Jessica Fridman Geluda Gilder

Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1061/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Jessica Fridman Geluda Gilder

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del veintidós de agosto del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En este sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por derecho propio, contra actos del Juez Supernumerario del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1061/2023-VII. Ahora bien, la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo dictado en audiencia inicial del catorce de agosto del año en curso, dentro del expediente *****, referente al procedimiento de controversia de violencia familiar, del índice del juzgado de origen, promovido por la agraviada contra **************, en el que le fueron admitidas para su desahogo las pruebas que ofreció este último en su escrito de contestación, entre ellas la grabación de una llamada telefónica, así como la pericial en materia de psicología que habrá de practicarse tanto a la peticionaria del amparo como al tercero interesado, para lo cual se señalaron las diez horas con treinta minutos del uno de septiembre de este año, para ese efecto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano.". De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Atento a lo anterior y del análisis íntegro de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto que se impugna constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con él únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con el procedimiento familiar en el que es parte actora y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de cuestiones que no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que son violaciones intraprocesales, que pueden ser resarcidas en la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éstas son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva contra la resolución definitiva, en términos de lo establecido en los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la resolución definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de los quejosos, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. Es aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, página 1303, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio.". Igualmente cobra aplicación la Jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, que sostiene: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera". En ese orden de ideas, debe afirmarse que el acto reclamado no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la peticionaria de la tutela constitucional, porque como ya se estableció, las violaciones que alega son susceptibles de ser resarcidas al dictarse la sentencia definitiva en el juicio natural y, en caso de ser desfavorables a sus intereses, pueden ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada. Así, resulta inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que como ya se apuntó con antelación, el acto en esta vía reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que son violaciones intraprocesales, por lo que procede desechar la demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. En otro contexto, háganse las notificaciones por medio de lista electrónica que genera este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, por lo que se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo las gestiones correspondientes. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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