Jessica Arreola Meza

Expediente 290/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 38 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
290/2015
Año
2015
Actuaciones
38
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Jessica Arreola Meza
  • Carlos David Granfill Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, de donde se advierte que resulta innecesario seguir conservando el anexo que remitió la autoridad responsable para resolver el presente asunto; además, de que existe acuerdo que expresamente ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido; en tal virtud, se ordena la devolución a la autoridad responsable de ese anexo. En la inteligencia de que no es necesario que se acuse recibo, ya que el sello de su recepción hará las veces de dicho acuse. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos y con el soporte de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se pasa a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Juzgado Federal, con apoyo en los elementos existentes en el expediente, los aportados por la responsable, así como, las manifestaciones que vierte la parte quejosa y tercero interesado, además en observancia a la jurisprudencia 26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: ".INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En esa tesitura, es pertinente señalar que la sentencia de fecha de engrose doce de mayo de dos mil quince, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jessica Arreola Meza, por propio derecho y en representación de su menor hija Karla Fernanda Granfill Arreola, para el efecto de que la responsable, efectuara lo siguiente: ".EFECTOS DEL AMPARO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca: 1) Emita una resolución fundada y motivada en la cual se realice un pronunciamiento expreso en torno a la manera de satisfacer los honorarios del perito oficial designado mediante auto de treinta de octubre de dos mil catorce, determinación que deberá fundar y motivar atendiendo a lo expuesto en este fallo respecto de la interpretación del artículo 365 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 2) En el entendido de que, con la mayor celeridad posible, realice todos los trámites conducentes, atendiendo a lo dispuesto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que desahogue la prueba pericial en toxicología clínica ofrecida por la quejosa a cargo del demandado Carlos David Granfill Estrada, en el expediente 16/2014, y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Salvo que se presente alguna situación que altere ese estado procesal. 3) En el caso de considerarlo necesario, tome las acciones necesarias para proteger el interese superior de la menor..". Por lo que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, el cuatro de septiembre de dos mil quince, dejó sin efectos el acto reclamado consistente en el cobro de honorarios del perito oficial designado por la Juez Sexto mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce. El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, por el cual informa la Juez Sexto Civil que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo conducente dice: "., cuando se apartan de la misión de impartir auxilio a las diversas dependencias gubernamentales o bien para el Propio Tribunal Superior de Justicia, que constituyen una ayuda a la sociedad, por tener las Controversias del orden familiar el carácter de orden público e interés social, debiendo responder amplia y jurídicamente a esas necesidades familiares y sociales, máxime que la práctica común informa que cuando se anuncia la prueba pericial en el juicio, esta autoridad se debe auxiliar de alguna dependencia oficial que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, el cual no habrá de devengar honorarios pues la institución de la que se auxilia le cubre un sueldo a dicho perito por la vinculación laboral existente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto dice:(la transcribe). Pero principalmente atendiendo al interés superior de la menor, a la garantía de administración de justicia a que se encuentra obligada esta autoridad, teniendo el caso particular como propósito evitar que por razones económica se debe de ofrecer o bien de recibir la prueba en comento que puede ser de suma importancia para resolver el presente juicio, y si bien dicha dependencia informó la imposibilidad para prestar el auxilio a éste Juzgado, no obstante de estar obligada a asistirlo; en ese orden de ideas, y a efecto de dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, atendiendo al caso particular y observándose la actitud renuente de la institución en cita, para acatar lo ordenado por esta autoridad judicial a fin de lograr el fin perseguido en el presente juicio, lo que ha implicado que se desahogue la prueba en Toxicología Clínica, tomado en consideración que esta autoridad se encuentra facultada para hacer uso de las medidas de apremio cuando la conducta de franca oposición a un mandato judicial impide el debido cumplimiento de un fallo, lo que está en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que en su párrafo tercero ordena que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que se garantice entre otras cosas, la plena ejecución de la resoluciones de los tribunales, requiérase de nueva cuenta al Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, quedando vinculado para el eficaz cumplimiento de dicha ejecución, para que en el plazo legal de TRES DÍAS designe a éste Juzgado un perito en materia de Toxicología, quien deberá comparecer dentro de dicho plazo a éste Juzgado a aceptar el cargo conferido para ello, y quien deberá de comparecer para su desahogo de dicha probanza, señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la toma muestra del demandado." Seguido el desahogo de la citada probanza previos requerimientos y apercibimientos realizados al Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y Fiscal General del Estado de Morelos, designo perito en la materia de Toxicología; teniendo el Juzgado Sexto Civil como designada a la especialista María Cristina Morales Hernández, quien aceptó y protesto el cargo conferido. Sin embargo, de autos se desprende que hasta antes de marzo de dos mil dieciséis no había sido posible desahogar la prueba en materia de Toxicología, por diversos motivos entre ellos, por inasistencias de las partes, así como de los peritos designados, además por existir desacuerdo del perito designado por la Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entre otros. Por lo tanto, la Juez Sexto Civil, no obstante el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, transcrito en lo conducente en párrafos anteriores, emitió un diverso acuerdo con el cual pretendió fundar y motivar su actuar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, empero ahora en el sentido de que la parte actora y demandada debían cubrir los gastos del perito designado por el Juzgado, ordenando como consecuencia dejar sin efectos la designación de la perito María Cristina Morales Hernández, y retoma para apoyar su actuar el acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce, es decir, se apoyó en un acuerdo que ya había sido materia de estudió de la ejecutoria de amparo para concluir en el mismo sentido consecuencia del amparo, es decir, determinar que el Químico Farmacéutico Industrial Eliseo Villalobos Gómez perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, seria quien llevaría el desahogó de la prueba de Toxicología, previó pago de sus honorarios y del estudio de dicha probanza a cargo de las partes del juicio natural. No obstante ello, el Juez responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince, emite otro diverso acuerdo en el cual hace constar que al no comparecer la perito de la parte actora del juicio natural, y vistas las manifestaciones de la actora de no poder cubrir los gastos del perito del estado; y su inconformidad con la perito designada por el Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, emite en lo conducente el siguiente acuerdo: " .En las relatadas consideraciones, y a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, requiérase a las partes en el presente juicio para que dentro del plazo de DIEZ DÚIAS exhiban el pago de los honorarios del perito designado por este Juzgado Químico Farmacéutico Industrial ELISEO VILLALOBOS GÓMEZ, como se encuentra ordenado por auto de tres de noviembre del año en curso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les aplicará en su contra una medida de apremio consistente en TRES DÍAS de salario mínimo general vigente en la región, ."., Sin embargo, a criterio de quien resuelve se advirtió que la Juez Sexto Civil se apartó de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y de su propio acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, en atención que volvió a tomar en cuenta acuerdos que ya habían sido materia de análisis en la ejecutoria de amparo, donde se precisó los lineamientos que tiene que seguir para cumplir sobre el cobro de honorarios a las partes del juicio natural, además como rector del procedimiento natural debía tomar todas las medidas pertinentes para su desahogo, parte de la ejecutoria de amparo y aquí interesa entre otras cosas se destacó lo siguiente: ".De la lectura integral y sistemática de las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos de aplicación supletoria a la familiar, se advierte que regula la prueba pericial, su ofrecimiento y la forma de su desahogo en términos similares, pero no establece cómo se deben pagar los honorarios del perito; de ahí que tampoco la legislación supletoria prevea la solución al problema jurídico planteado, esto es, a quién corresponde el pago de honorarios del perito oficial. En consecuencia, la determinación que la responsable tomó al asunto es ilegal porque carece de fundamentación y motivación, toda vez que ni en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos ni en el Código Procesal Civil de dicha entidad federativa de aplicación supletoria, establecen en algún dispositivo legal que los honorarios de los peritos serán cubiertos por las partes. De aquí que si no fundó su determinación ni sus razones conducen a las disposiciones aplicadas, es dable concluir que no fundó y motivó su proceder. Ello, en razón de que si tales ordenamientos no establecen que los honorarios del perito oficial deban cubrirse por las partes, es incorrecto que la autoridad responsable pretenda imponerles el pago de esos servicios profesionales, por el sólo hecho que el perito oficial haya manifestado la forma en que debían de cubrir sus honorarios, porque está aplicando a las partes una obligación procesal que no encuentra sustento legal, al menos, en la legislación referida. ". Siendo por ello, que a criterio de este Juzgador en ese momento no se encontraba cumplida la ejecutoria de mérito; ya que no debía pasar desapercibido el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, donde se precisó: ".máxime que la práctica común informa que cuando se anuncia la prueba pericial en el juicio, esta autoridad se debe auxiliar de alguna dependencia oficial que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, el cual no habrá de devengar honorarios pues la institución de la que se auxilia le cubre un sueldo a dicho perito por la vinculación laboral existente.". Asimismo, mediante oficio 852, de tres de mayo de dos mil dieciséis, la Juez responsable, remitió constancias de la diligencia de treinta de marzo actual, de las cuales se advierte que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y ante la inasistencia del perito designado por la parte actora aquí quejosa, sin justificar el motivo de tal incomparecencia, se le tuvo por conforme con el dictamen que en su momento emitiera la perito designada por el Juez responsable. Además, mediante diligencia de doce de abril actual María Cristina Morales Hernández, perito designado por la Juez responsable en Materia de Toxicologia, ratifico el contenido de su dictamen pericial rendido en los autos del juicio natural de donde emana el acto reclamado en esta instancia constitucional, de lo anterior se advierte que se ha logrado el desahogo de la prueba pericial en materia de toxicología; sin que pase desapercibido para este Juzgado las diversas manifestaciones de la parte quejosa respecto a que no se desahogaron debidamente los puntos de la prueba pericial ofrecida, sin embargo este Juzgador no puede analizar dichas cuestiones, en atención a que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, en todo caso esas violaciones las puede hacer valer ante la responsable o como violaciones que se cometieron en el juicio natural. Por lo tanto, a criterio de este Juzgado Federal, la Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias con las cuales acredito su dicho, como se ha narrado en párrafos que preceden, mismas con las que se dio vista a la parte quejosa, sin que esta realizara manifestación alguna; motivos por los que de acuerdo con el estudio de dichas constancias y, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada Carlos David Granfill Estrada, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos y con el soporte de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se pasa a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Juzgado Federal, con apoyo en los elementos existentes en el expediente, los aportados por la responsable, así como, las manifestaciones que vierte la parte quejosa y tercero interesado, además en observancia a la jurisprudencia 26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: ".INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En esa tesitura, es pertinente señalar que la sentencia de fecha de engrose doce de mayo de dos mil quince, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jessica Arreola Meza, por propio derecho y en representación de su menor hija Karla Fernanda Granfill Arreola, para el efecto de que la responsable, efectuara lo siguiente: ".EFECTOS DEL AMPARO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca: 1) Emita una resolución fundada y motivada en la cual se realice un pronunciamiento expreso en torno a la manera de satisfacer los honorarios del perito oficial designado mediante auto de treinta de octubre de dos mil catorce, determinación que deberá fundar y motivar atendiendo a lo expuesto en este fallo respecto de la interpretación del artículo 365 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 2) En el entendido de que, con la mayor celeridad posible, realice todos los trámites conducentes, atendiendo a lo dispuesto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que desahogue la prueba pericial en toxicología clínica ofrecida por la quejosa a cargo del demandado Carlos David Granfill Estrada, en el expediente 16/2014, y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Salvo que se presente alguna situación que altere ese estado procesal. 3) En el caso de considerarlo necesario, tome las acciones necesarias para proteger el interese superior de la menor..". Por lo que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, el cuatro de septiembre de dos mil quince, dejó sin efectos el acto reclamado consistente en el cobro de honorarios del perito oficial designado por la Juez Sexto mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce. El acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, por el cual informa la Juez Sexto Civil que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo conducente dice: "., cuando se apartan de la misión de impartir auxilio a las diversas dependencias gubernamentales o bien para el Propio Tribunal Superior de Justicia, que constituyen una ayuda a la sociedad, por tener las Controversias del orden familiar el carácter de orden público e interés social, debiendo responder amplia y jurídicamente a esas necesidades familiares y sociales, máxime que la práctica común informa que cuando se anuncia la prueba pericial en el juicio, esta autoridad se debe auxiliar de alguna dependencia oficial que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, el cual no habrá de devengar honorarios pues la institución de la que se auxilia le cubre un sueldo a dicho perito por la vinculación laboral existente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto dice:(la transcribe). Pero principalmente atendiendo al interés superior de la menor, a la garantía de administración de justicia a que se encuentra obligada esta autoridad, teniendo el caso particular como propósito evitar que por razones económica se debe de ofrecer o bien de recibir la prueba en comento que puede ser de suma importancia para resolver el presente juicio, y si bien dicha dependencia informó la imposibilidad para prestar el auxilio a éste Juzgado, no obstante de estar obligada a asistirlo; en ese orden de ideas, y a efecto de dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, atendiendo al caso particular y observándose la actitud renuente de la institución en cita, para acatar lo ordenado por esta autoridad judicial a fin de lograr el fin perseguido en el presente juicio, lo que ha implicado que se desahogue la prueba en Toxicología Clínica, tomado en consideración que esta autoridad se encuentra facultada para hacer uso de las medidas de apremio cuando la conducta de franca oposición a un mandato judicial impide el debido cumplimiento de un fallo, lo que está en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que en su párrafo tercero ordena que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que se garantice entre otras cosas, la plena ejecución de la resoluciones de los tribunales, requiérase de nueva cuenta al Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, quedando vinculado para el eficaz cumplimiento de dicha ejecución, para que en el plazo legal de TRES DÍAS designe a éste Juzgado un perito en materia de Toxicología, quien deberá comparecer dentro de dicho plazo a éste Juzgado a aceptar el cargo conferido para ello, y quien deberá de comparecer para su desahogo de dicha probanza, señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la toma muestra del demandado." Seguido el desahogo de la citada probanza previos requerimientos y apercibimientos realizados al Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y Fiscal General del Estado de Morelos, designo perito en la materia de Toxicología; teniendo el Juzgado Sexto Civil como designada a la especialista María Cristina Morales Hernández, quien aceptó y protesto el cargo conferido. Sin embargo, de autos se desprende que hasta antes de marzo de dos mil dieciséis no había sido posible desahogar la prueba en materia de Toxicología, por diversos motivos entre ellos, por inasistencias de las partes, así como de los peritos designados, además por existir desacuerdo del perito designado por la Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entre otros. Por lo tanto, la Juez Sexto Civil, no obstante el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, transcrito en lo conducente en párrafos anteriores, emitió un diverso acuerdo con el cual pretendió fundar y motivar su actuar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, empero ahora en el sentido de que la parte actora y demandada debían cubrir los gastos del perito designado por el Juzgado, ordenando como consecuencia dejar sin efectos la designación de la perito María Cristina Morales Hernández, y retoma para apoyar su actuar el acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce, es decir, se apoyó en un acuerdo que ya había sido materia de estudió de la ejecutoria de amparo para concluir en el mismo sentido consecuencia del amparo, es decir, determinar que el Químico Farmacéutico Industrial Eliseo Villalobos Gómez perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, seria quien llevaría el desahogó de la prueba de Toxicología, previó pago de sus honorarios y del estudio de dicha probanza a cargo de las partes del juicio natural. No obstante ello, el Juez responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince, emite otro diverso acuerdo en el cual hace constar que al no comparecer la perito de la parte actora del juicio natural, y vistas las manifestaciones de la actora de no poder cubrir los gastos del perito del estado; y su inconformidad con la perito designada por el Coordinador Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, emite en lo conducente el siguiente acuerdo: " .En las relatadas consideraciones, y a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, requiérase a las partes en el presente juicio para que dentro del plazo de DIEZ DÚIAS exhiban el pago de los honorarios del perito designado por este Juzgado Químico Farmacéutico Industrial ELISEO VILLALOBOS GÓMEZ, como se encuentra ordenado por auto de tres de noviembre del año en curso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les aplicará en su contra una medida de apremio consistente en TRES DÍAS de salario mínimo general vigente en la región, ."., Sin embargo, a criterio de quien resuelve se advirtió que la Juez Sexto Civil se apartó de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y de su propio acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, en atención que volvió a tomar en cuenta acuerdos que ya habían sido materia de análisis en la ejecutoria de amparo, donde se precisó los lineamientos que tiene que seguir para cumplir sobre el cobro de honorarios a las partes del juicio natural, además como rector del procedimiento natural debía tomar todas las medidas pertinentes para su desahogo, parte de la ejecutoria de amparo y aquí interesa entre otras cosas se destacó lo siguiente: ".De la lectura integral y sistemática de las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos de aplicación supletoria a la familiar, se advierte que regula la prueba pericial, su ofrecimiento y la forma de su desahogo en términos similares, pero no establece cómo se deben pagar los honorarios del perito; de ahí que tampoco la legislación supletoria prevea la solución al problema jurídico planteado, esto es, a quién corresponde el pago de honorarios del perito oficial. En consecuencia, la determinación que la responsable tomó al asunto es ilegal porque carece de fundamentación y motivación, toda vez que ni en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos ni en el Código Procesal Civil de dicha entidad federativa de aplicación supletoria, establecen en algún dispositivo legal que los honorarios de los peritos serán cubiertos por las partes. De aquí que si no fundó su determinación ni sus razones conducen a las disposiciones aplicadas, es dable concluir que no fundó y motivó su proceder. Ello, en razón de que si tales ordenamientos no establecen que los honorarios del perito oficial deban cubrirse por las partes, es incorrecto que la autoridad responsable pretenda imponerles el pago de esos servicios profesionales, por el sólo hecho que el perito oficial haya manifestado la forma en que debían de cubrir sus honorarios, porque está aplicando a las partes una obligación procesal que no encuentra sustento legal, al menos, en la legislación referida. ". Siendo por ello, que a criterio de este Juzgador en ese momento no se encontraba cumplida la ejecutoria de mérito; ya que no debía pasar desapercibido el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil quince, donde se precisó: ".máxime que la práctica común informa que cuando se anuncia la prueba pericial en el juicio, esta autoridad se debe auxiliar de alguna dependencia oficial que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, el cual no habrá de devengar honorarios pues la institución de la que se auxilia le cubre un sueldo a dicho perito por la vinculación laboral existente.". Asimismo, mediante oficio 852, de tres de mayo de dos mil dieciséis, la Juez responsable, remitió constancias de la diligencia de treinta de marzo actual, de las cuales se advierte que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y ante la inasistencia del perito designado por la parte actora aquí quejosa, sin justificar el motivo de tal incomparecencia, se le tuvo por conforme con el dictamen que en su momento emitiera la perito designada por el Juez responsable. Además, mediante diligencia de doce de abril actual María Cristina Morales Hernández, perito designado por la Juez responsable en Materia de Toxicologia, ratifico el contenido de su dictamen pericial rendido en los autos del juicio natural de donde emana el acto reclamado en esta instancia constitucional, de lo anterior se advierte que se ha logrado el desahogo de la prueba pericial en materia de toxicología; sin que pase desapercibido para este Juzgado las diversas manifestaciones de la parte quejosa respecto a que no se desahogaron debidamente los puntos de la prueba pericial ofrecida, sin embargo este Juzgador no puede analizar dichas cuestiones, en atención a que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, en todo caso esas violaciones las puede hacer valer ante la responsable o como violaciones que se cometieron en el juicio natural. Por lo tanto, a criterio de este Juzgado Federal, la Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias con las cuales acredito su dicho, como se ha narrado en párrafos que preceden, mismas con las que se dio vista a la parte quejosa, sin que esta realizara manifestación alguna; motivos por los que de acuerdo con el estudio de dichas constancias y, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por la Jueza Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito; al respecto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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