Jesica de Jesús Montero Vidal y Otros.
Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2023
Partes del expediente
- Jesica de Jesús Montero Vidal y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de queja contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación...
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Jesica de Jesús Montero Vidal, Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación y Judicialización 02 de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, contra actos del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región 01, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad responsable, a quienes les reclama el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se acordó que no era procedente la petición de saneamiento de medios de pruebas en la causa penal 97/2020, y en consecuencia se fijó fecha para el desahogo de la audiencia de juicio oral. ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 954/2023-VIII, en el libro de gobierno respectivo. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el presente asunto el suscrito considera que, contra el acto reclamado consistente el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se acordó que no era procedente la petición de saneamiento de medios de pruebas en la causa penal 97/2020, y en consecuencia se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de juicio oral, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso; dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De la interpretación de dichos preceptos, se advierte que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo. Es decir, establecen que la demanda de amparo la puede promover la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que dicha afectación sea real y actual sobre la esfera jurídica de quien se dice agraviado; de esta manera el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades. El agravio a que se hizo mención debe ser actual; es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. Por tanto, se considera que el no acordar procedente la petición de saneamiento de pruebas en la causa penal 97/2020 y señalar fecha para la audiencia de juicio oral, tildado de inconstitucional no puede ser analizada en el juicio de derechos humanos, en atención a que la quejosa carece de un interés jurídico para combatirla ante esa instancia constitucional, pues de existir, dicho acto no causa alguna afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, quien solicita la protección de la Justicia de la Unión debe estimar vulnerados sus derechos humanos por una autoridad en términos del principio de agravio personal y directo; por tanto, la agente del Ministerio Público que acude al juicio de amparo no cuenta con interés jurídico, porque no debe considerarse que sea titular de un derecho público subjetivo, ni que demuestre una afectación real y actual a su esfera jurídica en forma directa, pues por mandato constitucional el órgano que representa es el encargado de investigar los delitos y ejercitar la acción penal ante los tribunales y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, con la salvedad prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, esto es, cuando una norma general, acto u omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Situación que no acontece en el proceso penal, pues el acto reclamado no vulnera su patrimonio. Al respecto, se cita la tesis Aislada (11a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2023905, que dice: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTOS EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECLAMAR LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE PRORROGAR EL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. Hechos: Un agente del Ministerio Público promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa del Juez de Control a su solicitud de prorrogar el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que de manera manifiesta e indudable se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que dicha autoridad carece de interés jurídico y de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra la negativa del Juez de Control de prorrogar el plazo para el cierre de la investigación complementaria y, por tanto, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, párrafo primero (interpretado en sentido contrario), 6o. y 7o., todos de la Ley de Amparo. Justificación: Para la procedencia del juicio de amparo, quien solicita la protección de la Justicia de la Unión debe estimar vulnerados sus derechos humanos por una autoridad en términos del principio de agravio personal y directo; por tanto, el agente del Ministerio Público que acude al juicio de amparo no cuenta con interés jurídico, porque no debe considerarse que sea titular de un derecho público subjetivo, ni que demuestre una afectación real y actual a su esfera jurídica en forma directa, pues por mandato constitucional el órgano que representa es el encargado de investigar los delitos y ejercitar la acción penal ante los tribunales y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, con la salvedad prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, esto es, cuando una norma general, acto u omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Situación que no acontece en el proceso penal en el que el Juez de Control, en audiencia de ampliación del plazo para la investigación complementaria, determina negar la prórroga para el cierre de la investigación complementaria, pues aun cuando en la audiencia respectiva se ubica en un estadio igualitario con relación al imputado, el acto reclamado no vulnera su patrimonio." Aunado a lo anterior, la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia, por regla general, está exenta de control constitucional a través del juicio de amparo, salvo que se trate de actos de imposible reparación, sin embargo, en el caso no se actualizan. Sirve de aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023906, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Por consiguiente, al surtirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la referida ley. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda; además. Se toma no del correo jesica.montero@pgje.chiapas.gob.mxoutlook.com, y número de celular 9613014529, que proporciona para una eficaz comunicación, mas no así para efectos de realizar las notificaciones por este medio, toda vez que no encuadra en el supuesto del artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, que establece que las notificaciones se harán las partes por este medio si así lo solicitan, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica, sin que al efecto, haya proporcionado algún número de usuario...
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3, de la ley de Amparo, glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, por el cual solicita se le devuelva el original de los tomos I, II y III, del expediente 228/B/2005, actualmente 726/2020; Al efecto, como en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se ordenó archivar el presente asunto como totalmente concluido, remítase a la referida autoridad, los tomos originales de referencia y las copias certificadas del tomo IV, del expediente en comento. Sin que se estime necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de acuse.
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