Jerson Alexander Enamorado Moge
Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2017
Partes del expediente
- Jerson Alexander Enamorado Moge
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la comunicación signada por la secretaria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial administrativo ****, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado. Por cuanto el Tribunal Colegiado en mención resolvió que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación firmada por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que, a consecuencia que este juzgado no aceptó la competencia declinada para conocer del asunto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, domiciliado en la Ciudad de México, para que determine lo que estime procedente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Carlos Enrique Giorgana Cruz, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibida la comunicación oficial firmada por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veintiocho de agosto de esta anualidad, en el que la titular de ese órgano de control constitucional estimó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto 1287/2017, por las razones ahí expuestas, al que adjunta el citado juicio de amparo, que contiene la demanda de amparo promovida por Jerson Alexander Enamorado Monge, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 966/2017-XI. INCOMPETENCIA En el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la citada juez federal declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo toda vez que estima que los actos reclamados tuvieron ejecución en el Estado de Chiapas. Sin embargo, en el apartado de consideraciones previas expuestas por el quejoso Jerson Alexander Enamorado Monge, se advierte que no tilda de inconstitucional la Ley de Migración, por un acto de aplicación en particular; es decir, en el capítulo de antecedentes únicamente expone ciertas circunstancias, que no las cita como actos reclamados destacados, pues como ya se dijo, no señala algún acto de aplicación en concreto. Ahora, los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los preceptos transcritos se advierte que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anterior, para fijar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, en principio, es necesario atender a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, a fin de determinar si requieren o no de ejecución material y, en consecuencia, fincarla en función del lugar donde dicha ejecución deba darse, trate de realizar o se haya verificado, o bien, conforme a la elección del quejoso. En la inteligencia que la ejecución material, como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito, atañe a la relación de acciones que producen un cambio material en el mundo fáctico, de modo tal que no se circunscribe a que el acto establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo. Y que si bien el arábigo 37 de la Ley de Amparo establece que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, no implica que en todos los casos deba considerarse el aspecto normativo para determinar ese lugar de ejecución, sino que debe también atenderse a lo manifestado por el peticionario, pues la determinación de la certeza el acto atañe al fondo del negocio, por lo que si en los autos aún no existe información suficiente para determinar el lugar en el que tendrá ejecución el acto reclamado, se debe ponderar lo que señaló el solicitante en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, no es factible desconocer a priori lo manifestado por el quejoso en relación con el lugar en donde tendrá ejecución el acto reclamado y arribar a una conclusión diversa con base en las disposiciones que regulan el procedimiento. Pues para fincar la competencia en el auto inicial debe atenderse a la forma en que el justiciable plantea el acto reclamado, sin ponderar en ese instante la certeza del propio acto o su vinculación con la autoridad responsable. Así, para establecer la competencia del Juez de Distrito en el momento de la presentación de la demanda, debe considerarse que en ese instante aún no se realiza un pronunciamiento respecto de la existencia del acto o su ejecución. Sostener lo contrario, implicaría prejuzgar sobre el acto tal y como fue planteado por la parte quejosa, soslayando que asevera expresamente que "El C. Juez debe tomar en cuenta que este juicio no versa sobre el primer acto de aplicación que las autoridades migratorias ejecutaron (consistente en la revisión migratoria que me fue realizada en febrero de 2010, sino que con el presente escrito se pretende impugnar la parte valorativa de la Ley de Migración como norma autoaplicativa, pues genera un efecto estigmatizador y discriminatorio hacia cualquier persona que transita por el territorio nacional.". De ahí que, se estima, no es viable que la juez requirente haya establecido su incompetencia desde el auto inicial atribuyéndola a este órgano, aun cuando el quejoso impugna la Ley de Migración, como norma autoaplicativa y no el primer acto de aplicación. En ese contexto, adverso a lo sostenido por la referida juez requirente, no es aplicable la primera de las reglas que deriva del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto impone atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado materialmente el acto reclamado. Por lo expuesto con antelación, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia; por tanto, devuélvase al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, el juicio de amparo 1287/2017, de su estadística, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo que tenga a bien expedir. Lo anterior, hágase del conocimiento al quejoso; fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guadalupe Barrena Nájera, Elba Yanett Coria Marquez, Sandra Lorena Cano Padilla, María Fernanda Pinkus Aguilar y en términos restringidos del citado numeral a Edith Mei Lai Cuan Corpus, en virtud de que su cédulas no se encuentran en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, para los mismos efectos a Virginia Anahí Chaparro Piña, Bruno De Lima Perea, Carolina Juárez Juárez, Michelle Benitez Mendoza, Juan Pablo Pérez Garza, Belinda Perea Flores, Diana Laura Erreguin Damian, Luis Angel Rivera Gadsden y Gabriela Paola Roldan Argúello, por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA Y NOTIFICACIONES Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza al promovente la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "ferfernanda_pa", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http: //consultaexpedienteelectrónico.cjf.com.mx/home/login, debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. En consecuencia, se autorizan las notificaciones vía electrónica al quejoso, mismas que deberán realizarse a partir de este proveído, sin que obste a lo anterior el hecho de que el quejoso haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, en virtud de que solicitó en forma expresa que las notificaciones personales se efectuaran a través de los correos elba.coria@ibero.mx, sandra.cano@ibero.mx, indistintamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Fabiola Adriano Estrada, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el auto mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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