Jessica Gatica Cruz

Expediente 798/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
798/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Jessica Gatica Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 798/2017, y RESULTANDO: PRIMERO.- Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jessica Gatica Cruz por derecho propio, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez Guerrero. ACTOS RECLAMADOS. "Consiste en la inactividad procesal del expediente laboral número 404/2016, siendo que hasta la fecha la autoridad responsable no ha tomado en el juicio laboral natural las medidas necesarias y pertinentes para su debido tramite hasta el conclusión del mismo, es decir, a la fecha la autoridad responsable LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, no ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ni la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, por razón de que la autoridad responsable vinculada LA H JUNTA ESPECIAL NUMERO 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN PUEBLA, PUEBLA, que ha omitido en notificar y emplazar a juicio a todos los demandados vía exhorto, violando con ello la autoridad responsable mis derechos humanos y garantías individuales consignados en nuestro pacto federal, así como los principios de prontitud, celeridad, concentración, impartición de justicia pronta completa, imparcial y expedita, alno dar trámite en su totalidad al juicio laboral natural, por tal razón se hace valer la presente inactividad procesal en contra de las autoridades responsables antes referidas". SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 798/2017, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral tramitado ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Para ese propósito se atiende a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013 , pues en este determinó que los alcances por los cuales se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la etapa procedimental en la que la omisión se sitúa. En razón a lo anterior, se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa ; por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Jessica Gatica Cruz, reclama la omisión de notificar y emplazar a juicio, vía exhorto, a Empacadora San Marcos, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo, parte demanda demandada en el juicio laboral 404/2016. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, residentes en esta ciudad y en Puebla; pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados; manifestación que se corrobora del estudio de las documentales que allegó, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Causas de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se aprecia que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o bien, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa por analogía, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza con los siguientes elementos: i) puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; ii) todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y iii) que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna . Establecida la premisa y los alcances de la misma, en el caso particular, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de emplazar a juicio, vía exhorto, a la parte demandada Empacadora San Marcos, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo, y de las actuaciones remitidas por la responsable, residente en la ciudad de Puebla, cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando que antecede, se obtiene que el seis de octubre del año en curso, se realizó dicho acto procesal . De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos de lo reclamado en la presente instancia constitucional, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a la parte quejosa, en el mismo estado en que se encontraba, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Lo anterior, se estima así porque si a la fecha en que se promovió el juicio de amparo (cuatro de septiembre de dos mil diecisiete) el acto atribuido a la junta responsable existía en la vida jurídica al haberse realizado el emplazamiento a juicio de la parte demandada (seis de octubre siguiente), se produjo una situación jurídica que destruyó la desaparición de la causa que motivó el juicio de amparo, con la cual se repuso al quejoso en el goce de su garantía violada; lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada con el emplazamiento, lo que realizó espontáneamente la responsable Por tanto, dado que el motivo de queja por el que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional quedó sin efectos, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jessica Gatica Cruz, por los motivos expuestos en el último de los considerandos del presente fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés de octubre se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla; el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, seis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el informe justificado de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia Puebla, Puebla, ni el acuse de recibo del oficio 20623/2017, mediante el cual le fue solicitado dicho informe, por tanto, requiérasele vía telegráfica para que de no existir inconveniente alguno dentro del término de tres días al en que reciba el oficio de notificación derivado del presente acuerdo se sirva informar por la misma vía, si recibió la referida comunicación oficial; de ser así, remita su informe justificado, con las constancias que apoyen el mismo. En la inteligencia, que de no hacerlo se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con los artículos 236 y 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo; con independencia de aquella, que prevé el numeral 260, fracción II, de la citada ley. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Jessica Gatica Cruz, por su propio derecho, contra actos del Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 798/2017, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se les informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan sus informes justificados, o lo hagan sin remitir copias certificadas de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. TERCEROS INTERESADOS Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a la persona que señala con dicho carácter en su demanda de amparo, en virtud de que no se ubican en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Laurel, número 23, departamento C, colonia el roble, en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Adalberto Mendoza Garay, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Salvador Mendoza Cristóbal, Ma. de la Luz Reyes Ríos y Rosa Carmina Mendoza Mata, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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