Jeronimo Daniel Sandoval Ramirez
Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Lic. Omar Luna Herrera, Juez de Control Especializado En Ejecucion del Partido Judicial de Tecate, Baja California
- Jeronimo Daniel Sandoval Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el oficio remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y el seis de junio pasado, se ordenó el archivo definitivo del mismo. Resguardo de objeto. No obstante a lo anterior, a fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, un disco compacto que acompañó a su informe. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el oficio remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, resguárdese en la secretaría de este juzgado, el disco compacto que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, a efecto de evitar su deterioro. Cúmplase
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remitió la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual informa que en audiencia celebrada en el cuaderno de ejecución 778/2018, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, determinó tener a la defensora pública y al sentenciado Jerónimo Daniel Sandoval Ramírez -aquí quejoso-, por desistidos de las peticiones denominadas prescripción de la reparación de daños y multa en la causa penal 152/2006; así como, quantum o descuento de la prisión preventiva; de igual manera, informa que solicitaron nueva fecha para celebración de la audiencia a fin de analizar el diverso beneficio de libertad condicionada, una vez que el sentenciado cumpliera los requisitos que prevé el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que integran el juicio de amparo, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 611 , consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, cesaron los efectos del acto reclamado consistentes en la omisión de la autoridad responsable de resolver la solicitud de prescripción de la multa y reparación del daño, que le fue presentada en enero de dos mil veintiuno. Es así, porque de las copias que remitió la citada autoridad, se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictó un proveído en el que fijó el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a fin de verificar los planteamientos del sentenciado y su defensa con relación a la petición de la prescripción de la reparación del daño y multa causa penal 152/2006; así como, quantum o descuento de la prisión preventiva; de igual manera, mediante oficio que se ordena agregar en esta fecha, la autoridad responsable hizo del conocimiento que en la fecha señalada -veinticinco de marzo de dos mil veintidós- determinó tener a la defensora pública y al sentenciado Jerónimo Daniel Sandoval Ramírez -aquí quejoso-, por desistidos de las peticiones denominadas prescripción de la reparación de daños y multa en la causa penal 152/2006; así como, quantum o descuento de la prisión preventiva, celebrada en el cuaderno de ejecución 778/2018, de su índice. En tales condiciones, al haberse señalado fecha para la celebración de la audiencia a fin de verificar los planteamientos del sentenciado y su defensa con relación a la petición de la prescripción de la reparación del daño y multa causa penal 152/2006; así como, quantum o descuento de la prisión preventiva, misma que se celebró en esa fecha en la que se desistieron de dichos planteamientos; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia2 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la constitución federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema 2 Época: Novena Época; Registro: 184572; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo de 2003; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 10/2003; Página: 386. que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos 3 Época: Décima Época; Registro: 2005917; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.); Página: 325. propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible Época: Décima Época; Registro: 2005717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.); Página: 487. arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente
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