Jessica Isamar Mota Guzman

Expediente 7/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
7/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Jessica Isamar Mota Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 7/2021-VII. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de Ley de la Materia. En efecto, la suscrita considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sentado lo anterior, en el caso particular se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue subsanada, ya que el dieciséis de marzo del año en curso, fue emplazada a juicio la parte demandada, el seis de abril del presente año se llevó a cabo la audiencia inicial de juicio y el pasado veinte del referido mes y año, se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; luego entonces, resulta claro que han cesado los efectos del acto reclamado porque con dicho auto, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que la autoridad responsable subsanó la violación en que había incurrido. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el retardo de impartición de justicia, sin causa legal justificada, debido a la falta de emplazamiento a la parte demandada, pues si bien la audiencia inicial bifásica se señaló para el seis de enero del año en curso, la misma fue diferida por la falta de emplazamiento a aquélla parte procesal. Ahora bien, toda vez que en su informe justificado, la Junta responsable, informó que: ".NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO.- Por lo que hace a el retardo que infiere la ahora quejosa ello en autos del expediente laboral número 06659/2020/6, pues si bien de autos del mismo se advierte la radicación de la demanda de carácter laboral propuesta por la ahora quejosa y se fijó fecha para el desahogo de una audiencia de Conciliación, de Demanda y Excepciones en la referida fecha la que no se realizó según se advierte del auto dictado en la fecha en cita, fijando nueva fecha para tales efectos."; sin embargo, la citada responsable no informó respecto al acto efectivamente reclamado por la impetrante de garantías, sino únicamente respecto del desahogo de la audiencia referida; en tal virtud, a fin de resolver conforme a derecho el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído, aclare su informe justificado y lo rinda en relación al acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I y 262 fracción I de la Ley de Amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, mediante el cual remite las copias certificadas que le fueron solicitadas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, guárdese por separado el anexo que acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Notifíquese.

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