Jessica Liliana Mireles Álvarez
Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jessica Liliana Mireles Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del nueve al quince de febrero del año en curso, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes ...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de veintiocho de enero de dos mil veintidós, que en síntesis dice: Escrito Téngase recibido el escrito de de la quejosa Jessica ........., por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos. Atento a lo anterior, se tiene en tiempo desahogado el requerimiento formulado mediante proveído de doce de enero del año en curso, por tanto, acuérdese lo que en derecho corresponda. Desechamiento demanda La integridad de la demanda y anexos que la conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Principio de definitividad. La demanda de amparo de cuenta, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, encuentra su explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, mismos que están exaltados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales del hombre. El principio de definitividad estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente, condición que contra el acto reclamado se hayan agotado previamente, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Los antecedentes narrados en la demanda revelan lo siguiente: 1. Jessica Liliana Mireles Álvarez, es demandada en el juicio laboral 08982/2019/3, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, promovido en su contra por Felipe Castillo Llanas. 2. La hoy quejosa, conoce del trámite del juico, pues refiere compareció a juicio. 3. En la etapa de ejecución de sentencia, la Presidenta de a la junta laboral, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictó auto de requerimiento de pago a la demandada por el pago de la condena; con apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Actualización de la causa de improcedencia Acorde con lo narrado, y acreditado con la copia autógrafa del auto reclamado, el proveído de requerimiento de pago con apercibimiento de embargo fue emitido en la etapa ejecución de laudo. Por otra parte, si bien es cierto que en la demanda de garantías, fue señalada como autoridad responsable la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, también es verdad que ello resulta desacertado, pues como se dijo, el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de laudo, por ende, acorde a los artículos 940 y 950 de la Ley Federal del Trabajo quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los Presidentes de las mismas; tal como se demuestra del contenido de dichos ordinales, pues disponen lo siguiente: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Afirmación corroborada con la copia autógrafa del acto reclamado, de la que se advierte que fue la Presidenta Interina de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, quien lo emitió. En tal virtud, si el acto reclamado fue emitido en la fase de ejecución de laudo y contra tales determinaciones procede el recurso de revisión que establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que a través de éste se puede lograr su revocación, modificación o nulificación, cuyo trámite está previsto en los ordinales 850, 851 y 852 del referido ordenamiento legal, es manifiesta la causa de improcedencia analizada; afirmación que se corrobora con el contenido de los referidos numerales, que disponen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." Por ende, si la quejoso reclama el auto emitido el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mismo que fue dictado en la etapa de ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 08982/2019/3, es inconcuso que tal determinación debe ser recurrida a través del recurso de revisión, mismo que debe interponerse previamente a la promoción del juicio de amparo, a fin de agotar el principio de definitividad, ya que a través de aquel medio de impugnación ordinario, la determinación combatida en esta vía puede ser modificada, revocada o anulada. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, registro digital 186133, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la tesis XXVII.1o.5 L, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1731, registro digital 183568, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." Sin que obste lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que no fue notificada del laudo dictado en el juicio laboral de origen, porque al ser parte demandada, y haber comparecido al juicio no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación, y por ello, está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios u extraordinarios en contra del acto como el aquí reclamado. En consecuencia, al ser manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Jessica Liliana Mireles Álvarez, con apoyo en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en cita, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Téngase recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; lo que se agrega a los presentes autos para que obre como constancia, toda vez que el mismo se tuvo recibido en acuerdo de veinte de los presentes, acordándose lo conducente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por , contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 30/2022-9. A efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este acuerdo, y con seis copias de su escrito aclaratorio, por corresponder una para el tercero interesado, dos para las autoridades señaladas como responsables, una más para la representación social y dos para el incidente de suspensión solicitado, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Adjunte o transcriba el contenido del acto que señala como reclamado, dado que en el capítulo inherente señala como tal: Empero, del análisis integral de la demanda de cuenta no se advierte la naturaleza y contenido del acuerdo a que alude en su escrito inicial de demanda, no obstante que refiere ser parte demandada en el juicio laboral génesis, en el cual, según refiere la propia quejosa se apersonó y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en los términos y dentro del plazo que al efecto se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no exhibir de manera completa los juegos de copias por las que se le requiere, para formar el incidente de suspensión, su incumplimiento traerá como consecuencia postergar su apertura. Al efecto se invoca la jurisprudencia 86/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 245, del tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público.". Con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción I, de la Ley de la Materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en , de esta ciudad, y como autorizados para tal efecto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a , toda vez que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.
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