. En el caso, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por el Juez responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en fecha diez de noviembre de dos mil veinte, se pronunció respecto al recurso innominado hecho valer por la parte querellante, aquí quejosa, respecto de la determinación de abstención de investigar decretada por el Ministerio Público, en la carpeta de investigación UNATD-G1/3975/2020. Al inicio de la audiencia, el Juez de control responsable solicitó a las partes se individualizaran. Asimismo, con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego de escuchar a las partes y cerrar el debate entre ellas, de pedir las aclaraciones pertinentes al caso, la autoridad responsable procedió a emitir su determinación confirmando la abstención del Ministerio Público de investigar, dictada en autos de la referida carpeta de investigación. Atendiendo a que en el caso, de los hechos narrados en la querella de origen, relacionados con los datos que obraban en la misma, no se desprendía una conducta posiblemente constitutiva de delito. Así, el Ministerio Público dejó precisado cuáles eran los hechos vertidos en la audiencia, los que se hicieron consistir en que: La querellante se dedica a la venta y distribución de distintos bienes de consumo perecederos, abarrotes, ferretería y otros insumos, teniendo entre sus clientes a la ciudadana Lizbet Graciela Ake Campos, a quien le ha entregado diversos productos en el bar denominado Bar 11.11 ubicado en la Colonia México de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Que el día dieciséis de enero de dos mil veinte, acudió a dicho negocio a efecto de entregarle mercancía por ésta solicitada, la cual se encuentra contenida en seis recibos que anexó a su querella. Manifestando que la ciudadana Lizet Graciela Ake Campos, siempre pagaba en efectivo la mercancía que se le entregaba, pero el día dieciséis de enero de dos mil veinte, al entregarle la mercancía solicitada, refirió que en ese momento no tenía el dinero y por la confianza existente entre ambas, acordaron que le pagaría el importe de la misma, el cual asciende a $33,000.00 (treinta y tres mil pesos, Moneda Nacional), ese mismo dieciséis de enero del año próximo pasado, a las diecinueve horas. Por lo que la afectada se apersonó nuevamente al bar de referencia en la hora acorada y la citada Ake Campos le manifestó que aún no contaba con el dinero para pagarle y le solicitó que regresara al día siguiente, en lo cual estuvo de acuerdo la querellante, pero al regresar a cobrarle ésta únicamente le dio evasivas al respecto. Por otra parte, el juzgador destacó que como agravio el asesor jurídico de la parte querellante, manifestó que el Ministerio Público no cumplió con el deber de investigar, ni de recabar pruebas ni más datos, pues en su opinión se basa única y exclusivamente en la querella, la cual no privilegia el esclarecimiento de los hechos, proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño, como lo establece el artículo 20, apartado c) de la Constitución. Así como que incumplió con su deber que le confiere el artículo 131, en sus fracciones III, V, VII, al no proteger a la víctima ni se garantizó la reparación del daño. A continuación, el juzgador responsable destacó, que en su derecho de réplica, el fiscal dijo que lo que advirtió fue una relación comercial existente entre las partes, no se advierte un engaño por parte de la que resulta la investigada respecto de la adquisición de los bienes e insumos que adquirió de la querellante y que en ese momento no pagó, y le dijo a la quejosa que no tenía el dinero, que si quería regresar posteriormente, y es que convienen ambas que el pago sea al día siguiente, lo cual, no se hizo. Insistió que se encuentra en una relación comercial que escapa de la esfera penal y debe investigarse por otra vía, pero no por la intentada, porque no se advierte que exista el engaño que medie en dicha relación que surge con el acuerdo de ambas partes en la entrega de la cosa y el pago de la misma. Por su parte, la defensa de la investigada, refirió que compartía los argumentos esgrimidos por la fiscalía, en virtud de que si bien se exhibieron diversos recibos por parte de la querellante, hay que tener en consideración que lo que se aprecia en las copias no constituye algún hecho que pueda ser señalado como delito. Además de las impresiones de las notas, su patrocinada únicamente estampó una firma de recibido, pero hay que tener en consideración la distribución a que hace mención, es a diversas instituciones comerciales, de la cual, su patrocinada únicamente es empleada, por lo tanto, la relación comercial no era directa con su patrocinada sino con los dueños de las empresas; es por ello, que considera que sí le asiste la razón a la fiscalía. Con base en estos presupuestos, el juez de control determinó confirmar la resolución impugnada, al estimar que los hechos querellados no eran constitutivos de delito. Lo anterior, pues a su parecer, el agravio toral del asesor jurídico, no era técnicamente relacionado con la mecánica de argumentación que la propia fiscalía tomó en cuenta en su acuerdo de diez de octubre de dos mil veinte, en su facultad de abstención, sino propiamente porque no investigó el dicho o la querella. Así mismo, el juez del conocimiento hizo hincapié de que una de las premisas que establece el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refiere a que el Ministerio Público podrá abstenerse a investigar cuando los hechos relatados en la denuncia o querella o acto equivalente, no fueran constitutivos de delito. También precisó el resolutor que lo sostenido por el Ministerio Público no se trataba de una insuficiencia probatoria o por una circunstancia de que no se le hubiera dado el beneficio a la parte de la víctima para poder aportar los datos de prueba que considere pertinentes o útiles, sino que analizó la versión de los hechos inicialmente narrados por la víctima, y con base en ellos realizó el análisis correspondiente y determinó la facultad de abstención de investigar. Y en ese sentido, el juez responsable sostuvo que compartía el criterio de la fiscal, ya que hasta ese momento, resultaba claro que se trata de una relación comercial contractual y no, una relación penal de la que pudiera advertirse un engaño, un error o inclusive un tipo específico que pudiera advertir el fraude, sobre todo en ningún momento se advirtió que la parte investigada, hubiera engañado, tomado bajo el error, o aprovechando una circunstancia que de manera dolosa, en materia penal, hubiera adquirido esos bienes con la finalidad de no pagarlos, tan es así que la propia parte investigada dijo que no contaba en esos momentos, con los recursos y esa circunstanciada fue admitida por la parte querellante e incluso se permitió que se pudiera realizar el pago posterior. Abunda el juez responsable que la diferencia entre el dolo civil y el penal, radica en que este último derivada de conductas que se encuentran en el Código Penal del Estado, deben traer aparejada esa intención dolosa, lo que no advirtió que se haya realizado al menos con los datos de prueba que le explicaron en ese momento. Por tanto, estimó que la facultad de abstención que ha emitido la fiscalía sí se encuentra apegada a derecho, al menos por el momento procesal, motivo por el cual, declaró improcedente el recurso innominado en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que interpuso la parte afectada quedando para todos los efectos legales vigentes el acuerdo del diez de octubre dedos mil veinte, emitido por la propia fiscalía, respecto de la facultad de abstención que emitió en términos del artículos 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sentado lo anterior, en la especie, es menester transcribir el contenido del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se fundamentó la responsable, que establece lo siguiente: "Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada." Del artículo antes transcrito, se advierte que el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse de investigar, cuando de los hechos narrados en la querella, se advierta que los mismos no constituyen delito alguno. Asimismo, cuando de los antecedentes y datos suministrados a la autoridad ministerial, se desprenda que se encuentra extinguida la acción o responsabilidad penal del imputado. En todo caso, las resoluciones que emita el Ministerio Público, deberán estar fundadas y motivadas. Así, en concordancia con lo anterior, es que se considera que fue correcto lo que sostuvo el juez de control, pues de los hechos narrados en la querella no se advierte hasta el momento una conducta ilícita; se arriba a la anterior determinación toda vez que los hechos de que se trata materializan conductas reguladas por el derecho privado (civil, mercantil). La parte quejosa esencialmente aduce en sus conceptos de violación que la resolución reclamada, (emitida en audiencia de diez de noviembre de dos mil veinte) vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17 y 20 Constitucionales, al estimar que la responsable efectuó una indebida fundamentación y motivación al momento de emitir su determinación en la referida audiencia. También expresa que el Juez responsable quebrantó el principio de contradicción previsto en el artículo 20 Constitucional, aunado a que el Ministerio Público tenía que atender su obligación Constitucional de investigar y aclarar los hechos. Ahora bien, es infundado que la determinación reclamada carezca de fundamentación y motivación, pues contrario a lo alegado por la parte aquí quejosa, de la reproducción detenida del audio y video de la misma, se advierte que cumple con la fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que la responsable, al emitirla, expresó los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a pronunciar su determinación, mismos que en su esencia fueron sintetizados en líneas precedentes, citando los preceptos en que apoyó sus razonamientos, analizó los puntos debatidos por las partes, emitiendo así una resolución congruente, precisa y clara. De esta forma, se estima que el Juez de control responsable sí señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causa inmediatas que tomó en cuenta para el pronunciamiento del acto reclamado, existiendo adecuación entre los puntos debatidos por las partes y las normas aplicables, que es lo que patentiza la fundamentación y motivación que todo acto de molestia debe reunir. Apoya lo anterior la jurisprudencia 260, visible a foja 175, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En otras palabras, la determinación de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, no transgrede los derechos fundamentales de la peticionaria de amparo. Lo anterior, toda vez que como acertadamente lo sostuvo el Juez responsable, el agravio toral del asesor jurídico de la quejosa, no fue técnicamente en relación con la mecánica de argumentación que la propia fiscal tomó en consideración para emitir el acuerdo de diez de octubre de dos mil veinte, sino propiamente porque no se investigó el dicho o la fase de la querella. Es decir, del análisis del audio y video de la audiencia reclamada, se advierte que el asesor jurídico de la aquí quejosa hizo notar el porqué estaba en desacuerdo con la autoridad ministerial, insistiendo que el Ministerio Público no privilegió la investigación, ya que únicamente se basó en la denuncia de la quejosa. En esas condiciones, es inconcuso que los argumentos expuestos por el patrocinador jurídico de Jessica Magaña Guerrero, a la autoridad judicial, fueron insuficientes para esclarecer los motivos de agravio, así como los que tuvo a consideración la Fiscalía Investigadora para abstenerse de investigar los hechos denunciados, y por ende, el aludido juzgador estuvo imposibilitado para analizar la determinación, ante él impugnado. Entonces, si en el caso el asesor jurídico de la quejosa expuso diversos agravios en contra de la determinación de diez de octubre de dos mil veinte, y el agente del Ministerio Público realizó argumentos suficientes para contrarrestarlos, ello en la audiencia pública, se pone de manifiesto que el juez de control no transgredió los principios de contradicción, publicidad y oralidad del sistema adversarial. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Ello, porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Al respecto resulta aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." De igual forma se consideran infundadas las reiteradas manifestaciones de la quejosa, respecto a que no se investigaron los hechos denunciados, toda vez que como lo consideró el juez de control, en el caso, era procedente confirmar la resolución de abstención de investigar, pues si los hechos denunciados no constituían un hecho señalado por la ley como delito, por más que se investigara sobre esos hechos, jamás se iba a demostrar tal ilícito. Así pues, se estima que la determinación emitida por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, no transgrede el derecho fundamental reconocido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad judicial estableció correctamente, que en términos de lo estipulado por el numeral 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad ministerial tiene la facultad de abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar a Jessica Magaña Guerrero, la protección de la Justicia Federal. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE a JESSICA MAGAÑA GUERRERO, en contra de los actos reclamados al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el sexto de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la ley de la materia, respecto a la vista del informe justificado y anexo, que se ordenó dar a la tercero interesada por acuerdo de dos de febrero en curso. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo hoy y se señalan las diez horas con un minuto del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 241/2021 firmado por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán; mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 208/2020-D-AMP-PENAL-I-B y número de origen 30/2020-D-AMP-PENAL-I-B, del índice de este Juzgado. Ahora bien, de la comunicación oficial se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se notificó a la tercero interesada******************** el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, sin que a la fecha haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. En virtud de lo anterior, dese de baja el citado despacho en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal y hágase la anotación correspondiente. Por último, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, désele vista a la referida tercero interesada, del informe justificado y anexo que rindió la Juez en turno adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y que se relacionaron en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano