Jessica García Servín
Expediente 1328/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jessica García Servín
- Jessica García Servín y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, con las cuales se ordena formar tres tomos de pruebas por separado y un disco óptico que contiene las constancias digitalizadas del acto reclamado, sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. SE RECONOCE CARÁCTER A TERCEROS INTERESADOS. Ahora, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que en el juicio en que se actúa le resulta el carácter de tercero interesado a: Manolo Uriel Conejo Izquierdo, por conducto de sus autorizados Gladys Edith Ayala Orta, Nohemi Jaqueline Vázquez Meza y Celfia Itzel Duarte Casarez, con domicilio ubicado en la calle Alonso Angulo Montesinos, número 640, colonia Nueva Valladolid, de esta ciudad. Karla Mariana Jiménez Molina, tutora adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con domicilio en la calle Calzada la Huerta, número 400, de la colonia Nueva Valladolid, de esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) , y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce dicho carácter en este acto para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el primero de los domicilios antes citados y emplace al tercero con interés antes mencionado, para lo cual deberá correrle traslado con la copia simple de la demanda y auto admisorio, a efecto de que de estimarlo pertinente, comparezca a juicio a deducir sus derechos, en virtud de que figura como tercero interesado dentro del presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, en el concepto de que, además deberá requerírsele para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le correrán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo vigente. SE ORDENA EMPLAZAMEINTO DE LA TUTORA, POR CONDUCTO DEL JUEZ RESPONSABLE. Envíese oficio al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, señalado como responsable, a fin de que con las constancias que se acompañen al oficio que derive del presente, consistentes en el auto de radicación de este juicio de amparo de fecha diez de noviembre del año en curso, así como de la demanda de garantías promovida por la aquí quejosa Claudia Jessica García Servín, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, realice el emplazamiento a Karla Mariana Jiménez Molina, tutora especial designada en el juicio de origen y a la brevedad remita a este Juzgado las constancias respectivas. Asimismo, deberá hacerles de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1328/2023, promovido por Claudia Jessica García Servín por sí y como representante de su menor hija de iniciales A.J.C.G. , se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por: JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión V- 1328/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de octubre de la presente anualidad, Claudia Jessica García Servín por sí y como representante de su menor hija de iniciales A.J.C.G., solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada. En contra de tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, medio de impugnación que resultó infundado en resolución emitida por la autoridad federal competente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, lo siguiente: - La resolución decretada en audiencia preliminar de cuatro de octubre del año en curso, dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, dentro del juicio de origen 415/2022, a través de la cual se modificó la convivencia de su menor hija de iniciales A.J.C.G., con su progenitor -aquí tercero interesado-. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para ello, se debe tener en cuenta que cuando se encuentra de por medio el desarrollo físico, psicológico y emocional de un menor, lo cual es una cuestión de interés social y de orden público y de controversias del orden familiar, el principio fundamental que debe tener en cuenta el juzgador es el interés superior del menor, a efecto de concluir en esos términos, es dable acudir al siguiente marco jurídico: I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4, párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven (sic) al cumplimiento de los derechos de la niñez". En lo que interesa, del citado precepto constitucional se desprende que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. II. Convención Sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano, al haber sido ratificada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en sus artículos 3, párrafos uno y dos; 9, párrafos uno y dos; y, 12, párrafos uno y dos, dispone: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones." 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." De las citadas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. Asimismo, se debe garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, la que se tiene que tomar en cuenta, en función de su edad y madurez, en el juicio o procedimiento respectivo. Sin embargo, también, se debe velar que los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, con algunas excepciones, como en los casos en que los progenitores vivan separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño y del régimen de convivencias con el progenitor que no tiene su custodia, caso en el que se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento correspondiente y externar sus opiniones. III. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otra parte, los numerales 23, párrafo segundo, y 41, apartado A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respectivamente prevén: "Artículo 23. (.) El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y adolescentes." "Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen". En los preceptos transcritos, se dispone que los niños sólo pueden ser separados de sus padres mediante sentencia u orden preventiva judicial (la que como consecuencia debe determinar si es procedente establecer un régimen de visitas y convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia), pero el Estado debe velar porque en todos los procedimientos en los que se ventilen las cuestiones referidas, se garantice el derecho de audiencia a todas las partes, incluyendo a los propios menores. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de expresar su opinión, lo que implica, entre otras cosas, que se les tome su parecer en relación con los asuntos que los afecten y las resoluciones que les conciernen. IV. Interpretación sistemática de los ordenamientos aplicables. Así, de una interpretación armónica de las disposiciones referidas, se puede concluir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, como lo es lo relativo a las medidas cautelares sobre custodia, convivencias y alimentos, entre otras, se debe atender siempre al interés superior de los niños. Empero, las obligaciones y los derechos de los adultos no pueden ser pretexto para coartar o condicionar los derechos de los menores, como lo es el relativo a convivir adecuadamente y en los lugares idóneos con sus padres, a través de relaciones personales y trato directo con ambos, sin que ello los perjudique en forma alguna, pues no debe perderse de vista que las convivencias del infante con el progenitor que tiene su custodia es un derecho principalmente del menor para que ambos padres contribuyan a su crianza y sano desarrollo físico, emocional, mental y espiritual. De lo que se colige que es primordial que este juzgado, salvaguarde el interés superior del menor para que la convivencia con sus progenitores se desarrolle en un ambiente favorable de desarrollo físico, psicológico y emocional. Ahora bien, dado que la quejosa solicita la medida suspensional respecto de los efectos y consecuencias del acto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés suspensional. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese contexto, lo cierto es que no procede el otorgamiento de la medida cautelar, respecto de los efectos de la medida cautelar reclamada, como se verá a continuación: El artículo 129 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; [.]." Del precepto legal transcrito, se desprende que no procede conceder la suspensión que solicita la parte quejosa, pues se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, contempladas en el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Bajo ese contexto, si la fracción VIII, del artículo 129 de la Ley de Amparo, es clara en prever que se considera que sí se sigue perjuicio al interés social o se contraviene el orden público cuando con motivo del otorgamiento de la suspensión, se afecten interés de los menores; de ahí que, de concederse la medida suspensional, se traduciría en una contravención al orden público y al interés social; pues la sociedad está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a garantizar el interés superior del menor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Registro digital: 2003130 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época Materia(s): Constitucional, Civil, Común Tesis: I.5o.C.15 C (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2067 Tipo: Aislada RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SUS PADRES. PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DEFINE, DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO LOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO MEXICANO Y EN LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA. La resolución relativa al régimen de visitas y convivencias de los menores con sus padres es susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo del principio rector del interés superior del menor en cuya observancia está interesada la sociedad; por lo que el Juez de amparo para decretar la medida suspensional, debe tomar en cuenta tanto los principios rectores de la suspensión contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, como los previstos en favor de los infantes consagrados a nivel constitucional, como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano y en la legislación local respectiva; todo ello en armonía con la aplicación de la amplia protección de los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la Carta Magna que resulta obligatoria para todas las autoridades, así como la exigencia constitucional referida a la observancia del principio de la apariencia del buen derecho, en tanto que todos esos aspectos atañen al interés social y al orden público. Por lo que para resolver sobre la medida cautelar cuando en los actos reclamados se involucran derechos de visitas y convivencias de menores de edad, deberá atenderse a las condiciones específicas de cada caso, vigilando sobre todo el respeto irrestricto de todos los principios mencionados." Por ello, si se obstaculizara lo anterior con la concesión de la suspensión solicitada se contravendría el interés social en términos de la fracción VIII del artículo 129 de la Ley de Amparo; esto porque la sociedad interesada en proteger el interés superior del menor -incluido su estado psicológico-, de ahí que resulte inconcuso que de concederse la suspensión, se causarían perjuicios irreparables a la parte tercero interesada, aunado a que se inobservarían disposiciones de orden público que establecen la protección del menor y que constituyen un derecho establecido por la ley, todo lo cual conduce a concluir que para no ocasionar daños de esa naturaleza lo procedente es negar a la parte quejosa, la suspensión provisional que solicita. No pasa inadvertido que la quejosa alude que la menor A.J.C.G., quien a la fecha está por cumplir cuatro años de edad acorde al acta de nacimiento exhibida; no desea convivir con su padre y que ella se siente incómoda por tener que bañarse con su medio hermano. Sin embargo, la sola manifestación de la quejosa no evidencia un riesgo ni constituye un indicio suficiente para acreditar un riesgo a la menor para revocar la convivencia modificada, máxime que desde el diez de agosto de dos mil veintidós, ya se venía realizando una convivencia vigilada, y se modificó hasta el cuatro de octubre del año en curso, para hacerla presencial, de ahí que no hay elementos para suspender las convivencias modificadas. En consecuencia, con los elementos que se tiene hasta el momento, es indudable que, en términos de la fracción VIII, del artículo 129 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión que solicita la quejosa Claudia Jessica García Servín, por si y en representación de su menor hija de iniciales A.J.C.G., porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo específicamente a la naturaleza que persigue la protección del interés del superior de la menor. Máxime que en atención al interés superior del menor, debe prevalecer su derecho a convivir con su progenitor y que éste aporte a su crianza y sano desarrollo, en la forma y momento en que previamente lo determinó en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto la Jurisprudencia I.6o.C. J/49, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores." Determinación anterior, que habrá de notificarse al tercero interesado Manolo Uriel Conejo Izquierdo; una vez que se encuentre notificado en el juicio de amparo principal. Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Claudia Jessica García Servín por sí y como representante de su menor hija de iniciales A.J.C.G., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia certificada de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el primero de los escritos de cuenta; atento a su contenido, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional formulando alegatos, los cuales se tienen por realizados en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. SE RECIBE EJECUTORIA Por otro lado, agréguese a los presentes autos el segundo de los oficios de cuenta, por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el recurso de queja civil 262/2023 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 6594/2023, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Jerónimo Cabezas Nieto252/2022
- Jerónimo Cabezas Nieto1025/2021
- Jerónimo García Rosas822/2018
- Jerónimo Madrigal Peña1021/2018
- Jersain Molina García912/2018
- Jesica Guadalupe Piñón Ramírez591/2022
- Jessica Gómez Gutiérrez o Trinidad793/2018
- Jessica Itzchel Fabela Campos279/2021
- Jessica Lizeth Cedeño Melgarejo1280/2022
- Jessica López Herrera27/2020
- Jessica Sandra Reyes López1415/2022
- Jessy Cabral Orona130/2021