Jessica Joseline López Hernandez
Expediente 896/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2017
Partes del expediente
- Jessica Joseline López Hernandez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo como no presentada la demanda, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la amparista no compareció a efecto de que ratificara el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el catorce de noviembre pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se tiene por no presentado dicho impreso. Bajo esa circunstancia, tomando en consideración el estado de autos, se aprecia que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la quejosa para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de treinta y uno de octubre anterior, sin que lo hubiese hecho, como se le apercibió, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por quien dice ser la quejosa; sin embargo, aun sin tener conocimientos expertos, es evidente que la firma que calza tal ocurso difiere notoriamente de la diversa estampada en la demanda (foja 15), de ahí que no se tiene la certeza respecto de la autoría del escrito que se provee; en consecuencia, a fin de acordar lo conducente se requiere a la justiciable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca en este juzgado debidamente identificada, para que manifieste si reconoce como propia la firma que calza el impreso de referencia y si ratifica el contenido del mismo, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentado dicho ocurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero a junio de 1989, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Jessica Joseline Lopez Hernandez, contra actos del Procurador de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 896/2017. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la amparista para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: Precise la denominación de las autoridades señaladas como "FISCAL o AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA AZ-1 DE AZCAPOTZALCO"; "JEFE DE SECTOR DE CLAVERÍA"; "los elementos de la policía de seguridad pública, asignados a dicho destacamento"; y "Policía de Investigación adscrita". Pues, en relación con la primera, es un hecho notorio para este juzgado que las Agencias del Ministerio Público se identifican por la Subprocuraduría a la que pertenecen, de Averiguaciones Previas Centrales o Desconcentradas, y estas, por la Coordinación Territorial respectiva, en que se encuentran adscritos agentes del Ministerio Público de diferentes Unidades de Investigación. Y por lo que hace a las restantes, es evidente que por la forma en que se encuentran denominadas este órgano jurisdiccional se encontraría imposibilitado para requerirles su respectivo informe de ley, al desconocerse respectivamente, a qué institución, unidad o sector, y coordinación territorial, pertenecen o se encuentran adscritos. Lo anterior, pues no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las mismas por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Indique los motivos por los que atribuye al Procurador General de Justicia de esta ciudad, los actos reclamados, en tanto de la demanda no se advierte razón que justifique dicho señalamiento. Bajo protesta de decir verdad, precise los hechos que refiere constituyen los antecedentes de los actos reclamados que señala como la orden de presentación o detención, así como su ejecución, en virtud que se advierte incongruencia en su narrativa, al indicar, por un lado, que el nueve de octubre del año en curso la sacaron de su domicilio a la fuerza y la llevaron a declarar; y por otro, que el once del mes en cita tuvo conocimiento de la posible emisión de los referidos mandamientos contra ella, siendo que además le informaron de la integración de determinada carpeta de investigación. De ahí que es necesario que la promovente del juicio realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda. Hágase del conocimiento de la solicitante de amparo que si afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con el juicio, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión del ilícito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible pronunciarse en cuanto a si es procedente o no, medularmente por la forma en que está redactada. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables y actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la justiciable, no así sus autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde a la titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que al desahogar la prevención apuntada deberá proporcionar las copias del escrito de demanda que sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, esto es, autoridades responsables -las que precise-, una para la representación social adscrita, y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita, e igual número de copias del escrito aclaratorio, en términos del numeral 110 de la ley en cita. No es obstáculo para prevenir a la parte quejosa, lo que dispone dicho numeral, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura del artículo precitado, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibida que de no dar cumplimiento íntegro al presente requerimiento, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, salvo que su desahogo parcial posibilite diverso pronunciamiento. Notifíquese el presente proveído y las subsecuentes determinaciones a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, al haber señalado para tal efecto los estrados; y ténganse por autorizadas a las personas mencionadas únicamente para oír y recibir notificaciones, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes que acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.
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