Jeronimo o Geronimo Aguirre Cruz
Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jeronimo o Geronimo Aguirre Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jerónimo Aguirre Cruz o Gerónimo Aguirre Cruz; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. De autos se advierte que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 805/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Jerónimo Aguirre Cruz o Ger´nimo Aguirre Cruz, por derecho propio, mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Administrador desconcentrado de la Recaudación de Oaxaca "1"; que consideró violatorio del derecho humano contenido en el artículo 8° de la Constitución Federal. SEGUNDO. Radicación del juicio de amparo y admisión de demanda. En auto de siete de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó el juicio de amparo 805/2022, admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando la demanda respecto del acto reclamado a la Administradora desconcentrada de la Recaudación de Oaxaca "1", consistente en el oficio 400-45-00-03-01-2022-07833, de quince de agosto de dos mil veintidós; a quien se le solicitó informe justificado. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo; la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Jerónimo Aguirre Cruz o Gerónimo Aguirre Cruz, reclama del Administrador desconcentrado de la Recaudación de Oaxaca "1": La omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el trece de mayo de dos mil veintidós, y su notificación. El oficio 400-45-00-03-01-2022-07833, de quince de agosto de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causal de Improcedencia. . Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado a la Administradora desconcentrada de la Recaudación de Oaxaca "1", consistente en: La omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el trece de mayo de dos mil veintidós, y su notificación. La autoridad responsable, emitió oficio 400-45-00-03-01-2022-07833, de quince de agosto de dos mil veintidós, en el que acuerda la solicitud de Jerónimo Aguirre Cruz o Gerónimo Aguirre Cruz, de interposición de incidente de prohibición en exceso de embargos, y la suspensión de los embargos. Y lo notifica al quejoso en la misma fecha. Lo que se acredita con copia certificada de dichas actuaciones; a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo que se desprende que la autoridad responsable emitió contestación congruente en relación a lo planteado por el quejoso; por ende, las omisiones reclamadas dejaron de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos, constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la Administradora desconcentrada de la Recaudación de Oaxaca "1", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Respecto del acto reclamado a la Administradora desconcentrada de la Recaudación de Oaxaca "1", consistente en: El oficio 400-45-00-03-01-2022-07833, de quince de agosto de dos mil veintidós. En la resolución reclamada, la autoridad responsable refiere: Respecto a la solicitud de suspensión de procedimiento administrativo de ejecución, le indica que para estar en aptitud de acordarla favorable, deberá garantizar el importe del interés fiscal en cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, cumpliendo con los requisitos indicados en la tabla 32 de la ficha de trámite 134/CFF, del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022, siempre y cuando el crédito fiscal se encuentra con un medio de defensa pendiente de resolver. Respecto del incidente de prohibición de embargo señalado, le informó que en la legislación fiscal vigente no se prevé el trámite del incidente planteado, por lo que no le es posible liberar los inmuebles embargados; no obstante, si regulariza su situación y cubre la totalidad del importe del crédito fiscal B00.810.02.2039 y sus accesorios, o en su defecto garantiza el importe del interés fiscal, procederá a su liberación inmediata. El quejoso aduce como conceptos de violación, que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ello porque la autoridad responsable no aplica en su resolución el principio pro persona, otorgándole la protección más amplia en su beneficio, no obstante que es una persona vulnerable atendiendo a que es del grupo de la tercera edad; por lo que se emitió la determinación sin fundamento, si motivación, sin lógica ni argumento jurídico. Agrega que se le pretende aplicar doble multa y usura porque está garantizado el interés jurídico con el exceso de embargo de bienes, y no toma en cuenta el agravio patrimonial que le puede ocasionar, que le exige que realice un avalúo de los bienes cuando la autoridad exactora es quien debe realizarlo. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son inoperantes. Es así, porque el quejoso se limita a invocar la aplicación del principio pro persona y del modelo de control constitucional y convencional; sin que ese solo planteamiento, conlleve a que la autoridad responsable deje de observar las normas aplicables a su procedimiento; ello, para hacer admisible un medio de impugnación planteado por el quejoso y que se le conceda la suspensión del embargo. Pues el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional. Es aplicable la jurisprudencia del IV.2o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en página 3229, Libro 24, Noviembre 2015, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2010532, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." Si bien el quejoso aduce que la autoridad responsable con el acto reclamado le pretende aplicar doble multa y usura porque está garantizado el interés jurídico con el exceso de embargo de bienes, y no toma en cuenta el agravio patrimonial que le puede ocasionar, que le exige que realice un avalúo de los bienes cuando la autoridad exactora es quien debe realizarlo; con ello no controvierte las consideraciones de la resolución reclamada; esto es, porque en el caso concreto el quejoso no debe garantizar el importe del interés fiscal en cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, cumpliendo con los requisitos indicados en la tabla 32 de la ficha de trámite 134/CFF, del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022; y que contrario a lo que argumenta la responsable sí es procedente la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Así como tampoco combate la aplicación en el caso concreto, de los preceptos legales invocados en la resolución reclamada. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 51, tomos 157-162, Cuarta Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el peticionario de garantías insiste en lo alegado en la apelación y no manifiesta ningún argumento nuevo y distinto de lo expuesto en su escrito de agravios, ni tampoco combate los razonamientos legales que tuvo la responsable para desestimar dichos agravios, deben considerarse como inoperantes los conceptos de violación respectivos". En esa tesitura, se concluye que las consideraciones vertidas al respecto en la resolución reclamada, no son combatidas ni destruidas por el quejoso en el concepto de violación que se analiza. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, y demás relativos, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 805/2022, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jerónimo Aguirre Cruz o Gerónimo Aguirre Cruz, contra el acto que reclama a la Administradora desconcentrada de la Recaudación de Oaxaca "1", consistente en el oficio 400-45-00-03-01-2022-07833, de quince de agosto de dos mil veintidós; conforme a las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte, transcurre el término concedido a las partes en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, con la vista del informe justificado rendido por la Administradora desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, con sede en Oaxaca de Juárez, respecto a la ampliación de demanda; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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