Jessica Aurora Bocanegra Gutierrez

Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Jessica Aurora Bocanegra Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto en que se tuvo por desechada la presente demanda de amparo

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ******** por propio derecho, contra omisiones del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 462/2023-II. Análisis de la instancia. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Destacado lo anterior, este órgano constitucional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo. El primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los demás preceptos señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que se promueva fuera del plazo de quince días, será extemporánea. - Caso concreto En el caso a estudio, la accionante de esta vía refiere que tiene el carácter de agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género en Ixtapaluca, cuya función es recibir e integrar en su etapa de ejecución las carpetas relacionadas con los delitos de violencia de género y que con tal carácter, derivados de los expedientes que cita, le fueron impuestas multas que como actos reclamados señala, ello conforme a lo siguiente: ? La Multa impuesta, contenida en el oficio número 400LK2100/2352/2023 de fecha 13 de Marzo de 2023, derivado de la medida de protección Especializada 236/2022, número de medida de protección 41/2022 y número auxiliar 276/2022, consistente en 30 unidades de Medida y Actualización, misma que me fue notificada el día 17 de Marzo del año 2023, mediante oficio número de folio 2301949. - La Multa impuesta, contenida en el oficio número 400LK2100/2366/2023 de fecha 13 de Marzo de 2023, derivado de la medida de Protección Especializada 259/2022, número de medida de protección 46/2022 y número auxiliar 302/2022, consistente en 50 Unidades de Medida y Actualización, misma que me fue notificada el día 17 de Marzo del año 2023, mediante oficio número de folio 2301950. - La Multa impuesta, contenida en el oficio número 400LK100/236/2023 de fecha 13 de Marzo de 2023, derivado de la medida de protección Especializada 235/2022, número de medida de protección 40/2022 y número auxiliar 254/2022, consistente en 20 Unidades de Medida de Actualización, misma que me fue notificada el día 17 de Marzo del año 2023m mediante oficio número de folio 2301949. [énfasis propio] Así las cosas, en razón de lo expresado por la propia quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el cual formuló bajo protesta de decir verdad, refiere lo siguiente: ".TERCERO.- Extrañamente, el día diecisiete de marzo del año en curso, se me hicieron llegar tres oficios, ya indicados que contienen los actos reclamado en la presente demanda de garantías, en los cuales en su conjunto y de una manera arbitrariamente e inconstitucional se me impone una seria de multas." [énfasis propio] Manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que son una confesión expresa para esta Juzgadora, la cual constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Bajo ese panorama, el presente juicio se ubica dentro del primer supuesto del artículo 18, de la Ley de Amparo; puesto que a la parte quejosa le fue notificado el acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió sus efectos el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, y en esa misma fecha empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Se sustenta lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que disponen: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles". Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación". De ahí que se evidencia que el lapso de quince días transcurrió del veintidós de marzo al catorce de abril de dos mil veintitrés, descontando los días veinticinco, veintiséis de marzo, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril del año en curso. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial es inconcuso que transcurrió en exceso el plazo de quince días hábiles que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para promover la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); ni promueve en su carácter de tercero extraño al procedimiento de origen. En consecuencia, como el acto reclamado se considera tácitamente consentido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No es inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". No se inobserva el hecho de que la solicitante de amparo aduzca bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".Es oportuno hacer notar a su Señoría, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mediante diverso juicio de garantías la suscrita quejosa, interpuso diverso amparo sobre 6 inconstitucionales multas, emitidas por las mismas autoridades ahora señaladas tanto como Ordenadoras, como Ejecutoras, mismo juicio de garantías que por razón de turno se radico ante el H. Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, con expediente número 178/2023-III, y que mediante promoción presentada ante dicho juzgado el día doce de abril del año en curso, y estando dentro de tiempo y forma la suscrita quejosa realizó ampliación de demanda de garantías en el mismo juicio antes indicado, misma Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, consideró que era improcedente dicho escrito mediante el cual se pretendía ampliar dicha demanda de garantías." [énfasis propio] Pues si bien, la ampliación de demanda que pretendió hacer valer en fecha doce de abril del año en curso, dentro el juicio de amparo 178/2023-III del índice de este juzgado, y que fue desechada el trece del mismo mes y año dentro de la audiencia constitucional del citado juicio de amparo, cierto es que en contra dicha determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis XXX.1º.7 K(10ª) tomo III, página 3763, Mayo de 2018, Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2016946, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA EMITIDO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO LA SENTENCIA NO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE LLEVÓ A CABO. En congruencia con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 78/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, materia común, página 7, de rubro: "REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.", y a partir de una interpretación sistemática de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, se considera que en el supuesto de que se emita un acuerdo que desecha la ampliación de demanda dentro de la audiencia constitucional, el único recurso procedente es el de revisión, pues conlleva mayores beneficios, porque: (i) permite el análisis de los acuerdos considerados en la propia audiencia; (ii) se puede concluir en la revocación de la resolución definitiva; (iii) permite, incluso, la adhesión al recurso principal; y, (iv) prevé un plazo mayor para su interposición. Consecuentemente, es desacertado afirmar que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso e), sólo tendría cabida cuando en la misma fecha de la audiencia constitucional se dicte la sentencia pues, por una parte, el legislador no acotó la procedencia de ese recurso a esa circunstancia, y tampoco se dispuso -por exclusión- que en esa hipótesis debía intentarse el recurso de queja; pero aún más, porque esa interpretación atentaría contra el principio de economía procesal, en cuanto resulta necesario procurar procedimientos ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor número de recursos, es decir, menos costosos y más rápidos, a fin de atender al derecho a una administración de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que el plazo de diez a que se refiere el numeral en cita para recurrir la determinación en la cual se le desechó su ampliación de demanda se encuentra transcurriendo, pues la notificación de la misma le fue realizada por lista el catorce de mes y año en curso, circunstancia que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que el plazo de referencia le transcurre de la siguiente forma: Término legal Sentencia Notificación por lista Surte efectos Inicio cómputo Conclusión término 13 de abril de 2023 14 de abril de 2023 17de abril de 2023 18 de abril de 2023 02 de mayo de 2023 Por lo que aún se encuentra en aptitud de recurrir el auto en el cual se desechó la ampliación de demanda que intentó hacer valer. Proceder de manera contraria y admitir la presente demanda, podría acarrear mayores perjuicios a la solicitante de amparo, pues llegado el momento de resolver y para el caso que las autoridades responsables hicieran valer la causal de improcedencia que ahora se analiza, tal análisis sería de estudio preferente para esta juzgadora. Además, de que esta Juzgadora no puede revocar sus propias determinaciones, y por otro lado la quejosa cuenta con el recurso de revisión para controvertir tal circunstancia. Designación de domicilio. Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto, subsane tal omisión. No obstante, dado el sentido de la presente determinación, se ordena notificar además de manera electrónica por medio del usuario señalado para consulta; en el mismo sentido de manera personal en el domicilio laboral de la quejosa, esto es en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género en Ixtapaluca, en términos del artículo 26 fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo.

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