Jerson David Cabrera Hernández

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Jerson David Cabrera Hernández
  • Ahente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agregan telegramas. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguense los telegramas de cuenta, toda vez que mediante auto de veintitrés de junio del año actual, se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicitan las autoridades que así lo hicieron, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indican, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señalan. Uso de aparatos electrónicos. En atención a su solicitud de que se les autorice el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que integran este asunto, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en auto de quince de mayo del año en curso. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agrega oficio registrado con el número de control interno 11417. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La detención o prolongación de la privación de su libertad mediante la institución jurídica denominada alojamiento temporal; Privación de la libertad; y, La orden de deportación, retorno asistido y/o voluntario a su país de origen. Lo anterior como primer acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, del cual reclama su creación, aprobación, sanción y promulgación. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, así como del diverso registrado con el número interno 8789 y anexos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [...]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: Que a través del oficio EMSLP/1093/V/2022, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso Jerson David Cabrera Hernández, quedó en libertad materialmente a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de mayo del dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta y sus anexos, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del acuerdo dictado el diez de junio del dos mil veintidós, en el expediente administrativo migratorio aperturado al aquí quejoso, en el que se declaró que dicho extranjero se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que este último se tuviera concluido. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que el aquí quejoso Jerson David Cabrera Hernández, quedó en libertad el dieciséis de mayo del dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el diez de junio del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tenerlo concluido. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el diez de junio del dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho sobreseimiento se hace extensivo a la creación, aprobación, sanción y promulgación, del artículo 111 de la Ley de Migración, tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del ordenamiento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Así como la jurisprudencia P./J. 78/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el trece de julio del dos mil veintidós. Se agregan diversos oficios. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguense los informes justificados rendidos por el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en virtud de que en párrafos que precede se sobreseyó este asunto. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agrega oficio registrado con el número de control interno 11417. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La detención o prolongación de la privación de su libertad mediante la institución jurídica denominada alojamiento temporal; Privación de la libertad; y, La orden de deportación, retorno asistido y/o voluntario a su país de origen. Lo anterior como primer acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, del cual reclama su creación, aprobación, sanción y promulgación. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, así como del diverso registrado con el número interno 8789 y anexos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [...]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: Que a través del oficio EMSLP/1093/V/2022, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso Jerson David Cabrera Hernández, quedó en libertad materialmente a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de mayo del dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta y sus anexos, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del acuerdo dictado el diez de junio del dos mil veintidós, en el expediente administrativo migratorio aperturado al aquí quejoso, en el que se declaró que dicho extranjero se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que este último se tuviera concluido. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que el aquí quejoso Jerson David Cabrera Hernández, quedó en libertad el dieciséis de mayo del dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el diez de junio del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tenerlo concluido. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el diez de junio del dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho sobreseimiento se hace extensivo a la creación, aprobación, sanción y promulgación, del artículo 111 de la Ley de Migración, tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del ordenamiento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el trece de julio del dos mil veintidós. Se agregan diversos oficios. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguense los informes justificados rendidos por el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en virtud de que en párrafos que precede se sobreseyó este asunto. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala

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