Jessenia Segoviano Acevedo
Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- Jessenia Segoviano Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito signado por José Francisco Pérez Espinoza, perito oficial en el presente juicio de amparo, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en actuación de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en relación con el diverso proveído de veintidós de febrero del año en curso, hace del conocimiento el monto al cual ascienden sus honorarios, asimismo, manifiesta su conformidad con el Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial al Arancel para el pago de honorarios y personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio dos mil veintitrés. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al perito oficial José Francisco Pérez Espinoza, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación del presente proveído, emita la opinión técnica que se le tiene encomendada, y para que una vez que emita y ratifique ésta, elabore su solicitud de pago de honorarios, en términos del Arancel para el pago de honorarios gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio dos mil veintitrés, o la imposibilidad que tenga para ello. Notifíquese y personalmente al perito oficial José Francisco Pérez Espinoza.
- Principal
e la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Por tanto, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte), se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15, del citado acuerdo general. ... Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta, y en atención a lo que solicita la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, dígasele que deberá de estarse a lo ordenado en párrafos previos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Estado de autos. Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que es necesario requerir a la autoridad responsable Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, para que remita diversas constancias necesarias para la completa integración del presente asunto. Solicitud de constancias. En virtud de lo anterior, se advierte que son necesarias constancias del índice de la responsable, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo; y, 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad denominada Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe si las constancias relativas al oficio No. B00.B12.04.01.-1640, registrado bajo el consecutivo 16740, del índice de este Juzgado, son la totalidad de las constancias que integran el expediente 2S.3.21/01782-2021, de su índice, y de no ser así, remita fotocopias certificadas legibles (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de la totalidad de las constancias que integran el expediente 2S.3.21/01782-2021, de su índice, o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. ???????????? Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Se difiere audiencia. Así las cosas, con el objeto de permitir que se cumpla con lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Maurilio*, través del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, los cuales, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio que remite el Titular de la División de Asuntos Fiscales y Administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia del Coordinador de Asuntos Contenciosos, mediante el cual cumple con lo requerido en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, se le tiene dando cumplimiento con el mismo y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que dicha autoridad anexa al comunicado de cuenta, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Póngase lo anterior a la vista de las partes, en la inteligencia de que los autos quedan a disposición en la secretaría de este Juzgado. Estado de autos. Ahora bien, por otra parte, de las constancias que integran el presente asunto y de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del informe remitido por la autoridad responsable y constancias que allegan al mismo, se advierte la participación de diversa autoridad a las señaladas como responsables, a saber, Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica Instituto Mexicano del Seguro Social. Se requiere por ampliación de demanda. Atento a las normas que rigen el juicio de amparo, conviene traer a colación la Jurisprudencia P./J. 15/2003 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Como se ve, del criterio jurisprudencial en cita se desprenden diversos supuestos en virtud a los cuales es posible que el quejoso amplíe la demanda de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias lectura integral de la demanda de amparo, así como del informe remitido por la autoridad responsable y constancias que allegan al mismo, se advierte la participación de diversa autoridad a las señaladas como responsables, a saber el Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que no ha sido señalado como responsable, por lo cual, se requiere a la accionante constitucional para que, en términos del artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto a señalar como autoridad responsable a la precisada con antelación y como actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda; además, insoslayablemente, tal ampliación deberá realizarla en términos del artículo 108 de la ley de la materia; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo fijado, se resolverá este asunto a la luz del escrito inicial de demanda y los informes justificados. En la inteligencia que de ampliar la demanda en los términos precisados, deberá acompañar cuatro copias del escrito por el que así lo haga, para distribuirlas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables ya señaladas como responsables, la necesaria para la nueva autoridad responsable, y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Cabe señalar que, a efecto de cumplir con el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsable a quien se lo atribuye, sólo el directo quejoso se encuentra facultado, no así sus autorizados, lo anterior dado que el señalamiento de acto reclamado y autoridades responsables, es un acto personalísimo que únicamente puede realizar él, por sus alcances y consecuencias. Tiene aplicación al respecto y por los motivos que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a), y 37/20112, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplir, se resolverá el presente sumario constitucional de conformidad con las autoridades y actos reclamados que señaló en su escrito inicial de demanda. Es aplicable la tesis I.9o.A.19 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1298, del Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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