Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Otros.

Expediente 940/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Otros.
  • Jessenia Juliza Naula Quinatoa

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Secretario del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que fue radicado bajo el número 1063/2022, de su registro. Ahora bien, respecto a las reservas realizadas en autos de tres, cinco y doce de agosto del presente año, relativas a los oficios del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Subdirectora de Área del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, ambos residentes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con los cuales remitieron diligenciado el exhorto 207/2022, orden 418/2022 y rinden informes de suspensión de plano, mediante diverso oficio que se remita a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remítanse dichas constancias al Juzgado de Distrito oficiante, para que acuerde lo que en derecho proceda. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    MESA 1-A.- Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe de suspensión de plano, señala domicilio y delegados. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo que en derecho proceda, con relación al informe de cuenta, hasta en tanto se tenga noticias del Juzgado que tomará conocimiento de la competencia planteada en auto de uno de agosto del presente año.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; cinco de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la Subdirectora de Área del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, Encargada de la Estancia Provisional del INM, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexo que acompaña, por medio del cual rinde informe de suspensión de plano, señala domicilio y delegados. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo que en derecho proceda, con relación al informe de cuenta, hasta en tanto se tenga noticias del Juzgado que tomará conocimiento de la incompetencia planteada en auto de uno de agosto del presente año. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, uno de agosto de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida Idalia Avalos Feliciano, en favor de Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula, contra actos del Jefe de la Estación Migratoria conocida como CUPAPE del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otras autoridades: ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 940/2022, mesa 1-A ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: - La deportación, retorno asistido, repatriación asistida, así como la retención. CONSIDERACIONES PREVIAS Ahora, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. LEY DE MIGRACIÓN Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. REGLAMENTO Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras. Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de la ahora parte quejosa (extranjero), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria. Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria. III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento; "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;." "Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias. Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos. Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. I. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. II. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a)Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d)Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México. De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, en atención a la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de detención fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida del disconforme. Por otra parte, los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, que a letra dicen: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. "Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables. En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte." " Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título. De donde se deduce, que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional. Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR En consecuencia, considerando que en el juicio en que se actúa, se tienen como actos reclamados la deportación, retorno asistido, repatriación asistida, así como la retención, en términos del artículo 126, 138 y 164 de la ley de la materia, se provee de oficio y de plano respecto la suspensión de plano de dichos actos "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS." En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte promovente y ante el peligro de que se continúen ejecutando los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: CONCESIÓN DE LA SUSPENSION DE PLANO -RETENCIÓN Ahora, respecto a actos reclamados que el promovente hace consistir en la retención, de conformidad con los artículos 126 y 164 segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula, para el efecto de que la autoridad responsable que tenga detenido en calidad de alojados a las citadas quejosas, si este ya excedió del plazo de treinta y seis horas, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de dichas extranjeras, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando la parte quejosa satisfaga los supuestos exigidos para tal medida, por la Ley de Migración y su reglamento, ante la autoridad migratoria, que enseguida se disponen: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad migratoria; b) Establecer un domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización; c) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana; y, d) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración y registro en el libro correspondiente. En el entendido que los requisitos señalados deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. La garantía señalada en el inciso a), podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, la cual deberá ser asequible, atendiendo a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra en su condición de migrante. . De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional Ello no implica que éstas pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a los peticionarios del amparo transitar en la localidad donde realice su trámite o procedimiento migratorio. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no acredita que se inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con este tema, siempre que se encuentre dentro de esa localidad. En la inteligencia que mientras las directas quejosas se encuentren alojadas en la estación migratoria, las autoridades responsables deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas alojadas, con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sean tratados con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. Así como garantizar que el lugar o espacio en el que se encuentre alojada la parte quejosa, reúna las condiciones de higiene, acatándose para ello las recomendaciones y protocolos emitidos por las autoridades de salud, para evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID 19 en sus diversas variantes. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la nueva detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y, es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10.)1, emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acto de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar a territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderé a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO - DEPORTACIÓN, RETORNO ASISTIDO Y/O REPATRIACIÓNIRIS Ahora, respecto del diverso acto reclamado consistente en la deportación, retorno asistido y/o repatriación, de conformidad con los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula, para el efecto de que no se ejecute, la deportación, retorno asistido y/o repatriación, a su país de origen; para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza en su rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación o el retorno asistido de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de las mismas, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegare a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que, informen dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden notificados del presente proveído, respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, agregando copia certificada de las constancias relativas. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, delito que de llegar a consumar, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para el ejercicio de la acción penal en contra de quien ostenta el cargo de la autoridad infractora. Además, se indica a las autoridades mencionadas que, en caso de no recibir los oficios que le sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les imponga multa de cien unidades de medida y actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo prevé el numeral 245 de la Ley de Amparo. En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. INCOMPETENCIA En otro orden, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, carece de competencia legal para conocer este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que las directas quejosas Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula, se encuentran privadas de su libertad en la Estación Migratoria conocida como CUCAPE en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y los actos que reclaman tienen o tendrán efectos de ejecución en ese lugar, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto, por razón de territorio, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto aclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado. Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente Ia demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde tendrá ejecución o se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica el albergue en donde se encuentran alojados los directos quejosos. Por tanto, si el estación migratoria donde se encuentran recluidos las quejosas, se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se estima que los actos reclamados tendrán o tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito cuya residencia se encuentra en esa ciudad. Máxime que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo tienen su residencia fuera del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, carece de competencia legal, para conocer de amparo en que se actúa. Por ello, remítase los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno a fin de que tenga a bien pronunciarse sobre el particular. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Solicítese al citado Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno al que corresponda conocer de la presente demanda, cuse recibo y comunique la determinación correspondiente. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Por otra parte, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese exhorto vía sise al Juzgado de Distrito de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables: 1. Jefe de la Estación Migratoria conocida como CUCAPE del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Encargado y/o Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Y les haga saber la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, haciéndole entrega de una copia de la demanda para que rinda su respectivo informe. Asimismo, se constituya a la Estación Migratoria dependiente del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, ubicado en Carretera Nueva Alemania, Kilómetro 1.5, a un costado del Hospital COFAL, código postal 3071 Libramiento Norte Oriente, sin número, Las Palmas, código postal 29040, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de que proceda a la búsqueda y localización de Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula a fin de requerirlas para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor por Idalia Avalos Feliciano, apercibidas que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efectos las medidas suspensionales decretadas. Lo anterior, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, es decir, que las directas quejosas ratifiquen la petición de amparo, promovida a su favor, en términos de los artículos 6 y 15 de la Ley de la materia. Además, el actuario en dicha diligencia deberá dar fe del lugar y condiciones en que se encuentran los inconformes; asimismo, las requiera para que manifiesten si es su deseo autorizar en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, a la promovente del amparo y a las diversa persona señalada en el escrito de demanda; asimismo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Hecho lo anterior, el actuario judicial adscrito deberá cerciorarse a disposición de qué autoridad se encuentran los quejosos y además asentar dicha información en el acta respectiva. Ahora bien, en el caso de que Jessenia Juliza Naula Quinatoa y Breysi Mishellquishpi Naula, no estén en dicho lugar, se ordena al actuario para que se constituya en el sitio en el que tenga noticia se encuentran, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción territorial de ese órgano de control constitucional. Se requiere al encargado de la custodia de las directas quejosas, para que permita el acceso del funcionario judicial, al lugar en que se encuentran y los ponga ante su presencia para el debido cumplimiento de lo acordado; apercibido que de no hacerlo, se procederá en su contra por el delito de desacato a un mandato judicial, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial que realice la diligencia, para que la lleve a cabo cumpliendo con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional; hecho lo anterior, deberá devolver a la brevedad la comunicación oficial de referencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentran detenidos los directos quejosos; en caso de no ratificar o de ser omiso en señalar domicilio alguno para oír y recibir notificaciones, se tendrá como domicilio -para oír y recibir notificaciones- la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, conforme lo dispone el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se reserva de acordar lo conducente respecto a los autorizados hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda. Así también, se reserva acordar respecto al correo electrónico y número electrónico, hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda. AUTORIZACIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o. de la Ley de la materia, expídase la copia certificada a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Se hace de su conocimiento que, las constancias consultadas en el expediente electrónico que cuenten con la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, como lo dispone el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenline a. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al conmutador 962 698 7434, extensiones 1001 y 1005. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Exal Aguilar Velázquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria que autoriza, Iris Concepción Pérez Pérez, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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