Jessica Alejandra Galindo Garcia

Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
486/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Jessica Alejandra Galindo Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. ...Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Curto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada del escrito signado por la quejosa ******************** y del acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso, dictado en el expediente 474/2020-II, de su índice; al respecto, agréguese sin mayor proveer, toda vez que por resolución interlocutoria de doce de noviembre anterior, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Cúmplase

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Curto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada del escrito signado por la quejosa Jessica Alejandra Galindo García y del acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso, dictado en el expediente 474/2020-II, de su índice; al respecto, agréguese sin mayor proveer, toda vez que por acuerdo de veinticinco de noviembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: - La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitida en los autos del expediente número 474/2020-II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en la que se determinó improcedente la reclamación interpuesta contra la diligencia de diecisiete de julio de dos mil veinte, en la que se decretó el depósito de sus menores hijas de identidad reservada. Y de las constancias anexas al informe justificado recibido en párrafos que anteceden, se advierte que en los autos del expediente 474/2020-II, del índice de la responsable, se emitió un auto en fecha cinco de noviembre del presente año, en el cual se dejó sin efectos las medidas provisionales decretadas y como consecuencia de ello el levantamiento del depósito decretado el diecisiete de julio del año en que transcurre, esto, en virtud de la falta de interés del aquí quejoso Anthony Uriel Hernández Parra, y no haber presentado su demanda dentro del término de diez días hábiles que establece el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por el auto de cinco de noviembre de la presente anualidad; por ende, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer en contra del acto reclamado, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicte un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la autoridad responsable en los autos del expediente 474/2020-II, del índice de la responsable, se emitió un auto en fecha cinco de noviembre del presente año, en el cual se dejó sin efectos las medidas provisionales decretadas y como consecuencia de ello el levantamiento del depósito decretado el diecisiete de julio del año en que transcurre, esto, en virtud de la falta de interés del aquí quejoso Anthony Uriel Hernández Parra, y no haber presentado su demanda dentro del término de diez días hábiles que establece el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estad. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, cesaron, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo el aludido auto el que rige en todos sus efectos legales y el que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, a fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación.

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