Jessica Gabriela Orpineda Muro
Expediente 98/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jessica Gabriela Orpineda Muro
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 98/2020-II, promovido por ****, contra actos del licenciado Lorenzo Armando Villar Chavarría, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al día siguiente ante este juzgado por razón de turno, ****, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en: El auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la causa penal 367/2020, emitido por los hechos ilícitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que en la demanda se estiman vulnerados. Los peticionarios del amparo señalan como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 98/2020-II; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se emplazó a juicio a la parte ofendida y, al Agente del Ministerio Público que interviene en el proceso; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la causa penal 367/2020, emitido por los hechos ilícitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y en apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias que apoyan su comunicación, en contra del quejoso por el ilícito abuso sexual con penalidad agravada, asimismo, remite registro audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso con su transcripción. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas audiencias, dada la naturaleza del procedimiento (oral) en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto, que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no existir causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis constitucional del auto de vinculación a proceso reclamado. Resulta pertinente precisar que, el análisis del asunto se efectuará tomando en consideración, los requisitos que señala el artículo 19 constitucional, el cual solo exige la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Orienta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tal contexto, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: "19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De este dispositivo se advierten, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; y finalmente, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos fundamentales distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es decir, que: i) Debe constar por escrito; ii) Provenir de autoridad competente; y, iii) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Asentado lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso se emitió previa formulación de imputación en contra de los quejosos por la Agente del Ministerio Público, además, estuvieron asistidos en todo momento por su defensora Pública adscrita al Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, licenciada Ochoa Orduña como se pudo advertir de la reproducción de las videograbaciones certificadas relativas. Continuando, a los quejosos se les dio oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto de los hechos ilícitos que se les imputaron, haciéndoles saber el derecho que le asistía a guardar silencio, empero, se abstuvieron de declarar. Determinado lo anterior, procede abordar el análisis del caso. Al respecto, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos puestos a su conocimiento, son constitutivos de los hechos ilícitos de robo calificado, homicidio en grado de tentativa y daños, previstos y sancionados por los artículos 208, fracción I, 212, fracción II, 123, en relación con el 75, 136 inicio B y 236, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa el juez responsable acompañó a su informe justificado discos ópticos de la audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 367/2020, instruida a los imputados Jessica Gabriela Orpineda Muro y José Luis Orpineda Muro, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la naturaleza del actual sistema penal aplicable en esta entidad federativa. Del contenido de dicho registro audio-visual, se obtiene que en esa diligencia se encontraba presente la defensora Pública del Estado, licenciada Ochoa Orduña, designada por los imputados. Atendiendo la importancia que reviste la garantía de libertad que se ve afectada con un auto de vinculación a proceso como el que nos ocupa, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el débito de circunscribirse a resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que el tribunal sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable respecto de los datos de investigación referidos por la Ministerio Público y de las pruebas desahogadas en la audiencia, para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En el anterior, de conformidad con el contenido de la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente". Ahora bien, no asiste razón jurídica a los quejosos cuando aducen que el acto reclamado en esta vía, vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional. Esto es así, pues, no se aprecia que con la emisión del acto reclamado en este juicio, el juzgador del conocimiento transgrediera algún derecho fundamental en perjuicio de los impetrantes del amparo; debe tenerse presente que la restricción a la libertad personal que conlleva el auto de vinculación está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de tal índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de todo gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso sancionado, al menos, con una pena privativa de libertad. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ningún derecho fundamental es omnímodo o irrestricto, sino que se encuentran limitados y acotados por los lineamientos establecidos en nuestra carta magna, de manera que si la Ley Fundamental prevé un auto de vinculación como un acto que restringe la libertad de un particular al que se reprocha un hecho ilícito, no queda duda que la afectación que reciben los impetrantes con el acto reclamado en este juicio está constitucional y legalmente justificado en el caso que nos ocupa. En tal tesitura, es inexistente el vicio de legalidad que los hoy quejosos le atribuye al auto de vinculación a proceso, motivo por el cual lo procedente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. En la especie, se tiene que el propio procedimiento es acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y el auto de vinculación se pronunció no sin antes existir la formulación de imputación, declaración preparatoria y control de medidas cautelares, en la cual a las 12:13 horas del video, el Juez de Control estimó viable emitir prisión preventiva por el tiempo de duración de dos años, contados a partir del veintidós de enero del año en curso, no pudiendo excederse de ese tiempo. Sin duda, en la audiencia relativa, la que se desarrolló en presencia del Juez de Control, quien consideró como datos de pruebas aquéllas que fueron desahogadas en la audiencia, la carga correspondió a la parte acusadora, y las partes tuvieron igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa. Con esto queda claro que se respetaron las formalidades del procedimiento, aunado a que fueron sometidos a un procedimiento por un tribunal previamente establecido y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos, también se les hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar, tiempo y ocasión que mediaron en el hecho ilícito respectivo, el nombre de las personas que declaran en su contra, fueron oídos por sí y a través de su defensa y, hasta esa etapa procesal tuvieron la oportunidad jurídica de defenderse y de probar lo que a sus intereses ha convenido. Luego, no hay razón jurídica alguna para considerar que, en la especie, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, del debido proceso, en acatamiento a lo establecido en el artículo 14 Constitucional. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Como corolario debe decirse que, en el caso, no se interpretó una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, y mucho menos se le impuso por simple analogía ni por mayoría de razón pena alguna, justamente, por no ser la etapa procesal para ello. En tal tesitura, cabe concluir que el acto reclamado en modo alguno viola derechos fundamentales en perjuicio de los quejosos, respetándose las garantías previstas en el artículo 14 Constitucional, motivo por el cual lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación relativos al precepto constitucional invocado. En otro orden, se aprecia que no se vulnera el artículo 16 Constitucional en perjuicio del quejoso, ya que el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente motivado y fundamentado, para motivar el propio acto el juzgador expuso que, en el caso, los datos aportados por la agente del Ministerio Público resultaban aptos y suficientes para estimar que se cometieron los hechos ilícitos robo calificado y homicidio en grado de tentativa (delito subsumido), y que existía la probabilidad de la participación de los imputados en la comisión de los hechos señalados como delito. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por los quejosos, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, o sea, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. En otro orden, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como bien lo estimó el juez de la causa penal, los antecedentes de los datos de prueba aportados por la Agente del Ministerio Público son suficientes para considerar que se cometió un hecho ilícito considerado por el Código Penal del Estado de Chihuahua, como robo calificado y homicidio en grado de tentativa. En contra de lo afirmado por los quejosos, deviene infundado su restante motivo de desacuerdo al señalar que la resolución combatida vulnera el artículo 19 Constitucional, por las razones siguientes. En efecto, en la audiencia de vinculación a proceso, se tuvieron por reproducidos los datos de las pruebas de la formulación de imputación, asimismo, la Fiscal narró los datos de los medios de convicción con los que asumió que los hechos ocurrieron el diecinueve de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos, en las calles Federico de la Vega y Leonardo Solís Barraza, de la Colonia Sendero de San Isidro de esta ciudad. Se impuso a los aquí quejosos una prisión preventiva de dos años, que vencerá a partir del veintidós de enero de dos mil veinte, y mediante duplicidad del término constitucional, el auto de vinculación se emitió el veinticuatro de enero de dos mil veinte. Para arribar a esa determinación el juzgador señaló los preceptos que establecen los hechos ilícitos imputados a los aquí quejosos, y tuvo a la Agente del Ministerio Público allegando los datos de los siguientes elementos de prueba: Acta de aviso de hechos probablemente ilícitos e informe policial homologado, con croquis del lugar del hecho, acta de inventario y aseguramiento del automóvil y de un arma de fuego, realizado por los agentes de Seguridad Pública Municipal Gerardo Ortiz Villaseñor, Diana Bernabé, Luis Ángel Flores y Karina Arrieta, en el cual los agentes señalan que los hechos acontecieron a las 21:55 horas, empero, que ellos se impusieron de los hechos a las 21:30 horas del día diecinueve de enero del presente año, al circular por las calle Fundador de América, dos personas a bordo de un automóvil Pick up le hicieron señas informándoles que momentos antes dos personas les privaron de sus pertenencias y los iban siguiendo, iban a bordo de un vehículo Nissan blanco por la calle Privada de las Flores y van tras su persecución, vieron que se trataba de un auto Máxima, en el cual iban cuatro tripulantes, se detuvieron en la calle Prados del Paraíso, donde fueron detenidos. Jorge Armando Rocha Chávez, los señaló como las personas que antes de la persecución habían robado en su negocio ubicado en las calles de Leonardo Solís y Francisco de la Vega, junto a un Oxxo, que el primero de ellos, le apuntó con un arma a la cajera que es su sobrina y le exigió la entrega de dinero, le dijo que le entregara el dinero y que si no se lo iba a cargar, entregándole la cantidad de nueve mil pesos, huyendo del lugar, y junto con su empleado Edwin, fueron a seguirlos, el que portaba el arma le disparó, dañándole el vidrio del automóvil, empero, se echó en reversa para no ser lesionado, y continuó siguiéndolos. Eventualidad que narraron ante el Ministerio Público y en entrevista formal. Señala el juzgadora que los agentes aprehensores inspeccionaron el automotor Nissan blanco, máxima, y en el descansabrazos localizaron una pistola 9 mm LC9, matrícula 325-24516 con un cargador negro 9 mm con dos cartuchos útiles, procedente de los Estados Unidos de Norte América. Aduce la juzgadora que las versiones de los testigos María de Jesús Muro Espinoza progenitora de los aquí quejosos, hace saber que la detención de los hechos ocurrió a las 20:00 o 20:30 horas, y los agentes entraron a su domicilio por sus hijos. La testigo Alma Verónica González Moreno, refirió que fue golpeada por los agentes, quienes le quitaron el celular a una persona por filmarlos y detuvieron a su esposo Omar Fierro. De esa manera señala el juzgador que la versión de los testigos de descargo María de Jesús y Alma Verónica, así como de su coacusado Francisco Javier, no son suficientes para destruir los datos incriminatorios aducidos por los agentes aprehensores, la víctima Jorge Rocha y su empleado Edwin Elías Manzano Valadez y Jocelyn Rocha Chávez, quienes fueron coincidentes en señalar que la eventualidad aconteció a las 20:50 horas. Jocelyn Rocha Chávez agregó que a esa hora se encontraba laborando con su tío Jorge Armando en el puesto de alimentos que se encuentra enseguida del OXXO en la calle Francisco de la Vega y Leonardo Solís, cuando llegó un automotor blanco de cuatro puertas conducido por una mujer, se bajó un hombre alto y robusto y otro de estatura más baja, el primero traía una gorra negra, de entre sus ropas sacó un arma y le apuntó pidiéndole el dinero, ella le habló a su tío, al voltear el sujeto le pidió el dinero si no se lo "cargaba", ella le entregó la cantidad de nueve mil pesos y se fueron; que su tío y Edwin los siguieron, en esos momentos escucharon detonaciones, por lo que un vecino llamó a la policía. A su vez Edwin Elías Manzano Valadez, señalo la misma hora de los hechos del diecinueve de enero del año en curso, se encontraba en la plancha del negocio de Jorge Armando, donde es empleado junto con Jocelyn, cuando ésta le dijo algo a su tío y voltearon, vio a un sujeto con gorra que portaba un arma en la mano, le dijo a su patrón que le diera el dinero o se lo cargaba, le dijo a su sobrina que no había "pedo" que se lo diera, cuando le entregó el dinero, se fueron por la calle Federico de la Vega, y lo comenzaron a seguir en una camioneta Ram azul 2005, cuando el sujeto armado vio que los seguían, le apunto a Jorge con el arma y la accionó como cinco veces, dándole en el parabrisas. El informe pericial en materia de avalúos a cargo de Alfredo Cavazos Melendez, quien determinó que el automotor Ram azul, serie 340173 que ilustró con ocho fotografías, vio que tenía daños en el cofre y en el parabrisas, ascendiendo a la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos en moneda nacional), y un orificio probablemente de alguna bala. Pericial en materia de balística a cargo de Jesús Jacob Terán, quien hizo saber que el arma de fuego calibre marca Luger, calibre 9 mm por 19, y los dos cartuchos del mismo calibre, se encontraba en perfecto estado para deflagrar cartuchos. El juzgador razonó que la adminiculación de esos datos aportados de la versión de los elementos policíacos, la víctima, su sobrina y su empleado, además por el experto en avalúo de daños y el perito en balística forense, establece que el hecho se perpetró utilizando un arma de fuero, que el arma fue disparada, precisamente para privar de la vida a los persecutores que eran Jorge Armando y Edwin, tan cierto fue que le dio un disparo en el cofre y otro en el parabrisas del copiloto, esto es, le dio a la dirección donde se encontraba el conductor y el copiloto a fin de impactar en su persona, lo cual no se logró por la maniobra realizada por Jorge Armando Rocha Chávez, al echarse en reversa, lo cual ambos lo afirman, ya que al que mencionan como el sujeto robusto de gorra que traía el arma de fuego, se detiene específicamente para dispararles; hecho con el cual el juzgador estima la tentativa punible, ya que se vio exteriorizada la voluntad de asentarles un disparo; eventualidades que ponen de manifiesto, que el diecinueve de enero de dos mil veinte, aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos, en el lugar donde se encuentra el expendio de comidas propiedad de Jorge Armando Rocha Chávez, en la calle Francisco de la Vega y Leonardo Solís, del Fraccionamiento Senderos de San Isidro, los sujetos activos arribaron en un automotor Máxima blanco, dos de ellos descienden del mismo y uno portó el arma de fuego calibre 9 milímetros, utilizando la violencia moral amago, consistente en la infusión del temor en contra de la víctima Jorge Armando Rocha Chávez, así como de su sobrina Rosa Jocelyn Rocha Chávez y Edwin Elías Manzano Valadez, a quienes les indicaron que le dieran el dinero y en caso de negarse les privarían de la vida, utilizando para ello el arma de fuego citada, entregándoles la cantidad de nueve mil pesos, huyendo con su coautor, posteriormente le realizo disparos a la camioneta tripulada por Jorge Armando y Edwin Elías, con la intensión de privarlos de la vida, recibiendo un impacto en el cofre y otro el parabrisas. El Juzgador considero tipificado el hecho ilícito de robo calificado, a que se refiere el artículo 208, fracción I, 211, fracción VI y 212, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, porque se llevó a cabo el apoderamiento de la cantidad de nueve mil pesos, del negocio propiedad de Jorge Armando Rocha Chávez sin su consentimiento, con el evidente ánimo de dominio, utilizando como medio comisivo el arma de fuego Luger calibre 9 mm., con la que además, se trató de privar de su existencia, sin lograr el propósito por causas ajenas a la voluntad del agente, resultando en la calificativa prevista en el artículo 136, fracción II, inciso b, ya que los sujetos activos eran superiores al encontrarse armados, pues los pasivos no tenían arma alguna, con ello se aprecia que los sujetos activos no corrieron peligro o daño, con lo cual se da una ventaja, resultando coautores en términos del precepto 21. Fracción III, de este hecho ilícito. En relación al delito de homicidio tentado, razonó el juzgador que éste subsumía el ilícito de daños, que refiere la víctima Jorge Armando Rocha Chávez y Edwin, lo cual afirmó el perito Alfredo Cavazos Meléndez, al establecer su cuantía, en términos del artículo 13, fracción II, atendiendo al principio de especialidad pues la de mayor protección al bien jurídico absorbe al de menor alcance. En relación a la coautoría respecto de los hechos ilícitos de robo calificado y homicidio tentado, en términos de artículo 21, fracción III, respecto a los tres sujetos activos, tanto la conductora de la unidad motriz, así como al sujeto activo que acompañó a quien portaba el arma de fuego, tenían el codominio funcional del hecho, esto es, las conductas individuales realizadas por los tres activos, fue idónea para perpetrar el hecho ilícito de robo y homicidio calificado tentado, porque tenían conocimiento del arma que se portaba, además, la conductora de la unidad motriz arribó con ellos, esperó a que bajaran dos, se perpetrara el ilícito, luego, esperó a que subieran y se dieron a la fuga tanto con el dinero como con el arma de fuego que se había utilizado, lo cual constituyó el medio comisivo, además, en cuando al acompañante del portador del arma, aquí quejoso, se aprecia que estuvo de acuerdo, apoyándolo con su presencia en todo momento, hasta la amenaza con el arma y la recepción del dinero que no era suyo, retirándose hasta el vehículo que conducía la imputada y huyeron, de ahí que es correcto que deba responder por su participación en los mismos hechos. Señaló el juzgador que no hay una causa de justificación que abone a favor de los activos del hecho, si bien los testigos de descargo y el coimputado Francisco Javier, eximen a los imputados aquí quejosos de los hechos ilícitos, sin embargo, hasta el momento en que fue emitido el auto de vinculación a proceso no estuvo desacreditada su participación, por lo cual su conducta debía considerarse contraria a derecho, máxime si estuvieron presentes en la perpetración de las eventualidades acontecidas participando en ellas en la forma ya narrada. De tal manera que, estimó el juzgador, la probabilidad de que Jessica Gabriela Orpineda Muro y José Luis Orpineda Muro, intervinieron en la comisión de los hechos ilícitos, deriva de los datos de la imputación directa que hizo en su contra la víctima Jorge Armando Rocha Chávez, al reconocer a los quejosos como las personas que llegaron a bordo de un automóvil Máxima Nissan, blanco, cuya propiedad fue aceptada en declaración por el coinculpado Francisco Javier, lugar donde se encontraba el arma, además la víctima y Edwin Elías Manzano Valadez, reconocieron a ambos en la comisión del evento ya narrado, hecho que también se afirmó por la testigo Rosa Jocelyn Rocha Chávez, al describir a quien portó el arma, al imputado José Luis, como la persona que era delgado, más bajo, vestía ropa clara, además, señaló que la persona que conducía el automotor era una mujer, posteriormente al ser asegurado eran las cuatro personas, entre los cuales se encontraban Javier, José Luis y Jessica Gabriela como conductora del vehículo. Así, aunado a que el estándar probatorio es muy bajo, solo se exige que exista un hecho ilícito y la probabilidad de los imputados en su comisión, lo que con esos datos consideró suficientes, sumadas los datos periciales. Al no existir excluyente de responsabilidad, emitió formalmente el auto de vinculación a proceso, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en contra de los imputados Jessica Gabriela Orpineda Muro y José Luis Orpineda Muro, por los hechos ilícitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. En la teoría del caso, los quejosos basan su argumento consistente en que la autoridad responsable fue omisa en valorar correctamente las pruebas contenidas en la causa penal 367/2020, porque únicamente les dio valor a los datos de prueba ofrecidos por la representación social estatal y desestimó las pruebas ofrecidas por la defensa, pues la declaración de María de Jesús Moreno Espinoza versó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención, apoyada con la declaración de Alma Verónica González Moreno, a quien también le constaron los hechos, por ende, era testigo presencial. Que además, esas declaraciones coinciden con lo declarado por Francisco Javier Andrade Montoya, quien indicó que únicamente él participó en la comisión de los delitos que maliciosamente se les imputan en el auto de vinculación. Agregan que el Juez le dio credibilidad a una versión y no a otras, ese deber de explicar no fue cumplido en el acto reclamado, pues los desestimó por el parentesco de los testigos con los imputados. Es infundado lo estimado por los quejosos en sus motivos de disenso, a juicio de este resolutor, el juez responsable estuvo en lo correcto al tomar en consideración los datos de las pruebas de que se trata, aportados por la Fiscalía consistentes en que los elementos policíacos Gerardo Ortiz Villaseñor, Diana Bernabé, Luis Ángel Flores y Karina Arrieta, la víctima Jorge Armando Rocha Chávez, su sobrina Rosa Jocelyn Rocha Chávez y su empleado Edwin Elías Manzano Valadez, además por el experto en avalúo de daños Alfredo Cavazos Meléndez y el perito en balística forense Jesús Jacob Terán, como indicios, conforme a las leyes de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, en los datos de las pruebas que ofreció la representación social, obran elementos suficientes para estimar que se cometió un hecho delictuoso, en los que resultó víctima Jorge Armando Rocha Chávez, pues permiten evidenciar que la historia del hecho aconteció cuando los imputados fueron asegurados a las 21:55 horas del diecinueve de enero del año en curso, en la calle Prados del Paraíso, al bajarse de la unidad motriz Nissan Máxima blanco, conducido por la quejosa Jessica Gabriela Orpineda Muro y tripulado por tres sujetos, entre ellos Jose Luis Orpineda Muro, ya que momentos antes previos a su detención, se presentaron en el negocio de expendio de comidas propiedad de Jorge Armando Rocha Chávez, en la calle Francisco de la Vega y Leonardo Solís, del Fraccionamiento Senderos de San Isidro, a bordo de un automotor Máxima blanco, descendieron del mismo Francisco Javier Andrade Montoya y José Luis Orpineda Muro, el primero portó el arma de fuego calibre 9 milímetros, utilizando la violencia moral consistente en la infusión del temor en contra de la víctima, así como de su sobrina y Edwin, a quienes les indicaron que le dieran el dinero y en caso de negarse les privarían de la vida, utilizando para ello el arma de fuego citada, entregándoles la cantidad de nueve mil pesos, huyendo con su coautor, para ello la imputada conducía la unidad vehicular, de la cual se les realizaron disparos a Jorge Armando Rocha Chávez y Edwin Elías Manzano Valadez, pegándole a la camioneta que tripulaban con la intensión de privarlos de la vida, recibiendo un impacto en el cofre y otro el parabrisas. Hecho con el cual acertadamente el juzgador estima la tentativa punible, ya que se vio exteriorizada la voluntad de asentarles un disparo. Esos hechos permiten presumir que se llevó a cabo el apoderamiento de la cantidad de nueve mil pesos, propiedad de Jorge Armando Rocha Chávez sin su consentimiento, con el evidente ánimo de dominio, utilizando como medio comisivo el arma de fuego Luger calibre 9 mm., con la que además, se trató de privar de su existencia, sin lograr el propósito por causas ajenas a la voluntad del agente, resultando en la calificativa prevista en el artículo 136, fracción II, inciso b, ya que los sujetos activos eran superiores al encontrarse armados, pues los pasivos no tenían arma alguna, con ello se aprecia que los sujetos activos no corrieron peligro o daño, con lo cual se da una ventaja, resultando coautores en términos del precepto 21, fracción III, de este hecho ilícito. Esos datos, hasta este momento es dable se les conceda valor indiciario porque infieren un hecho delictivo y hasta ese momento no se desprendía que los agentes policiacos y víctimas se condujeran con mendacidad, máxime que al tratarse de la víctima señala circunstancias de la comisión del hecho ilícito, que aconteció en contra de su voluntad (al ser amenazados con el arma de fuego). Lo que se estima apegado a derecho y por ende, con dicha valoración no se vulneran los derechos fundamentales de los quejosos. Lo anterior es así, porque los datos aportados por la agente del Ministerio Público dan credibilidad del hecho ilícito de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. A ese respecto, se cita la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil setecientos treinta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, que dice: "JUECES DEL ORDEN PENAL, FACULTADES DE LOS, PARA ESTIMAR LOS ELEMENTOS CONDUCENTES A LA COMPROBACIÓN DE UN HECHO DELICTUOSO. La autoridad judicial goza, en principio, del más amplio criterio para estimar los elementos conducentes a la comprobación de un hecho delictuoso, aun cuando no sean de los que define y detalla la ley, si no están reprobados por la misma; pues siendo la comprobación del cuerpo del delito, la prueba plena de la existencia de un hecho o de una omisión que produce responsabilidad criminal, es claro que la comprobación del mismo, consiste en establecer la existencia de un hecho o una omisión punible; de manera que aun cuando algunos de los medios que la ley señala para comprobar el cuerpo del delito no se hayan usado o se hayan usado deficientemente, si con los demás que la propia ley proporciona, se llega a la comprobación del hecho criminoso, ello es bastante para que no se puedan tener por conculcadas las garantías individuales." En ese orden de ideas, la probabilidad de que los imputados Jessica Gabriela Orpineda Muro y José Luis Orpineda Muro, hayan participado en la comisión del hecho ilícito denominado robo calificado y homicidio en grado de tentativa, al ser señalados como las personas que junto con otra participaron para la perpetración del hecho ilícito del robo de nueve mil pesos en moneda nacional y la tentativa de privar de la vida a las víctimas, aunado a los restantes datos ya citados, son suficientes hasta este momento para evidenciar el hecho ilícito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron. De manera que resulta infundado lo argumentado por los quejosos en el sentido de que el Juez desestimó las pruebas ofrecidas por la defensa, pues la declaración de María de Jesús Moreno Espinoza versó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención, apoyada con la declaración de Alma Verónica González Moreno, a quien también le constaron los hechos, por ende, era testigo presencial, que además, se apoyaban con la declaración preparatoria del coinculpado de los imputados aquí quejosos. Sin embargo, como bien lo argumentó el juzgador, aun cuando en las versiones de las testigos no se aprecie mendacidad, no obstante de que una es la madre de los imputados y otra es la esposa de su codetenido, lo cierto es que también obran varios datos de los testimonios de la víctima, de los testigos como son la cajera y el cocinero de su negocio, los elementos de la policía que aprehendieron a los imputados aquí quejosos, en cuyo lugar los testigos los señalaron como las personas que les habían disparado con un arma y anteriormente les robaron a mano armada la cantidad de nueve mil pesos. Y para es hasta el juicio oral donde podrán valorarse las pruebas y las discrepancias o contradicciones de los testigos tanto de cargo como de descargo. En dicha resolución -auto de vinculación- únicamente se debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Basta que el órgano acusador le presente al juez datos que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en este. Lo cual en la especie así acontece. Máxime que cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Apoya los anteriores razonamientos las tesis de la Décima Época, del texto que a continuación se enuncia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." Lo resaltado es propio. En ese tenor, no se aprecia más allá de toda duda razonable causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De tal manera que, a consideración de este juzgador, los datos reseñados son aptos y suficientes para evidenciar las circunstancias de la comisión de un hecho considerado ilícito y la probabilidad de la participación de los imputados aquí quejosos en los hechos que se analizan, en ese tenor no se tiene duda de la veracidad de los datos, en tales consideraciones, no se estima transgredido el principio de presunción de inocencia. Esto se debe a que ante la existencia de un hecho ilícito y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, no existe una potencial repercusión en detrimento del principio de que se trata, pues aun con tal decisión los quejosos gozan de la calidad de inocente, dado que pese a que existen datos sobre su probable participación, lo cierto es que su culpabilidad no ha sido acreditada por el estado procesal en el que se está en la causa y, menos aún, a través de una sentencia definitiva, de ahí que, el sentido que orienta al auto reclamado, desde luego, no supone la anticipación al castigo por la conducta delictuosa correspondiente. Por tanto, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos previstos por el artículo 19 constitucional, puesto que en la causa hay datos suficientes para evidenciar el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo cual el juez responsable estuvo en lo correcto al dictar el auto de vinculación respectivo, de ahí que lo conducente en el caso es desestimar, por infundado, el concepto de violación de que se trata. Lo anterior es así, precisamente porque se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de la comisión del ilícito cuya realización se le atribuyó, el nombre de las personas que declararon en su contra, la parte quejosa fue oída por sí y a través de su defensor, y tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses convino, de ahí que, sin duda, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. En esas condiciones, queda claro que la actuación del juez responsable es acorde a derecho y, a la par, congruente con una correcta técnica jurisdiccional, puesto que al resolver la situación jurídica de la parte quejosa se concretó a analizar la consigna ministerial, y determinó que la conducta derivada de los hechos que presentó el órgano acusador es constitutiva del hecho ilícito por el que se ejerció la acción penal, encontrándose datos suficientes para evidenciar la probabilidad de la autoría del imputado en la comisión del hecho atribuido. Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos las tesis de la Décima Época, del texto que a continuación se enuncia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." Lo resaltado es propio. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio de los imputados Jessica Gabriela Orpineda Muro y José Luis Orpineda Muro, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 367/2020, por la probabilidad de su participación en el hecho ilícito de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, auto de vinculación a proceso, principio de presunción de inocencia y principio de oralidad, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 78, 81, 155 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado permitieron concluir la sentencia. Doy fe.
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