Jerónimo Sánchez Gallegos
Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jerónimo Sánchez Gallegos
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la misiva de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a través del transcribe el acuerdo de dieciocho de mayo del presente año por el cual hace del conocimiento que aceptó la competencia declinada por este juzgado; asimismo solicita se remitan los informes relativos a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso así como la vinculación permanente del presente expediente al diverso 564/2022 de su índice. REMISIÓN DE INFORMES Por consiguiente, como lo solicita la autoridad federal oficiante, tomando en cuenta que en proveído de dieciséis de mayo del actual, se reservó el envío de los informes respecto de la suspensión de plano rendidos por el Encargado de la Dirección Técnica, Jefe del Departamento de Adquisiciones y por la Jefa del Departamento de Financieros, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPSOAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, hasta en tanto se tuviera conocimiento a qué juzgado correspondió conocer de la demanda de amparo que se remitió al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno; por tanto, en virtud de que dicha circunstancia ya aconteció, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse dichos informes, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, como lo solicita el homólogo federal, instrúyase al analista Jurídico SISE, autorice la vinculación del presente juicio de amparo 334/2022, al diverso 564/2022, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que se pueda consultar el mismo en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto once de mayo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; por tanto, con fundamento en el artículo 18, incisa a, del aludido Acuerdo, este expediente es depurable una vez transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su depuración, conforme al numeral 18, fracción II, inciso c), último párrafo del aludido diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficio de cuenta, remitidos vía correo electrónico, a través de los cuales rinden informe el Encargado de la Dirección Técnica, Jefe del Departamento de Adquisiciones y por la Jefa del Departamento de Financieros, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; de conformidad con los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo, téngaseles rindiendo su informe correspondiente. Reservándose el envío de dichas misivas hasta en tanto se tenga conocimiento de qué juzgado continuará conociendo del presente asunto. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificados por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********** REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 334/2022. II-A. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Previo a acordar lo conducente en torno a dicha medida cautelar, es importante tomar en consideración que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y, para maximizar su protección, instituye el principio de interpretación "pro persona", encontrándose obligadas las autoridades del Estado Mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, debe mencionarse lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé: "Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." A la vez, en el ámbito nacional, el artículo 2 de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y, El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. El numeral 3 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II, en relación con el artículo 34, fracción I de la citada legislación, señala que son materia de salubridad general: la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud del servicio público a la población en general; así como la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. Ahora, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. (.)". Se conoce que procede la suspensión de oficio, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En ese orden de ideas, la omisión de atender los padecimientos que presenta el quejoso, se traduce en una falta de atención médica, por lo que debe otorgarse la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1 de la Constitución, ya que está en juego el derecho a la salud del quejoso, el cual se encuentra estrechamente interconectado con otros derechos humanos, como es la vida aunado a que pertenece a un grupo vulnerable por encontrarse privado de su libertad. Esto es así, puesto que la omisión de proporcionarle unos lentes y calzado especializado acordes al padecimiento del quejoso, se traduce en una inadecuada atención médica, de ahí que resulte un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019358, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Por tanto, la suspensión de oficio está prevista para situaciones excepcionales, y tiene como razón de ser, la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social; que al menos para su concesión, no es necesario plantearse la certeza o no del acto, pues ésta debe concederse de forma urgente para evitar que el acto se torne de imposible reparación. La conclusión anterior es acorde con la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1 en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierte conflagrado. Máxime, como se dijo, nos encontramos en presencia del derecho a la salud como un derecho humano fundamental -de los más preciados-, y su observancia se traduce en la obligación del Estado, en todas sus esferas de competencia, de establecer mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, por lo tanto, basta con que el reclamo se encuentre vinculado con alguna situación relativa a los supuestos de procedencia de dicha suspensión, considerando la naturaleza del acto, ya que por la propia connotación de esa medida, de no concederse con carácter urgente, podría ocasionarle a la parte quejosa perjuicios de imposible reparación, de ahí la necesidad que de forma oficiosa se mantenga viva la materia del juicio de amparo. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda se aprecia que el quejoso Jerónimo Sánchez Gallegos, refiere que padece de agudeza visual miopia y astigmatismo"; "facistis bilateral (pie plano)" y "lumbalgia crónica", el cual, por su edad y naturaleza, requiere un tratamiento especializado, por tal motivo solicitó al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que gestionara los trámites a efecto de que se le proporcionaran unos lentes así como unos tenis, los cuales, refiere, son necesarios para realizar sus actividades cotidianas, sin que a la fecha dicha autoridad se haya manifestado al respecto. Así las cosas, tratándose de un acto de naturaleza relevante que genera una afectación en el derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para que las autoridades responsables dentro del ámbito de su competencia realicen el diagnóstico médico correspondiente y, en su caso, provean lo necesario en caso de que el quejoso necesite anteojos y una calzado especial para su padecimiento, sin que ello implique desatender el resto de necesidades que se presente de conformidad con su cuadro clínico, hasta en tanto se notifique del auto por el cual haya causado ejecutoria la resolución en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.18o.A.33 k (10a), de la Décima Época, con número de registro 2020283, publicada en el semanario Judicial de la Federación, el viernes 05 de julio de 2019, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO DE LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. En el derecho mencionado, tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras cosas, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medidas deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamientos necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho de la salud." CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DECRETADA DE PLANO Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que las autoridades responsables deberán rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el acatamiento a esta medida. El informe deberá contener la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano decretada, agregando copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Apercibidas que de no rendir el informe solicitado, se les impondrá una multa de doscientos días de unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que de no acatar la suspensión, se harán merecedoras a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra." Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, registro 229397, con el rubro siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que, en el caso concreto, la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en que se ejecutó y vaya a ejecutar el acto reclamado y sus consecuencias. Ahora bien, del análisis del escrito inicial se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados: "LA NEGATIVA del Centro como de su Director y autoridades enunciadas en párrafos anteriores de adquirirme unos lentes para mi "AGUDEZA VISUAL MIOPIA Y ASTIGMATISMO, la de no adquirirme unos TENIZ de Alto Impacto por presentar facistis bilateral (pie plano) evaluado y recetado por el especialista en traumatología diagnosticando entre otra cosa LUMBALGIA CRONICA." Ahora, tomando en consideración que dicho quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar donde este órgano jurisdiccional no ejerce competencia. De ahí, que se colige que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer de la demanda, por razón de territorio, en virtud que el acto reclamado se va a ejecutar sus consecuencias en Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", por lo que corresponde a un Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, orienta a lo anterior la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la tesis I.1o.A.44.A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y la declina a favor del Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda de amparo. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADO y DOMICILIO Se tiene para oír y recibir notificaciones a el que indica en su ocurso de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
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