Jessica Herreman Matamoros
Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2022
Partes del expediente
- Jessica Herreman Matamoros
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiuno de abril del año dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo aquí intentanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo, ya que no existen originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, Francisco José Medina Ortega, representante legal de la parte quejosa Cifo Technologies Sociedad Anónima de Capital Variable, solicita copias certificadas del cuaderno de aseguramiento de cuentas bancarias (FGR) con numero de ********************NEUN ********************, integrado por el Juez Segundo de Control Adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, iniciado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual autorizó el aseguramiento de activos financieros de la directa quejosa. Ahora bien, del estado de autos se obtiene que las constancias a que hace referencia la parte quejosa a través de su representante legal, fueron remitidas el doce de abril del año en curso, vía electrónica, por la autoridad responsable aludida a través de su oficio 781, del cual en el último párrafo de la fracción "II. Se rinde informe justificado" se obtiene lo siguiente: "Por ende, a fin de justificar la legalidad del acto reclamado, remítase vía interconexión, copia auténtica de la totalidad de los registros que integran el expediente electrónico en que se actúa, en la inteligencia, de como lo refirió la representación social de la federación son de reserva y sigilo, en tanto se tratan de constancias de una investigación en trámite por hechos que la ley señala como delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita." En esas condiciones, expídanse a su costa las copias de las constancias que obren en autos, con excepción de aquéllas que en su caso haya remitido la autoridad responsable, y que tenga el carácter de información clasificada como reservada y confidencial, pues como lo refirió la misma, se tratan de constancias de una investigación en trámite por hechos que la ley señala como delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Lo anterior, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal; en el entendido que, previo a acudir a este órgano jurisdiccional, la persona autorizada deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 540/2022, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, (con anexo), a través del cual, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite copia certificada del escrito inicial de demanda interpuesta por la quejosa Jessica Herreman Matamoros, en representación del menor de identidad reservada con iniciales C.L.H. Atento a lo anterior, y visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, de los que se advierte que en fecha once de abril del año en curso, se reservó a proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo promovida por Jessica Herreman Matamoros, en representación del menor de identidad reservada con iniciales C.L.H., hasta en tanto, el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remitiera copia certificada del escrito inicial de demanda, hecho que ya aconteció; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 45 y 46 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, prevén que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónico en el que se señalarán los datos de identificación del quien promueve, el archivo electrónico enviado y los archivos anexos, así como la hora, fecha de envío y recepción y, que cada documento electrónico que se reciba deberá enviarse por la persona interesada que cuente con una firma electrónica emitida o reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica es promovida por Jessica Herreman Matamoros, en representación del menor de identidad reservada con iniciales C.L.H., sin embargo, al pie de la demanda de amparo electrónica se visualiza la evidencia criptográfica de German Velázquez Carrasco; asimismo, tampoco se actualiza en la especie alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que este Juzgador este en posibilidad de estudiar la demanda de amparo aun así, viniendo firmada por persona distinta a la parte quejosa. En ese tenor, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, sin la firma electrónica de la parte quejosa, ésta, no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; además, tampoco se aprecia que se esté bajo el supuesto expreso en el artículo 109 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil nueve, Décima Época, con número de registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Robustece lo anterior la Jurisprudencia P./J.32/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En consecuencia, ante la falta de evidencia criptográfica de la firma de Jessica Herreman Matamoros, en representación del menor de identidad reservada con iniciales C.L.H., se procede desechar la demanda de amparo presentada vía electrónica, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sigrith Alfaro Ruiz, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el físico que señala en su escrito inicial de demanda; asimismo, con relación al correo electrónico que proporciona la promovente, se tiene únicamente como contacto de la parte quejosa, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, y, atinente al número telefónico que proporciona, se toma conocimiento. En diversa tesitura, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; mediante el cual la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Mesa Primera de Trámite en Metepec, rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, con el informe justificado dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba todas las actuaciones a que hace referencia en su informe justificado, en atención a que dichas constancias son necesarias para la integración y resolución del presente asunto; apercibida que en caso de ser omisa o no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, del estado de autos se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de este año, este Juzgado de Distrito tuvo por ofrecida la prueba de inspección judicial, y se reservó el pronunciamiento relativo a su admisión o desechamiento, hasta en tanto obrara en autos del presente juicio, el informe justificado de la autoridad responsable; sin embargo, dado lo acordado en párrafo precedentes, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable remita las constancias solicitadas. Por otro lado, de autos también se aprecia que en acuerdo de siete de abril pasado, se advirtió la imposibilidad que tuvo el actuario para emplazar al tercero interesado Alfonso Maciel Pulido, por lo que este órgano jurisdiccional se reservó proveer lo conducente respecto el emplazamiento de la parte referida hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable para obtener de las constancias que remita como complemento al mismo el domicilio del tercero interesado; en ese sentido, dado que de las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe no se observa algún domicilio del citado Maciel Pulido; en consecuencia, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días legalmente computado, proporcione el domicilio procesal que tenga señalado el tercero interesado Alfonso Maciel Pulido, en la carpeta de investigación con número único de control: TOL/TOL/MET/057/087885/21/04.
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