Jerson Roberto Jara Flores
Expediente 1491/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1491/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jerson Roberto Jara Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila, a siete de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad. Acuerdo. Atento a su contenido, se le tiene por informando que dicho órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo promovida por Jerson Roberto Jara Flores, por sí y en representación de su menor hijo R.I.J.R., la cual fue remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del octavo Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo del legal impedimento planteado por este órgano jurisdiccional; el cual quedó registrado bajo el juicio de amparo 467/2022, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a uno de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio 811/2022, remitido por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por dicho tribunal, en los autos del impedimento civil 6/2021, en la que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado. SEGUNDO: Se ordena remitir las constancias del expediente de amparo indirecto 1491/2021-III, promovido por Jerson Roberto Jara Flores, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, para que se efectúe el sorteo correspondiente, excluyendo del mismo al Juzgado Primero de Distrito en La Laguna". Integración. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes, la ejecutoria en comento. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Se notifica al tercer interesado Mario Alberto Valdez Pérez. Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 871/2021, promovida por Sergio Valdez Pérez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancias de lo Familiar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de este incidente. Informe previo. Con apoyo en los artículo 122, 124, 131 y 132, todos de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir por duplicado, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita a este órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes; informe que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual, en la notificación correspondiente, se les acompaña copia de la demanda. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe previo respectivo dentro del término conferido, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario; y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Solicitud de la medida suspensional. Solicita la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se ejecute el señalamiento del bien inmueble ubicado en calle Veracruz número 209 oriente, de la colonia las Rosas, en Gómez Palacio, Durango, construida sobre la fracción oriente de la mitad sur lote número 02, de la manzana XXIV (vigésima cuarta), de la colonia las rosas, de esa ciudad, con una superficie total de 187.79 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 10.45 metros, colinda con terreno de la misma manzana; al sur en 10.45 metros, colinda con calle Veracruz; al oriente en 17.97 metros, colinda con el resto de la fracción sur del lote 02; y al poniente en 17.97 metros, colinda con lote de la misma manzana, para embargo decretado dentro de los autos del juicio de divorcio 994/2008 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, asimismo, no se anote en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Gómez Palacio, Durango, ningún acto posterior sobre el inmueble casa habitación. Análisis de la suspensión. Antes que nada, para efectos de proceder a verificar si en el caso procede o no otorgar la suspensión solicitada, resulta necesario citar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo: "128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: --- I. Que la solicite el quejoso; y --- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. --- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, se encuentran: 1) que la solicite el quejoso, 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación al precepto legal antes reproducido, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de la Materia, el cual es del tenor literal siguiente: "129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: --- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; --- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; --- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; --- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; --- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; --- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; --- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; --- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; --- IX. Se impida el pago de alimentos; --- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; --- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; --- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; --- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Luego, atento al contenido del numeral invocado, del que se observa un listado de cuáles son aquellos casos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, lo que se robustece de la expresión "entre otros casos", razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el Juez federal debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social. Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social. Por su parte, el numeral 138 de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Éste último precepto legal, establece en lo que al caso interesa, que una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El requisito aludido implica que, para la concesión de la suspensión basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Dicho análisis no debe prejuzgar sobre la certeza del derecho que se dicen afectados, pues la determinación tocante a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es materia del fondo del juicio de amparo; lo cual no debe realizarse al momento de atender la procedencia de la suspensión, pues al tramitarse por cuerda separada del principal, la suspensión no puede influir en la sentencia de fondo, ya que como se precisó, esta medida sólo constituye una medida provisional para tutelar tanto la materia del juicio, como la posible irreparabilidad de la esfera de derechos de los gobernados. Sin embargo, la apariencia del buen derecho debe ponderarse, con base en los demás requisitos requeridos para el otorgamiento de la suspensión; es decir, que no se cause perjuicio al interés social o al orden público, porque si el perjuicio a éstos últimos es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que puedan sufrir los quejosos, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado. En resumen, el análisis de la apariencia del buen derecho, siempre debe efectuarse en relación con la no afectación del interés social y/o al orden público, para resolver si procede otorgar o no la medida suspensiva. Resulta aplicable a lo anterior, la 2a./J. 204/2009 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Registro: 165659, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés jurídico (interés suspensional), confrontado con la posible afectación del interés social a las normas de orden público. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Así las cosas, para resolver sobre la concesión de la suspensión mencionada, debe de atenderse a los dos requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite el agraviado b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer supuesto queda satisfecho, en cuanto a que la medida suspensional fue solicitada por la parte agraviada en el escrito de amparo. Ahora bien, el quejoso allegó a su demanda de amparo las documentales consistentes: i. Certificado de gravamen expedido el treinta de junio del presente año, por el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Gómez Palacio, Durango. ii. Escritura número cuatrocientos veintisiete, de siete de julio de dos mil catorce, pasada ante la fe del licenciado Agustín Gerardo Saldaña Villarreal, Titular de la Notaria Pública número Cuarenta y Uno, con ejercicio para este Distrito, en la cual se protocolizó el contrato de compraventa celebrado por una parte por Mario Alberto Valdez Pérez a quien se le designa como parte vendedora y por la otra parte Sergio Valdez Pérez a quien se le designa como la parte compradora. Por lo que de manera presuntiva acredita su interés para la concesión de la medida cautelar, pues esencialmente el bien inmueble que se describe en dichas documentales contienen datos e indicios que coinciden con el bien materia de la litis en el juicio de origen. De ahí que, se estima que acreditó el interés suspensional. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada en los términos siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. (Novena época. No. Registro: 167346. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 4/2009. Página: 515)". Por otro lado, si bien en cuanto a la segunda hipótesis del artículo 128, de la Ley de Amparo, se cumple pues se considera que de concederse no se afectaría al interés social, puesto que no se está en ninguno de los supuestos a que aluden las fracciones del artículo 129 de la ley de la materia. En efecto, no se contravienen disposiciones de orden público, ello porque, el quejoso acredita presuntivamente con las documentales que anexa, que tiene la posesión del bien inmueble antes precisado. Suspensión procedente. Por tanto, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea desposeído del bien inmueble embargado en el juicio de origen y para el caso de transe y remate, éste no se adjudique a terceros, ni se otorgue título traslativo de dominio a favor de persona alguna, esto es, que dicha retribución se le realice en tiempo y forma, pues con ello no se vulneran normas de orden público ni se lesiona el interés social. Duración de la medida. Conforme con el artículo 136 de la ley de la materia, la medida cautelar concedida surte sus efectos de inmediato y hasta en tanto que se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Garantía. En ese sentido, la medida suspensional así concedida causa sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga dentro de los cinco días al en que se le notifique esta resolución y a satisfacción de este juzgado, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a entera satisfacción de este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, para garantizar los posibles perjuicios que pudiera ocasionar con la suspensión concedida por el lapso de tres meses, que es el tiempo que aproximadamente transcurrirá para resolver en definitiva el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. Cantidad que se fija con la facultad discrecional que le concede el artículo 132, de la Ley de Amparo, a efecto de que deban garantizarse los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con la suspensión concedida por el lapso de un mes, que es el tiempo que aproximadamente transcurrirá para resolver sobre la suspensión definitiva. Debe decirse que si el solicitante del amparo opta por exhibir garantía mediante BILLETE DE DEPÓSITO, en él deberá incluir la leyenda siguiente: "Se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control del presente billete de depósito". Lo anterior acorde al artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. En caso de que se opte por exhibir póliza de fianza, la Institución correspondiente deberá expedirla a favor de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, conforme los artículos 95, párrafo primero, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 70 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; asimismo, tendrá que expresarse que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que se establece en el párrafo segundo del artículo 120 de esa ley; igualmente, tendrá que asentarse que la Afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 95 invocado y su Reglamento. Alcance de la medida. En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá sus efectos si con anterioridad al dictado de esta medida cautelar ya se había llevado a cabo el referido acto reclamado, pues se estaría en presencia de un acto consumado, respecto de los cuales, resultaría improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que como se anticipó, de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que en su caso se dicte en el juicio de amparo principal. De la misma forma, la suspensión concedida, no surtirá efectos si el acto reclamado emana de una ejecutoria de amparo o de autoridad diversa de las señaladas como responsables. La suspensión concedida deberá ser acatada por las autoridades responsables, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, la parte quejosa no otorga la garantía fijada; en el claro entendido que transcurrido el aludido plazo, si la autoridad responsable no recibe comunicado mediante oficio por parte de este Juzgado, de que ya se exhibió la garantía fijada para suspender el acto reclamado, podrá llevar a cabo su ejecución. Terceros interesados. Ahora bien, toda vez que en el expediente principal del cual deriva el presente incidente de suspensión se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Patricia Rodríguez Sancho, Mario Alberto Valdez Pérez y Ana Sofía Valdez Rodríguez; por tanto, dado que se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, notifíquese personalmente la presente determinación a los terceros interesados, en el domicilio señalado en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la siguiente Jurisprudencia, P./J. 143/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23, Tomo XII, Novena Época, Diciembre de 2009, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, cuyos datos de localización, rubro, texto, son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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