Jesse Rafael Méndez Hernández
Expediente 1501/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1501/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesse Rafael Méndez Hernández
- María Luisa Pedroza Moreno
- Verónica Jackeline Méndez Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo definitivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como originales y no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite el quejoso, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos el expediente original 378/2020 de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada Verónica Jackeline Méndez Pedroza, mediante el cual solicita se declare firme la resolución dictada en el presente juicio de amparo y se realice la devolución del expediente 378/2020 al juzgado de origen. En su atención, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo definitivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como originales y no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite el quejoso, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos el expediente original ******************** de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada ********************, mediante el cual solicita se declare firme la resolución dictada en el presente juicio de amparo y se realice la devolución del expediente ******************** al juzgado de origen. En su atención, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con un minuto del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1501/2022-I, promovido por Jesse Rafael Méndez Hernández, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- escrito de demanda de amparo presentada por Jesse Rafael Méndez Hernández; 2.- proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se radicó la demanda de amparo y se previno a la parte quejosa; 3.- escrito del quejoso, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada; 4.- auto admisorio de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y 5. informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que las terceras interesadas Verónica Jackeline Méndez Pedroza y María Luisa Pedroza Moreno se encuentran debidamente emplazadas. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las terceras interesadas Verónica Jackeline Méndez Pedroza y María Luisa Pedroza Moreno. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable, Encargado del Despacho del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, al rendir su informe justificado remitió el original del expediente 378/2020 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Gabriel Méndez Hernández y/o Gabriel Méndez Hernández. Por su parte, el quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández ofreció como pruebas las documentales consistentes en: 1.- copia simple de acta de matrimonio folio 0235923 celebrado entre José Gabriel Méndez Hernández y Sara Hernández Vargas; 2.- tres recibos del servicio de energía eléctrica en original y copia a nombre de Alfonso Peira B. con domicilio en la Ciudad de México; 3.- dos recibos de servicios telefónico en original y copia a nombre de Hernández Vargas Felisa, uno con domicilio en la Ciudad de México y el diverso con domicilio en Apizaco, Tlaxcala; 4.- aviso de cambio de clínica de adscripción del Instituto Mexicano del Seguro Social en original y copia a nombre de Jesse Rafael Méndez Hernández; 5.- copia de formato para trámite de pago de certificado de residencia de uno de febrero de dos mil veintitrés a nombre del quejoso; 6.- copias de dos credenciales para votar con folios 4627081018570 y 4627114986490 a nombre del quejoso con domicilio en la Ciudad de México; 7.- constancia de situación fiscal de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis a nombre de Jesse Rafael Méndez Hernández y 8. citatorio de nueve de enero de dos mil diecisiete girado al quejoso por el Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México en original y copia. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo cual se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y la tercera interesada Verónica Jackeline Méndez Pedroza, mediante escritos registrados con los números 2740, 3508 y 4343, respectivamente, sin que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito haya formulado pedimento. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de cuenta; asimismo, se tiene por hecha la constancia relativa a que el fiscal federal adscrito no presentó pedimento, por lo cual se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1501/2022-I, promovido por Jesse Rafael Méndez Hernández, por propio derecho; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, Jesse Rafael Méndez Hernández, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera instancia de lo Civil y Familiar Distrito Judicial de Morelos. Actuario adscrito al Juzgado de Primera instancia de lo Civil y Familiar Distrito Judicial de Morelos. ACTO RECLAMADO: El emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de su padre José Gabriel Méndez Hernández y/o Gabriel Méndez Hernández, radicado con el número 378/2008. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 17). SEGUNDO. Prevención, admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo 1501/2022 y se mandó a prevenir al promovente para que exhibiera tres copias más de su libelo constitucional, indicada si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, además de que precisara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y los efectos para los que solicitaba la suspensión de los actos reclamados (fojas 13 a 15). Una vez que el quejoso dio cumplimiento a lo requerido, en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda; se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 18 a 20, 109 y 110). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a las terceras interesadas Verónica Jackeline Méndez Pedroza y María Luisa Pedroza Moreno, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos (fojas 90 a 97) y mediante escrito acordado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la primera de las nombradas se apersonó al presente juicio de amparo (fojas 98 a 101). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández reclama: El emplazamiento que le fue efectuado el tres de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 378/2020 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Gabriel Méndez Hernández y/o Gabriel Méndez Hernández radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos y Diligenciaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado (fojas 32 y 33); sin embargo, a continuación realizaron manifestaciones que evidencian su existencia, al admitir que el tres de diciembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo el emplazamiento al juicio sucesorio 378/2020. Por tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación a lo anterior la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior se corrobora con el original del expediente 378/2020 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Gabriel Méndez Hernández y/o Gabriel Méndez Hernández del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con el cual se formó un cuaderno de pruebas por separado, donde obra el acto reclamado por el quejoso (fojas 65 a 75), documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad se encuentre en aptitud de resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. En el caso, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Toda vez que el acto reclamado, consistente en la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes 378/2020 del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la Ley de Amparo, que es la siguiente: a.- Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado. b.- Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar. c.- Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que la causa que aquí se analiza y torna improcedente el presente juicio de control constitucional, tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en aquellos casos que no se esté en algunas de las excepciones que prevé el mismo numeral. Esto tiene su razón en que el legislador consideró que si un gobernado afectado por el acto de autoridad no se opone a él a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que lo consintió. Lo anterior resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, se cita la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 219095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 364 "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." El criterio que precede se considera afín a la Ley de Amparo vigente, donde se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a.- Un acto de autoridad. b.- Una persona afectada por tal acto. c.- La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d.- El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e.- El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, es oportuno precisar que el estudio de la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie es de estudio preferente. Lo anterior, se explica en la medida en que el aquí promovente del amparo reclama el emplazamiento que le fue efectuado el tres de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 378/2020 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Gabriel Méndez Hernández y/o Gabriel Méndez Hernández radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. Empero, de los antecedentes narrados por el quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández en el escrito registrado con el número 25761, por cual desahogó la prevención que le fue formulada, el impetrante manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de noviembre de dos mil veintidós (fojas 16 y 17). Lo anterior lo expresó de la siguiente forma: "LA TERCERA. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS HECHOS O ASBTENCIONES QUE ME CONSTAN, MISMOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: "Que en fecha veinte de noviembre del presente año me trasladé de la Ciudad de México, ciudad en donde tengo mi domicilio legal y de residencia desde hace más de quince años, hacia el estado de Tlaxcala, con motivo de un compromiso personal y familiar, situación que generó que en la fecha antes mencionada tuviera conocimiento del acto reclamado por medio de mis familiares, los cuales simplemente me informaron sobre la existencia de un juicio sucesorio intestamentario, donde estaba radicado el juicio, el número del expediente y que al parecer ya hubo nombramiento de un albacea definitivo, existiendo una investigación y rastreo respecto de los bienes de mi difunto padre que lleva por nombre JOSÉ GABRIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ o GABRIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ, de los cuales no tengo conocimiento. Siendo de relevancia para el suscrito quejoso que jamás fui emplazado, ya que bajo protesta de decir verdad, manifiesto no he tenido acceso al expediente ya antes mencionado." Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado. En ese tenor, dicho plazo comenzó a correr el veintidós de noviembre de dos mil veintidós y concluyó el día doce de diciembre de ese año, sin contar los días veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre, así como tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles, atento a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la siguiente tabla ilustrativa: Noviembre 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 20 Fecha en que el quejoso se entera del acto reclamado 21 Inhábil 22 Día 1 23 Día 2 24 Día 3 25 Día 4 26 27 28 Día 5 29 Día 6 30 Día 7 Diciembre 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 8 2 Día 9 3 4 5 Día 10 6 Día 11 7 Día 12 8 Día 13 9 Día 14 10 11 12 Día 15 13 14 Presenta la demanda 15 16 17 18 Luego, si la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, como obra en la boleta y sello de recepción que obran a fojas 1 y 2 de autos, tal promoción resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se debe tener por consentido el acto que se reclama, dado que el quejoso admitió que desde el veinte de noviembre de dos mil veintidós tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual así expresó de manera textual, refiriendo incluso que supo de ello por sus familiares, quienes incluso le informaron el número del expediente y de la autoridad que había radicado el juicio. No sobra decir que como hecho notorio para esta autoridad judicial se advierte que el juicio de amparo 889/2022 del índice de este Juzgado de Distrito se promovió por el aquí quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández , quien en su escrito inicial de demanda, la cual fue presentada el quince de julio de dos mil veintidós, se hizo sabedor de la notificación que se le practicó en el juicio sucesorio de origen, la cual se ordenó por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, la cual es la misma que reclama en el asunto que ahora se resuelve. Por tanto, debe concluirse que por lo menos desde la indicada fecha, el quejoso tenía conocimiento de la diligencia de emplazamiento que pretende controvertir en el presente sumario constitucional, de ahí que la promoción del presente juico resulte extemporánea. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Quinta Época Registro: 338362 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXVI Materia(s): Común Tesis: Página: 193 "ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el juicio de amparo, y deben entenderse así si dicho juicio no se ha promovido dentro del plazo que la ley señala". En mérito de todo lo anterior, y en virtud de que la parte quejosa no promovió el presente juicio de amparo dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, es que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ello, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. Cabe señalar que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este Juzgado se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis del fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo Jesse Rafael Méndez Hernández conforme a lo razonado en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese al sumario el escrito del quejoso Jesse Rafael Méndez Hernández; en su atención, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que hace valer a manera de alegatos, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
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