Jerónimo Arguijo Longoria
Expediente 611/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jerónimo Arguijo Longoria
- Alberto Vazquez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, secretario de Juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de octubre al catorce de noviembre de dos mil diecisiete, sin contar los días veintiocho y veintinueve del primero de dichos meses, cuatro, cinco, once y doce del segundo por corresponder a sábados y domingos, uno, dos y tres del mismo por ser inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en veinticuatro de octubre último, dentro del juicio de amparo número 611/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión derivado del presente juicio se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. Dentro del referido incidente no fue exhibido billete de depósito. Que no existe determinación alguna que dictar dentro del citado incidente de suspensión. Que existe copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 108/2016, pendiente de devolver a la autoridad responsable que la remitió. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de octubre del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Sombrerete, Zacatecas, la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 108/2016, que remitió con su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 611/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con los pedimentos ministeriales registrados con los folios 14188 y 1489, mediante los cuales la representación social de la adscripción formula alegatos. El juez provee: Agréguense a los autos los pedimentos de cuenta, los que se relacionarán en la etapa procesal conducente. Enseguida, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 31), Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (foja 44), actuario adscrito al citado juzgado (foja 46) y Director de Seguridad Pública de Sombrerete, Zacatecas (foja 36), del emplazamiento de la tercero interesada Caja Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (foja 80), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por los quejosos con su demanda (fojas 6 a 19) y con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 108/2016 que remitió el juez responsable en apoyo a su informe como justificación de los actos reclamados. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en el pedimento 787/2017 que obra a foja 50 de autos y en los pedimentos de cuenta. A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para tal efecto. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 611/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jerónimo Arguijo Longoria y Alberto Vázquez Gómez demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Juez Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas; Ministro Ejecutor del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas; y, Director de Seguridad Pública de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: El embargo de dos vehículos propiedad de los quejosos. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los artículos 14 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintidós de junio de la presente anualidad (fojas 20 a 24), la demanda se registró con el expediente 611/2017 y se requirió a los promoventes del amparo para que precisaran el acto o actos que atribuían a cada una de las autoridades responsables y la fecha en la que tuvieron conocimiento de la desposesión materia de la inconformidad. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecisiete (foja 24), los quejosos precisaron que: I. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y del Juez Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas, reclamaban "la orden de embargo girada contra la detención de nuestras propiedades". II. Del ministro ejecutor, la ejecución de la orden de embargo y retención de los vehículos defendidos; y del Director de Seguridad Pública de Sombrerete, Zacatecas, la intervención en la desposesión reclamada, así como el rompimiento de chapas y cerraduras de los vehículos y el uso de cerrajero para encenderlos. En auto de seis de julio de dos mil diecisiete (foja 25), se admitió la demanda a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete (foja 89), se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y Juez Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas: - La orden de desposesión de los vehículos objeto de la demanda de amparo dentro del juicio ejecutivo mercantil 108/2016 (promovido por Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra Salvador Ávalos García y Ma. Guadalupe García Valadez). Del actuario adscrito al juzgado referido y del Encargado de Seguridad Pública Municipal de Sombrerete, Zacatecas: El embargo de los automotores referidos y la ejecución de la desposesión reclamada. Lo precisado, en virtud de que la inconformidad toral de la demanda de amparo se concreta en la afectación del derecho de propiedad que los quejosos afirman tener respecto de los vehículos que defienden, en específico, a través de la desposesión de dichos bienes muebles; por lo que los actos destacados engloban integralmente la litis constitucional, en función de la violación principal alegada y de las atribuciones de las autoridades responsables. En específico, se advierte que la orden de embargo que reclamaron los quejosos se traduce en la orden de desposesión citada, por una parte, y en el embargo en sí, por otra parte, pues precisaron que tal mandato fue emitido para la detención de los automotores en referencia, lo que excluye que se combata el auto de exequendo, tomando en cuenta, además, que los amparistas no son parte formal en el juicio natural (foja 24). TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridad que no reviste el carácter de responsable. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados (foja 31). No obstante, como se verá, la orden de desposesión reclamada resulta cierta respecto de una autoridad jurisdiccional diversa. De ahí que respecto del tribunal citado, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, aceptó la existencia de la orden de desposesión reclamada, pues afirmó que en el juicio natural autorizó el uso de la fuerza pública para poner en posesión del depositario judicial los vehículos defendidos (foja 44). Asimismo, a su informe de ley, el juez responsable acompañó las constancias relativas a copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 108/2016; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por su parte, el actuario adscrito al juzgado responsable afirmó que el dos de junio de dos mil diecisiete ejecutó la orden de desposesión reclamada (foja 46). Por último, el Encargado de Seguridad Pública Municipal de Sombrete, Zacatecas, negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen, en virtud de que manifestó que los elementos operativos a su cargo no intervinieron en la desposesión controvertida, sino que únicamente auxiliaron en la diligencia respectiva por solicitud del juez responsable (foja 36). Lo anterior implica la certeza de la ejecución reclamada, porque lo manifestado hace patente que participaron en la desposesión en comento, con independencia de la actuación concreta que hubieran desempeñado. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó de Salvador Avalos García (deudor principal), Ma. Guadalupe García Valadez (deudor solidario) y Valentín Cruz Zamora (deudor solidario), en concreto, el pago de sesenta y cuatro mil cien pesos, por concepto de la suerte principal derivada del pagaré base de la acción (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas). En proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, admitió la demanda con el expediente 108/2016 y emitió auto con efectos de mandamiento para que la parte demandada fuera emplazada a juicio (foja 7 a 8 del cuaderno de pruebas). El cinco de abril del año próximo pasado, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo respecto de Ma. Guadalupe García Valadez (deudora solidaria). En esta actuación se trabó embargo sobre una camioneta Chevrolet, roja línea 1500 Silverado cabina y media, dos puertas, con número de serie 1GCEK19M8VE111627 con placas de circulación del estado de Zacatecas ZG85039, en regulares condiciones rines color cromado, rodada 18, transmisión automática, con sistema cuatro por cuatro, así como sobre una camioneta marca GMC línea ENVOY, color blanca, con número de serie 1GKDT13S132401954, de cuatro puertas con placas de circulación del estado de Zacatecas ZHD8212, vidrios polarizados de transmisión automática, sin detalles aparentes; como depositario judicial, se nombró a Ángel Guillermo López Hernández; (fojas 18 y 19 del juicio natural). Por auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, se autorizó la desposesión forzosa de los vehículos embargados, a efecto de que fueran entregados al depositario judicial nombrado (foja 151 del cuaderno de prueba) En diligencia de dos de junio de dos mil diecisiete, el actuario adscrito al juzgado de origen asentó haber realizado el cambio de depositario en comento (fojas 155 a 156). El embargo, la orden de desposesión y su ejecución constituyen la materia de la presente litis constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe de sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. El interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que, se reitera, pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por ello, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de garantías, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado por el acto de autoridad. Así pues, si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y aduce que se le ha afectado ese derecho de propiedad con el acto reclamado, es inconcuso que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular del derecho de propiedad respecto del mencionado bien. En particular, en relación con el derecho de propiedad de un vehículo, la tarjeta de circulación vehicular al contener los datos relativos al propietario del vehículo automotriz ahí descrito, sólo establece una presunción respecto de la propiedad del bien, la cual deriva del principio consistente en que el poseedor de un bien es el propietario del mismo (posesión originaria). Sin embargo, este documento no acredita por sí mismo que quien aparece como propietario en él en verdad lo sea, puesto que la propiedad del vehículo puede haberse transmitido de cualquier forma sin que se haya hecho la actualización correspondiente de los datos de la tarjeta de circulación ante la autoridad administrativa correspondiente, lo cual no afecta en cuanto al permiso de circulación que contiene esa tarjeta, pues no es requisito indispensable para permitir la circulación del vehículo que quien lo usa sea su legítimo propietario. La consideración anterior se encuentra contenida en la jurisprudencia 1a./J. 61/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones". Así pues, la tarjeta de circulación por sí misma no es el documento apto para acreditar fehacientemente que la persona que aparece como propietario del vehículo en el mismo es el titular de los derechos de propiedad de ese bien, pues si bien, como se ha dicho, la referida tarjeta puede establecer una presunción respecto de la propiedad del automóvil de que se trata, tal presunción es insuficiente toda vez que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. No es obstáculo para lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/96, en la que determinó, entre otras cosas, que los derechos de propiedad y posesión de los vehículos automotrices eran factibles de acreditarse con la sola exhibición de la copia certificada de la tarjeta de circulación. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis jurisprudencial 53/96, cuyo rubro es el siguiente: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS". Sin embargo, esta tesis sólo dice que se deben acreditar los derechos de propiedad o posesión que el quejoso tiene sobre un vehículo automotriz de procedencia extranjera para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo, lo cual se puede hacer con diversos documentos, entre los que se encuentra la tarjeta de circulación, pero sólo habla genéricamente de la comprobación de esos derechos sin mencionar en forma expresa con qué documento se acredita cada uno de esos derechos, lo cual es importante pues al ser distintos estos derechos, su forma de acreditarse es también distinta. Es decir, se advierte que el punto en controversia en el criterio anterior radicó en los aspectos que debían acreditarse cuando se afectaran derechos relacionados con los vehículos de procedencia extranjera, respecto de los cuales se excluyó la legal estancia en el país del automotor; por lo que la materia de la resolución no se integró con el alcance de la tarjeta de circulación para acreditar la propiedad del vehículo; de ahí que debe entenderse que la afirmación contenida sobre dicho documento en ese criterio no implica que por sí solo acredite la propiedad de un vehículo, al no ser el punto toral de decisión, sino que, en todo caso, se trata de una consideración accesoria (dicha de paso) y, por ende, no vinculante. En suma, el interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice afectado por el acto de autoridad, de tal manera que para demostrar que el quejoso tiene interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente ser el titular de tal derecho. Ahora, los quejosos comparecen como terceros extraños alegando ser propietarios de los vehículos que fueron embargados en el juicio natural; y para justificar dicho derecho real se concretaron a exhibir con su demanda: Alberto Vázquez Gómez Copia certificada del pedimento de importación de quince de marzo de dos mil ocho, del vehículo marca Chevrolet, con número de serie 1GCEK19M8VE111627 (foja 6). Copia certificada del recibo fiscal con folio V8487109 de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, del vehículo con placas ZG85039 y número de serie 1gcek19m8ve111627 (foja 7). Jerónimo Arguijo Longoria: Copia certificada del pedimento de importación de quince de marzo de dos mil trece, del vehículo GMC ENVOY, número de serie 1GKDT13S132401954, con endoso a nombre de Jerónimo Arguijo de diez de julio de dos mil quince (foja 13). Tarjeta de circulación expedida por la Dirección se Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de Zacatecas, relativa al año dos mil catorce, del vehículo marca GMC ENGOY modelo 2003, número de serie 1GKDT13S132401954, expedida a nombre de Pablo Argujio Longoria (foja 14). Los datos característicos de los vehículos automotrices a que se refieren las documentales en cita, coinciden con aquellos datos que para describir los bienes embargados se asentaron en las diligencias actuariales de cinco de abril de dos mil dieciséis y dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 18 y 155 del cuaderno de pruebas), pues sí existe correspondencia entre los datos de la marca, tipo, placas y serie; de donde se sigue que los automotores que se embargaron en el juicio, son los mismos a que se refiere las documentales exhibidas en el amparo. Documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues son expedidas por las autoridades competentes de autorizar la importación de vehículos, de recaudar las contribuciones del Estado de Zacatecas y de ejercer el control vehicular en dicha entidad federativa, respectivamente. Sin embargo, las pruebas valoradas no tienen el alcance de acreditar los derechos de propiedad defendidos, porque: 1. Del recibo fiscal y de la tarjeta de circulación presentados, sólo puede inferirse que los vehículos involucrados se encuentran registrados a nombre de los quejosos ante las autoridades fiscales y de tránsito del Estado de Zacatecas, con el carácter de propietarios. Sin embargo, no acreditan fehacientemente que les corresponda tal derecho actualmente, pues, en conformidad con el criterio jurisprudencial citado, es posible que se haya trasladado el dominio de los bienes muebles, pero que no se haya realizado el cambio del titular respectivo ante aquéllas. De tal manera que los anteriores documentos no acreditan directamente la propiedad, pues, en todo caso, sólo establece una presunción respecto de ese derecho. 2. De los pedimentos de importación exhibidos únicamente se puede desprender los datos relativos al procedimiento de ingreso al país de los automóviles objeto de la demanda de amparo, en particular, el nombre del importador, lo que implica que se trata de la persona que acreditó ante la autoridad aduanera la propiedad del vehículo respectivo, toda vez que, en términos del artículo 2°, fracción XVI, de la Ley Aduanera se trata de "la declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables". Sin embargo, lo anterior no excluye que el propietario hubiera cambiado con posterioridad a dicho acto administrativo, pues no se trata de un título de propiedad. De ahí que los pedimentos en comento generan únicamente una presunción del propietario de los automóviles, derivada de quién aparece como importador, pero no acreditan directamente que el propietario corresponda fehacientemente con esa persona. En suma, los documentos en comento constituyen indicios relacionados con el derecho de propiedad de los automotores defendidos, empero, son insuficientes para acreditar fehacientemente dicha prerrogativa, pues no excluyen que el titular de ésta pueda ser diversa persona, al solo implicar una presunción en ese sentido. Lo anterior es relevante, porque, como se expuso, las pruebas en análisis conllevan que ante las autoridades respectivas se acreditó, en su momento, el derecho de propiedad en referencia, por lo que, sin mayor contexto, no se encuentra justificado que no se cuente con el título de propiedad respectivo. Máxime que respecto del vehículo marca GMC, el pedimento en comento se encuentra a nombre de la persona moral denominada Voltok, Sociedad Anónima de Capital Variable, y no a nombre del quejoso Jerónimo Arguijo Longoria. Lo anterior, pese a que en el reverso se encuentra un endoso a nombre de dicho amparista, pues, en primer término, como se destacó, no se trata de un título de propiedad, en segundo lugar, no se advierte el carácter del cedente y, en último orden, tal cesión no es de fecha cierta, pues existe un dato objetivo que corrobore el tiempo en que fue realizada, para efectos del presente juicio de amparo. Sin que del resto de documentos exhibidos se desprenda la titularidad de los quejosos del derecho en comento, pues, en todo caso, se trata de pruebas tendentes a acreditar el domicilio de la codemandada en el juicio natural Ma. Guadalupe García Valadez, al corresponder a las copias certificadas de: (i) un aviso-recibo de energía eléctrica, (ii) una credencial para votar y (iii) la Clave Única de Registro de Población, todos a nombre dicha parte procesal (fojas 10 a 12). Por tanto, es evidente que no se encuentra acreditado el derecho de propiedad base de la demanda de amparo y, por ende, el interés jurídico de los quejosos, al no ser patente que los actos reclamados inciden en un derecho del cual son titulares. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En consecuencia, se sobresee en el juicio, en conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII y 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad responsable ejecutora, por no impugnarse por vicios propios. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 255, Tomo XIII, correspondiente al mes de Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jerónimo Longoria y Alberto Vázquez Gómez contra los actos que reclamaron del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, actuario adscrito al citado juzgado y Director de Seguridad Pública de Sombrerete, Zacatecas, consistentes en el embargo, orden de desposesión y ejecución realizados en el juicio ejecutivo mercantil 108/2016; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JUAN GARCÍA TREJO 459 doce de enero de dos mil dieciséis En dos de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El seis de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que mediante proveído de ocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por emplazada a la persona moral tercera interesada Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, sin que se hubiese ordenado darle vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables recibidos en proveído de veintiuno de julio de la presente anualidad. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. LIC. JUAN GARCÍA TREJO En la misma fecha, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Asimismo, que mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, se tuvo por emplazada a la persona moral tercera interesada Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, sin que se hubiese ordenado darle vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables recibidos en proveído de veintiuno de julio de la presente anualidad relativos al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Sombrerete, Zacatecas y Actuario adscrito a dicho Juzgado. En consecuencia, se ordena dar vista a la referida tercero interesada con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Sombrerete, Zacatecas y Actuario adscrito a dicho Juzgado. Por otra parte, tomando en consideración que en ocho de agosto de la presente anualidad se tuvo por emplazada a la citada parte tercera interesada, quien no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que se le previno para ello al momento de su emplazamiento (f. 80); por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, por lo que la notificación del presente proveído, así como las notificaciones posteriores que tengan el carácter de personales practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Olivia
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