Jessica Aida Felicita Cerdan Lazo

Expediente 643/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
643/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Veliz Herrera
  • Jessica Aida Felicita Cerdan Lazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la notificación personal a la parte quejosa *********** por conducto de ********************, respecto de la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a realizar la notificación correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 643/2022-7; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, Luis Enrique Veliz Herrera y Jessica Aida Felicita Cerdán Lazo, por conducto de Raúl Emanuel Rocabado Álvarez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados que enseguida se transcriben: ."IV.-NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1.- Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria de los quejosos, así como la omisión de garantizarme el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2.-La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra de los quejosos. 3.- El traslado de los quejosos de una entidad a otra." SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda bajo el expediente 643/2022-7 únicamente por el quejoso Luis Enrique Veliz Herrera (dado que Jessica Aida Felicita Cerdan no ratificó la demanda presentada en su nombre); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde; y, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos por razón de trámite, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades que se encuentran dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: -El alojamiento derivado de que no se ha regularizado su situación migratoria. -La orden de detención, traslado y deportación en su contra. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Titular encargado de la Estación Migratoria, Instituto Nacional de Migración y Comandante Grupo Beta, dependiente del Instituto Nacional de Migración, todos con domicilio en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados, no obstante de estar debidamente notificadas para ello, tal y como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos; por tanto, de presume cierto lo que se les reclama. QUINTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación.que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Asimismo, cabe citar la tesis de jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no advertirse oficiosamente la actualización de motivo de improcedencia, procede el estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN" De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Las citadas autoridades responsables fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado, no obstante que fue debidamente notificadas y requeridas para ello, por lo que se presumen ciertos los actos a ellas reclamados. A pesar de ello, debe negarse al promovente el amparo y protección de la Justicia de la Unión, dado que los actos combatidos no son inconstitucionales en sí mismos, sino que ello depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado, y la carga probatoria de acreditar su inconstitucionalidad le corresponde a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el precepto 117 de la Ley de Amparo, en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. En apoyo a lo expresado y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, se cita la jurisprudencia número II.2°.J/11, publicada en la página 53 del tomo 70, de octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". OCTAVO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Luis Enrique Veliz Herrera, por conducto de Raúl Emanuel Rocabado Álvarez, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando octavo, de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, y firma electrónicamente ante Manuel Alejandro Valero Ortiz, Secretario que autoriza, da fe y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico del juicio de amparo 643/2022-7.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que no obran constancias de notificación de los oficios 36567/2021, 36568/2021, y 36569/2021 girados a las autoridades responsables Junta Directiva, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional de tres de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, reexpídase nuevamente los oficios 36567/2021, 36568/2021, y 36569/2021, a las citadas responsables, a fin que queden debidamente notificadas de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye a la actuaria judicial realice las acciones necesarias conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Karina Campas Serrano, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 933/2021-5. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista otorgada en proveído de nueve de mayo en curso, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo; por tanto, una vez que transcurra el término de tres días otorgado en el auto de mérito, resuélvase de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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